SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES M Y G LIMITADA con MUNICIPALIDAD RANCAGUA

Rancagua, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 4 de diciembre de 2020 comparece María Karina Messen Guajardo, abogada, en representación de SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES M y G LTDA., sociedad del giro de su denominación, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, acceso oriente Río Cachapoal, deduciendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA representada legalmente por su Alcalde, Eduardo Soto Romero, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso en que la recurrida dictó el Decreto Alcaldicio Exento N°3248/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 mediante el cual declara la inhabilidad de las instalaciones de la recurrente destinadas a oficina y taller.

Explica que su representada obtuvo permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras Municipales con fecha 11 de junio de 2012, acogido al artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, por un plazo de 3 años de conformidad con lo establecido en el Ordinario Nº 665, de fecha 17 de abril de 2012, del Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de O’Higgins, por lo que en atención a que dicho permiso expiró el 11 de junio de 2015, la recurrida determinó que la actora infringe lo dispuesto en los artículos 116 y 145 de la citada ley, por no poseer permiso de edificación ni certificado de recepción. Asimismo, el Decreto en cuestión indica que la sociedad ha explotado por años la extracción de áridos en la ribera norte del Río Cachapoal y que, por la sobreexplotación de aquel río, la Dirección de Obras Públicas no está otorgando permisos de extracción. Por lo anterior, decreta la inhabilidad de las instalaciones de la recurrente, ordenando el desalojo de los ocupantes, con auxilio de la fuerza pública.

Afirma que el Alcalde excede las atribuciones establecidas por ley pues para proceder con la declaración de inhabilidad se requiere petición de dicha declaración por parte del Director de Obras Municipales, situación que no es acreditada en este caso. Añade que el Decreto Exento es un acto administrativo ilegal y arbitrario pues no cumple con el artículo 145 antes citado ya que si existe el acta de recepción definitiva de obras de edificación signada con el número 120 de fecha 18 de abril del año 2013 y certificado de recepción de obras de edificación signado con el número 137 de igual fecha. Explica que la recurrida incurre en un error al asimilar los conceptos de inhabilidad con el de clausura toda vez que para que se decrete la primera, es necesaria la declaración del Director de Obras Municipales, mientras que la clausura es una facultad discrecional contemplada en el artículo 161 de ley del ramo.

Destaca que, si la motivación o fundamento de la Municipalidad es la extracción de áridos por parte de cualquier industria productiva, la recurrida tiene la posibilidad de denegar administrativamente los permisos de extracción o dictar ordenanzas que normen dicha actividad, pero en ningún caso aquello se constituye como fundamento expresado en el ordenamiento jurídico para poder dictar la inhabilidad o desalojo de una obra de construcción ya que la sociedad recurrente no se dedica a la extracción ni a la comercialización de áridos, sino que solo a actividades propias de su giro inmobiliario.

Denuncia que la situación precedentemente descrita vulnera las garantías constitucionales de los números 2, 3, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene a la recurrida que se levante de manera inmediata la inhabilidad, clausura del local individualizado y que se deje sin efecto, definitivamente, el Decreto Alcaldicio Nº3248/2020, de fecha 23 de noviembre de 2020.

Con fecha 9 de diciembre de 2020, se declaró admisible el recurso de protección y se ordenó oficiar, a petición del recurrente a la Dirección de Obras Municipales, al Servicio de Impuestos Internos, a la Dirección de Obras Hidraúlicas y al Juzgado de Policía Local de Rancagua.

Con fecha 16 de diciembre de 2020 se evacuó informe por el Juez del Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua, quien indica que, revisado el libro de ingreso de causas, no aparecen registradas denuncias en contra de la recurrente por extracción de áridos sin autorización.

Con fecha 17 de diciembre de 2020 se evacuó informe por la Dirección de Obras Hidraúlicas señalando que no existen antecedentes que acrediten que la empresa recurrente haya solicitado, mediante gestión municipal, visación técnica de proyecto de extracción de áridos.

Con fecha 28 de diciembre de 2020 se evacuó informe por el Juez del Segundo Juzgado de Policía Local de Rancagua, indicando que, revisado el sistema computacional de mantención de causas, no aparece denuncia alguna en contra de la recurrente por la infracción consistente en la extracción de áridos sin autorización.

Con fecha 18 de enero de 2021, evacuó informe la Municipalidad de Rancagua. Expresa que la Dirección de Obras Municipales de Rancagua con fecha 11 de junio del 2012, otorgó al recurrente permiso de edificación N°183 amparado en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcción por un plazo de 3 años. Dicho permiso fue conferido para la construcción de dos pisos de altura, de una superficie de 425,70 metros cuadrados destinados a oficinas y taller en el inmueble de propiedad de la actora, quedando su recepción condicionada a la entrega de proyectos de agua potable y alcantarillado aprobados. Indica que en virtud del permiso de edificación se otorgó al recurrente el certificado de recepción de obras de edificación N°137 por las obras de oficina y taller. Posteriormente, el Departamento de Urbanización de la Dirección de Obras del Municipio, mediante informe N°D2013-495 de 17 de julio de 2013 rechazó la tramitación de solicitud de patente para planta de áridos y extracción de áridos ingresada por la recurrente mediante carpeta 664/2013 por no contar con permiso de edificación ni de recepción de obras que contemple tal destino, razón por la cual la actora solicita a la Dirección de Obras Municipales acoger el permiso de planta de áridos San Vicente al artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

Hace presente que consta en los planos presentados por la recurrente que el proyecto de edificación correspondía a “Planta de Áridos Taller y Oficina” por lo que el Director de Obras Municipales procedió mediante Resolución N°010 de 10 de julio de 2014 a modificar el permiso de edificación N°183/2012, especificando que el destino del proyecto es para la actividad de planta de áridos taller y oficina. Asimismo, modificó el certificado de recepción de obras de edificación N°137/2013 estableciendo como superficie edificada recepcionada 426 metros cuadrados de planta de áridos taller y oficina, incorporando la observación de que es un proyecto acogido al artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones por un máximo de 3 años, hasta el 18 de abril de 2016.

Indica que el citado artículo 124 autoriza la ejecución de construcciones provisorias por una sola vez hasta por un máximo de 3 años, el cual podrá ampliarse con la autorización expresa de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, solo a petición del interesado y no del municipio, por lo que en atención a lo dispuesto en la Circular Ordinaria N°476 de 12 de junio del 2007 de dicha cartera ministerial, se precisó que respecto a la extensión de la prórroga de los permisos, atendido su carácter excepcional, su autorización debe referirse a un plazo cierto y no indefinido, ello en concordancia a lo dispuesto en el artículo 144 inciso primero de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 5.2.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Argumenta que no obstante la calidad de provisorio de la autorización de edificación, es igualmente exigible para su habilidad la obligación de recepción de obra según lo dispuesto en el artículo 145 inciso primero del citado cuerpo legal, no debiendo confundirse tal recepción de obra como la consolidación del carácter provisorio de las edificaciones en definitivas, ya que la normativa de construcción es categórica al fijar un plazo máximo de duración de dichas instalaciones, esto es, 3 años.

Concluye que es obligación de la recurrente, proceder con el retiro de las construcciones, al contar con Permiso de Edificación Provisorio vencido, sin que éste haya sido prorrogado, no pudiendo por ello hacer uso de tales construcciones, de conformidad a lo dispuesto en inciso 2° del artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, teniendo además el Alcalde la facultad de clausurar los establecimientos o locales comerciales o industriales que contravienen la citada Ley, su Ordenanza y las Ordenanzas Locales, de conformidad a lo dispuesto en artículo 161 de la citada Ley.

Arguye que la controversia responde a un asunto de lato conocimiento por cuanto la actora carece de un derecho indubitado.

Señala que el certificado de recepción definitiva de obras indicado por la encartada, no se encuentra vigente ya que el permiso de edificación N°183 de 11 de junio del 2012 de la DOM fue otorgado por 3 años en virtud del artículo 124 de la LGUC, luego, el certificado de recepción de obras en edificación N°137 de 18 de abril del 2013, modificado por Resolución N°10 de 10 de junio del 2014 respecto del proyecto de edificación del Permiso N°183, estableció el plazo de vigencia hasta el 18 de abril del 2016. No consta la existencia de prórroga del permiso de edificación N°183 que expiró el 18 de abril del 2016.

Finaliza indicando que no existen garantías constitucionales afectadas toda vez que la declaración de inhabilidad de la construcción que en su momento fue amparada por el Permiso de Edificación N°1863 que a la fecha no se encuentra vigente, no obsta que el inmueble de su propiedad en el cual se encuentran emplazadas tales obras, no sea utilizado por la recurrente para otros fines, en la medida que dé cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria vigente, en particular lo dispuesto en el artículo 57 y siguientes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sobre el uso del suelo urbano, no existiendo así limitación alguna al derecho de propiedad de la recurrente, garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Con fecha 19 de enero de 2021, el Servicio de Impuestos Internos informó que la recurrente presenta como fecha de iniciación de actividades el 26 de octubre de 2016, manteniendo como actividades económicas vigentes la de explotación de estacionamientos de vehículos automotores y parquímetros, actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas, actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución, gestión de otras instalaciones deportivas y otras actividades de esparcimiento y recreativas.

Con fecha 25 de enero de 2021 se evacuó informe por la Dirección de Obras Municipales de Rancagua, indicando que mediante Oficio Ordinario N°2509 de 11 de noviembre del 2020 el suscrito solicitó al Alcalde la declaración de inhabilidad de las instalaciones emplazadas en el Rol 1422-26 por no contar con permiso de edificación vigente. Acompaña acta de recepción definitiva de obras de edificación N°120 de 18 de abril del 2013 y certificado de recepción de obras de edificación N°137 el cual fue modificado posteriormente el 10 de julio del 2014. Finalmente indica que remite copia de denuncia N°33 de 7 de octubre del 2020 presentada ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Rancagua en contra de áridos San Vicente por extracción de aquellos sin permiso municipal.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, conviene tener presente que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el recurrente reprocha como acto ilegal y arbitrario la declaración de inhabilidad de las instalaciones de la encartada destinadas a oficina y taller y el consecuente desalojo de las mismas, contenidas en el Decreto Exento N°3248/2020 dictado por el Alcalde de la Municipalidad de Rancagua con fecha 23 de noviembre de 2020.

TERCERO: Que, en primer término, la actora indica que la recurrida excede las atribuciones conferidas por la ley por cuanto la declaración de inhabilidad debe ser solicitada por el Director de Obras Municipales y no puede ser de iniciativa propia del Alcalde en virtud de lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Pues bien, de los antecedentes allegados al proceso a folio 33 y 37, consta que mediante Oficio Ordinario N°2509/2020 de 2 de noviembre de 2020, el Director de Obras Municipales solicitó al Alcalde el Decreto de Inhabilidad de las instalaciones de la recurrente por infracción a los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuestión que, además, se deja expresa constancia en el Decreto impugnado en su numeral primero, por lo que dicha alegación no puede prosperar.

CUARTO:

Que, respecto de la segunda alegación de la recurrente referente a la existencia del certificado de recepción de obras de fecha 18 de abril del 2013, conviene tener presente que el Permiso de Edificación N°183, concedido a la presente Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones el 11 de junio de 2012 dice relación con una presentación realizada por el representante legal y arquitecto de aquella, quienes solicitaron permiso de edificación para Planta de Áridos San Vicente con fecha 7 de noviembre del 2011 indicando lo siguiente “Como es de su conocimiento la intención de solicitar el permiso de edificación para regularizar las instalaciones de una planta de áridos en la rivera (sic) del río Cachapoal según expediente ingresado con fecha 30 de septiembre del 2011 número 699/2011 de propiedad de Inmobiliaria M&G Limitada. Debido a que en dicho predio han existido plantas de áridos desde hace ya aproximadamente 20 años con instalaciones provisorias, la intención de este permiso de edificación tiene como objetivo principal mejorar las condiciones higiénicas y de seguridad de las personas que ahí trabajan, con la construcción de baños, comedores, taller y rampla de carga, se orienta en ese sentido.” Acto seguido, solicita que se otorgue permiso de edificación provisorio y cita el artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, añadiendo que dicho permiso le permitirá “tener condiciones adecuadas para sus trabajadores y el tiempo necesario para realizar los estudios y acciones de cambio de uso de suelo, para dicho predio.”

QUINTO: Que, el artículo 124 antes citado indica que “El Director de Obras Municipales podrá autorizar la ejecución de construcciones provisorias por una sola vez, hasta por un máximo de tres años, en las condiciones que determine en cada caso. Sólo en casos calificados podrá ampliarse este plazo, con la autorización expresa de la Secretaría Regional respectiva del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

Si, vencido el plazo correspondiente, el beneficiario no retirare las referidas construcciones, el Alcalde podrá ordenar el desalojo y la demolición de las construcciones, con cargo al propietario, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, sin perjuicio de imponer las multas que correspondan”

De lo anterior es posible concluir que esta autorización especial para edificación contempla una condición de caducidad al llegar el tiempo permitido, que en este caso, se fijó en el máximo, es decir, los 3 años según consta en la nota final del Permiso de Edificación N°183, por lo que al no haberse solicitado prórroga de aquel, es un hecho cierto en la causa que la recurrente no posee permiso vigente que la habilite para mantener subsistentes las construcciones.

SEXTO: Que, además, el certificado de recepción de obras de edificación de abril del 2013 contempla expresamente que se encuentra asociado al Permiso N°183, siendo parte de los instrumentos exigidos por la recurrida para habilitar la obra al otorgar el permiso en cuestión, según consta en las notas finales de aquél al indicar que “la recepción queda condicionada a la entrega de los proyectos aprobados de agua potable y alcantarillado por los servicios respectivos”, es decir, se hace necesario la recepción definitiva de las obras para su funcionamiento en conformidad al artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones pero ello no provoca mutación en la calidad de las obras, no pudiendo pasar de ser provisorias a definitivas.

Así las cosas, la Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones M y G Limitada conocía desde un comienzo que el permiso que se le otorgaba era de carácter provisorio pues el mismo lo solicitó con fecha de 7 de noviembre del 2011 en dichos términos, al amparo del citado artículo 124 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, norma que cita y reproduce expresamente para fundamentar que ello le daría el tiempo necesario para realizar los estudios para el cambio del uso de suelo.

SEPTIMO: Que, por lo precedentemente razonado, se concluye que la Ilustre Municipalidad de Rancagua ha actuado dentro de la esfera de su competencia y facultades que el legislador ha establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, encontrándose su decisión debidamente fundada, cuestión que no resulta afectada por el error de referencia en la fecha de término del permiso en cuestión, al indicar que expiraba el 11 de junio del 2015, por cuanto, si bien éste realmente terminaba el 18 de abril del 2016 conforme se indicó en la Resolución N°010 de 10 de julio de 2014, dicho aspecto no afecta el fondo de lo discutido, al encontrarse igualmente vencido el Permiso N°183, todo lo cual justifica rechazar el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara, que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por María Karina Messen Guajardo, abogada, en representación de SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES M y G LTDA. en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N°16.589 -2020 Protección.