Protección contra Gobierno Regional de O’Higgins

Rancagua ocho de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Con fecha 17 de octubre del año 2025, comparece doña Paula Middleton Jorquera, abogada, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, Rut NUM000, arquitecta, de su mismo domicilio y viene en deducir recurso de protección en contra del Gobierno Regional de O’Higgins, persona jurídica de derecho público, descentralizada, RUT RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, Gobernadora Regional (S), RUN NUM001, ignora profesión u oficio, cuyo domicilio es domicilio reservado, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que, la funcionaria nombre reservado, es arquitecta, grado 8 de EUR, profesional de la unidad de evaluación y supervisión de obras civiles del departamento de inversiones del Gobierno Regional de O’Higgins, e ingresó al GORE O’Higgins con fecha 18 de junio de 2012. Durante sus 13 años y 4 meses de carrera funcionaria en GORE O’Higgins mantuvo una trayectoria intachable, no habiendo sido nunca sancionada en un proceso disciplinario y manteniendo buenas calificaciones.

Señala que mediante Resolución Exenta N°NUM002 de fecha 23 de mayo de 2025, de GORE O’Higgins se dispuso por el Gobernador Pablo Silva instruir sumario administrativo destinado a investigar posible falta administrativa por realizar viaje al extranjero encontrándose con licencia médica de reposo total en su domicilio durante los años 2023 y 2024. Con fecha 29 de julio de 2025, se formulan los siguientes cargos en contra de nombre reservado, los que son: “1.-CARGO QUE SE FORMULA: “Infracción del artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo, que obliga a "Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado.

Que la conducta funcionaria cuestionada en este procedimiento administrativo, es infractora de los deberes funcionarios de doña nombre reservado, por cuanto consistió en el incumplimiento en las modalidades del reposo otorgado en licencia médica Folio N° NUM003, emitida el día 30 de octubre de 2023, por el profesional médico Sr. nombre reservado, en la cual se indica que se concedió a doña nombre reservado un reposo laboral total, por enfermedad o accidente común, por 21 días, a contar desde el 31 de octubre de 2023, fijándose el lugar de reposo como su domicilio ubicado en domicilio reservado, de Rancagua. Entonces, conforme a esta información, los 21 días de licencia médica otorgados, transcurrieron desde el 31 de octubre al 20 de noviembre de 2023. En esta situación es que doña nombre reservado, encontrándose con reposo médico, con fecha 6 de noviembre de 2023 registra una salida del país desde el aeropuerto nombre reservado

Benítez con destino a Perú, y con fecha de retorno a Chile el día 12 de noviembre de 2023 desde Uruguay; constatándose que incumplió con la modalidad del reposo que se le concedió por el profesional de la salud antes señalado, dado que su licencia médica señala que debió permanecer en su domicilio de entonces, en DIRECCION000 de Rancagua, dado que además, en el documento aludido, no existe autorización para que el reposo se llevara a cabo en otro lugar. Por otra parte, y en relación con la información de las fechas tanto de salida como de entrada al país de doña nombre reservado, ésta fue proporcionada a la Fiscal sumariante por la Policía de Investigaciones de Chile, a través del Departamento de Migración y Policía Internacional de Rancagua, en su Oficio Reservado N°NUM004, de fecha 1 de julio de 2025, y que consta en el expediente sumarial.”

Asegura que la defensa de la recurrente presentó en la investigación los siguientes descargos: “Marco jurídico aplicable: importante en este punto es señalar qué conductas son las que infringen la Probidad Administrativa. Así, el artículo 62° de Ley N°18.575, establece expresamente diez conductas consideradas graves y que su transgresión contraviene especialmente el principio de probidad administrativa, estas son: Artículo 62.- Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; 2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; 3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; 4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; 5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, debido al cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.

Exceptúense de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación.

El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares; 6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta; 7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga; 8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración. 9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado. 10. Ejercer conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, que sufran las funcionarias y los funcionarios en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo.”

Indica que la Contraloría dentro de su jurisprudencia administrativa ha indicado múltiples casos de gravedad de la falta, pero también ha declarado los casos en los que una determinada conducta no debe ser calificada como una infracción grave al principio de probidad administrativa. Los argumentos que expone de conformidad al dictamen N°37.741 de 2003 declara que la conducta no es grave cuando no hay mala fe del inculpado (dictámenes N°37.741 de 2003).

Arguye que, en el caso particular no existe mala fe o dolo en el proceder de la recurrente, todo es producto de un error y por ende no se darían los elementos normativos para encasillar su actuar en este tipo de infracciones graves, lo anterior en virtud de los siguientes antecedentes: 1.-Licencia Médica: La licencia médica extendida por el profesional corresponde a una licencia médica real, no existe fraude de subvenciones en tal sentido, el médico especialista en salud mental extiende dicha licencia como médico tratante de doña nombre reservado. 2.- Existencia de enfermedad: La recurrente tiene un diagnóstico de trastorno mixto ansioso depresivo y un trastorno de pánico, el cual es anterior a la fecha de la extensión de la licencia médica discutida en particular y que se mantiene al día de hoy, manteniendo tratamiento médico, psicológico y farmacológico de manera permanente. 3.-Error no dolo: la recurrente incurrió en un error, pues pensaba que las características del reposo laboral total, el lugar de reposo y el domicilio señalado para cumplir el reposo no le prohibía salir del país. Esto ocurre pues las licencias de salud mental permiten al paciente salir de su hogar y justificar la ausencia laboral sin tener que estar en su domicilio, tanto es así, que nunca en todo el tiempo que ha tenido licencias médicas ha sido fiscalizada por su Isapre para verificar el cumplimiento del reposo en su domicilio, es más si hubiera sabido que no podía estar en otro lugar o salir del país, lo más probable es que no lo hubiera hecho. 4.-Motivo del viaje enfermedad grave de padre: El motivo del viaje a Uruguay es netamente familiar y relacionado con un problema de salud grave que afectaba al padre de la inculpada don nombre reservado, quién había estado en Chile realizando tratamientos contra un cáncer, volviendo a Uruguay, país en el cual residía el 4 de noviembre del año 2023, por este motivo el 6 de noviembre de 2023, viaja a petición de su padre para cuidarlo por unos días en el extranjero, a lo que accede ante el requerimiento paterno, la salida del país no fueron ni vacaciones, ni paseos de divertimento ni de ocio, sólo acompañó a su padre en su recuperación. Para terminar este punto es importante señalar que ella viajó sola desde Chile. 5.-Comprensión del error: después de todo lo que ha ocurrido la recurrente comprende a cabalidad su error, insiste en que jamás existió mala fe en el viaje que realizó al extranjero. 6.- Manifiesta arrepentimiento: referente a la conducta que se le imputa, si bien es cierto se debe a un error que cometió, pues nunca imaginó que no podía salir del país a acompañar a su padre confiando en que una licencia médica de salud mental le permitía no guardar un reposo en cama en su domicilio sino que poder tener más libertad ambulatoria y salir donde ella estimara, ante la situación en la que hoy se encuentra enfrentada y, tomando conciencia de lo ocurrido debió haber efectuado esta acción se manifiesta profundamente arrepentida y pide disculpas por lo ocurrido. 7.-Irreprochable conducta anterior: Consta en el comportamiento funcionario, sus calificaciones de excelencia y no haber estado sometida a ningún procedimiento sumario con antelación a éste. 8.- Manifestación de voluntad de reintegrar el dinero: junto con el arrepentimiento, en su declaración durante la tapa indagatoria la recurrente manifestó su intención de reintegrar el subsidio por el que fue beneficiada con esta licencia médica. 9.- Duración de la infracción: La formulación de cargos indica que cometió la infracción al no cumplir la licencia médica y su reposo de 21 desde el 31 de octubre al 20 de noviembre de 2023, lo que en la especie no ocurre así, pues solo se mantuvo fuera del país por 6 días y 15 días en su domicilio en territorio nacional. 10.-Perjuicio: la funcionaria manifiesta que desea reparar el perjuicio fiscal ocasionado. 11.- Prohibición de salir del país: no existía a la fecha del viaje de la funcionaria ninguna prohibición o medida que le prohibiera salir del territorio nacional.

Concluye que, por ello, y como la conducta no se encuadra en ninguna de las hipótesis del articulo 61 letra g) en relación con el artículo 62 de la ley 18.575, de los presupuestos legales invocados como falta grave a la probidad, además, carece elemento subjetivo del dolo o mala fe, posee una justificación por causa humanitaria u médicas y existen múltiples circunstancias atenuantes que imponen una valoración de proporcionalidad, señaló que no se ha infringido normativa vigente alguna.

Detalla que la vista fiscal, propone sanción de destitución, siendo acogida la propuesta por la autoridad: La vista fiscal de fecha 08 de septiembre de 2025 resuelve “….se deben rechazar las argumentaciones y justificación de las mismas con estos medios de prueba, dado que la naturaleza de la investigación no dice relación con el estado de salud de doña nombre reservado, ni con la validez y veracidad de la licencia médica otorgada, ni menos con su diagnóstico clínico, ni con su desempeño funcionario a lo largo del tiempo que ha prestado servicios al Gobierno Regional, sino con el hecho objetivo de haber viajado fuera del país, vulnerando la orden de reposo del médico tratante y con ello, la legislación reglamentaria aplicable que dice relación con la autorización de licencias médicas, y que han sido materia de esta investigación , hecho que aparece claramente acreditado. En este sentido, los descargos y la documentación acompañada no desvirtúan el cargo formulado, es más la prueba aportada y que consta en el expediente sumarial, confirman la infracción, siendo pertinente sancionar la conducta de la manera que se indicará más adelante”.

Explica que en el numeral 20 de la Resolución Exenta N°NUM005, la autoridad acoge la propuesta de destitución, basados en los hechos objetivos y acreditados que doña nombre reservado viajó fuera del país encontrándose con licencia médica de reposo en domicilio, sin considerar atenuantes por no ser procedentes.

Relata que con fecha 29 de septiembre de 2025, interpuso recurso de reposición poniendo en evidencia la serie de vulneraciones a los derechos de la acusada que se cometían con relación a: “1.-PRINCIPIO DE CONGRUENCIA: Existe incongruencia entre la imputación fáctica formulada en los cargos y los hechos señalados en los considerandos de la resolución impugnada: En los hechos que constan en la formulación de cargos se indica que doña nombre reservado, salió del país hacia PERÚ, y de esa imputación es de la cual se defendió durante la investigación sumaria, pero mi representada nunca viajó a Perú, tanto es así que con fecha 20 de agosto de 2025 la fiscal sumariante oficio a la PDI con el objeto de que aclarar su salida. Así las cosas , con la respuesta de la Policía en el numeral 10 de la resolución que la destituye indica: “Que de esos hechos aparecen acreditados indubitadamente en este proceso, no solo por la información proporcionada por la Contraloría General de la República en su oficio NUM006; por el informe del Departamento de Migraciones de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile ( Oficio N°NUM004 de 1 de julio de 2025),documento que en el caso de nombre reservado, fue aclarado en Oficio N°NUM007 de fecha 25 de agosto de 2025, de esta misma institución policial, toda vez que el dato de destino que se indicó en el primer oficio, que señalaba como destino el Estado de Perú, en circunstancias que era Uruguay”.

Observa una infracción grave por parte de la Fiscal sumariante en el sentido que la formulación de cargos debe ser concreta, y se debe explicar claramente las actuaciones, anomalías y los hechos infraccionados, lo que en la especie no ocurrió, con lo que se ha vulnerado el principio del debido proceso. Al sancionar a doña nombre reservado por hechos distintos al de la formulación de cargos se está vulnerando el principio de legalidad, por cuanto el ejercicio de su facultad debe estar ajustada a la ley, lo que no ocurrió, ya que se ha dictado una resolución administrativa contra texto legal expreso del artículo 140 del estatuto administrativo con relación al artículo 6 y 7 de la Constitución Política. Esta situación se reitera, al no considerarse las múltiples atenuantes invocadas por la inculpada. La presente resolución carece de objetividad pues acoge una propuesta de vista fiscal que no cumple con los estándares mínimos de objetividad en cuanto valorar la prueba presentada por la defensa, la que debió ser apreciada por quien sustanció el proceso, por el contrario, se descartaron de plano. De conformidad a lo resuelto por la Fiscal vemos que no ha realizado ningún análisis de la prueba aportada, ni valoración alguna de la misma, si lo hubiera hecho podría haber arribado a otro tipo de propuesta de sanción menos gravosa. Es más, es tan evidente la falta de objetividad que se opta por tratar de subsanar la ilegalidad de falta de congruencia entre los hechos de la formulación de cargos y los hechos de son objetos de la resolución de la destitución dando una justificación en el numeral 10 de la resolución exenta NUM005, y modificando los hechos, lo que a su parecer es improcedente. Con fecha 8 de octubre de 2025 se notifica la Resolución Exenta NUM008 de fecha 6 de octubre de 2025, la cual rechaza el recurso de reposición en base al incumplimiento del reposo médico y que eludir dicha obligación daña la institucionalidad al defraudar la confianza en el estado.

Arguye que tanto la Resolución Exenta N°NUM005 y la resolución exenta N°NUM008, fundan la falta grave a la probidad en: “Eludir el cumplimiento de las obligaciones de reposo, daña la institucionalidad al defraudar la confianza del Estado, la credibilidad que el Estado tiene respecto de sus funcionarios públicos: daña también al sistema de seguridad social, dado que implica que el Estado paga las remuneraciones de sus funcionarios, y con ello los subsidios respectivos en el caso de todos los funcionarios que se encuentran con licencia médica: los que cumplen y los que no cumplen con el reposo; y por cierto, también en el caso de la Sra. nombre reservado”.

Es decir, la sanción se funda en haber infringido un reposo. El Decreto Supremo Nº3 de 1984 del Ministerio de Salud, que “Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional” indica en el artículo 55 del referido Decreto Supremo que: “Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica ya concedida, en su caso, sin perjuicio de la denuncia de los hechos a la Justicia Ordinaria si procediere, cuando el trabajador incurra en alguna de las siguientes infracciones: a) Incumplimiento del reposo indicado en la licencia; no se considerará incumplimiento la asistencia del trabajador a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional que extendió la licencia, situación que deberá ser comprobada.

Incumplimiento del reposo indicado en la licencia; no se considerará a) La realización de trabajos remunerados o no durante el período de reposo dispuesto en la licencia. b) La falsificación o adulteración de la licencia médica. c) La entrega de antecedentes clínicos falsos o la simulación de enfermedad por parte del trabajador debidamente comprobada.

En estos casos el trabajador deberá devolver la remuneración o subsidios indebidamente percibidos para lo cual la entidad pagadora del subsidio lo comunicará al empleador para los fines estatutarios o laborales a que haya lugar”.

Asegura que existe una distinción entre la facultad entregada a los organismos de salud pertinentes para investigar una transgresión a las normas legales y reglamentarias que rigen el uso, otorgamiento y autorización de las licencias médicas, para los fines de rechazar o invalidar tales beneficios, y obtener la devolución de los subsidios indebidamente percibidos y, por otra, la atribución de los órganos de la Administración para establecer y sancionar la responsabilidad administrativa de sus funcionarios por los mismos hechos. Como se indicó la sanción se fundamenta en el mal uso de las licencias médicas, aspecto, que no corresponde sancionar al GORE de O’Higgins.

Afirma que la autoridad se encuentra obligada a aplicar la medida de destitución, cuando una ley expresa tipifica una determinada conducta con dicha sanción, como ocurre por ejemplo, con las letras a), b) , c), d) y f) del artículo 125 de la Ley N°18.834, esto es, sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, como es el caso de aquellas conductas descritas en el artículo 62 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Las letras a), b), c), d) y f) del artículo 125 de la Ley N°18.834 señala: La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario. La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada; b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k), l) y m) del artículo 84; c) Condena por crimen o simple delito, y d) Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio a la probidad de las haya afirmado tener conocimiento sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado. e) Ejecutar acciones de hostigamiento en contra de cualquier persona que efectúe una denuncia de acuerdo a lo previsto en la ley, o declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia, afectando su indemnidad o estabilidad en el empleo, su vida o integridad, su libertad o su patrimonio, o que produzca la misma afectación respecto de un miembro de su familia f) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales Refiere que, de esta forma, y sin perjuicio que las causales de destitución son taxativas, se hace necesario señalar que las resoluciones impugnadas y que disponen la destitución de la funcionaria no fueron dictadas conforme a derecho conforme a la explicación que a continuación paso a exponer:

A.- Dichas resoluciones contienen una decisión dictada por Gobernadora subrogante, lo cual conforme al artículo 3 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, constituye un acto administrativo y como tal debe cumplir con los requisitos del acto, es especial con la debida fundamentación del acto administrativo según lo establece el propio artículo 11 inciso 2° y artículo 41 inciso 4° de la Ley N°19.880.

B.- Del tenor de la resoluciones impugnadas, la orden de destitución no se condice con la tipificación contenida en el artículo 125 de la Ley N°18.834, toda vez que para que se configure la causal de destitución se requiere que los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa o se verifiquen conductas señaladas en las letras a), b), c), d) e) o f) del ya referido artículo 125 de la Ley 18.834 Plantea que, de esta forma, en los hechos de autos no configuran la causal de destitución toda vez que no se determina la existencia de una infracción indicada en el artículo 125 en sus distintas letras, y no se indica porque existe una vulneración grave al principio de probidad. La Excma. Corte Suprema en causa Rol N°832-2022, sostiene: “Cuarto: Que el artículo 52 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, señalando que este “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Su inciso final indica que su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º del mismo Título. A su turno, en el párrafo 4° antes referido, se encuentra el artículo 64 N° 3, que dispone que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, entre otras conductas, emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros. A su turno, el artículo 125 de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, dispone que la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa y en los casos que reseña en la letra a) a e).De este modo, una contravención especial del principio de probidad administrativa implica una vulneración de la misma, que acarrea en su supuesto de mayor gravedad, la destitución del infractor, más no necesariamente, en otros casos desprovistos de la gravedad del hecho calificada en su mayor expresión. Quinto: Que, del marco normativo antes descrito, fluye que, efectivamente, el actor incurrió en una conducta que vulnera especialmente la probidad administrativa, en la medida que usó un equipo de Acces Point WIFI, instalándolo en dependencias del INH en sector cercano a la casa fiscal que utilizaba con el objeto de acceder al suministro de internet del Servicio, con fines personales, y por mantener desactualizado el inventario físico respecto de la misma especie. Sin embargo, esa sola circunstancia no determina necesariamente la aplicación automática de la medida disciplinaria de destitución, toda vez que la autoridad administrativa debe ponderar la existencia de otros factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad”

Destaca que, en el caso de autos, no se ha configurado específicamente ninguna situación que importe vulneración grave del principio de probidad administrativa. El artículo 52 inciso 2° de la Ley N°18.884, refiere que “El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”, tipificando el artículo 62 del cuerpo normativo en comento, que conductas contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, dentro de las cuales, no se encuentra el incumplimiento de reposo médico.

Es claro que el GORE O’Higgins, no cumplió con los principios de reserva legal y de tipicidad, cuyo sustrato se encuentra en el artículo 19 N°3 inciso 7°y 8° de nuestra Constitución, aplicable en sede administrativa, el cual considera que tanto las conductas objeto de reproche funcionario como sus correlativas sanciones, deben haber sido materia de regulación por el poder legislativo.

En la especie la sanción disciplinaria de destitución se encuentra consagrada en el artículo 125 del Estatuto Administrativo, pero la conducta atribuible a la funcionaria y sobre la cual se construye la sanción impuesta, esto es, realizar una salida del país desde el 6 de noviembre de 2023 regresando el 12 de noviembre del mismo año, mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica, no se encuentra dentro de las descritas por el legislador en el artículo 62 de la Ley N°18.575, mismas que relacionadas con el artículo 52 inciso 2° del mismo cuerpo normativo, exigen que la infracción al deber de probidad administrativa, se verifique en el ejercicio de sus funciones, presupuesto fáctico éste último que no se consulta en la especie, desde que el reposo prescrito por la licencia médica extendida a la recurrente, resulta del todo incompatible con el ejercicio o cumplimiento contemporáneo o coetáneo de las labores para las cuales se adscribió a la Administración, no constituyendo los hechos materia de los cargos formulados la infracción que se le imputa a la Funcionaria.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección disponiendo que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Exenta N°NUM005 de fecha 15 de septiembre de 2025 y Resolución Exenta N°NUM008 de fecha 06 de octubre de 2025, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional. Junto a lo anterior, se ordene la reincorporación de la funcionaria y efectuar el pago de toda remuneración no percibida desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas o las medidas que esta Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Por su parte y con fecha 20 de noviembre de 2025 compareció el Gobierno Regional de la Región de O’Higgins y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que: a) La acción de protección no es la vía idónea para declarar ilegal un acto administrativo.

En el caso sub-lite, se advierte que la parte recurrente pretende transformar esta sede judicial en una instancia de revisión y control de los actos administrativos dictados por la autoridad, con el propósito de obtener su invalidación y, en definitiva, dejar sin efecto la tramitación del sumario administrativo que culminó con la imposición de la sanción de destitución.

Así las cosas, la pretensión deducida por la parte recurrente excede manifiestamente los límites y fines propios de la acción cautelar de protección, pues su acogimiento implicaría que esta Ilustrísima Corte se pronunciara sobre la legalidad y el mérito de una medida disciplinaria adoptada en el marco de un procedimiento administrativo regularmente tramitado. b) Inexistencia de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal relativa al principio de juridicidad. En el caso de autos, la parte recurrida considera que el Gobierno Regional de O’Higgins carece de competencia para aplicar una sanción fundada en el eventual mal uso de licencias médicas, toda vez que corresponde en forma exclusiva y excluyente a la COMPIN o a las ISAPRES, investigar y determinar las eventuales infracciones a las normas legales y reglamentarias que regulan el uso, otorgamiento y autorización de dichas licencias, con el objeto de rechazar o invalidar tales beneficios.

Bajo ese razonamiento, la recurrente yerra al afirmar que este Gobierno Regional se habría arrogado competencias que no le corresponden, confundiendo la naturaleza y el objeto del procedimiento disciplinario instruido. La sanción aplicada no se funda en determinar la existencia de un mal uso de licencia médica, materia que, efectivamente, corresponde ser calificada por la COMPIN o por la respectiva ISAPRE, sino en el reproche estrictamente funcionarial derivado de la infracción a los deberes estatutarios que rigen a toda servidora pública.

De esta manera, la sanción aplicada encuentra su fundamento no en el control del otorgamiento o validez de la licencia médica, cuestión respecto de la cual este órgano no ha emitido pronunciamiento alguno, sino en la constatación de una falta grave al principio de probidad, derivada del incumplimiento del reposo total domiciliario que la funcionaria estaba obligada a respetar y que fue acreditado durante la etapa indagatoria del sumario. La existencia y aprobación de la licencia por parte de la COMPIN no ha sido objeto de discusión en el procedimiento disciplinario, precisamente porque no constituye el ámbito de competencia del Gobierno Regional de O’Higgins. Lo reprochado, es exclusivamente la conducta funcionaria desplegada durante la vigencia de su permiso de reposo, en cuanto vulneró los deberes estatutarios y afectó la confianza pública inherente al cargo. d) Inexistencia de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal relativa a la infracción de la ley.

Conforme a lo sostenido por la recurrente, del artículo 119 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, se desprendería que los deberes y obligaciones funcionarias se circunscriben exclusivamente al desempeño del cargo, de manera que una infracción disciplinaria solo podría configurarse respecto de conductas ejecutadas dentro de la jornada laboral o en el ejercicio directo de funciones. Bajo esta premisa, la recurrente pretende sostener que las conductas imputadas exceden dicho marco y, por tanto, no podrían ser objeto de reproche disciplinario.

Sin embargo, esta interpretación es errónea y se encuentra expresamente descartada por la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República. En efecto, el órgano contralor ha sostenido que el principio de probidad administrativa no se limita al ejercicio formal de las funciones propias del cargo, sino que se extiende a la conducta general del funcionario, incluso fuera de su jornada laboral, cuando dicha conducta pueda afectar la dignidad del cargo, el buen funcionamiento del servicio, la confianza pública o el prestigio institucional. e) Inexistencia de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal relativa a la falta de fundamentación de las resoluciones impugnadas.

En este punto, la recurrente sostiene que las resoluciones impugnadas no se encontrarían debidamente fundamentadas en los términos de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, afirmando que la sanción aplicada sería inoportuna y que no se habrían considerado ni ponderado su irreprochable conducta anterior, los elementos contextuales del caso ni la proporcionalidad de la medida. A su juicio, tales omisiones impedirían a esta autoridad formarse la convicción necesaria para configurar su responsabilidad administrativa.

En el caso de autos, cabe señalar que, durante toda la sustanciación del sumario administrativo, desde la formulación de cargos hasta la dictación del acto terminal que aplica la sanción, se ha dado estricto cumplimiento al deber de motivar cada una de las resoluciones que integran el procedimiento sancionador. Ello se ha materializado mediante la exposición detallada y circunstanciada de los fundamentos de la decisión, así como del análisis y valoración de los antecedentes que permitieron a la autoridad instructora y resolutiva arribar a la convicción razonada de imponer la sanción de destitución. Más aún, se ha elevado el estándar de motivación atendida la naturaleza y gravedad de la medida aplicada, lo cual resulta especialmente exigible tratándose de la sanción más gravosa contemplada en el Estatuto Administrativo.

Así, la Resolución Exenta N°NUM005 y la Resolución Afecta N°NUM008, no desconocen la prueba allegada al procedimiento ni omiten la consideración de eventuales circunstancias atenuantes de responsabilidad. Por el contrario, ambas resoluciones analizan expresamente el contexto médico de la recurrente, formándose la autoridad el convencimiento de que la funcionaria mantenía un diagnóstico efectivamente acreditado mediante informes emitidos por sus médicos tratantes, los cuales daban cuenta de que un eventual viaje al extranjero, en este caso, a Uruguay, podría significar un beneficio para su recuperación emocional y salud mental.

No obstante lo anterior, siendo el objeto del procedimiento disciplinario determinar la existencia de los hechos materia de los cargos, esto es, el viaje al extranjero durante el período en que se encontraba haciendo uso de reposo médico, dicho hecho no solo fue verificado mediante la propia declaración de la recurrente, que consta en el expediente sumarial, sino también por otros medios de prueba, tales como la licencia médica N°NUM003, el Oficio Reservado evacuado por la Policía de Investigaciones de Chile N°NUM007 de fecha 25 de agosto 2025; el Oficio Reservado evacuado por la Policía de Investigaciones de Chile N°NUM004 de 1 de julio de 2025; tarjeta de embarque que acredita el viaje efectuado el día 6 de noviembre de 2023, entre otros antecedentes incorporados al proceso.

Cabe precisar que, si bien la recurrente insiste en detallar sus problemas de salud y los de su padre con el objeto de acreditar la legitimidad de sus diagnósticos y la necesidad de contar con apoyo familiar, ello no altera el marco jurídico del sumario administrativo. En efecto, el procedimiento disciplinario no tiene por finalidad discutir o cuestionar la validez de los diagnósticos médicos ni la procedencia de las licencias otorgadas, sino establecer si, durante su vigencia, la funcionaria infringió las normas que regulan el cumplimiento del reposo médico prescrito. Al vulnerarse tales exigencias, esta autoridad estimó configurada una infracción al principio de probidad administrativa y a los deberes funcionarios que le son exigibles.

En cuanto a la alegación relativa a la supuesta falta de motivación en la ponderación de la prueba, cabe señalar que este servicio analizó en su mérito los instrumentos públicos que acreditan el estado de salud de la recurrente, sin que en ellos se advirtiera recomendación o prescripción alguna que autorizara el cumplimiento del reposo médico en el extranjero. f) Inexistencia de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal relativa a la vulneración del principio de tipicidad.

De esta manera, en relación con la alegación de la parte recurrente, quien sostiene que las resoluciones impugnadas vulnerarían el principio de tipicidad por no encontrarse la conducta reprochada dentro de alguna de las causales del artículo 125 de la Ley N°18.834, ni revestir la entidad suficiente para configurar una infracción grave al principio de probidad administrativa, tales argumentaciones deben ser desestimadas.

Lo anterior, ya que, una vez formulado el cargo por incumplimiento de la obligación funcionaria prevista en el literal g) del artículo 61 de la Ley N°18.834, la calificación de la gravedad de dicha información corresponde a la administración activa.

En este sentido, la Ley N°19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable a los Órganos de la Administración del Estado, no establece limitaciones ni parámetros específicos para determinar cuándo una infracción a la probidad administrativa debe considerarse grave, lo que confirma la discrecionalidad técnica de la Administración en esta materia. g) Inexistencia de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal relativa a la vulneración del principio de proporcionalidad.

En cuanto a la alegación de una supuesta vulneración del principio de proporcionalidad, la recurrente sostiene que la aplicación de la sanción más gravosa desconocería las circunstancias que, a su juicio, podrían aminorar su responsabilidad.

Señala, en particular, que no toda falta a la probidad da lugar a la destitución, sino que ésta debe ser grave, pues exige el legislador un elemento esencial de ponderación, esto es, la gravedad.

En cuanto a la alegada vulneración del principio de proporcionalidad, cabe señalar que la sanción impuesta cumple con los cuatro requisitos que integran el test de proporcionalidad, conforme lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia administrativa, según se desprende del siguiente análisis. i) Finalidad legítima. De acuerdo con el artículo 125 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, la medida de destitución procede únicamente cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneran gravemente el principio de probidad administrativa. La finalidad de la sanción aplicada, por tanto, es legítima, en cuanto busca resguardar la confianza pública en la función administrativa, la integridad e imagen institucionales y el correcto uso de los recursos del Estado. En el presente caso, la sanción se orienta a proteger la probidad y la responsabilidad funcionaria, valores esenciales en la Administración del Estado y para el Gobierno Regional de O’Higgins, lo que satisface plenamente el primer requisito del test. ii) Idoneidad o adecuación. La medida aplicada resulta idónea para el cumplimiento del objetivo legítimo señalado, en tanto la destitución es una consecuencia legalmente prevista para las conductas que importan un quiebre grave de la probidad funcionaria. El uso indebido del tiempo de reposo prescrito en una licencia médica, mediante un desplazamiento al extranjero por motivos personales, contradice de manera directa las recomendaciones médicas registradas en el formulario único, en el caso concreto, emitido por el Dr. nombre reservado, quien ordenó un reposo total de 21 días a cumplir en el domicilio de la funcionaria. El incumplimiento deliberado de dichas indicaciones refleja una conducta reprochable que compromete la ética funcionaria y la fe pública. iii) Necesidad. La medida adoptada también cumple con el criterio de necesidad, toda vez que no existe una sanción menos gravosa que resulte eficaz para corregir una infracción de esta naturaleza. Eludir las obligaciones de reposo derivadas de una licencia médica socava la confianza institucional, afecta el sistema de seguridad social, dado que el Estado paga remuneraciones y subsidios durante dicho periodo, y erosiona la credibilidad del servicio público. Por consiguiente, no existe otra medida disciplinaria que, con igual eficacia, restablezca el orden y la ejemplaridad funcionaria exigida a quienes ejercen una función pública.

IV) Proporcionalidad en sentido estricto. La sanción resulta proporcional en sentido estricto, puesto que la gravedad de la falta, una infracción manifiesta al deber de probidad y lealtad funcionaria, guarda directa relación con la severidad de la medida. La conducta de la Sra. nombre reservado, quien voluntariamente decidió viajar al extranjero durante su licencia médica, con pleno conocimiento de las obligaciones que implicaba su reposo y de las facultades fiscalizadoras de la ISAPRE, evidencia una intención consciente de incumplir la normativa, afectando la integridad de la función pública.

El incumplimiento descrito reviste especial gravedad, pues quebranta la confianza y la buena fe con que el Estado se relaciona con sus funcionarios, y afecta la credibilidad y legitimidad de la función pública. Ello se debe a que los funcionarios públicos representan al Estado ante la ciudadanía, y en esa condición se les exige un estándar más elevado de rectitud, integridad y transparencia en el ejercicio de sus funciones que al común de los ciudadanos. Su conducta debe ser irreprochable, no sólo en el cumplimiento de sus obligaciones formales, sino también en el ámbito ético que informa la función pública. Por consiguiente, comportamientos como el analizado erosionan la probidad administrativa y resultan incompatibles con los deberes de lealtad, honestidad y ejemplaridad que deben orientar el actuar de todo servidor público.

En mérito de lo expuesto sobre este punto, se concluye que la sanción impuesta cumple con los criterios de finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y se ajusta plenamente al marco constitucional y legal que regula la potestad disciplinaria de la Administración. Por tanto, no se configura vulneración alguna al principio de proporcionalidad, y la sanción de destitución aplicada se encuentra debidamente fundada, tanto en los hechos constatados como en el derecho aplicable. h) Inexistencia de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal relativa a la vulneración del principio de culpabilidad.

En el caso de autos, se ha dado cumplimiento al principio de culpabilidad. En primer lugar, el objetivo del sumario administrativo fue precisamente determinar los hechos, sus circunstancias y la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios del Gobierno Regional vinculados a los hechos investigados, esto es, la permanencia en el extranjero durante el uso de licencias médicas en los años 2023 y 2024.

En segundo lugar, dichos hechos fueron suficientemente acreditados mediante diversos medios de prueba, entre los que se cuenta la declaración voluntaria de la propia recurrente, en la cual reconoce haber viajado al extranjero mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica asumiendo que se trató de un desconocimiento de su part. Esta confesión evidencia la reprochabilidad de su conducta, en tanto muestra que, sabiendo o debiendo saber, la funcionaria podría haberse abstenido de incurrir en dicho comportamiento, contrariando así los deberes de probidad y lealtad funcionaria que le eran exigibles.

Finalmente y, con fecha 12 de diciembre del 2025, comparece la Contraloría General de la República, la que se limito a indicar que para la elaboración del Consolidado de Información el Organismo de Control trabajó con las bases de datos oficiales proporcionadas por la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO (licencias médicas otorgadas a servidores públicos), y por la Policía de Investigaciones de Chile, PDI (registro de entradas y salidas del país), para el periodo comprendido entre enero de 2023 y mayo de 2025, sin que haya sido necesario utilizar antecedentes adicionales a estos. Luego, en lo que concierne al caso de autos, mediante el oficio N° NUM006, de 2025, de este origen, se remitió al Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, la nómina de funcionarios de esa entidad que estarían involucrados en el referido CIC, con la información disponible en este Organismo de Control sobre la materia, la cual permite identificar las licencias médicas que habrían sido vulneradas, así como la fecha de viaje y el paso fronterizo utilizado para el ingreso/salida del país.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que los actos ilegales y arbitrarios que la actora reprocha de la institución recurrida consisten en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM005 de fecha 15 de septiembre de 2025 del Gobierno Regional de O’Higgins, que le aplica la medida disciplinaria de destitución y la Resolución Exenta N°NUM008 de fecha 6 de octubre de 2025 dictada por la misma institución, mediante la cual se rechazó su recurso de reposición, las que no habrían sido dictadas conforme a derecho, infringiendo los principios de reserva legal, tipicidad, proporcionalidad y congruencia, todo lo cual produce una grave vulneración de sus derechos consagrados en los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, concurriendo el Gobierno Regional recurrido solicitó el rechazo de la acción de protección, por cuanto afirmó -en síntesis- que la acción de protección no es la vía idónea para resolver el asunto controvertido, pues su conocimiento implicaría que esta Corte se pronunciara sobre la legalidad y el mérito de una medida disciplinaria adoptada en el marco de un procedimiento administrativo regularmente tramitado. Junto con ello alegó que no existe arbitrariedad o ilegalidad alguna en su proceder que haya infringido los principios de juridicidad, tipicidad, proporcionalidad y culpabilidad, destacando que las resoluciones cuestionadas fueron dictadas debidamente fundadas y previa tramitación de un procedimiento disciplinario que se desarrolló con pleno respeto de las garantías procesales y del debido proceso.

CUARTO: Que, de los antecedentes allegados al proceso, en especial del informe evacuado por la recurrida y de las resoluciones administrativas acompañadas, aparece que el procedimiento disciplinario seguido en contra de la recurrente tuvo su origen en una instrucción emanada de la Contraloría General de la República, contenida en el Oficio Reservado N°NUM006, en el marco de la publicación del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°NUM009, sobre funcionarios y trabajadores que habrían salido del país estando con licencia médica, entre los años 2023 y 2024, que ordenó investigar eventuales irregularidades en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, lo que motivó la dictación de la Resolución N°NUM002 que dispuso la instrucción de un sumario administrativo.

QUINTO: Que de lo referido, es posible apreciar que en dicho contexto la autoridad recurrida actuó dentro del ámbito de sus competencias legales, en ejercicio de la potestad disciplinaria que le confieren la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional en concordancia con los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Fundamental, y Ley N°18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, no advirtiéndose, en esta etapa, la existencia de un vicio de incompetencia como el alegado por la actora.

SEXTO: Que, en lo que dice relación con la alegación de falta de competencia para calificar el uso de la licencia médica, cabe precisar que, conforme se desprende de las resoluciones impugnadas y del extenso informe evacuado por el Gobierno Regional, la autoridad administrativa no ha cuestionado la validez o autenticidad de la licencia médica -materia que en efecto corresponde a los organismos técnicos de salud-, inclusive no desconoce la prueba allegada al procedimiento, ni omite la consideración de eventuales circunstancias atenuantes de responsabilidad, de contrario, ambas resoluciones analizan expresamente el contexto médico de la recurrente, formándose el convencimiento de que la funcionaria mantenía un diagnóstico efectivamente acreditado mediante informes emitidos por sus médicos tratantes, los cuales daban cuenta de que un eventual viaje al extranjero, en este caso, a Uruguay, podría significar un beneficio para su recuperación emocional y salud mental.

De esta forma y, del análisis de las resoluciones se concluye que lo que se ha cuestionado es el uso indebido de la licencia desde la perspectiva de los deberes funcionarios, en particular, determinando la existencia de los hechos materia de los cargos, esto es, el viaje al extranjero durante el período en que se encontraba haciendo uso de reposo médico.

En consecuencia, no se configura la infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República que se denuncia, por cuanto la recurrida no ha invadido competencias ajenas, sino que ha ejercido legítimamente sus atribuciones disciplinarias, orientadas a resguardar el principio de probidad administrativa.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la regularidad del procedimiento sumarial, de los antecedentes aparece que la recurrente fue notificada del inicio del mismo con fecha 27 de mayo de 2025, prestó declaración con fecha 5 de junio del año 2025, se formularon cargos en su contra el 29 de julio del mismo año, los que le fueron debidamente notificados, y posteriormente evacuó sus descargos, acompañando los antecedentes que estimó pertinentes, dictándose luego la correspondiente vista fiscal y la resolución sancionatoria.

Asimismo, consta que la resolución que aplicó la sanción le fue notificada personalmente con fecha 22 de septiembre de 2025, otorgándosele un plazo para interponer los recursos administrativos procedentes, lo que efectivamente hizo mediante recurso de reposición, el cual fue conocido y resuelto fundadamente por la autoridad competente.

De lo referido, no se advierte privación o afectación sustancial de su derecho a defensa, desde que contó con la posibilidad real y efectiva de participar en el procedimiento, conocer los cargos, formular descargos, aportar prueba y recurrir de la decisión, satisfaciéndose las exigencias del debido proceso administrativo.

OCTAVO: Que, en el mismo sentido, la alegación de la recurrente, en cuanto se vulneró los principios de legalidad y congruencia, pues la formulación de cargos consignó que el viaje realizado el día 6 de noviembre de 2023 tuvo como destino la República del Perú, en circunstancias que posteriormente se acreditó que el verdadero destino fue la República Oriental del Uruguay, no puede prosperar.

En efecto, del mérito del expediente administrativo aparece establecido que la inconsistencia advertida dice relación únicamente con el país de destino consignado en el oficio inicialmente emitido por la Policía de Investigaciones de Chile, antecedente que fue posteriormente aclarado por ese mismo organismo antes de dictarse la resolución sancionatoria, precisándose que el viaje correspondió a Uruguay y no a Perú.

Tal circunstancia, empero, no altera el hecho esencial que motivó la instrucción del procedimiento disciplinario ni modifica el contenido de la imputación formulada a la funcionaria, consistente en haber abandonado el territorio nacional entre los días 6 y 12 de noviembre de 2023 mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica con reposo total, cuyo cumplimiento debía verificarse en el domicilio expresamente consignado en ella.

Así es, el hecho constitutivo del cargo nunca fue el lugar específico al cual viajó la funcionaria, sino el haber incumplido el reposo médico mediante su salida del país durante la vigencia de una licencia médica que prescribía reposo total en su domicilio.

El país de destino constituye únicamente una circunstancia accesoria destinada a individualizar el desplazamiento, sin relevancia para la configuración del ilícito administrativo investigado.

En tal contexto, el error en estudio constituye una inexactitud meramente accesoria que no altera el presupuesto fáctico esencial de la imputación ni menos genera indefensión material a la recurrente, desde que el hecho disciplinariamente relevante — su salida del país durante el período de reposo médico— permaneció invariable durante todo el procedimiento.

NOVENO: Que, luego, de la revisión de la Resolución N°NUM005 de 15 de septiembre de 2025 que aplica la medida disciplinaria, se desprende que esta contiene una exposición detallada de los hechos establecidos en la investigación, la prueba rendida y las normas jurídicas aplicables, explicitando las razones por las cuales se concluye que la recurrente incurrió en una infracción grave al principio de probidad administrativa, consistente en el uso de una licencia médica para fines distintos a su recuperación de salud, al permanecer en el extranjero durante el período de reposo prescrito.

Dicha motivación se ve reforzada en la Resolución N°NUM008 de fecha 6 de octubre de 2025, que rechaza el recurso de reposición, en la que se analizan expresamente las alegaciones de la interesada, descartándolas con fundamentos jurídicos y fácticos suficientes, lo que permite descartar la existencia de arbitrariedad en el acto impugnado.

DÉCIMO: Que, en cuanto a la proporcionalidad de la sanción aplicada, cabe tener presente que la conducta atribuida fue calificada como una infracción grave al principio de probidad administrativa, lo que, conforme a la normativa estatutaria aplicable -la Ley 18.575 LOC de Bases de la Administración del Estado, Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y 19.880 Ley de Bases de la Administración del Estado-, lleva aparejada o permite la sanción de destitución.

En tal sentido, la autoridad administrativa no ha ejercido una facultad discrecional en la determinación de la sanción, sino que ha aplicado la consecuencia jurídica prevista por el legislador para este tipo de infracciones, de modo que no resulta procedente estimar que la medida carezca de proporcionalidad, desde que existe una relación directa entre la gravedad de la conducta y la sanción impuesta.

UNDÉCIMO: Que, por otra parte, los hechos que sirvieron de fundamento a la sanción se encuentran suficientemente acreditados en el expediente administrativo, mediante antecedentes objetivos tales como registros migratorios, la licencia médica respectiva y la propia declaración de la funcionaria, los que fueron ponderados por la autoridad conforme a las reglas de la sana crítica, sin que corresponda a esta sede cautelar revisar dicha valoración probatoria, por exceder el ámbito propio del recurso de protección.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, no se advierte en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario en la dictación de las Resoluciones N°NUM005 de 15 de septiembre de 2025 y N°NUM008 de fecha 6 de octubre de 2025, sino el ejercicio regular de una potestad legalmente conferida, mediante un procedimiento racional y justo, que respetó las garantías del debido proceso administrativo y culminó con una decisión debidamente fundada.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra del Gobierno Regional de O’Higgins.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1689-2025 Protección.