nombre reservado con SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Rancagua, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Comparece Marina Andrea Duque Salinas, abogado, domiciliada en domicilio reservado; Alejandro Zarongas Muñoz, abogado, domiciliado en domicilio reservado; Karen Diaz Tapia, abogada, domiciliada en domicilio reservado; y Lizardo Alberto Moscoso González, abogado, domiciliado en domicilio reservado, todos en representación de don nombre reservado, casado, agricultor, C.I. RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, deducen recurso de protección en contra del DIRECTOR (S) DEL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, REGIÓN DE O’HIGGINS, DON nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Señalan que su representado en el mes de octubre de 2019, asistido por la arquitecta doña nombre reservado, presentó ante el SAG, oficina de Santa Cruz, la carpeta de subdivisión de su propiedad ubicada en el sector de Barreales s/n, de la comuna de Santa Cruz, de una superficie de 7.028 metros cuadrados, inscrita a fojas 836, N° 787 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz del año 2019, Rol de avalúo 519-222.

El proyecto de subdivisión de la propiedad contemplaba dos lotes de una superficie de 6.028 y 1.000 metros cuadrados, conforme a lo previsto en la letra j) del Decreto Ley Nº 3516 del año 1980 y sus posteriores modificaciones.

El 13 de Noviembre de 2020 su representado fue notificado por la recurrida de la Resolución Exenta N°1364/2020 que rechazaba la autorización de subdivisión del proyecto mencionado, según resolución del siguiente tenor: “N° 5.- Que el Art 1° letra j) del DL 3516, establece: por una sola vez, a un ascendiente o descendiente del propietario, por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado inclusive, para construir una vivienda para sí mismo.

En este caso, no podrá transferirse más de un lote por ascendiente o descendiente y la superficie de éste no podrá tener una cabida inferior a los quinientos, ni superior a los mil metros cuadrados. Los lotes que se transfieran tendrán prohibición legal de enajenar por 5 años, la que deberá ser inscrita de oficio por el respectivo Conservador de Bienes Raíces.

Lo dispuesto en esta letra procederá sólo respecto de predios que no hayan sido originados en subdivisiones efectuadas de acuerdo a este decreto ley, y cuyo avalúo fiscal vigente a la fecha de transferencia no exceda al equivalente de UF 1.000.

6.- Que en consecuencia procede rechazar la solicitud por no ajustarse a la normativa que regula las subdivisiones de predios rústicos”.

Expone que la Resolución Exenta N° 1364/2020 sería ilegal y arbitraria, por carecer el SAG de competencia para pronunciarse sobre la materia por propia disposición de la normativa, en cuanto establece que NO SE REQUIERE INTERVENCION ALGUNA DEL SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, para aprobar LAS SUBDIVISIONES QUE SE ACOJAN A LA LEY 19.807, ART. 1 LETRA J), por expresa disposición legal. Así, el inciso final de la letra j) del DL3516 de 1980 señala “Las subdivisiones que se efectúen de acuerdo con esta norma no requerirán del informe previo favorable a que se refieren el artículo 46 de la ley Nº 18.755 y sus modificaciones posteriores.

Indica que la negativa del SAG para proceder a la subdivisión, afecta su derecho de propiedad y priva a su hija de un retazo de terreno con el que pueda postular al subsidio habitacional, ello con las consecuencias de seguir viviendo como allegada en casa de sus padres. Además, requiere que su madre cuide a sus hijos para poder trabajar, lo que sería posible si vive en el terreno cuya subdivisión se pretende.

Finalmente solicita se declare que la Resolución Exenta Nº 1364/2020 de fecha 13 de octubre de 2020 es un acto arbitrario e ilegal de la autoridad, sea dejada sin efecto, declarando que no existe obligación alguna de que las subdivisiones que se acojan a la ley 19.807, se deban sujetar al procedimiento establecido en la Resolución N° 3904 del SAG ni a la Resolución Exenta Nº 3.954 de fecha 30 de Mayo de 2019; que se le ordene al SAG oficiar a las Notarías y Conservadores de Bienes raíces de la Región de O’Higgins, y al Servicio de Impuestos Internos informando que las subdivisiones amparadas en la Ley Nº19.870, no se encuentran sujetas a la Resolución 3954 de fecha 30 de mayo de 2019, sobre tramitación prevista en el Art. 46 de la Ley Nº 18.755.

Con fecha 10 de marzo de 2021 evacuó el informe solicitado El SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS, señala que el recurrente solicitó a su servicio certificar el cumplimiento de la normativa establecida en el Decreto Ley N°3516 del año 1980, respecto de un proyecto de subdivisión predial acogiéndolo a la letra j) del artículo 1° de dicho decreto, que contempla una excepción a la superficie mínima predial de 0,5 hectáreas. Con tal fin, el interesado acompañó a la solicitud los antecedentes requeridos en la Resolución Exenta N° 3904 del año 2019 de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero que determina forma de expedir certificados de subdivisión de predios rústicos y deroga resolución N°169 de 1994.

Agrega que analizados los antecedentes presentados por el interesado, se dictó la Resolución Exenta N° 1364 que rechazó la solicitud de subdivisión de predio rustico presentada por el recurrente. El fundamento del rechazo se contiene en los vistos y considerandos de la Resolución por cuanto al acoger el proyecto de subdivisión a la letra j) del artículo 1° del D.L 3516 de 1980, el solicitante debía cumplir con el requisito contemplado en el inciso tercero de la misma letra, esto es, que el predio a subdividir no haya sido originado en una subdivisión efectuada de acuerdo al mismo Decreto Ley, y según plano aportado por el propio solicitante, el predio cuya subdivisión se pretendía fue originado en una subdivisión efectuada de acuerdo al DL 3516 de 1980. Señala, además, la Resolución Exenta N° 1364 de 2020, que lo anterior constaba en un plano tenido a la vista, en el que se lee el timbre del Servicio Agrícola y Ganadero de fecha 6 de febrero de 2014, que dio origen al lote cuya certificación se solicitaba.

Indica que su Servicio sí tiene competencia para intervenir en la tramitación de subdivisiones de predios ubicados fuera de lo límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago, Valparaíso y Concepción, ello en virtud de la Ley 18.755, que en su artículo 2° establece que el objeto del Servicio es contribuir al desarrollo agropecuario del país, mediante la protección y conservación de los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país y el control de insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y reglamentarias. Por su parte, el artículo 3 letra k) de la misma ley, prescribe dentro de sus funciones la defensa del suelo y su uso agrícola.

Por su parte, el Decreto Ley 3516 de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos en su artículo 1° señala que podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas. Tal limitación, tiene excepciones que van desde la letra a) a la letra j), señalando en su letra j) lo que sigue: Cuando se trate de transferencias a cualquier título y por una sola vez, a un ascendiente o descendiente del propietario, por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado inclusive, para construir una vivienda para sí mismo. En este caso, no podrá transferirse más de un lote por ascendiente o descendiente y la superficie de este no podrá tener una cabida inferior a los quinientos, ni superior a los mil metros cuadrados. Los lotes que se transfieran tendrán prohibición legal de enajenar por 5 años, la que deberá ser inscrita de oficio por el respectivo Conservador de Bienes Raíces.

Lo dispuesto en esta letra procederá sólo respecto de predios que no hayan sido originados en subdivisiones efectuadas de acuerdo a este decreto ley, y cuyo avalúo fiscal vigente a la fecha de transferencia no exceda al equivalente de UF 1.000.

Las subdivisiones que se efectúen de acuerdo con esta norma no requerirán del informe previo favorable a que se refieren el artículo 46 de la ley Nº 18.755 y sus modificaciones posteriores”.

En cuanto a que no se requerirá del informe requerido para los trámites de subdivisión predial que se realicen de conformidad al artículo 46 de la Ley 18.755 en relación al 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponde a otro trámite a cargo del Servicio, distinto al de las certificaciones prediales, objeto del presente recurso cual es Informe Favorable para la Construcción.

Explica que los requisitos establecidos en la letra J), tienen por objeto resguardar que el escaso suelo agrícola del país sea destinado a la explotación agrícola, ganadera o forestal, salvaguardando que la familia campesina mantenga su residencia o domicilio en el lugar en donde desempeñe la actividad agrícola, garantizando de esta manera la permanencia en el tiempo de dicha actividad, fijando superficies mínimas productivas, limitando de esta manera que a través de este Decreto, la tierra sea dividida por sus propietarios, en lotes que impidan la explotación agrícola, modificando en consecuencia el destino de los mismos. Es por este motivo, que se prohíbe que un lote que ha sido originado producto de una subdivisión predial, vuelva a ser divido en lotes de menos de 1000 y más de 500 metros, en el entendido que la superficie de 0,5 hectáreas establecida por el legislador de la época, corresponde a una superficie mínima para la explotación agrícola.

Hace presente que el Servicio en ejercicio de la Potestad Reglamentaria, ha dictado una norma de alcance general en la materia que no es de dominio legal, a fin de ejecutar lo dispuesto en todas las normas citadas precedentemente, fijando un procedimiento contenido en la Resolución Exenta N°3904 del año 2019, publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de mayo de 2019, norma que regular el procedimiento para tramitar ante el Servicio las solicitudes de certificación del cumplimiento de la normativa para subdividir predios rústicos, fijando un marco regulatorio de igualdad y transparencia para los administrados.

Expone que sin perjuicio de lo anterior, existe una contradicción en la voluntad del recurrente, por cuanto el mismo presenta ante el SAG, solicitud de certificación predial conforme al DL 3.516, reconociendo expresamente que el servicio tiene competencia, sin embargo, acto seguido funda este recurso alegando la falta de competencia del Servicio, mediante una interpretación antojadiza del inciso final de la letra j), que a su juicio exonera al SAG de emitir informe, obviando que esta omisión se refiere al trámite contemplado en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción y no al D.L 3516.

Finalmente indica que lo pretendido por el recurrente es que se modifiquen las leyes que rigen la materia, mediante la evasión de un trámite legal, ordenando que éstas se realicen ante el Servicio de Impuestos Internos con la sola presentación de croquis y más aun mandatando a los conservadores de bienes raíces para su cumplimiento, por lo que solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1° Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer la vigencia del derecho, ante una situación anormal y evidente, que conculque alguna de las garantías que especialmente protege nuestra Carta Fundamental y que provenga de un acto ilegal o arbitrario que precisamente vulnerare un derecho vigente e indiscutido, a fin de que se tutele el bien jurídico amenazado con la debida premura.

2° Que la acción denunciada como ilegal y arbitraria consiste en la Resolución Exenta N° 1364/2020, de 13 de octubre de 2020, del Servicio Agrícola y Ganadero, que rechaza la solicitud presentada por el recurrente de subdivisión del predio rústico ubicado en el sector de Barreales s/n, de la comuna de Santa Cruz, de una superficie de 7.028 metros cuadrados, Rol N° 519-222, en dos lotes de una superficie de 6.028 y 1.000 metros cuadrados, por no cumplir con el requisito contemplado en el inciso tercero de la letra j) del artículo 1° del Decreto Ley 3516, referido a que el predio a subdividir no haya sido originado en una subdivisión efectuada de acuerdo al mismo Decreto Ley.

3° Que, el reproche se hace consistir en que el Servicio Agrícola y Ganadero carecería de la facultad para emitir el informe en cuestión, ello en razón de lo dispuesto en el inciso 4° de la letra j) del artículo 1° del Decreto Ley 3516, que dispone que las subdivisiones que se efectúen de acuerdo con esa norma, no requieren del informe previo favorable a que se refiere el artículo 46 de la Ley 18.755.

4° Que, sin embargo, de la lectura del referido artículo 46, se desprende que las subdivisiones que se hagan conforme a la letra j) del artículo 1 del DL 3.516, sólo se encuentran excluidas del informe previo de cambio de uso de suelo que trata la primera parte del artículo 46, sin que por ello el Servicio Agrícola y Ganadero quede impedido de realizar la certificación del cumplimiento de la normativa vigente para proceder a la subdivisión de predios rústicos, que mandata la parte final del referido artículo 46, por cuanto ésta no tiene la naturaleza jurídica del informe previo favorable que trata la primera parte de esta norma, sino únicamente una revisión sobre el cumplimiento de los requisitos normativos exigidos en la letra j) del artículo 1° ya referido.

5° Que, conforme a lo anterior, la resolución exenta impugnada no resulta ilegal, dado que se ampara precisamente en la facultad de certificar el cumplimiento normativo prevista en la parte final del artículo 46 de la Ley 18.755 y tampoco es arbitraria, dado que se encuentra debidamente fundada, en particular, en la circunstancia de que la solicitud de subdivisión no cumple con uno de los requisitos exigidos en la legislación, cual es, que el predio objeto de la misma, no se haya originado en otra subdivisión efectuada de acuerdo al mismo decreto ley.

6° Que por consiguiente y siendo un hecho no debatido que el recurrente no cumple con el requisito contemplado en el inciso 3° de la lera j) del artículo 1° del Decreto Ley 3516, esto es, que el predio cuya subdivisión se pretende no se haya originado en subdivisiones anteriores, se descarta cualquier reproche al actuar de la recurrida que pueda afectar las garantías constitucionales de la parte recurrente.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Director (S) Del Servicio Agrícola Y Ganadero, Región De O’higgins, don nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 16.879-2020 Protección.