RECURRENTES:COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE A.G. CONSEJO REGIONAL TALCA MAULE RECURRIDO:CORTE DE APELACIONES DE TALCA

Rancagua, siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Con fecha 27 de mayo de 2024 comparece Pedro Albornoz Sateler, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos abogados y consejeros del Colegio de Abogados de Chile A.G Consejo Regional nombre reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, por sí y en representación de éste último, deduciendo recurso de protección en contra de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, representada por su Presidenta en ejercicio, señora nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por haber dispuesto el cese de la destinación de la oficina que posee el Colegio de Abogados en dependencias de la recurrida, estimando que ello vulneraría las garantías constitucionales del artículo 19 N°2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restituya el uso del espacio a los recurrentes, con costas.

Funda su recurso en que el Consejo Regional del Colegio de Abogados es usuario y comodatario de una sala y un balo anexo ubicada a la entrada del edificio de la Corte de Apelaciones de Talca, el que fue entregado desde que comenzó a funcionar el edificio en dicho recinto en el año 2004, en virtud de un acuerdo de uso o comodato gratuito celebrado por la entonces Directiva del Colegio de Abogados de Chile A.G., Regional nombre reservado, con el Presidente de la Corte de Apelaciones de Talca de la época, siendo ello parte de una costumbre inmemorial que proviene desde el espacio anterior en donde funcionaba el tribunal de alzada. Hace presente que en el lugar se instaló una “Sala de Abogados”, el que podía ser usado tanto por abogados colegiados como no colegiados, con sillones, mesas de trabajo, libreros, internet, computador para los usuarios, escritorio y computador para la secretaria, quien permanecía en el lugar de lunes a viernes en el horario de funcionamiento de la Corte.

Destaca que el día 6 de abril la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca, por medio de una carta, les señaló que requería la entrega de la dependencia utilizada, pues necesitaba ese espacio para funcionarios de la Corte, indicando que dicho espacio era usado de forma marginal por sus asociados, debiendo entregarlo en un plazo de 5 días. En virtud de ello, se solicitó una audiencia con la Presidenta del tribunal de alzada, la que se efectuó el 12 de abril del presente, en la cual se pidió una reconsideración de la decisión en atención a que el uso de la oficina se estaba retomando por los abogados de forma paulatina, en consideración a la vuelta a la normalidad posterior a la pandemia. Reclama que la recurrida no escuchó su petición y comunicó al Pleno de la Corte que ellos habían sido muy vehementes en defender su postura.

Posterior a ello, con fecha 17 de abril de 2024, el Tribunal Pleno rechazó la reconsideración y dispuso ampliar el plazo de retiro de enseres hasta el 26 de abril del año en curso. Sin embargo, aquellos no retiraron sus pertenencias por estimar que existe un comodato válido y vigente que los habilita para ocupar el espacio, debiendo la recurrida ejercer las acciones legales que correspondieran para obtener la entrega del inmueble, lo que no ocurrió, puesto que la recurrida decidió ingresar a la oficina, retirar sus muebles y ocupar el recinto con su personal, cuestión que fue informada el día 29 de abril del presente, mediante llamado telefónico de la secretaria que cumplía sus funciones en la sala de abogados, Sra. Carolina Leal Concha.

Reclama que la recurrida ha actuado mediante autotutela, de forma unilateral, constituyendo una actuación arbitraria e ilegal que se ejecuta de manera permanente. Menciona que la Corte de Apelaciones de Talca se arroga atribuciones jurisdiccionales que no posee, actuando como una comisión especial que alteró el statu quo vigente mediante vías de hecho y sin respetar los derechos que emana del contrato de comodato, el que por lo demás, podrá probar mediante testigos.

Finalmente aduce que la actuación de la Sra. Presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca y el Tribunal Pleno carecen de legitimación activa para ejercer acciones respecto del inmueble, por cuanto la administración de los recursos materiales destinados al funcionamiento de las Cortes de Apelaciones la ejercerá la Corte Suprema a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, sin que haya intervenido éste último en la actuación reclamada.

Acompaña copia del Oficio N°605 de 5 de abril de 2024 remitido por la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca y el acuerdo de 19 de abril del presente adoptado por el Pleno de dicho tribunal.

Con fecha 13 de junio de 2024, se evacuó informe por el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Talca, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, alega que la acción deducida es inadmisible, por cuanto no resulta procedente admitir un recurso de protección en contra de una Corte de Apelaciones al concederse competencia como tribunal superior a otra Corte de Apelaciones, todo lo cual conculca las normas sobre competencia que regulan la materia.

En segundo lugar argumenta que los recurrentes carecen de un derecho indubitado susceptible de protección por la presente vía, toda vez que la oficina se dispuso para el uso de todos los abogados que concurrieran a la Corte, sin que exista un contrato de comodato celebrado o la concesión de un derecho de uso exclusivo en favor de ellos respecto de la oficina en cuestión, respecto del cual, los recurrente indican que pueden probarlo con testigos, evidencia ello que se requiere la existencia de un juicio declarativo previo.

Por otra parte, explica que la acción ha sido deducida de forma extemporánea, ya que se recurre en contra de la decisión adoptada con fecha 6 de abril del año en curso, debiendo contarse desde allí el plazo respectivo, por haber tomado conocimiento del acto recurrido desde ese momento.

En cuanto al fondo de la acción, indica que en el mes de marzo la Presidenta de la Corte recorrió la totalidad de las dependencias del edificio y advirtió la necesidad de contar con mayores y mejores espacios para los funcionarios, atendido su número. En dicho contexto se revisó la oficina destinada a los abogados que concurren presencialmente a la Corte, siendo subutilizada por ellos, realizándose un catastro sobre el uso de la misma desde el 15 de marzo al 5 de abril, dándose cuenta de una utilización marginal, por lo que ese último día se decide comunicar la decisión impugnada en estos autos. Luego de ello, se efectuó una audiencia el día 12 de abril del 2024 con los recurrentes ante la Presidenta del tribunal de alzada y su relatora de pleno, la que no se dio en buenos términos, todo lo cual fue representado por el Tribunal Pleno con fecha 19 de abril del año en curso al Presidente del Colegio de Abogados. Posterior a ello, éste solicitó por escrito dejar sin efecto la decisión, lo que fue conocido por el Tribunal Pleno, quien rechazó la reconsideración en atención a que existe un cambio de condiciones desde que se facilitó la dependencia en cuestión y otorgó un plazo mayor para su devolución, por cuanto el número de funcionarios ha aumentado considerablemente, siendo necesario redistribuir las oficinas, conforme a los requerimientos del servicio y para cumplir las exigencias de la Asociación Chilena de Seguridad. Indica que, ante el incumplimiento de lo ordenado, el 3 y 4 de mayo del 2024 se decidió retirar los enseres de la oficina e instalar los puestos de trabajo de 4 funcionarios de la unidad de control, gestión y servicios.

Argumenta que la decisión impugnada responde a la gestión de las dependencias en que funciona la Corte, por el aumento considerable del número de funcionarios desde el 2004 al haberse incorporado la Unidad de Liquidación, el Centro Integrado de Notificaciones Judiciales y el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección, adicionándose 50 puestos de trabajo.

Indica que la facilitación de la oficina a los abogados proviene sólo de la determinación y buena fe del Tribunal de Alzada, sin que exista un contrato de comodato o la concesión de un derecho a favor de la recurrente, pues dichas dependencias estaban destinadas a todos los letrados, la que por lo demás, había perdido utilidad pues un gran número de abogados ha optado por efectuar sus alegatos de forma remota. Aclara que hay servicios higiénicos a disposición de todos los que concurren al edificio y asientos para esperar en todos los pisos del mismo. Y en el caso de los recurrentes, menciona que sus oficinas están ubicadas al frente de la Corte, por lo que no existe perjuicio.

Respecto de las supuestas garantías constitucionales vulneradas, aclara que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma en que se hacen, por lo que tal como se facilitó la oficina, puede también ponerse fin a dicha destinación, por lo que no se actuó como comisión especial, no resultando procedente tampoco el argumento de la falta de legitimación activa, pues los propios recurrentes reconocen que el Presidente de la Corte de la época les entregó la oficina en cuestión. Alega que no se ha tratado de forma distinta a los recurrentes en comparación con otras personas y que no existe derecho de propiedad sobre eventuales derechos personales que emanen de actos o contratos por no existir aquéllos.

Con fecha 18 de junio de 2024, la parte recurrente solicita tener presente que la acción deducida no es contra una resolución dictada en un procedimiento judicial a cargo de la recurrida, si no que, por las vías de hecho empleadas, por lo que no procede que aquella actúe como juez y parte, siendo competente para conocer del conflicto la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua, lo que, además, fue reconocido por la recurrida al remitir sus antecedentes. Añade que la situación de su parte configura un estatus quo, que no podía ser alterado unilateralmente y por la fuerza de la contraria; aclara que la acción no extemporánea pues la ejecución de la decisión se llevó a cabo el 3 y 4 de mayo de 2024, conforme lo informa la recurrida.

Explica que la recurrida reconoce que ha facilitado el uso de la oficina para el uso de los abogados que concurrieran a la Corte, cuestión que se reconoce por su parte, sin que existe reclamo alguno sobre ese punto. Menciona que no se concedió un plazo mayor para la devolución de la oficina pues no se solicitó aquello.

Destaca que se produjo una situación semejante en la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, sin embargo, en dicho caso, la Corporación Administrativa del Poder Judicial recurrió a la justicia ordinaria para desalojar la oficina que ocupaba el Colegio de Abogados de esa ciudad, dando origen a la causa Rol C-3836-2021 del 3° Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción.

Con fecha 8 de agosto del presente, se hace parte como coadyuvante la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Aprajud, Dirección Regional Talca, indicando que la decisión adoptada por la recurrida benefició sustancialmente a tres funcionarios judiciales que también son sus asociados, por lo que se tiene un interés actual en el resultado del proceso, sosteniendo una pretensión concordante con la parte recurrida. Indica que la decisión recurrida vino a responder a la mayor dotación de funcionarios y su ocupación de espacios físicos, sintonizando con los lineamientos entregados por la Asociación Chilena de Seguridad por factores de riesgo generados por hacinamiento.

Añade que los recurrentes cuando presentaron solicitud de reconsideración, pidieron un plazo mínimo para desocupar el espacio, de lo que se colige un reconocimiento implícito a carecer de título para ocupar el espacio.

Finalmente, expresa que en caso de dejarse sin efecto la medida de la recurrida existe riesgo de hacinamiento de los funcionarios judiciales, afectándose su desempeño laboral, además, de utilizarse recurso para otros fines al tener que disponer el reacomodo de las estaciones de trabajo.

Con fecha 13 de agosto del 2024 la recurrente acompaña dos copias de inscripciones del Conservador de Bienes Raíces de Talca y una copia de la escritura pública de 12 de enero de 2024 sobre transacción y comodato celebrado entre la CAPJ y el Colegio de Abogados de Chile Regional Concepción.

Con fecha 2 de octubre de 2024, se ordenó como trámite previo e indispensable para la vista de la causa, pedir informe a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, al tenor del recurso y de lo informado por la recurrida.

Con fecha 14 de octubre de 2024, se evacuó el informe solicitado. Indica que en virtud de lo dispuesto en el artículo 506 del Código Orgánico de Tribunales, la Corporación Administrativa tiene la función de administrar, construir y mantener los bienes muebles e inmuebles destinados al funcionamiento de los tribunales y los servicios judiciales, por lo que, en razón de ello, en el año 1995 adquirió el inmueble ubicado en la comuna de Talca para construir el edificio que sirve de sede para el funcionamiento de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca.

Hace presente que la Corporación no determina de forma alguna cuál será el uso de las oficinas dentro del edificio de la recurrida y que no ha celebrado contrato de comodato con el recurrente respecto del uso de una oficina dentro del referido edificio, por lo que en atención a que la propia Corte es la que establece su funcionamiento y distribución de personal y oficina, fue prerrogativa de ella la decisión de instalar una oficina para el uso de abogados dentro del edificio, cuestión que fue realizadas en los hechos, sin existir contrato alguno, por cuanto la oficina fue habilitada como una sala para todos los abogados que concurrieran al tribunal de alzada y no como un lugar a ocupar por el Colegio de Abogados.

Indica que con fecha 30 de abril de 2024 se recibió un correo de parte de la Administración nombre reservado de la Corporación Administrativa, mediante el cual se comunicó lo resuelto por el Pleno de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, que dispuso que los recurrentes debían retirar sus enseres a mas tardar el 3 de mayo de 2024, bajo apercibimiento de ser realizado por personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, manteniéndolos en bodega del edificio institucional. En atención a dicha comunicación, es que la Administradora nombre reservado remitió correo electrónico a la Directora Suplente, Sra. nombre reservado el 2 de mayo de 2024, quien solicitó que el asunto se viera con la administración zonal y el departamento jurídica de la Corporación. Es así, que el día 3 de mayo de 2024, el Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica de la CAPJ se pronunció sobre el tema expuesto e indicó que el asunto debía ser puesto en conocimiento del Consejo Superior, para su conocimiento y resolución, toda vez que en virtud del artículo 506 del Código Orgánico de Tribunales, la Corporación depende exclusivamente de la Corte Suprema, y según lo dispone el artículo 509 de dicho código, es el Consejo Superior quien cuenta con todas las facultades de administración y disposición.

Luego, el mismo día 3 de mayo de 2024, la Administradora nombre reservado se reunió presencialmente con la Presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca Sra. nombre reservado, y le informó que, conforme a lo instruido por el Nivel Central de la Corporación Administrativa, la Administración nombre reservado no podía proceder con lo instruido por dicho tribunal de alzada sin que antes existiera un acuerdo de los ministros de la Corte Suprema que integran el Consejo Superior de la Corporación.

Destaca que dado lo exiguo del plazo existente desde la comunicación y el día señalado para el retiro de los bienes, no fue posible presentar el tema al Consejo Superior.

Aclara que la Corporación Administrativa del Poder Judicial no tuvo injerencia en la decisión adoptada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca ni participó de forma alguna en el retiro de los bienes de la Asociación Gremial recurrente en estos autos.

Finaliza, indicando que el recurrente no tiene un derecho indubitado respecto de ocupar el inmueble en cuestión, no siendo ésta la vía para establecer la existencia de un derecho, cuyo conocimiento corresponde a un juicio de lato conocimiento, por lo que la acción no podrá prosperar.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que se reprocha en el recurso es la decisión de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, comunicada a través de su Presidenta con fecha 5 de abril de 2024 mediante Oficio N°605-2024, por la cual se comunica el cese de la destinación por parte de los recurrentes de la oficina denominada “Sala de Abogados”, ubicada en el primer piso del edificio en donde actualmente funciona dicho Tribunal de Alzada, estimando que aquello vulneraría las garantías constitucionales de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto dicha decisión y se restituya el uso del espacio.

TERCERO: Que, previo a revisar el fondo de la controversia, la recurrida opuso excepción de inadmisibilidad, extemporaneidad y falta de derecho indubitado.

Respecto de la primera fundada en la improcedencia de dotar de competencia a otra Corte de Apelaciones para conocer de la decisiones de un par, cabe tener presente que con fecha 28 de mayo de 2024, en autos Rol Protección 1472-2024, la propia recurrida remitió los antecedentes a esta Corte, por ser el subrogante legal, para el conocimiento y resolución del presente recurso de protección, por cuanto dicho tribunal se encuentra inhabilitado para abocarse al conocimiento del asunto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 195 N°1 y N°8 del Código Orgánico de Tribunales, resultando improcedente acoger dicha alegación, máxime considerando que en el caso de hacerlo, se priva al recurrente de ejercer su derecho de recurrir por la presente vía al no existir tribunal competente para conocer de la misma.

En cuanto a la segunda alegación, es menester considerar que conforme fue relatado por la recurrida, la ejecución de la decisión impugnada se llevó a cabo los días 3 y 4 de mayo del año en curso, por lo que la acción se dedujo dentro del plazo dispuesto en el numeral 1 del Auto Acordado que regula la materia, al haberse interpuesto ésta con fecha 27 de mayo del 2024.

Finalmente, respecto de la carencia de derechos indubitados por parte de la recurrente que la ampare a deducir la acción de protección, conviene tener presente que aquello dice relación con el fondo de la controversia, no siendo procedente su análisis de forma previa.

CUARTO: Que, respecto al fondo de la acción, el recurrido alegó que no existe un contrato de comodato celebrado entre las partes establecido de forma exclusiva en favor de los recurrentes; que, la decisión impugnada responde a la gestión de las dependencias en que funciona la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, en razón del aumento de dotación de funcionarios y su organización interna; y, que no existe garantía constitucional alguna vulnerada por su actuar.

QUINTO: Que, asimismo, se evacuó informe por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quien indicó que ésta no ha celebrado contrato de comodato alguno con los recurrentes. También, aclaró que, respecto a lo resuelto por la recurrida, que la Corporación no participó del retiro de enseres programado para el día 3 de mayo de 2024.

SEXTO: Que, conviene tener presente que el artículo 551 del Código Orgánico de Tribunales dispone en su inciso cuarto que: “De las resoluciones que en el ejercicio de sus facultades económicas pronuncien los tribunales indicados en el inciso primero de este artículo, sólo podrá reclamarse para ante el superior jerárquico. La reclamación deberá interponerse dentro del plazo de tres días, ante el tribunal que haya dictado la resolución. Este la elevará, con todos sus antecedentes, dentro de las 48 horas siguientes a su presentación”.

En este sentido, las facultades económicas de los tribunales son aquellas atribuciones que se le entregan a los tribunales de justicia con el propósito de llevar adelante la administración de los bienes asignados para dar cumplimiento a la función jurisdiccional; regular y mejorar la economía judicial; optimizar el rendimiento del trabajo de los tribunales y sus funcionarios; así como todas las medidas tendientes a racionalizar el ejercicio de la administración de justicia.

SEPTIMO: Que, en la especie, la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, conforme a lo antes expuesto, se encuentra facultada para disponer la organización interna de su personal y de sus enseres, pudiendo adoptar decisiones que involucren a aquellos, sin que esta Corte pueda calificar la aptitud y conveniencia de dichas medidas.

OCTAVO: Que, conforme se verifica de la revisión del Rol Pleno N°257-2024 de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, consta que el Tribunal Pleno resolvió, con fecha 19 de abril del año en curso, rechazar la reconsideración presentada por los recurrentes respecto de la decisión adoptada por la Sra. Presidenta de dicho tribunal.

En consecuencia, habiéndose dictado sendas resoluciones administrativas al efecto, el recurrente debía impetrar la acción particular indicada o las vías administrativas que poseía, atendido que el recurso de la especie, tiene sólo una naturaleza cautelar y de emergencia, por lo que no puede convertirse en un sustituto jurisdiccional de otros procedimientos administrativos o judiciales.

NOVENO: Que, por lo anterior, no siendo la presente la vía idónea para resolver la controversia, se rechazará el recurso, conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por Pedro Albornoz Sateler, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos Abogados y Consejeros del Colegio de Abogados de Chile A.G Consejo Regional nombre reservado, en contra de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N° 1694 -2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.