Protección contra Ministerio del Interior

C.A. de Rancagua Rancagua, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis. Vistos: Con fecha 21 de julio del año 2026, comparece el abogado Pablo Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros NUM000, de nacionalidad venezolana y domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Ministerio del Interior, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, y de la Subsecretaría del Interior, representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por la dictación de la Resolución Exenta NUM001, que rechazó la solicitud de la condición de refugiado de la actora. Expone, que la recurrente se vio en la obligación de huir de su país de origen debido a la crisis humanitaria existente, ingresando al territorio nacional eludiendo el control migratorio. Debido a lo anterior, la recurrente presentó una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, procedimiento que culminó con la dictación de la Resolución Exenta NUM001, de 18 de junio de 2026, mediante la cual se rechazó su petición de refugio, fundada en que, de los antecedentes aportados, no se advierte la existencia de un riesgo grave para su vida. Arguye que, de la lectura de la resolución exenta recurrida, tampoco se advierten los arraigos familiares y laborales con la que cuenta la recurrente, siendo que actualmente cuenta con su cónyuge, quien es titular de residencia definitiva, además, señala, la actora cuenta con contrato laboral. Señala, que la consagración universal de la figura jurídica del refugio aparece consignada en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, así como en su Protocolo de 1967. Sostiene, que el artículo quinto inciso segundo de la Constitución Política de la República de Chile, señala que los órganos estatales tienen el deber de cautelar los derechos esenciales emanados de la naturaleza humana, recogidos por la misma Carta Magna, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Menciona, además, lo establecido en el Decreto N°837, que en su artículo 6° dispone, que el principio de no devolución se aplicará desde el momento en que el extranjero manifieste de forma oral o escrita ante la autoridad contralora de frontera, o el Servicio Nacional de Migraciones, su intención de acogerse a la regulación respectiva. Alega, que el derecho vulnerado es la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política de la República, cita jurisprudencia y finaliza solicitando que se acoja su acción y en virtud de ello, se deje sin efecto la Resolución Exenta NUM001, de 18 de junio de 2026, se ordene al recurrido dejar sin efecto dicha resolución y darle curso progresivo a la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado solicitada por la parte recurrente, con el fin de que sea sometida a la evaluación de la comisión calificada para tales efectos y, en general, adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa y ejemplar condena en costas. Acompaña antecedentes en apoyo a su pretensión. A folio 4, compareció Diego Valenzuela Esparza, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior, quien, luego de señalar la normativa aplicable en la especie, alegó la improcedencia de la acción de protección de autos. Recalca que, conforme al artículo 19 de la Ley N°20.430, la única autoridad competente para pronunciarse sobre una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado es el Ministerio del Interior. Explica, que la resolución de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado emana de un procedimiento previo y complejo, que contempla una serie de etapas de análisis y la intervención de distintos actores e instancias especialmente creadas por la ley al efecto, por lo que no es procedente que el resultado de dicho proceso sea cuestionado o dejado sin efecto mediante una instancia desformalizada y urgente como lo es la sede de protección. Sostiene que, la resolución impugnada en autos, cuya solicitud fue analizada en la sesión NUM002 de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado del año 2026, fue pronunciada por la autoridad competente, en el uso de las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere, y luego de efectuar el debido análisis técnico y jurídico de los antecedentes del caso. Aclara que, en la especie, el acto administrativo impugnado consiste en una resolución válidamente pronunciada por la autoridad competente, que se sustenta en una serie de argumentos de hecho y de derecho debidamente expresados, tal como lo exigen los artículos 35 de la Ley N°20.430 y 46 de su Reglamento. Agrega que la resolución recurrida, fundamenta adecuadamente la procedencia de los numerales N°1 y N°2 del artículo segundo de la Ley de Refugio, estimando la improcedencia de cada una de ellas. Sostiene que, luego de analizada la solicitud, y atendidos los argumentos expuestos por los peticionarios, los antecedentes del caso y la información país de origen disponible, no fue posible dar por establecida la existencia de un fundado temor de persecución en caso de regresar la extranjera a Venezuela, requisito indispensable para dar por configurada la causal del artículo 2 N°1 de la Ley ya referida. Arguye que, el hecho de que la parte recurrente no comparta los fundamentos contenidos en la resolución se erige como una cuestión de mérito, situación que no puede derivar en el cuestionamiento de la legalidad o razonabilidad del acto. Por lo todo lo anterior, finaliza solicitando el rechazo del presente recurso, sino además que la parte recurrente sea condenada en costas, al no poseer motivos plausibles para litigar. Se trajeron los autos en relación. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2° Que, el presente recurso se deduce en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por la dictación de la Resolución Exenta NUM001, de 18 de junio de 2026, que rechazó la solicitud de refugio realizada por la actora. 3° Que, en su informe, el Ministerio del Interior solicitó el rechazo del recurso, por cuanto, de los antecedentes del caso y la información disponible del país de origen, no fue posible dar por establecida la existencia de un fundado temor de persecución en caso de que la recurrente regrese a Venezuela, requisito indispensable para dar por configurada la causal del artículo 2 N°1 de la Ley N°20.430. 4° Que, en la especie, se debe tener presente lo establecido en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley N°20.430, que dispone: “Concepto de Refugiado. Tendrán derecho a que se les reconozca la condición de refugiado las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 1. Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores.” 5° Que, de los documentos acompañados al recurso y de lo señalado por las partes, consta que el Ministerio del Interior, a través de un procedimiento reglado, analizó la situación de la recurrente, concluyendo que esta no reviste las características de gravedad necesarias y que establece la normativa legal vigente para ser reconocida con la calidad de refugiado. 6° Que, así las cosas, esta Corte no advierte una actuación ilegal ni arbitraria por parte del Ministerio del Interior, quien, en el ejercicio de sus facultades, rechazó la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiada de la actora, mediante la Resolución Exenta NUM001, de 18 de junio de 2026, motivo por el cual se desestimará la presente acción de protección, como se dirá en lo resolutivo. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y nombre reservado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado cédula de identidad para extranjeros NUM000, de nacionalidad venezolana, en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior. Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1658-2026 Protección. Se deja constancia que esta sentencia debe ser anonimizada de acuerdo con los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.