RECURRENTE:ALLISON ANDREA ALFARO ALDEA;RECURRIDO:SUPERINTENDENCIA EDUCACION REGION OHIGGINS

C.A. de Rancagua.

Rancagua, dieciocho de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 27 de mayo del presente año, comparece nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio en la comuna de Mostazal, y deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Educación, por los hechos que expuso.

Relata que el pasado 21 de mayo, mediante correo electrónico se le notifica que su escuela “After School Mimaditos Montessori” tiene orden de clausura por infracción al artículo 7° de la Ley 20.832, en circunstancias que su funcionamiento se mantiene dentro del marco legal, pues no existiría régimen educativo ni ministerial, contando con patente de “guardería” ya que no es un recinto educativo. Añade que el día 23 de mayo se dirigió a la Superintendencia recurrida, pero se le indicó como única vía de información, el agendar una audiencia vía Ley del Lobby.

Refiere que la resolución no le fue notificado en forma legal, ni el proceso ni el dictamen, el que además carecería de fundamentos, solicitando en definitiva que a través de la presente acción se anule la orden de clausura por no infringir ninguna norma de funcionamiento del recinto.

Acompaña Resolución Exenta N° 26 de fecha 26 de mayo de 2024.

A folio 6 comparece la Superintendencia de Educación, evacuando informe requerido. Primeramente, contextualiza la normativa que rige la materia, indicando que -al iniciar funcionamiento con posterioridad al enero de 2017- el establecimiento de la recurrente debe cumplir con los dispuesto en la Ley 20.832, especialmente los artículos 2° y 7° de dicha norma, encontrándose la clausura de establecimientos en lo preceptuado en su artículo 16.

Indica que de acuerdo al Dictamen 51 de 2019, y a fin de determinar los elementos que conforman un establecimiento de educación parvularia, se establecen los siguientes requisitos: primero, y de carácter formal, consistente en las autorizaciones obligatorias para el nivel; y el segundo, material o de fondo, que involucra tres factores copulativos, a saber: (a) Que imparta una atención integral, (b) Que atienda a niños, y niñas entre el nacimiento y la edad de ingreso a la educación básica, y (c) Que favorezca de manera sistemática, oportuna y pertinente su desarrollo integral, aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes.

Además, que se considerarán establecimientos de educación parvularia, propiamente tales o con denominaciones análogas, aquellos recintos que constituyen un espacio destinado al desarrollo de la función educacional contando con los tres componentes o factores copulativos anteriormente descritos y que, en caso contrario, se considerarán lugares dedicados simplemente al cuidado o custodia de niños y niñas, quedando exentos de la reglamentación del sector.

Refiere que en agosto de 2023 se inició un proceso de identificación del recinto de la recurrente, para lo cual se le requirió documentación para determinar si se trataba o no de un establecimiento educacional, acompañándose fotografías, formulario, certificado de estatutos de sociedad, inicio de actividades en Servicio de Impuestos Internos, solicitud de autorización sanitaria, patente comercial y orden de ingreso de la Municipalidad de Mostazal, contrato de arriendo y certificado de autorización.

En este aspecto, indica que se configuran los presupuestos para establecer que se trata de un establecimiento de educación parvularia, puesto que 1) ofrece desarrollo integral de los niños, lo que se vería reflejado en la publicidad de fotografías de los espacios e instalaciones que ello; 2) Atiende a niños de 2 a 8 años, comprendiendo el rango de educación parvularia y 3) su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral, aprendizaje, conocimientos, habilidades y actitudes de los niño/as, lo que se reflejaría en su organización, atendiendo de lunes a viernes de 7:30 a 19:00 horas, en la inclusión de diversos talleres así como en la diversidad de material pedagógico.

En septiembre se certifica la inexistencia de solicitudes de reconocimiento ingresadas, levantándose el primer informe que daría cuenta que el recinto reviste los caracteres de establecimiento educacional, razón por la cual el 20 de septiembre de 2023, se ingresa de oficio denuncia de clausura, al no contar con reconocimiento oficial del Estado y sin autorización de funcionamiento, siendo el caso derivado al encargado de la Unidad de Protección de derechos educacionales, cuya unidad de fiscalización, propone la clausura del recinto, por incumplimiento al artículo 7° de la Ley 20.832, derivando en acta de fiscalización de 23 de noviembre de 2023, notificada el día 27 del mismo mes, rectificada el 27 de febrero de 2024, notificada al día siguiente. Indica que en ambos casos, se otorga a la sostenedora un plazo de 5 días para formular descargos, lo que no ocurrió, certificándose dicha circunstancia el 13 de marzo de 2024, tras lo cual finalmente el 20 de mayo se dicta el acto impugnado -Resolución Exenta N° 26- por el cual se dispuso la clausura del recinto mediante el estampe del sello, de conformidad a la normativa especial, disponiendo el sostenedor de 5 días para interpone el recurso del artículo 59 de la Ley 19.880, sin que ejerciera su derecho, certificándose aquello el 7 de junio pasado.

En definitiva, desconoce haber vulnerado alguna Garantía Constitucional de la recurrente, limitando su actuar a la aplicación de la normativa, por lo que solicita el rechazo a la presente acción. Acompaña antecedentes dentro de los cuales, el expediente administrativo.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el reclamo que se realiza en la presente acción hace referencia a la orden de clausura del recinto de la recurrente, el cual sería una “guardería” y que no correspondería a un recinto educativo, no siéndole aplicable el régimen educativo ni ministerial.

TERCERO: Que, la recurrida informa que tal decisión, de la cual no se dedujeron descargos ni recursos administrativos se funda, en síntesis, en que el recinto no cuenta con reconocimiento oficial del Estado ni la autorización de funcionamiento por incumpliendo el artículo 7° de la Ley 20.832, ordenándose la clausura de este tras el respectivo procedimiento administrativo.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de la parte recurrente en cuanto a desconocer la recepción de las resoluciones emitidas por la recurrida, consta en el expediente administrativo acompañado en estos antecedentes que el correo electrónico entregado a la autoridad por la actora, coincide con el indicado en la constancia de remisión de folio 54 del mismo expediente, más aún si ello ha sido reconocido por la propia recurrente en su relato, razón suficiente para desechar tal alegación.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, la cuestión a dilucidar consiste en determinar la naturaleza jurídica de la actividad que desarrolla la actora, y para tal efecto, hay que tener presente las siguientes normas legales que rigen la materia:

1.- La Ley 20.529, que creó el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, compuesto por el Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad, el Consejo Nacional de Educación y la Superintendencia de Educación. En particular el artículo 48 del referido cuerpo legal le reconoce a la Superintendencia, la facultad de “…fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante "la normativa educacional".

Por su parte, el artículo 49 del mismo cuerpo legal establece las atribuciones que tiene la Superintendencia de Educación, interesa para el caso en particular, la signada con la letra m), consistente en “Aplicar e interpretar administrativamente la normativa educacional cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, e impartir instrucciones fundadas de general aplicación al sector sujeto a su fiscalización…”.

2.- La Ley 20.832, que creó la Autorización de Funcionamiento de Establecimientos de Educación Parvularia, que en su artículo 1, conceptualiza a los establecimientos de educación parvularia como “…aquéllos que, contando con autorización para funcionar o con reconocimiento oficial, según corresponda, les imparten atención integral entre su nacimiento y la edad de ingreso a la educación básica, favoreciendo de manera sistemática, oportuna y pertinente su desarrollo integral, aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes”.

A su vez, el artículo 2 inciso 1°, prescribe que: “Todos los establecimientos de educación parvularia a que se refiere el artículo anterior deberán contar, a lo menos, con una autorización del Ministerio de Educación para funcionar como tales, de acuerdo al procedimiento establecido en la presente ley.”.

El artículo 7 dispone que: “Los establecimientos que no cuenten con la autorización a que se refiere esta ley, o con el reconocimiento oficial, según corresponda, no podrán funcionar ni publicitarse como tales o con denominaciones análogas, como salas cunas o jardines infantiles, ya sea a través de carteles, avisos, ilustraciones o propaganda en prensa o cualquier otro medio”.

El artículo 9 señala: “Los establecimientos de educación parvularia estarán sujetos a la fiscalización de la Superintendencia de Educación conforme a lo establecido en los Párrafos 1º, 2º y 4º del Título III de la ley Nº 20.529, con el objeto de que se ajusten a la normativa educacional que les resulte aplicable y, en especial, al cumplimiento de los requisitos que dieron origen a su respectiva autorización de funcionamiento”.

El artículo 14 expresa: “De verificarse alguna de las infracciones a la normativa educacional descritas en los artículos anteriores por parte de un establecimiento de educación parvularia, el Director Regional de la Superintendencia de Educación respectivo aplicará, conforme al procedimiento contemplado en el Párrafo 5º del Título III de la ley Nº 20.529, mediante resolución fundada y en atención a la naturaleza y gravedad de la misma, algunas de las siguientes sanciones (…)”, En relación de lo anterior, su artículo 16 señala: “Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que enumera el artículo 14, la Superintendencia de Educación dispondrá la clausura inmediata del establecimiento de educación parvularia en los siguientes casos: 1) Si se infringe lo dispuesto en el artículo 7º”.

3.- Dictamen 51, de 9 de diciembre de 2019, la Superintendencia, refiriéndose a los elementos de configuran un establecimiento de educación parvularia, determinó que estos son tres, en primer lugar, que se imparta una atención integral, que atienda a niños hasta los seis años, y que su propósito sea favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral, aprendizaje, conocimientos, habilidades y actitudes de los niños/as.

QUINTO: Que, de lo dicho, del análisis de los antecedentes aparejados y según consta del respectivo Informe Técnico que de los antecedentes aportados por la recurrente, es posible constatar que la “After School Mimaditos Montessori”, corresponde a un establecimiento de educación parvularia, porque cumple con los 3 requisitos copulativos establecidos en el Dictamen N° 51, a saber: imparte una atención integral, lo que se ve reflejado en la publicidad de fotografías de los espacios e instalaciones que ello y demás antecedentes que constan en el expediente administrativo, que atiende a niños del rango etario de 2 a los 6 años y finalmente que su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo integral, aprendizaje, conocimientos, habilidades y actitudes de los niños/as, lo que se lo que se advierte de su organización, atendiendo de forma semanal, en la inclusión de diversos talleres así como en la diversidad del material pedagógico que pone a disposición de los niños y niñas.

De esta manera, encontrándose asentado que la entidad recurrente constituye un establecimiento de educación parvularia, se encuentra obligado a cumplir la normativa vigente que ha sido evidenciada en el considerando anterior. En este sentido, se comprobó que la actora no dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 7° de la Ley 20.832, y por lo tanto de conformidad al artículo 16 N°1 de dicha norma, resulta procedente la sanción impuesta por la autoridad recurrida, que es lo que en el presente recurso se reclama.

SEXTO: Que, en consecuencia, en la especie no resulta procedente otorgar la tutela constitucional de urgencia que supone el ejercicio del recurso de protección, toda vez que no se advierte arbitrariedad o ilegalidad alguna por parte de la recurrida por lo que la presente acción no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Educación.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 1668-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.