Protección contra Subsecretaría del Interior

C.A. de Rancagua Rancagua, trece de marzo de dos mil veintiséis. Vistos: Con fecha 5 de enero del año 2026, comparece el abogado Darek Macpherson Méndez, en favor de nombre reservado, militar, cédula de identidad venezolana NUM000, y domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, representada por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, y del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado

nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la negativa injustificada a recibir, formalizar y dar tramitación a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Expone, que huyó de Venezuela por la compleja situación política y socioeconómica, que ingresó a Chile por paso fronterizo no habilitado y, tras ello, realizó la respectiva declaración voluntaria de ingreso clandestino ante la Policía de Investigaciones de Chile, con fecha 17 de febrero de 2025, momento en que se le entregó la carta de “Proceso Sancionatorio de Expulsión y Acta de Notificación”, y se le indicó que tenía 10 días hábiles para hacer descargos, los cuales realizó con fecha 3 de marzo de 2025, sin respuesta alguna hasta enero del 2026. Alega que, con el propósito de solicitar asilo, refugio, ante su alto y justificado temor, intentó realizar dichos tramites en las plataformas electrónicas de SERMIG, sin lograr concretarlos por falta de entendimiento de la página web, así como la nula orientación existente vía teléfono. Indica lo sucedido con el caso del Teniente [Segundo], situación que le genera temor y perturbación, ya que, como militar desertor, teme sufrir el mismo destino. Expone, en síntesis, que la administración, a través del Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Interior, ha incurrido en una omisión ilegal al no dar tramitación ni respuesta a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el recurrente.

Que, a pesar de haber cumplido con las cargas administrativas iniciales, como la autodenuncia ante la Policía de Investigaciones y la remisión de una solicitud formal, el órgano recurrido ha mantenido una inactividad absoluta que supera con creces los plazos legales. Alega que esta pasividad administrativa no solo ignora la situación de vulnerabilidad del solicitante, quien alega persecución política y riesgo inminente a su integridad en su país de origen, sino que además lo mantiene en una situación de "invisibilidad jurídica". Arguye que el actuar de la autoridad infringe el artículo 28 bis de la Ley N°20.430, introducido por la Ley N° 21.655, así como los principios establecidos en la Ley N°19.880, alega el incumplimiento del deber de protección por parte de la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones, y cita jurisprudencia. Destaca que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 8, 9 y 27 de la Ley N°19.880, menciona el informe N°178/2022 de fecha 12 de mayo de 2023, correspondiente a la auditoría realizada y planificada por parte de la Contraloría General de la República y finaliza solicitando que se ordenando a los servicios recurridos que se pronuncien sobre la misma dentro de un plazo no mayor a 60 días o el que se estime conforme al mérito de autos, y en general adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas. Acompaña antecedentes en apoyo a su pretensión. A folio 9, compareció Diego Valenzuela Esparza, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior, quien, luego de señalar la normativa aplicable en la especie, indicó que el Ministerio del Interior, luego de consultar detalladamente el Sistema de Información y Gestión Electrónica que le asiste, así como la información contenida en el Registro Nacional de Extranjeros y, también, habiéndose comunicado con el Servicio Nacional de Migraciones respecto del objeto de este informe, no cuenta con antecedente alguno respecto de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la parte recurrente que se encuentre pendiente de análisis o resolución por parte del Servicio Nacional de Migraciones o del Ministerio del Interior. A folio 13, compareció el Servicio Nacional de Migraciones y solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Indica que, revisado su sistema respecto del actor nombre reservado, de nacionalidad venezolana, no registra solicitud de calidad de Refugiado ante el Servicio. Agrega que solo consta un acta de notificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 132 bis de la Ley N°21.325, de 17 de febrero de 2025. También, añade, consta en el sistema un parte policial NUM001, de 29 de abril de 2025, en que consta que el recurrente de autos no registra ingreso al país por paso habilitado. Reitera, que no consta solicitud alguna respecto al reconocimiento de calidad de refugiado del recurrente, ni solicitud de otra naturaleza, por lo que actualmente se encuentra en una situación de irregularidad migratoria. Indicó que, el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado se encuentra regulado, principalmente, por la Ley N°20.430 que establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, la Ley N°21.665 que modificó la Ley de Refugio, por el Decreto N°837, que fija su Reglamento, y en algunas normas establecidas en la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Hace presente que no existe omisión ilegal o arbitraria, especificado por la recurrente de autos, teniendo en cuenta que no existe registro de ingreso de solicitud de reconocimiento de la calidad de Refugiado. Finalmente, solicita el rechazo del recurso por no existir acto u omisión arbitrario o ilegal por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías incoadas por el recurrente, no existiendo vulneración alguna subsanable mediante el presente recurso, no siendo procedente por ende la presente acción constitucional, ni la respectiva condena en costas. Se trajeron los autos en relación. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2° Que, el presente recurso se deduce en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones por la dilación en la resolución de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del actor. 3° Que, al informar, la Subsecretaría del Interior solicitó el rechazo del recurso, por cuanto indicó que, luego de consultar detalladamente su Sistema de Información y Gestión Electrónica, así como la información contenida en el Registro Nacional de Extranjeros y, también, habiéndose comunicado con el Servicio Nacional de Migraciones, no cuenta con antecedente alguno respecto de alguna solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado perteneciente al recurrente. A su turno, en su informe, el Servicio Nacional de Migraciones solicitó el rechazo del recurso, por cuanto indicó que, luego de consultar sus sistemas internos de tramitación, no registra ninguna solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado relacionada al actor. 4° Que, atendido lo informado por los recurridos y los documentos allegados al recurso por el actor, no consta que el actor haya ingresado una solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado ante la autoridad migratoria, no existiendo actuación arbitraria o ilegal por parte de las Instituciones recurridas, razón por la que esta Corte rechazará la presente acción de protección, como se dirá en lo resolutivo. 5° Que, sin perjuicio de lo anterior, nada obsta a que el recurrente acuda ante la autoridad migratoria con el fin de materializar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y nombre reservado Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, cédula de identidad venezolana NUM000, en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones. Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 17-2026 Protección. Se deja constancia que esta sentencia debe ser anonimizada de acuerdo con lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.