nombre reservado con SCOTIABANK CHILE S.A

C.A. de Rancagua Rancagua, veintinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece el abogado Miguel Riveros Rencoret en representación de don nombre reservado quien interpone Recurso de Protección en contra de Banco Scotiabank Chile S.A., representado legalmente por don nombre reservado por el acto ilegal y arbitrario consiste en el rechazo de una solicitud de crédito de consumo, lo que vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 Nº2, 4 y 5 de la Constitución Política de la República.

Indica que el 9 de septiembre de 2025, el recurrido procedió a enviarle una carta que señaló que, luego de un análisis, se le rechazaba la solicitud de crédito de consumo por un monto de $3.400.000 en 36 cuotas por: “incumplimiento de los parámetros objetivos de endeudamiento determinado en la política de riesgo del banco”, haciendo presente que le llama la atención ya que hace más de 3 años pasó por un procedimiento concursal, no se encuentra en el registro de DICOM, tiene trabajo estable por más de un año con un sueldo mensual de al menos $950.000 imponibles, siendo cuenta correntista de dicha institución.

Puntualiza que no existe deuda alguna asociada a su persona, tampoco castigos o protestos de cualquier índole, por lo que el argumento vertido por parte de la ejecutiva del banco recurrido carece completamente de fundamento alguno.

Desarrolla las garantías que considera conculcadas, precisando que el Banco ha cometido un acto ilegal al no atenerse a la normativa por la que debe regirse, ejerciendo atribuciones en forma indebida y contrariando la ley, por lo que debe hacerse presente que la Ley 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, en el artículo 6º señala que los datos personales deben ser eliminados o cancelados cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado; y que en el artículo 18 se dispone que en ningún caso pueden comunicarse los datos que se relacionan con una persona identificada, luego de transcurrido cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible.

Cita la normativa aplicable y finaliza solicitando se ordene al Banco Scotiabank Chile S.A., a otorgarle el crédito de consumo solicitado, tanto en el monto con en las cuotas, que ellos ofertan, con costas.

A folio 13, comparece la recurrida evacuando el informe que le fuera requerido. Señala que el recurso debe ser rechazado dada la ausencia de acto ilegal o arbitrario ya que el banco recurrido, como ocurre con todo prospecto de cliente, efectuó la correspondiente revisión de antecedentes y la evaluación de riesgo determinó que el cliente no se encuentra en los parámetros requeridos, citando el artículo 14 de la ley de bancos.

Refiere que en el sitio web del Banco se encuentra publicada la política general de contratación de productos, donde se detalla los requisitos para poder acceder, entre otros productos, a un crédito de consumo, entre los cuales, se dispone la necesidad de cumplir con el “Score”, esto es, cumplir con el nivel de aprobación previsto en el Análisis de Riesgo que el banco utiliza para la evaluación de sus clientes (Scoring mínimo de 788 puntos), lo que el recurrente no cumplió, citando el Decreto Número 43 de 2012, del Ministerio de Economía, Turismo y Fomento, que aprueba el Reglamento Sobre Información al Consumidor de Créditos de Consumo.

En este caso concreto, sostiene que Scotiabank Chile al evaluar y ponderar los antecedentes del recurrente, tiene libertad para decidir que este no contaba con las condiciones necesarias para proceder al otorgamiento del producto solicitado, concluyendo que la decisión no se basa en listas negras o datos ocultos, sino en datos que el banco ponderó objetivamente en resguardo de sus intereses, sin que ello pueda calificarse de ilegal o arbitrario.

Puntualiza que la facultad de los bancos de realizar una evaluación de riesgo de los interesados en contratar productos financieros se encuentra respaldada por la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión de Mercado Financiero, precisando que el otorgamiento de crédito es de naturaleza intuito personae, por lo que es esencial para los bancos evaluar y ponderar la solvencia financiera del interesado, según sus criterios y políticas de riesgos.

Seguidamente, indica que no se invoca un derecho cierto e indubitado y el actor pretende por esta vía que se le ordene otorgar el crédito de consumo solicitado, afirmando que los bancos no están obligados a contratar con una persona determinada, no solo porque así lo dispone el artículo 69 de la Ley General de Bancos, sino porque los productos financieros son contratos que requieren para su formación la concurrencia de dos voluntades.

Luego, indica que el presente recurso debe ser rechazado por no ser la vía idónea, ya que la Ley 19.628invocada por el actor contempla un procedimiento especial para quienes consideren que existe un almacenamiento ilegítimo o incorrecto de información financiera ante el juzgado de letras con en lo civil competente.

A continuación, argumenta que no se han vulnerado garantías constitucionales, destacando que Scotiabank Chile no ha incluido al Recurrente en registros de dudosa legalidad, ni menos ha divulgado o publicado la morosidad histórica o pasada del recurrente, finaliza solicitado el rechazo del recurso con costas.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que, el recurso de protección previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de carácter excepcional, destinada a amparar el legítimo ejercicio de determinadas garantías constitucionales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que importen una privación, perturbación o amenaza actual de tales derechos.

2° Que, el acto que se considera como ilegal y arbitrario consiste en la negativa del Banco Scotiabank Chile S.A. a otorgar un crédito de consumo a su representado, don nombre reservado, por un monto de $3.400.000 en 36 cuotas, no obstante no encontrarse en el registro de DICOM, tener trabajo estable, entre otros. Considera, en síntesis, que la referida negativa es arbitraria e ilegal, ya que carece de fundamentos, se sustenta en registros ocultos y en motivos subjetivos. Finaliza solicitando se ordene al Banco Scotiabank Chile S.A., el otorgamiento del crédito de consumo, en los términos solicitados y que son parte de las ofertas que realiza la propia institución, en favor de su persona.

3° Que, por su parte, la entidad bancaria recurrida solicitó el rechazo del recurso dada la ausencia de acto ilegal o arbitrario ya que en este caso, como ocurre con todo prospecto de cliente, se efectuó la correspondiente revisión de antecedentes y la evaluación de riesgo determinó que el cliente no se encuentra en los parámetros requeridos, citando el artículo 14 de la Ley de Bancos, concluyendo que la decisión no se basa en listas negras o datos ocultos, sino en datos que el banco ponderó objetivamente en resguardo de sus intereses, sin que ello pueda calificarse de ilegal o arbitrario. Seguidamente, indica que no se invoca un derecho cierto e indubitado y el actor pretende por esta vía que se le ordene otorgar el crédito de consumo solicitado, argumentando -además- que el presente recurso no es la vía idónea y que no existe vulneración de derechos.

4° Que, en abono de su pretensión, el recurrente acompañó:

a) Tres liquidaciones de sueldo, correspondientes a los meses de agosto, julio y junio del presente año.

b) Carta de fecha 22 de septiembre, enviada por el recurrido, que da cuenta del motivo de rechazo de su solicitud.

c) Certificado de cotizaciones, emitido por PROVIDA AFP.

5° Que, el DFL N° 3 del Ministerio de Hacienda fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, establece en su artículo 40 que, Banco es toda sociedad anónima especial que, autorizada en la forma prescrita por esta Ley y con sujeción a la misma, “se dedique a captar o recibir en forma habitual dinero o fondos del público, con el objeto de darlos en préstamo, descontar documentos, realizar inversiones, proceder a la intermediación financiera, hacer rentar estos dinero” y, en general, realizar toda otra operación que la ley le permita. Y, por otra parte, el artículo 2.196 del Código Civil dispone que “El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad”.

Por consiguiente, se trata de un acto jurídico bilateral, que genera obligaciones para las partes que lo suscriben, las que tienen su origen en un acuerdo de voluntades de dos o más personas con la intención de crear obligaciones recíprocas.

6° Que, teniendo presente lo anterior, resulta evidente que esta no es la vía adecuada para obtener lo que el recurrente pretende, esto es, “que se le otorgue el préstamo de consumo a su representado”, puesto que, de lo informado por la entidad bancaria recurrida, luego de efectuada la evaluación del riesgo del crédito pedido, a lo que se encuentra obligado por mandato legal respecto de cualquier solicitante, en este caso el Sr. nombre reservado, su resultado le fue adverso, determinando que el cliente no se encuentra en los parámetros requeridos.

7° Que, el señalado análisis de riesgo antes aludido no ha sido dejado al mero arbitrio de la entidad bancaria que proporcione el respectivo préstamo de consumo, sino que constituye una obligación legal impuesta por el legislador en el artículo 17 N de la Ley N°19.496 en los siguientes términos: “Antes de la celebración de una operación de crédito de dinero, los proveedores deberán analizar la solvencia económica del consumidor para poder cumplir las obligaciones que de ella se originen, sobre la base de información suficiente obtenida a través de medios oficiales destinados a tal fin, y deberán informarle el resultado de dicho análisis. Asimismo, el proveedor deberá entregar al consumidor la información específica de la operación de que se trate. Con todo, en las instituciones de educación superior no podrá ofrecerse la celebración de contratos de operación de crédito de dinero, que no tengan relación con el financiamiento de contratos de prestación de servicios educacionales”. (Énfasis agregado)

Y se adiciona: “Los proveedores que incumplan lo dispuesto en el inciso anterior serán sancionados en conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 K” vale decir, Multa de hasta 1.500 Unidades Tributarias Mensuales.

8° Que, como se puede apreciar, lleva la razón el Banco recurrido al afirmar que es su deber, por mandato legal, analizar la solvencia económica de quien le solicita un crédito de consumo, cuyo resultado le llevó, en definitiva, en mérito de la información allí recopilada a denegar la solicitud de préstamo de consumo realizada por el Sr. nombre reservado.

9° Que, así las cosas, surge con nitidez que la decisión del banco recurrido de no otorgar el préstamo a que se refiere el recurrente, no es caprichosa o carente de fundamento, sino que, por el contrario, aquélla se basa en un análisis de la capacidad económica del recurrente para responder de las obligaciones que se generan en virtud del crédito que solicita, capacidades que serían insuficientes conforme al estudio realizado por el banco, estudio que, por lo demás, está obligado a realizar por mandato legal, razón por la cual el recurso debe ser rechazado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de Banco Scotiabank Chile S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1654-2025 Protección.