nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Rancagua.

Rancagua, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Con fecha 28 de mayo del presente año, comparece la Comunidad de Aguas Casas de Peuco, representada por nombre reservado y nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Sociedad Agrícola nombre reservado y Compañía Limitada, representada por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, de Inversiones Megaterrenos Spa, representada por nombre reservado, del Servicio Agrícola y Ganadero, representado por don nombre reservado, o por quien la represente a la fecha de notificación de esta acción, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana y de nombre reservado, en su calidad de Conservador de Bienes Raíces de Graneros, por el acto ilegal o arbitrario que consistente en la subdivisión de los predios que indica, mediante los cuales, se pretende llevar a cabo un proyecto inmobiliario que amenaza los derechos de aprovechamiento de aguas del cual sería titular, amenazando con ello sus derechos contemplados en los numerales 1, 8 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Relata que son una comunidad de aguas registrada ante la Dirección General de Aguas en diciembre de 2019 y reúne como propietarios a 40 personas, jurídicas y naturales -entre los que se encuentra sociedad recurrida agrícola nombre reservado y compañía limitada- más los derechos que aún permanecen inscritos a favor de la Corporación de Reforma Agraria de derechos de aprovechamientos de agua y que corresponden a los Predios “Las Casas de Peuco”, “Hijuela Primera La Viña” del Fundo El Arrayán y del Proyecto de Parcelación “Picarquín B”, de la comuna de nombre reservado. Indica que mantienen como recursos, los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo, provenientes del río Peuco equivalentes a 1080 acciones de un total accionario de 10.000 acciones en que se divide el total de las aguas del río, de los derrames del fundo Carén que caen al Canal Peuco, y de la totalidad de las aguas de vertientes que nacen en el Fundo Carén y de las Parcelas N°1 y 3, que fluyen hasta el tranque denominado Bien Común Especial N°2 del Proyecto de Parcelación Picarquín B.

Indica que la SOCIEDAD AGRÍCOLA nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA es dueña de aproximadamente 88,7 hectáreas correspondientes a la parcelación del Proyecto Picarquín B y precia que el Canal Peuco atraviesa precisamente las Parcelas N°1, 2, 3 y 4 del Proyecto de Parcelación Picarquín B, de que es propietaria SOCIEDAD AGRÍCOLA nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA por lo que cualquier proyecto que se pretenda llevar a cabo en estas parcelas tiene el potencial de afectar las aguas que fluyen en este canal y, en consecuencia, los derechos de aprovechamiento de aguas de que son titulares los regantes del Canal Peuco.

Refiere que esos terrenos, actualmente se arriendan a sociedad AGRÍCOLA SANTA LAURA LIMITADA, la cual, destina estos predios exclusivamente a la explotación de frutales para la exportación y venta en el mercado nacional, pero en diciembre de 2023, la SOCIEDAD AGRÍCOLA nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA suscribió por escritura pública un contrato de promesa de compraventa respecto de las Parcelas N°1, 2, 3, 4 y, del Lote 3-A Uno, de la subdivisión de la Reserva CORA N°3-A, todos del Proyecto de Parcelación Picarquín B y de los derechos de aprovechamiento de aguas de que es titular, con INVERSIONES MEGATERRENOS SpA y entre las cláusulas de promesa se encuentra la condición de que se logre la subdivisión de las 4 parcelas, en parcelas de 5.000 metros cuadrados, lo que se está llevando a cabo ante el SAG, disimulando el proyecto inmobiliario que se pretende llevar a cabo denominado Aires de nombre reservado con un total de 155 sitios de 5.000 metros cuadrados cada uno, de lo cual se enteraron comuneros por publicaciones en redes sociales de mayo de 2024. Indica que conforme el Decreto Ley N°3516, es posible construir hasta 2 viviendas, con lo cual, se podría levantar un poblado de 310 familias, sin urbanización alguna, sin evaluación ambiental y, especialmente, sin hacerse cargo del acceso al agua potable y alcantarillado de los eventuales adquirentes de los sitios, sumando a ello que la zona ha sido declarada de escases hídrica de forma reiterada y sin que se contemplen en el proyecto, medidas de mitigación ya que el canal Peuco fluye a rajo abierto, imposibilitando la extracción ilegal y la contaminación del mismo, por lo que en definitiva, el proyecto inmobiliario Aires de nombre reservado se sustenta en un uso abusivo y arbitrario del Decreto Ley N°3.516 solicitando declarar que la división de las Parcelas N°1, 2, 3 y 4, todas del Proyecto de Parcelación Picarquín B, a través del procedimiento contemplado en el Decreto Ley N°3.516, constituye un acto arbitrario o ilegal, que amenaza el legítimo ejercicio del derecho a la Vida e Integridad Física y Psíquica, el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación y, el Derecho de Propiedad, de quienes interponemos esta acción de protección y, en definitiva, ordene a los recurridos suspender todo acto o procedimiento encaminado a lograr la división de las Parcelas N°1, 2, 3 y 4, del Proyecto de Parcelación Picarquín B, en tanto, no se ejecuten medidas concretas de mitigación o prevención respecto del Canal Peuco, en virtud de las cuales, se asegure que no se afectarán las aguas que por él fluyen y, en consecuencia, los derechos de aprovechamiento de aguas de los comuneros de la COMUNIDAD DE AGUAS CASAS DE PEUCO.

Acompaña los siguientes documentos.

1. Inscripción de dominio correspondiente a la Parcela N°1 del Proyecto de Parcelación Picarquín B.

2. Inscripción de dominio correspondiente a la Parcela N°2 del Proyecto de Parcelación Picarquín B.

3. Inscripción de dominio correspondiente a la Parcela N°3 del Proyecto de Parcelación Picarquín B.

4. Inscripción de dominio correspondiente a la Parcela N°4 del Proyecto de Parcelación Picarquín B.

5. Inscripción de dominio correspondiente al Lote 3-A 1 del Proyecto de Parcelación Picarquín B.

6. Resolución N°1132, de 29 de agosto de 1986 del Servicio Agrícola y Ganadero.

7. Plano de Parcelación del Proyecto de Parcelación Picarquín B, del Servicio Agrícola y Ganadero.

8. Inscripción de la COMUNIDAD DE AGUAS CASAS DE PEUCO en el Conservador de Bienes Raíces de Graneros.

9. Inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas mencionados en esta presentación.

10. Circular N°475/2022 de fecha 18 de julio de 2022, del Servicio Agrícola y Ganadero.

11. Contrato de promesa de compraventa suscrito entre SOCIEDAD AGRÍCOLA nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA e INVERSIONES MEGACENTRO SpA.

12. Plano de subdivisión Proyecto de Parcelación Aires de nombre reservado, extraído del sitio web https://mundoparcelas.cl/aires-de-mostazal/ 13. Brouchure Proyecto de Parcelación Aires de nombre reservado, extraído del sitio web https://mundoparcelas.cl/aires-demostazal/ 14. Captura de pantalla de plano y vista aérea del proyecto inmobiliario Aires de nombre reservado, que se exhibe en el sitio web https://mundoparcelas.cl/aires-de-mostazal/.

A folio 3 se declaró admisible la presente acción y además de los requeridos, se pidió informe a la Superintendencia de Medio Ambiente, a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de San Francisco de nombre reservado. En el folio 5, se hizo lugar a la orden de no innovar interpuesta junto a la acción.

A folio 16 evacúa informe don nombre reservado, Conservador de Bienes Raíces de Graneros, indicando que además de copias que le han sido requeridas, el 29 de mayo del presente año la Sociedad Agrícola nombre reservado y Compañía Limitada, a través de su representante solicitó archivar un Plano de subdivisión, respecto de la Parcela N°4 del Proyecto de Parcelación Picarquín B, Certificado SAG y Certificado de asignación de roles, a lo que no accedió atendida la Orden de No innovar decretada en autos.

A folio 17 comparece la Superintendencia de Medioambiente. Señala que ese Servicio no cuenta con los antecedentes relativos a las denuncias, fiscalizaciones o procedimientos iniciados al tenor de los hechos expuestos en el recurso, sin embargo, que del Servicio Agrícola Ganadero recibió un oficio solicitando emitir informe respecto de una parcelación de 46 lotes, lo que no realizó, pues no contaba con antecedentes para determinar si el proyecto requería una Evaluación de impacto ambiental, y que cualquier persona se encuentra habilitada para ingresar una denuncia, de conformidad al artículo 21 de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.

A folio 20 comparece el señor Alcalde la nombre reservado. Señala que a la fecha no se ha efectuado trámite alguno respecto de las parcela singularizadas, y que ante una eventual subdivisión, podría originar un nuevo núcleo urbano, al margen de la planificación urbana intercomunal, trascendiendo la Ley General de Urbanismo y Construcción, sugiriendo que el proyecto sea presentado al Servicio de evaluación ambiental.

A folio 22 comparece el Servicio Agrícola y Ganadero de esta región. Luego de referir el marco normativo de la materia, señala que -en cuanto a la parcela N°1- la Sociedad Agrícola nombre reservado y Compañía Limitada, con fecha 11 de agosto de 2022, presentó solicitud de certificación predial, solicitando la subdivisión de la parcela en 46 lotes siendo aquello rechazado en diciembre de 2022, y que a pesar de la subsanación intentada no se autorizó; luego, que el 10 de agosto de 2023 nuevamente presentó solicitud de certificación predial, solicitando la subdivisión de la parcela en 46 lotes, la que se encuentra en tramitación y paralizada a raíz de la Orden de no innovar de autos.

En cuanto a las parcelas N°2 y 3, la misma Sociedad recurrida, en agosto de 2022 solicitó su subdivisión en 36 lotes la parcela 2 y 40 la parcela 3, lo que fue rechazo y en agosto de 2023 presentó nuevas solicitudes de certificación predial, solicitando la subdivisión de las parcelas en 36 y 40 lotes, a las cuales se le dio tramitación y requirieron los informes respectivos, y que Mediante Resolución Exenta N°1208 y 1205 ambas de 27 de mayo de 2024, se rechazaron las solicitudes, pues como parte de los argumentos, la Seremi de Vivienda y Urbanismo informe que la solicitud origina un nuevo núcleo urbano al margen de la planificación urbana intercomunal perdiendo éstos terrenos su aptitud agrícola, ganadera o forestal. De esas resoluciones, se interpuso -el 31 de mayo pasado- recursos de reposición y en subsidio jerárquico, los cuales están pendiente de resolución, en virtud de orden de no innovar dictada por esta Corte.

En cuanto a la parcela N°4, mediante Certificado N°365 de fecha 13 de febrero de 2023 se certifica la subdivisión del predio, pero en revisión de las solicitudes anteriores, se detectó que en conjunto sumaban 122 lotes, por lo que conforme a lo prescrito en al artículo 37 y 37 bis de la ley 19.880, se solicitó informe a las instituciones pertinentes, para las cuales la decisión de ese Servicio, afectará los ámbitos de sus competencias.

Finalmente, informa que en su rol de fiscalización, realizó una visita en terreno de las parcelas 1,2,3 y 4 del Proyecto de Parcelación Picarquín, observándose publicidad alusiva a la venta de sitios bajo la premisa “Tu oportunidad de vivir en grande”, lo que se refuerza con las publicaciones del sitio web www.mundoparcelas.cl, en el que se señalan todas las parcelas subdivididas y la cantidad de las mismas que ha sido vendida, pese a no contar con la certificación de ese Servicio informante lo que fue remitido al Servicio Nacional del Consumidor y a la nombre reservado Municipalidad de San Francisco, para que ejerzan los procesos pertinentes dentro de la esfera de sus competencias.

A folio 33 evacúa informe la recurrida SOCIEDAD AGRÍCOLA nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA.

Inicia dando cuenta de los hechos y contexto en que se funda la presente acción, y señala que la presente acción sería extemporánea pues de los mismos antecedentes acompañados dan cuenta que lo relativo a las solicitudes de parcelación fueron conocidas por la parte recurrente a fines del año 2023 o a principios del 2024.

Luego, en cuanto al fondo, indica que posee un importante número de acciones de derechos de agua del canal Peuco, que equivalen a un 25% de los derechos que componen dicha comunidad de aguas y rebate los argumentos entregados en el recurso, solicitando el rechazo del mismo, pues lo relatado serían elucubraciones carentes de fundamentos y que no se pueden materializar, porque el legislador precisamente ofrece un catálogo de acciones suficientes para cautelar sus derechos y protegerles oportunamente. En resumen, señala que le arrendó a SOCIEDAD AGRICOLA SANTA LAURA LIMITADA en el año, 2016 y tras una mejora de producción se decide arrancar parte de la plantación de uva inicial y reemplazarla por nectarines y almendros, lo que se encuentra acreditado frente a SAG. En el 2022 recibió una oferta para un proyecto de parcelación pero como éste no se enfocaba en mantener la condición de predio agrícola, sino en la transformación en una parcelación para uso residencial, desestimaron la oferta, sin embargo, deciden ejecutar un proyecto de subdivisión predial, manteniendo la condición de “Predios Agricolas”, pero subdividido en paños o lotes de menor cabida, los cuales son más fáciles de vender para lo cual existe un procedimiento administrativo regulado por la Resolución Exenta N°3904, de 2019, del Director Nacional (S) del Servicio Agrícola y Ganadero, en cuya primera etapa no hay consultas a entidades externas, no así como en la segunda etapa.

En cuanto a la parcela 4, pagaron los derechos y pasó a la segunda etapa, y posteriormente se le otorgó el Certificado N° 365/2023 de fecha 13 de febrero de 2023 por el cual se verifica que cumple con la normativa vigente de competencia del SAG para predios rústicos por lo que gestionó con el Servicio de Impuestos Internos la emisión de los Roles de avalúo para cada uno de los lotes de la subdivisión de la parcela N° 4 y recién después de ello, al ingresar Minuta en el Conservador de Bienes Raíces de Graneros solicitaron el archivo del plano de subdivisión de esa parcela y en su oportunidad realizaron las gestiones tendientes a la promesa de venta de los terreno con la Sociedad INVERSIONES MEGATERRENOS SPA, en diciembre de 2023.

En lo que respecta a las parcelas 1, 2 y 3, se realizaron ingresos simultáneos de solicitudes, en julio de 2023, y habiéndose pagado los derechos respectivos, avanzaron a la segunda etapa, la cual consiste única y exclusivamente en determinar por parte del SAG, si los planos presentados cumplen con los requisitos para certificar la subdivisión de predios rústicos solicitada por el usuario, y sin haber encontrado irregularidad alguna, le sorprende el tenor del informe del SAG pues las presentaciones de las solicitudes de subdivisiones prediales de las parcelas de propiedad de la Sociedad Agrícola recurrida se han presentado con estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y de forma ilegal, ha requerido informe a terceros en una etapa en la cual aquello no es procedente, creando con esto un tratamiento ilegal y arbitrario respecto de las solicitudes, y en el caso de las solicitudes asociadas a las parcelas 2 y 3 derivando en el rechazo, las que se encuentran recurridas por sendos recursos de reposición y jerárquicos, que están pendientes de fallo. En cuanto a la parcela 1, se encuentra en trámite paralizado todo lo anterior por la Orden de no innovar.

Sintetizando sus restantes defensas, primero es la ausencia de las supuestas amenazas a sus derechos o garantías constitucionales ya que, no existe ningún antecedente serio, real y actual que la subdivisión predial de los terrenos de la Sociedad Agrícola vaya a modificar las condiciones actuales del poblado Casas de Peuco. En segundo lugar, que en el caso de acoger lo pretendido por la recurrente de autos, estaríamos en presencia de un “Estado Policiaco” en el cual el individuo -La Agrícola- no está esencialmente habilitado para hacer uso de su libertad, porque, en general, el Estado realiza una actividad anticipatoria que lo impide, y la recurrente pretende en su acción que se conculque e impida ilegal y arbitrariamente el legítimo derecho de propiedad sobre las parcelas de la Sociedad Agrícola. Finalmente, en el evento improbable de que alguno de los adquirentes de los lotes o parcelas, infrinja la normativa sobre urbanismo y construcción, y arroje aguas servidas a los cursos de aguas o extraiga aguas de estos últimos, el legislador, ha contemplado los mecanismos idóneos para resguardar los derechos de la Comunidad de Aguas Casas de Peuco.

A folio 37 evacúa su informe la recurrida “INVERSIONES MEGA TERRENO S.p.A”. Refiere que se dedica a la gestión de terrenos agrícolas, siendo titular de derechos de aprovechamiento de aguas correspondientes a las parcelas involucradas y que las compró en pleno conocimiento de su aptitud para la agricultura, que todas las solicitudes de subdivisión cumplen con el Decreto Ley N°3.516 y que no se ha solicitado el cambio de suelo, que mantiene la vocación agrícola de los terrenos y garantiza que cualquier futura construcción o actividad que se realice en ellos deberá cumplir con las normativas urbanísticas y ambientales aplicables, por lo que las preocupaciones de la recurrente por la gestión hídrica, no se sustentan en hechos o en el marco legal que regula las actividades de Megaterrenos y que han implementado significativas mejoras en la infraestructura de riego de las parcelas, mediante la instalación de sistemas avanzados de riego tecnificado, sistemas que incluyen tranques de acumulación y distribución de agua, matrices y submatrices subterráneas, así como la electrificación de todo el predio para asegurar un manejo eficiente del recurso hídrico.

Luego, que en el caso improbable que se produjera alguna infracción, la legislación chilena ofrece un marco robusto para proteger los derechos de todos los usuarios de los recursos hídricos, incluido el Canal Peuco. Reitera el escenario de "Estado Policiaco", en el que se restringirían injustamente los derechos legítimos de los propietarios de tierras agrícolas, así como la alegación de caducidad de la acción, fundándola en que las solicitudes iniciales de parcelación datan del año 2022 y por último alega la improcedencia de la acción, pues la subdivisión de predios rústicos es un derecho consagrado por ley, no existiendo un favor indubitado en favor del recurrente.

A folio 39 la parte recurrida SOCIEDAD AGRÍCOLA nombre reservado Y COMPAÑÍA LIMITADA, acompaña otros documentos.

A folio 41 la parte recurrente evacúa el traslado conferido por las alegaciones de extemporaneidad (el acto aún se encuentra aún en desarrollo y atendida la fecha en que se enteran) e improcedencia expuestas, solicitando el rechazo a las mismas.

A folio 49 comparece el SEREMI de Vivienda y Urbanismo de esta región. Señala que mediante oficio N°745 de 7 de mayo de 2024 emitió la respuesta a la solicitud en análisis, así como los informes 23 y 24 respecto de otros predios, los que acompaña y por los cuales, según ya se dijo, estima que los predios roles 137-29 y 127-30, sí originan un nuevo núcleo urbano al margen de la planificación territorial intercomunal.

A folio 72, por estimarse un trámite previo e indispensable para la vista de la causa, se ofició a la Dirección General de Aguas a fin de que informe, dentro de octavo da, al tenor del recurso y, en especial, respecto de los efectos en la disponibilidad del recurso hídrico en el Canal Peuco que tendrá la subdivisión y posterior venta de los terrenos de la recurrida.

Dicha información fue aportada a folio 82 por la Directora de esa repartición acompañando el Informe Técnico de Fiscalización N° 153/2024 de fecha 12 de diciembre de 2024, señala que del análisis de los antecedentes contenidos en el presente informe y en el supuesto que se ejecute la subdivisión y posterior venta de terrenos de la recurrida, se concluye:

I. Los recursos del Canal Peuco provienen del Río Peuco y corresponden a 1.080 acciones o partes de río el río Peuco, equivalentes a 151 litros por segundo, divididas internamente en 1.000 acciones del canal Peuco, por lo que cada acción interna de la comunidad equivale a 0,15 litros por segundo, variables según la disponibilidad de caudales en el río Peuco.

II. En el supuesto que las Parcelas N°1, 2, 3, 4 y el Lote 3-A Uno, se subdividan en pacerlas o sitios de 5.000 metros cuadrados, le correspondería a cada nuevo propietario que lo adquiera por medio de compra, el derecho de aprovechamiento de aguas proporcional a la superficie del terreno, es decir las acciones equivalentes para regar 5.000 metros cuadrados, siempre y cuando estos derechos de aprovechamiento sean parte del acuerdo de compraventa.

III. Bajo el escenario de que el Derivado 2 del Canal Peuco atraviesa las Parcelas 1, 3 y 4, este Servicio ha identificado las siguientes situaciones que podrían suceder:

a. En caso de que los nuevos propietarios de las parcelas ejecuten obras en el Derivado 2 del Canal Peuco, tales como, cambios de sección, de trazado o el propio borrado del canal, podría generarse una interrupción al libre escurrimiento de las aguas, lo que impediría que los comuneros puedan ejercer su derecho de aprovechamiento, a lo que sería aplicable el artículo 181 y 182 del Código de Aguas.

b. Los nuevos propietarios podrían extraer un caudal mayor del Derivado 2 del Canal Peuco al que les correspondería según la superficie de riego de la cual son dueños. En este caso sería aplicable el artículo 459 del Código Penal, sobre usurpación de aguas.

c. En el caso en que se generen conflictos entre los nuevos propietarios de las parcelas y los integrantes de la comunidad de aguas, para acceder a ejecutar las limpiezas y mantenciones anuales del Derivado 2 del Canal Peuco, le sería aplicable el artículo 69 y siguientes del Código de Aguas.

d. En caso de que los nuevos propietarios descarguen aguas grises y/o negras o arrojen elementos al Derivado 2 del Canal Peuco, que alteren la calidad de las aguas, le sería aplicable el artículo 92 del Código de Aguas.

Luego de referir las competencias de esa Dirección, señala que no es posible determinar si efectivamente existe o existirá en el futuro una afectación a la disponibilidad del recurso hídrico del Canal Peuco, ya que para concluir que existe una afectación a la disponibilidad se requieren datos concretos que permitan hacer una comparación entre la situación base descrita en este informe y la situación posterior a la parcelación y asentamiento humano en el sector, donde su efecto sea medible.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

En el caso del artículo 19 N°8 del texto constitucional, el recurso de protección procede cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.

2.- Que, en la especie, la acción o conducta que se reprocha como ilegal y arbitraria, consiste en que las recurridas Sociedad Agrícola nombre reservado y Compañía Limitada e Inversiones Megaterrenos Spa, a partir de un contrato de promesa de compraventa respecto de las Parcelas N°1, 2, 3, 4 y, del Lote 3-A Uno, de la subdivisión de la Reserva CORA N°3-A, todos del Proyecto de Parcelación Picarquín B, iniciaron los trámites de subdivisión de las 4 parcelas, en lotes de 5.000 metros cuadrados, disimulando con ello el proyecto inmobiliario denominado Aires de nombre reservado, con un total de 155 sitios de 5.000 metros cuadrados cada uno, en los que es posible construir hasta 2 viviendas, con lo cual, se podría levantar un poblado de 310 familias, sin urbanización alguna, sin evaluación ambiental y, especialmente, sin hacerse cargo del acceso al agua potable y alcantarillado de los eventuales adquirentes de los sitios, sumando a ello que la zona ha sido declarada de escases hídrica de forma reiterada y sin que se contemplen en el proyecto, medidas de mitigación ya que el canal Peuco fluye a rajo abierto, de todo lo cual los recurrentes se enteraron por publicaciones en redes sociales de mayo de 2024. Se concluye que el proyecto inmobiliario Aires de nombre reservado se sustenta en un uso abusivo y arbitrario del Decreto Ley N°3.516, por lo que se solicita declarar que la división de las Parcelas N°1, 2, 3 y 4, todas del Proyecto de Parcelación Picarquín B, a través del procedimiento contemplado en el Decreto Ley N°3.516, constituye un acto arbitrario o ilegal, que amenaza el legítimo ejercicio del derecho a la Vida e Integridad Física y Psíquica, el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación y, el Derecho de Propiedad. En definitiva, se pide que se ordene a los recurridos suspender todo acto o procedimiento encaminado a lograr la división de las Parcelas N°1, 2, 3 y 4, del Proyecto de Parcelación Picarquín B, en tanto, no se ejecuten medidas concretas de mitigación o prevención respecto del Canal Peuco, en virtud de las cuales, se asegure que no se afectarán las aguas que por él fluyen y, en consecuencia, los derechos de aprovechamiento de aguas de los comuneros de la Comunidad de Aguas Casas de Peuco.

3.- Que, en primer término, la recurrida Sociedad Agrícola nombre reservado y Compañía Limitada, alega la extemporaneidad del recurso, basado en que la parte recurrente tuvo conocimiento de los hechos denunciados con una antelación superior al plazo de treinta días dentro del cual debe interponerse la acción, pues los mismos antecedentes acompañados al recurso, dan cuenta que las solicitudes de parcelación fueron conocidas por la actora a fines del año 2023 o a principios del 2024.

Al respecto, se debe considerar que si bien el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema establece que el recurso de protección debe interponerse dentro del plazo de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido que en el caso de los actos continuos o con efectos permanentes en el tiempo, el recurso será oportuno en la medida que la actuación injustamente perjudicial continúe vigente a la interposición del recurso, situación que es la que acontece en la especie, dado que lo impugnado es la subdivisión predial con el objeto de evitar su materialización con fines habitacionales, caso en la cual debe entenderse que el plazo para deducir la acción de protección se renueva día a día mientras se mantenga la situación de hecho que motiva su interposición, todo lo cual justifica rechazar la alegación de extemporaneidad. En este mismo sentido, lo ha expresado esta Corte en el Rol 5889-2021.

Por lo demás, al interpretar la exigencia del plazo dentro del cual debe interponerse el recurso, no puede optarse por una tesis que implique restringir el acceso a un recurso judicial rápido y sencillo destinado a amparar derechos fundamentales en forma efectiva, derecho que, por lo demás, se encuentra expresamente reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En similar sentido, se pronuncia la prevención contenida en el Rol CS 12.588-2019.

4.- Que, en cuanto a la ilegalidad de la conducta denunciada, ésta se hace consistir, en síntesis, en que la subdivisión de las parcelas en cuestión disimula un proyecto inmobiliario denominado Aires de nombre reservado con claros fines habitacionales.

Al respecto, si bien las recurridas insisten en que las subdivisiones reprochadas no buscan conformar un proyecto inmobiliario con fines habitacionales, lo cierto es que los antecedentes e informes allegados a este expediente, apreciados según las reglas de la sana crítica, dan cuenta precisamente de lo contrario.

En efecto, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de esta región, señaló a esta Corte, que mediante Oficio N°745 de 7 de mayo de 2024, dirigido al Director Regional del SAG, informó que la solicitud de subdivisión de las parcelas 2 y 3 origina un nuevo núcleo urbano al margen de la planificación urbana intercomunal, perdiendo estos terrenos su aptitud agrícola, ganadera o forestal, conforme al artículo 55 inciso 2° de la LGUC.

En el mismo sentido, el Servicio Agrícola y Ganadero de esta región, informó que si bien mediante Certificado N°365 de fecha 13 de febrero de 2023 se certificó la subdivisión de la Parcela número Cuatro del Proyecto de Parcelación Picarquín B, ubicado en la comuna de San Francisco de nombre reservado, Rol Avalúo 137-463, inscrito a fojas 2405 Vuelta número 2207, año 1993, del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, en la revisión realizada de las solicitudes presentadas por Sociedad Agrícola nombre reservado y Compañía Limitada, Roles 137-28, 137-29 y 137-30, se constató que se trata de predios colindantes que en conjunto suman 122 Lotes, por lo que conforme a lo prescrito en al artículo 37 y 37 bis de la ley 19.880, se solicitó informe a las instituciones señaladas respecto de las cuales la decisión de dicho Servicio, afectara los ámbitos de sus competencias. Es por ello, que la solicitud de subdivisión de la Parcela N°1 se encuentra pendiente de decisión, en tanto respecto de las referidas a las Parcelas N°2 y 3, mediante resoluciones exentas N°1208 y 1205 ambas de 27 de mayo de 2024 se rechazaron las solicitudes, invocándose como parte de los argumentos, que la Seremi de Vivienda y Urbanismo informó que la solicitud origina un nuevo núcleo urbano al margen de la planificación urbana intercomunal perdiendo estos terrenos su aptitud agrícola, ganadera o forestal, resoluciones contra las cuales se interpuso, el 31 de mayo pasado, recursos de reposición y en subsidio jerárquico, los cuales están pendiente de resolución.

A lo anterior, el SAG agrega que en su rol de fiscalización, realizó una visita en terreno de las parcelas 1, 2, 3 y 4 del Proyecto de Parcelación Picarquín, observándose publicidad alusiva a la venta de sitios bajo la premisa “Tu oportunidad de vivir en grande”, lo que se refuerza con las publicaciones del sitio web www.mundoparcelas.cl, en el que se señalan todas las parcelas subdivididas y la cantidad de las mismas que han sido vendidas, pese a no contar con la certificación de ese Servicio informante lo que fue remitido al Servicio Nacional del Consumidor y a la nombre reservado Municipalidad de San Francisco, para que ejerzan los procesos pertinentes dentro de la esfera de sus competencias.

5.- Que, al respecto, cabe tener presente que el artículo 55 de la LGUC dispone: “Fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado.

Corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la Planificación urbana intercomunal”.

6.- Que, en virtud de lo anterior y existiendo antecedentes que dan cuenta que las subdivisiones solicitadas infringen el citado artículo 55 de la LGUC, por cuanto conllevan la creación de nuevos núcleos urbanos al margen de la Planificación urbana intercomunal, resulta forzoso concluir que las mismas resultan ilegales, más aún si la subdivisión de las cuatro parcelas en un total de 155 sitios de 5.000 metros cuadrados cada uno, sin duda importa una afectación potencial del curso del Canal El Peuco, en cuanto el SAG y la DGA informaron a esta Corte que dicho curso de agua atraviesa las cuatro parcelas, todo lo cual justifica acoger el presente recurso, con la finalidad de evitar que pueda concretarse el riesgo que el artículo 55 de la LGUC busca precaver.

7.- Que, en este mismo sentido y en lo que respecta a la eventual alteración del cauce del Canal El Peuco, cabe tener presente que en este tópico también se aplican los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental, por la que la eventualidad de su afectación no justifica el rechazo del recurso, menos aún si el recurso de protección no sólo procede ante privaciones o perturbaciones a los derechos fundamentales que ampara, sino también frente a actos u omisiones ilegales que importen una amenaza en su contra.

8.- Que, igualmente, resulta evidente que la creación de un nuevo núcleo urbano en terrenos de naturaleza agrícola, en una zona de escases hídrica, sin duda importa al menos una amenaza al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sobre todo si se considera que no se ha evaluado el impacto ambiental del proyecto inmobiliario, siendo relevante destacar además, que la titularidad del derecho a vivir en un medio ambiente adecuado tiene un carácter erga omnes, lo que posibilita el uso del recurso de protección como una especie de acción popular o pública, en la medida que el derecho a la protección del medio ambiente es un derecho cuya degradación afecta a toda la comunidad, ya que sus efectos impactan el medio en el cual todos vivimos. Por ello, sostiene el profesor Nogueira Alcalá: “los tribunales deben actuar en esta materia con el principio in dubio pro ambiente y en materia de legitimación activa en materia de recurso de protección con el principio in dubio pro accione” (Justicia Ambiental, Revista de Derecho Ambiental, Mayo 2010, N° 2, Fima, pág. 18).

9.- Que, por último, cabe señalar que la circunstancia que se encuentren pendientes de pronunciamiento por parte del SAG los recursos de reposición y jerárquico en contra del rechazo de las solicitudes de subdivisión de las parcelas 2 y 3 y sin pronunciamiento en el caso de la parcela 1, en nada obsta a la procedencia de la presente acción cautelar, en la medida que ésta es sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara, que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Comunidad de Aguas Casas de Peuco, sólo en cuanto se ordena lo siguiente:

I.- Que, las recurridas Sociedad Agrícola nombre reservado y Compañía Limitada e Inversiones Megaterrenos Spa, deberán abstenerse de efectuar solicitudes de subdivisión de los predios de su propiedad que impliquen, directa o indirectamente, la creación de nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal.

II.- Que, mientras se encuentren pendientes de pronunciamiento definitivo por parte del Servicio Agrícola y Ganadero de esta región, las solicitudes de subdivisión de las Parcelas N°1, 2 y 3, de la subdivisión de la Reserva CORA N°3-A, todos del Proyecto de Parcelación Picarquín B, las recurridas Sociedad Agrícola nombre reservado y Compañía Limitada e Inversiones Megaterrenos Spa, deberán abstenerse de realizar cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio de los lotes que se pretende subdividir, como también deberán abstenerse de todo acto que importe fijar en el terreno los límites de los predios proyectados y en particular, aquellos que impliquen, directa o indirectamente, la modificación del cauce del Canal El Peuco.

III.- Que, el Servicio Agrícola y Ganadero de esta región deberá evaluar el inicio de un procedimiento de invalidación del Certificado N°365 de fecha 13 de febrero de 2023 que certificó la subdivisión de la Parcela número Cuatro del Proyecto de Parcelación Picarquín B, ubicado en la comuna de San Francisco de nombre reservado, Rol Avalúo 137-463, lo que, en caso de llevarse a cabo, deberá ser informado a esta Corte como también al Conservador de Bienes Raíces de Graneros.

IV.- Que, por último y acorde con lo anterior, se mantiene por seis meses la suspensión de la inscripción conservatoria del Certificado N°365 de fecha 13 de febrero de 2023 que certificó la subdivisión de la Parcela número Cuatro del Proyecto de Parcelación Picarquín B.

Póngase en conocimiento lo antes resuelto del Conservador de Bienes Raíces de Graneros.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N°1681-2024 Protección.