FUNDICIÓN ALCONES SPA. con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD OHIGGINS

Rancagua, veintiséis de abril de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 12 de marzo de 2019 comparece don Luís Roberto Vergara Cortez, abogado, en representación de la sociedad Fundición Alcones SpA., representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, representada por el señor Secretario Regional Ministerial don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado (Sexto Piso), Rancagua.

Funda su acción en que se le ha privado del derecho a desarrollar su actividad económica, ya que en virtud del Acta N° 061123, de la SEREMI de Salud VI Región de fecha 20 de febrero de 2019, levantada en contra de don nombre reservado, Representante Legal de la Empresa Andacollo de Inversiones Ltda., propietario de Fundición de Metales Alcones, quien a su vez es el arrendador de su representada la sociedad recurrente, se ordenó y ejecutó la medida de Paralización de Faenas y Prohibición de Funcionamiento de la Planta de Fundición, basado en los análisis sanguíneos de trabajadores de la empresa “Fundición Alcones SpA", que dan cuenta de una alta concentración de plomo en la sangre de 6 trabajadores, pertenecientes a dicha empresa.

Sostiene que en la fecha en la que la autoridad administrativa prohíbe el funcionamiento de todo el fundo y por ende de la planta de fundición, esto es, el día 20 de febrero de 2019, su empresa, contratante de los trabajadores con problemas de plomo sanguíneo, no había sido notificada por parte del Organismo Administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y, por ende, no habían podido iniciar los procedimientos de rigor correspondientes, como son retirar a los trabajadores de la fuente de exposición y seguir los protocolos médicos establecidos.

Indica que han llevado a cabo en el Instituto de Salud Pública, y otro Laboratorio acreditado, los respectivos análisis de plomo en sangre a todos los trabajadores de su empresa, y existiendo alteración en los valores sanguíneos de los trabajadores, en forma inmediata se tomaron las acciones pertinentes.

Además, dice que existió otro error de forma, se relaciona con el despliegue del Cartel de Prohibición de Funcionamiento en la entrada al predio Fundo Alcones y no en la entrada al área de la Fundición, lo que correspondía haber hecho.

Dice, además, que no se entiende la justificación legal de la Paralización y Prohibición de Funcionamiento, que según el Acta “está en concordancia con los establecido en el Artículo 179°, (ex - 168° del DFL N° 725/67], “Código Sanitario”, pues, al leerlos, no guardan relación con la justificación de la medida y no permiten ejercer una defensa acorde a lo esgrimido.

Luego, hace presente que son arrendatarios de un tercio de la fundición y no utilizan residuos peligrosos en sus procesos, y si bien se puede fundir residuos peligrosos, actualmente se funde “Pasta de Plomo”.

En cuando a consideración de fondo, señala que si bien en el Acta se señala en forma genérica, que la “empresa no ejecutó procedimientos establecidos en el Artículo 1 15° del D.S. N° 594/99, no había sido notificado por parte del Organismo Administrador de estos resultados, y solo se les notificó 8 días después de haber decretado la prohibición de funcionamiento, por lo que mal podría tomar medidas de prevención y control para los trabajadores expuestos.

Además, refiere que por conceptos asociados a excesos de los límites biológicos de agentes tóxicos, no se indica por la recurrida, en forma expresa, las transgresiones u observaciones de incumplimiento, lo cual no permite una adecuada defensa.

Sin perjuicio de lo anterior, afirma que todos los trabajadores que desempeñan actividades en el Horno, tienen a su haber y bajo firma la entrega constante de todos los Equipos de Protección Personal, los documentos que acreditan la entrega y sus exámenes ocupacionales, lo que incluso se acreditó en fiscalización de 21 de Enero de 2019.

Sostiene que, dado que nunca tuvo la información oportuna por parte de la autoridad administrativa y sanitaria para saber que sus trabajadores se encontraban con índices peligrosos en la sangre, no pudo tomar las medidas de forma oportuna en su favor, los que hubieren sido retirarlos de sus funciones para resguardar su salud y tomar las medidas propias en este caso, no puede prohibirse el funcionamiento a su empresa de seguir funcionando, ya que se encuentra con todos sus permisos y autorizaciones legales, por lo que no se puede prohibir el acceso al libre ejercicio de su actividad y cuartar la posibilidad de que los demás trabajadores sigan laborando.

Hace presente que su representada se encuentra sufriendo un daño patrimonial de importancia, ya que cada día que su empresa se encuentra paralizada deja de generar y percibir sumas millonarias por día, alrededor de $ 8.000.000 diarios.

Sostiene que los hechos denunciados afectan las garantías constitucionales de su representada tales como la igualdad ante la ley (art. 19 Nº 2º); la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (art. 19 Nº 3º), el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia (art. 19 Nº 4º), la libertad de trabajo y su protección (art. 19 Nº 16º), y el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen (art. 19 Nº 21º), por lo que solicita se reestablezca el imperio del derecho ordenando cesar los impedimentos de seguir funcionando con su empresa, y se decreten las medidas necesarias para el levantamiento de la prohibición de funcionar decretada, o las demás providencias que se estime adecuadas, todo ello con costas de la recurrida en caso de oposición del recurso.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

Con fecha 29 de marzo de 2019 comparece don nombre reservado, Seremi de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, dando cuenta que con fecha 28 de enero de 2019, en base a una denuncia efectuada por habitantes del sectores aledaños, recepcionada por dicha Autoridad Sanitaria Regional, funcionarios fiscalizadores concurrieron al Fundo Alcones, Sector Cardenal S/N, comuna de Marchigue, lugar donde existe una fundición de plomo cuyo propietario es Andacollo Inversiones, quien a su vez arrienda dichas instalaciones para que puedan desarrollar su actividad diferentes personas, sean éstas naturales o jurídicas.

Agrega que en dicha oportunidad, se verificó que el horno de fundición Nº 2 carecía de un sistema de filtrado o abatimiento de emisiones atmosféricas, llegando a la conclusión que ese era el problema que afectaba y motivaba a los vecinos del sector, a solicitar la fiscalización. Debido a esta situación, se inició el correspondiente sumario sanitario, y, además, en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 178 del Código Sanitario, se determinó decretar la prohibición de funcionamiento del horno Nº 2 de la fundición de plomo, propiedad de la señalada empresa Andacollo Inversiones Ltda.

Añade que, asimismo, se fiscalizaron también las condiciones laborales de los trabajadores de la recurrente de autos, Fundición Alcones SpA, estableciéndose diversos reparos.

No obstante, respecto de esta fiscalización, no se decretó prohibición de funcionamiento, sino que se inició el respectivo sumario sanitario.

Posteriormente, se tomó conocimiento de los resultados del Programa de Vigilancia Epidemiológica por exposición a plomo de los trabajadores de la recurrente, Fundición Alcones SpA., los que arrojaron resultados alterados, respecto de 6 trabajadores, considerando que el artículo 113 del Decreto Supremo Nº 594 del Ministerio de Salud establece como límite de tolerancia biológica de plomo en la sangre, 40 μg/100 m.

Sostiene que, en vista de lo anterior, con fecha 20 de febrero de 2019, funcionarios de su dependencia volvieron a la fundición ubicada en la comuna de Marchigüe, y en base a la gravedad de los resultados señalados, procedieron a prohibir el funcionamiento de la actividad de obtención de plomo desarrollada por la recurrente Fundición Alcones SpA, hasta que no se demostrase que sus trabajadores puedan desarrollar sus labores en condiciones seguras.

Afirma que, de acuerdo a todo lo anterior, es que en vista de las circunstancias observadas, y los resultados obtenidos respecto de los trabajadores que se desempeñan en el lugar, es que no se debe permitir que otros trabajadores ingresen a desarrollar sus labores en dichas faenas, sino hasta que exista la certeza de que se dan las condiciones mínimas adecuadas para proteger su vida e integridad física, sin que la exposición al plomo a la que han sido sometidos los trabajadores, sea un factor de riesgo como lo ha sido hasta la fecha.

Luego de dar cuenta de la normativa aplicable al caso, sostiene que, por lo señalado, no se han vulnerado las garantías constitucionales del recurrente, por lo que solicita rechazar el recurso, al no existir derechos eventualmente vulnerados, y porque no se ha actuado de manera arbitraria o ilegal.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que el artículo 12 Nº 2 del D.F.L. N° 1 de 2005 prescribe que “ Las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud tendrán las siguientes funciones, de acuerdo con las normas y políticas dictadas por el Ministerio de Salud: 2.- Ejecutar las acciones que correspondan para la protección de la salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente y para la conservación, mejoría y recuperación de los elementos básicos del ambiente que inciden en ella, velando por el debido cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones sobre la materia, para lo cual se encontrará dotado de todas las facultades y atribuciones que el Código Sanitario y demás normas legales y reglamentarias sanitario ambientales le confieren, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.”

A su vez, el artículo 3° del Código Sanitario prescribe que: “Corresponde al Servicio Nacional de Salud, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Salud Pública, atender todas las materias relacionadas con la salud pública y el bienestar higiénico del país, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del N° 14 del artículo 10, de la Constitución Política del Estado, este Código y su Ley Orgánica.”

Finalmente, el artículo 178 del dicho código establece que: “La autoridad podrá también, como medida sanitaria, ordenar en casos justificados la clausura, prohibición de funcionamiento de casas, locales o establecimientos, paralización de faenas, decomiso, destrucción y desnaturalización de productos.

Estas medidas podrán ser impuestas por el ministro de fe, con el solo mérito del acta levantada, cuando exista un riesgo inminente para la salud, de lo que deberá dar cuenta inmediata a su jefe directo. Copia del acta deberá ser entregada al interesado.”

TERCERO: Que, así las cosas, de los antecedentes acompañados y de la normativa antes reseñada, se evidencia que la decisión de la autoridad sanitaria que se ha impugnado por esta vía, ha sido adoptada por la autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones, y en la forma prescrita por la Ley, y tuvo por fundamento el riesgo inminente para la salud de sus trabajadores, en razón de altos índices de plomo evidenciados en exámenes sanguíneos realizados a 6 trabajadores de la actora, los que superaron los márgenes establecidos en el artículo 113 del Decreto Supremo Nº 594 del Ministerio de Salud, por lo que no se adviertan visos de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, dado que la autoridad recurrida sólo ha realizado acciones tendientes a no permitir el funcionamiento de una actividad que no otorga mínimas condiciones para proteger la vida e integridad física de los trabajadores que realicen las labores propias del giro de la recurrente, cumpliendo de esta forma la normativa vigente, por lo que el presente recurso debe ser necesariamente rechazado, sin perjuicio que la recurrente, en su oportunidad, presente un plan de manejo a fin de aminorar los riesgos propios de su actividad, que permitan que la autoridad sanitaria levante la prohibición de funcionamiento que se encuentra vigente.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto con fecha de marzo de 2019 por don Luís Roberto Vergara Cortez, abogado, en representación de la sociedad Fundición Alcones SpA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 1686-2019 Protección.