nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Rancagua.

Rancagua, uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 27 de mayo del presente año, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de Nelitza Alaiza nombre reservado, venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, oficina405, comuna de Rancagua, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PLAN VITAL S.A., por el acto ilegal y arbitrario de rechazar la solicitud de retiro de fondos de la extranjera.

Relata que la actora, de conformidad a la ley N°18.156, pidió la devolución de fondos previsionales, siendo informada el 4 de abril pasado el rechazo de la misma, puesto que debía acompañar los documentos correspondientes en atención a las observaciones que se realizan en la carta informativa, es decir, contrato de trabajo. Luego, que el 17 de mayo la realiza una nueva solicitud acompañando el certificado de relación laboral, debido a la naturaleza del ámbito en el desenvuelve su profesión sin embargo el 24 de mayo se le rechaza nuevamente y por la misma razón.

Arguye que la recurrida desconoce una relación laboral de la cual emanan justamente las cotizaciones que intenta retirar y que consta de un certificado de relación laboral, interpretando de forma errada la ley, pues debido al área en el que presta servicios, no se rige por el Código del Trabajo, por lo que entiende el recurrente que cumple íntegramente con los requisitos de la Ley 18.156, al contar con un certificado de relación laboral, anexo donde manifiesta su voluntad de continuar cotizando en el extranjero, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y su título profesional.

Entonces, refiere que la conducta de la recurrida obstaculiza el proceso de retiro de fondos pretendido, conculcando con ello las garantías constitucionales establecidas de igualdad ante la ley y a la propiedad, solicitando en definitiva se tenga como válida la documentación acompañada ordenando a la recurrida a pronunciarse nuevamente sobre la solicitud planteada, conforme a derecho y dentro de plazo razonable, o lo que esta Corte estime conforme al mérito de autos.

A folio 4 comparece la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. Indica que la exención establecida en la Ley 18.156 y abordada en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, altera la regla general del sistema previsional chileno, en cuanto a la obligatoriedad de efectuar cotizaciones de todos los trabajadores dependientes, y siendo una situación excepcional, sus normas se deben interpretar restrictivamente. En ese sentido, añade el N°6 de dicho compendio del Título XI de dicho compendio establece que el no tendrán acceso a la devolución de fondos el personal de Organismos Públicos no sujeto a las normas del Código del Trabajo. Por ello, explica que no contaba con antecedentes suficientes para dar por cumplidos los requisitos, puesto que le falta el contrato de trabajo y que existe un certificado emitido por el Hospital Dr. Félix Bulnes que hacían presumir que el vínculo existente entre éste y la afiliada recurrente sería de aquellos respecto a los cuales no procede la devolución de fondos en el contexto de la ley 18.156, tanto por la falta de prueba de la existencia del vínculo laboral y los términos bajo los cuales se ha convenido, así como porque a la recurrente no se le aplicaría el Código del Trabajo, pero además, por el contenido de Oficio Ordinario N° 7848 de fecha 29 de abril de 2024de la Superintendencia de Pensiones, mediante lo cual se ha determinado que no existe una incompatibilidad entre ambas afiliaciones, lo que debe ser determinado considerando el contenido del Contrato de Trabajo como en sus Anexos de Modificaciones, entendiendo que la recurrente se ha negado a entregar dicho documento, en circunstancias que la normativa le exige requerirlo al extranjero solicitante, y de lo contrario generaría un grave incumplimiento normativo.

Por lo anterior, concluye que el rechazo de la solicitud ha sido consecuencia de un procedimiento aplicado de manera general a todos aquellos afiliados extranjeros que solicitan devolución de sus fondos en el contexto de la ley 18.156, por consiguiente, es resultado de un procedimiento razonado y justificado en la normativa vigente que regula la materia, desestimando haber incurrido en alguna vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 número 2 y número 24 de las Constitución Política de la República, añadiendo por último la falta de idoneidad del recurso de protección para resolver el conflicto, siendo la vía un proceso declarativo, todas razones por las cuales pidió el rechazo de la presente acción.

A folio 8 comparece la Superintendencia de Pensiones. Expone la normativa aplicable al extranjero solicitante de devolución de fondos previsionales aplicable a los técnicos extranjeros, siendo requisitos para ello, que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y además, que el contrato de trabajo contenga una cláusula relativa a la mantención de la afiliación, por parte del trabajador, a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile. Respecto a este último, señala que es esencial, y se entiende cumplido cuando el contrato de trabajo contiene estipulaciones obligatorias del artículo 10 del Código de Trabajo, y también para determinar la voluntad del extranjero de mantener una afiliación a un régimen extranjero.

Luego, señala que cabe concluir que tratándose de profesionales que prestan servicios en organismos públicos, y que han sido contratados en el cargo mediante un decreto o resolución de nombramiento, no le son aplicables las disposiciones de la Ley N°18.156. Por ello, y sin perjuicio de referir que no cuenta con los antecedentes previsionales de la extranjera, indica es necesario que presente toda la documentación que acredite que cumple con cada uno de los requisitos exigidos por la norma legal citada, en circunstancias que no ha acompañado un contrato de trabajo, sino que sólo acompaña sólo un anexo de contrato de trabajo suscrito recién el 13 de marzo último, es decir, con posterioridad al término de la relación laboral, en el cual, además, no consta que la recurrente haya expresado su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional de su país de origen como exige la normativa en cuestión. A lo anterior, agrega que la extranjera prestaba servicios para el Hospital Félix Bulnes, sin precisar a qué régimen laboral estuvo afecta pues pudo tener la calidad de funcionaria pública, sea de planta o a contrata, afectos a estatutos especiales, ya que, de ser así, no opera la Ley 18.156.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

Segundo: Que, la pretensión de la actora consiste en la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual, la que se sustenta en el cumplimiento, que a su juicio se verifica, de los requisitos del artículo 1° y 7° de la Ley N°18.156, imputando de esta forma arbitrariedad e ilegalidad en la decisión de la recurrida al negar dicha devolución.

Tercero: Que, la recurrida informó que la decisión de no acceder a la solicitud de la recurrente obedece a que la recurrente se ha negado a entregar el contrato de trabajo, en circunstancias que la normativa le exige requerirlo a fin de determinar los términos del mismo y con ello determinar la procedencia de la solicitud.

Al comparecer, la Superintendencia de Pensiones, agrega que, el contrato de trabajo es esencial ya que, si la extranjera prestaba servicios para el Hospital Félix Bulnes, sin precisar a qué régimen laboral estuvo afecta, pudo tener la calidad de funcionaria pública, sea de planta o a contrata o afecta a estatutos especiales, y de ser así, no opera la Ley 18.156.

Cuarto: Que, para resolver la controversia de autos cabe tener presente que el artículo 7° de la Ley 18.156 establece que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

A su vez, el artículo 1° de la citada ley, señala: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”.

Quinto: Que, luego, de conformidad con lo dispuesto en el Libro II, Título XI, número 6 del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de esta Superintendencia, “No tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N°18.156 el personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo”.

Sexto: Que, no ha sido controvertido en autos que la parte recurrente no ha acompañado el documento que le ha sido requerido por la recurrida y que, si bien sería efectivo que la actora mantendría una relación laboral, de conformidad a lo señalado en el considerando presente, es la propia autoridad del ramo la que dispone en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones la improcedencia de la devolución de fondos como los requeridos para el personal contratado por Organismos Públicos. Entonces, a fin de que la recurrida pueda realizar dicho análisis relativo a la calidad de funcionario público sujeto a un estatuto especial -y no a las normas del Código del Trabajo- es razonable que debe contar con el instrumento esencial que determine las condiciones en que la extranjera se vincula con su empleador, lo cual no puede ser suplido con un anexo de trabajo suscrito con posterioridad al inicio de la relación laboral, mediante el cual además, se intenta otorgarle el valor de manifestar de forma retroactiva, su voluntad de mantenerse afiliada a un sistema previsional en el extranjero.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, el antecedente que acompañó la actora, denominado “Constancia electrónica de cotizaciones” indica expresamente que su estatus de asegurado es de “CESANTE”, y señala fecha de egreso en mayo de 2017, lo que impide tener por acreditado el requisito contemplado en el artículo 1° letra a) de la Ley 18.156, en el sentido de estar cotizando en ambos países, que sería la situación que hace procedente la devolución solicitada, la que no concurre en la especie.

Octavo: Que, en consecuencia, no se constata por esta Corte que el actuar de la recurrida sea ilegal o arbitrario, por cuanto su accionar encuentra sustento en la ley y, en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones a cuya fiscalización se encuentra sujeta la Administradora recurrida, lo que descarta cualquier vicio de ilegalidad, ajustándose su procedimiento al fijado en la Ley N°18.156, motivo suficiente para desestimar el recurso de protección, que se examina, al no existir, en la práctica, actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Nelitza Alaiza nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 1672-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.