nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PU´BLICA DE CHILE

C.A. de Rancagua Rancagua, veintitrés de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

Con fecha 27 de enero de 2022 comparece nombre reservado, y nombre reservado, ambos abogados, en favor de nombre reservado de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, y deducen recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, Ingeniero Civil Industrial, con domicilio en domicilio reservado, en contra de notificación código de trámite 12261587, de fecha 28 de diciembre de 2021, que deniega el avance de solicitud de permanencia definitiva por considerar que el certificado de antecedentes penales del país de origen se encuentra sin legalizar o apostillado y el informe anual de boletas no ha sido presentado.

Explica que el recurrente, ingresó al país en calidad de turista y luego cambio su condición migratoria solicitando visa temporaria, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile. De este modo, con ocasión al vencimiento de su visa temporaria con fecha 18 de octubre de 2020 solicitó el beneficio de permanencia definitiva, siendo esta acogida a trámite, de acuerdo con comprobante de solicitud que acompaña. Con fecha 28 de diciembre de 2021 el recurrente recibe notificación código de trámite 12261587, donde se le informa que su solicitud no avanza en virtud de que se encuentra incompleta o insuficiente, lo anterior debido a que, que el certificado de antecedentes penales del país de origen se encuentra sin la debida legalización o apostilla, así como se le indica que se presentó un documento no correspondiente al informe anual de boletas, en razón de lo cual, se le otorga un plazo de 5 días hábiles para que subsane acompañando los documentos requeridos, siendo el caso que, el recurrente desde el inicio de su trámite presentó todos los documentos necesarios para acompañar su solicitud, en cumplimiento de todas las instrucciones y procedimientos dispuestos por la legislación migratoria.

Señala que se hace imperiosa la necesidad de precisar que, el reparo que la recurrida le pretende imponer al recurrente mediante notificación es imposible de cumplir en el plazo otorgado, teniendo en cuenta que respecto al informe de boletas el recurrente realizó los trámites en Servicio de impuestos internos donde es notificado que por un error sistemático no figuran registros de boletas en plataforma durante los años 2019 y 2020 a su nombre; señala que el informe anual de boletas 2019 fue realizado manualmente y que dichos documentos se encuentran extraviados y no figuran en el Servicio de Impuestos Internos; así como tampoco figura en la plataforma digital el informe anual de boletas correspondiente al periodo 2020. Refiere que el recurrente ha intentado solventar la obtención del informe anual de boletas durante el periodo de visado con la finalidad de cumplir con lo solicitado por el departamento de extranjería y migración, siendo el caso que, logró obtener los antecedentes penales de su país de origen con la debida legalización y apostilla, por lo que el plazo para subsanar el documento requerido es a todas luces insuficiente, considerando que el problema con el Servicio de Impuestos Internos no es imputable a su persona, pues existe constancia de que si ha pagado los impuestos correspondientes. Todo esto sería una situación que deja en completa vulnerabilidad al recurrente, quien se ve impedido de obtener la documentación precisa que le permita acreditar su actividad en el sistema de impuestos internos, en el plazo de 5 días que otorga la autoridad migratoria.

Solicita finalmente, que se otorgue una ampliación del plazo a los fines de que el recurrente pueda dar cumplimiento al requisito solicitado por la recurrida, y no permitir que quede en situación irregular, para finalmente acordar sin más trámite, dar continuidad a su solicitud de permanencia definitiva, y de esta manera establecer el imperio del derecho.

El 3 de marzo de 2022, en su escrito de folio 7, comparece la Institución recurrida quien primeramente alegó la incompetencia de la acción deducida fundado en que la recurrente tiene su domicilio según su solicitud en la Región Metropolitana y los demás recurrentes tienen su domicilio según su solicitud en la Región Metropolitana, sin lograr sustentar algún domicilio en la Región de O´Higgins. Además la acción se dirige contra el Director del Servicio Nacional de Migraciones, que es el continuador del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, don nombre reservado, que como bien sabe la recurrente, se encuentra domiciliado para estos efectos en domicilio reservado. Cita al efecto fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua en el rol N°11817-2021 y pide que los antecedentes sean remitidos a la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Respecto al fondo, solicita el rechazo de la presente acción por haber perdido oportunidad la misma, toda vez que con fecha 18 de octubre de 2020, el recurrente solicitó permiso de permanencia definitiva ante esta autoridad migratoria y que con fecha 28 de diciembre de 2021 se le notificó al recurrente por medio de Comunicación Electrónica de folio N°21293745 que su solicitud se encontraba incompleta o insuficiente, esto por no acompañar el certificado de antecedentes penales debidamente legalizado o apostillado y que no presenta el documento requerido en relación al informe anual de boletas. Señala que por ello, y que no hay registros de que el recurrente haya subsanado dentro de plazo de 5 días, se hizo efectivo el apercibimiento con fecha 02 de febrero de 2022 mediante Resolución Exenta N°22118806, la cual tiene por desistida la solicitud del recurrente, habiendo sido carga de éste la entrega completa de la documentación requerida al momento de la postulación; señala, que existiendo un constante pronunciamiento de la autoridad administrativa no es posible se configure alguna hipótesis de silencio administrativo y que los que el extranjero mantiene una situación migratoria regular en nuestro territorio nacional, por lo que entiende esta autoridad, que no existe actualmente algún acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que dicha autoridad no ha dictado resolución alguna que disponga alguna diferencia arbitraria entre el extranjero recurrente y el resto de los solicitantes de permanencia definitiva que puedan encontrarse en una situación fáctica similar y que el plazo establecido de 5 días para subsanar la solicitud, es un plazo que se encuentra en la ley, específicamente en el artículo 31 de la Ley Nº 19.880, sobre Procedimientos Administrativos.

Evacuando el traslado conferido por la excepción de incompetencia, a folio 8 la recurrente refiere que se debe rechazar aquella, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico se inclina por la pluralidad de domicilios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del Código Civil.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es constitutivo de un instrumento cautelar destinado a resguardar de un modo urgente aquellas que estén amagadas para restablecer así el imperio del derecho.

Segundo: Teniendo presente que el abogado recurrente indicó en el libelo de folio 1, que tanto él como las personas en cuyo favor recurre poseen domicilio en esta ciudad, en Alberto Einstein 290, Comuna de Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, único domicilio que aparece en estos antecedentes respecto de los recurrentes y teniendo especialmente presente que el carácter cautelar de este procedimiento exige una tramitación eficaz y que esta Corte ya previno en el conocimiento de recurso, se rechaza la alegación de incompetencia planteada.

Tercero: Que, la acción deducida impugna la comunicación de 28 de diciembre de 2021 dictada por la recurrida, que deniega el avance de solicitud de permanencia definitiva por considerar, entre otros documentos, que el certificado de antecedentes penales del país de origen se encuentra sin la debida legalización o apostilla, así como que se presentó un documento no correspondiente al informe anual de boletas, otorgándole un plazo de cinco días para subsanar aquello.

Cuarto: Que, el recurrido, informó que al no constar que el extranjero haya subsanado la solicitud, dando cumplimiento a lo establecido en la comunicación anteriormente indicada, mediante Resolución Exenta N° 22118806 de fecha 02 de febrero de 2022 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se informó que la tramitación de su solicitud de permiso de permanencia definitiva se encuentra concluida.

Quinto: Que, lo reclamado en la especie es el plazo que se otorga para subsanar el defecto de antecedentes adjuntados a la solicitud de permanencia definitiva.

Sexto: Que, dentro de los principios fundantes de la actuación de la administración, los artículos 7 inciso segundo y 41 de la Ley 19.880, consagran el denominado principio de celeridad, que obliga a las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado a actuar por propia iniciativa en la prosecución del procedimiento de que se trate, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Que este principio, se encuentra establecido en beneficio del administrado y por ende, su aplicación siempre ha de ceder en su favor.

Séptimo: Que en el caso de autos, si bien el plazo de cinco días concedido a la persona en cuyo favor se recurre, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 19.880, contrasta con el principio citado en su debida interpretación, ya que el procedimiento de obtención de los documentos solicitados demora mucho más del plazo otorgado, circunstancia que no es imputable al recurrente, sino que a la falta de celeridad de la administración, lo que no puede perjudicarle, todo lo cual justifica acoger la acción de protección deducida, desde que no es razonable, atendido el conocimiento público y notorio de la demora que presenta el Servicio de Impuestos Internos en responder lo solicitado por el recurrente, por lo que otorgar un plazo tan breve para subsanar la falta de documentos exigidos al efecto deviene en arbitraria.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que se rechaza la excepción de incompetencia alegada por la recurrida.

II.- Que se acoge, sin costas, la acción constitucional intentada en autos en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones otorgar un plazo razonable no inferior a 30 días, para que la recurrente adjunte la documentación observada en Resolución Exenta N° 22118806 de fecha 02 de febrero de 2022.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 171-2022 Protección.