nombre reservado con RECAUDADORA S.A.

C.A. de Rancagua Rancagua, veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Con fecha 23 de mayo de 2024, comparece nombre reservado, egresado de derecho, interponiendo recurso de protección en contra de BANCO ITAÚ CHILE S.A. y RECAUDADORA S.A. por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en habérsele realizado reiterados hostigamientos de cobranza realizados vía telefónica y vía email, lo que provoca un daño enorme e irreparable al actor al no poder estar tranquilo en su hogar y lugar de trabajo, utilizando fuerza, amenazas y mentiras para obtener el pago y/o repactación de una deuda, situación que vulnera la garantía constitucional del numeral 1º del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

Funda su recurso señalando que Banco Itaú es dueño de un pagaré, suscrito en representación del actor, de 8 de agosto de 2022, por la suma de $8.785.032, el cual se encuentra sometido a cobro en juicio ejecutivo ante el 1º Juzgado Civil de Rancagua, en la causa rol: C-4300-2022, caratulado: “BANCO ITAÚ CHILE S.A. CON nombre reservado”, demanda que se encuentra válidamente notificada, y respecto de la cual se interpusieron excepciones a la ejecución, deuda que indica se encontraría prescrita por haberse hecho exigible el 3 de agosto de 2022 y notificado la demanda el 18 de octubre de 2023.

Indica que la empresa RECAUDADORA S.A. actúa en representación de BANCO ITAÚ, a quien se le encargó la gestión de cobranza, y que ha sido condenada en múltiples ocasiones por su acoso telefónico en cobranza extrajudicial, citando jurisprudencia al efecto.

Señala que, en este contexto de cobranza extrajudicial, ha recibido constantes llamadas telefónicas, hasta tres veces a la semana, a cualquier horario de forma compulsiva, así como mensajes de texto, amenazando con embargos y remate de bienes de una causa recién ingresada y que no se encontraba notificada. Además, menciona todas las semanas a partir del mes de septiembre de 2022 se le enviaba uno o dos correos electrónicos a la semana. Agrega que, con posterioridad a la notificación de la demanda, los correos continuaron llegando, acosándose al recurrente incluso mediante mensajes de texto.

Señala que incluso ha atendido llamados de cobranza, y ha señalado que la deuda es materia de un juicio, recibiendo como respuesta que no les interesa si la deuda está prescrita, lo seguirán llamando hasta que pague o repacte la misma.

Finalmente hace mención expresa a que el actuar de las recurridas vulnera el artículo 37 de la LPC, según el cual que existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra precisamente referido a su integridad psíquica, que no puede ser vulnerado por los proveedores aun en caso de deudas, sino que debe recurrirse a los procedimientos ordinarios de cobranza judicial, bastando con poner en noticia del deudor la existencia de la obligación impaga, sin que tenga justificación bajo ningún aspecto incurrir en un verdadero acoso telefónico a un deudor para obtener su consentimiento, bajo la fuerza y dolo.

Finaliza solicitando: A) Ordenar a BANCO ITAÚ CHILE S.A., que proceda a cesar de forma inmediata los llamados telefónicos de cobranza extrajudicial, ya sea por cuenta propia o por terceros que han sido encargada esta gestión. B) Ordenar a RECAUDADORA S.A., que proceda a cesar de forma inmediata los llamados telefónicos de cobranza extrajudicial. C) Ordenar a RECAUDADORA S.A.., que proceda a eliminar de forma inmediata el número telefónico del recurrente de bu base de datos. D) Con costas.

A folio 10, con fecha 26 de junio de 2024, comparecen nombre reservado y Gabriela Puente Montero, abogados, en representación del recurrido BANCO ITAÚ CHILE, evacuando el informe, señalando que no se advierte de qué forma los llamados o comunicaciones efectuados podrían constituir una vulneración o afectación del derecho denunciado.

Primeramente, niega los hechos del recurso, en particular, que BANCO ITAÚ instruya a las empresas de cobranza a hostigar a las personas que mantienen deudas con dicha entidad, o que se instruya a coaccionar a dichos clientes, sosteniendo que únicamente se encargan gestiones de cobranza extrajudicial dentro de los parámetros legales permitidos.

En segundo lugar, alega la improcedencia del recurso, toda vez que el recurrente mantiene una deuda tal como lo ha reconocido, y que no es efectivo que se encuentra caducada o prescrita, pues al banco le queda a salvo la acción ordinaria para perseguir el cobro del pagaré en cuestión, por lo que se encuentra facultado ejercer las gestiones de cobro extrajudicial que sean correspondientes.

Agrega que, en diversas cláusulas del Contrato de Servicios Bancarios de 11 de septiembre de 2019, suscrito con el recurrente, se señala que el Banco está facultado para ejercer acciones de cobro extrajudicial en caso de existir créditos morosos y que, de acuerdo al artículo 37 de la LPC, se permite: (i) un contacto telefónico (efectivo) por semana, y (ii) dos actuaciones de cobranza realizadas a través de otros medios, ya sea correo electrónico, mensajería de texto u otros, siempre que se realicen con una separación de al menos dos días, y que de los propios antecedentes del recurso se desprende que la cobranza se ha hecho de conformidad a lo que indica la norma.

Posteriormente, alega que el recurrente no tiene un derecho indubitado que justifique la cautela excepcional que solicita, toda vez que el Banco se encuentra facultado contractual y legalmente para encomendar las gestiones de cobranza extrajudicial en caso de que existan créditos morosos, cumpliendo con el parámetro legal ya señalado.

Por último, a folio 23, con fecha 24 de octubre de 2024, compareció evacuando informe el recurrido Recaudadora S.A, haciendo la consideración previa de que, en su calidad de mandatario de cobranza, la empresa se ciñe a realizar las gestiones de cobro extrajudicial según las políticas y los montos de las obligaciones adeudadas señaladas por sus mandantes, en conformidad a lo preceptuado por la Ley 19.496, y niega las aseveraciones realizadas en el recurso respecto a una supuesta conducta contumaz, citando jurisprudencia en donde se han rechazado recursos en su contra.

Respecto del fondo, solicita el rechazo del recurso, con costas, y expone que, según el recurso, los correos electrónicos de cobranza habrían sido enviados de la cuenta correo reservado y promo.bproinfo.cl, sosteniendo que PHOENIX no es parte, ni existe alguna relación contractual o con Recaudadora S.A, por lo que no puede hacerse cargo de dichas acusaciones, por no corresponder gestiones efectuadas por Recaudadora S.A.

Agrega que efectivamente Banco Itaú le encargó la gestión de cobro 000000005549046500657960 correspondiente al recurrente, la que fue gestionada hasta fines de mayo del año 2024, pues luego de ello el Banco Itau desasignó el cobro relacionado al recurrente, siendo contactado en forma efectiva el recurrente en tres ocasiones, pues en otras ocasiones el contacto efectivo no se realizó, llamados que se realizaron: 1) El 20 de marzo de 2024, a las 14:36 hrs; 2) el 1° de abril de 2024, a las 13:14 hrs, y 3) El día 22 de mayo de 2024 a las 18:26 hrs.

Por su parte, expone que tanto los cuatro mensajes de texto, como los cuatro correos electrónicos enviados efectivamente por la recurrida, cumplen con la periodicidad exigida por la ley, detallando que, en definitiva, sus gestiones han consistido en: a) 4 mensajes de texto enviados el año 2022; b) 4 llamados telefónicos realizados en mayo de 2024, c) 4 correos electrónicos enviados el año 2024.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso, toda vez que los hechos de la recurrida no afectan las garantías constitucionales del recurrente, pues el propio recurso se funda en hechos que se ajustan a la legislación vigente, porque el recurrente en su libelo no distingue los contactos telefónicos efectivos de aquellos que no lo son, y porque el recurrente no acredita que la recurrida utilice la fuerza o coacción para obtener alguna reacción del deudor.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2° Que, el acto que se alega como ilegal o arbitrario por el recurrente consiste en haberle realizado reiterados hostigamientos de cobranza vía telefónica y vía email, lo que provoca un daño enorme e irreparable al actor al no poder estar tranquilo en su hogar y lugar de trabajo, utilizando fuerza, amenazas y mentiras para obtener el pago y/o repactación de una deuda, situación que vulnera la garantía constitucional del numeral 1º del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile y algunas normas de la Ley Nº19.496 sobre Protección a los Derechos de los consumidores.

3° Que, evacuando el informe que le fuera requerido, el recurrido BANCO ITAÚ señaló que no se advierte de qué forma los llamados o comunicaciones efectuados al recurrente podrían constituir una vulneración o afectación del derecho a la integridad física o psíquica del recurrente, toda vez que las actuaciones del Banco se han enmarcado dentro de lo permitido por la legislación aplicable agregando, además, que el derecho del recurrente no es indubitado.

Por su parte, la recurrida Recaudadora S.A solicitó el rechazo del presente recurso, con costas, negando que haya tenido alguna actitud contumaz en la cobranza extrajudicial encargada por el Banco Itaú y señalando que se desprende del propio recurso que todas las actuaciones de cobranza realizadas por ella se enmarcan en lo que permite la ley, sin que se hayan vulnerado, por tanto, las garantías constitucionales del recurrente.

4° Que, se ha de tener presente en primer término, que en esta sede no corresponde discutir acerca de la prescripción de la deuda que se menciona, pues únicamente corresponde analizar si las diversas comunicaciones de contacto con el recurrente pueden ser calificadas de acoso o de hostigamiento en términos tales que den lugar a la protección constitucional que se reclama por esta vía.

5º Que, precisado lo anterior, es necesario tener presente que de acuerdo con la normativa que rige la materia, Ley N°19.659 que modificó el artículo 37 de la Ley N°19.496, las actuaciones de cobranza extrajudicial, no podrán considerar el envío de documentos que aparenten ser escritos judiciales; los llamados sólo pueden realizarse exclusivamente al deudor de lunes a viernes entre las 08:00 y 20:00 horas y no a terceros ajenos a la obligación; y, en general, se prohíben las conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros o la situación laboral del deudor.

Por su parte, el artículo 37 ya citado, modificado por la Ley 21.320, señala que: “Se deberá poner término inmediato a las actuaciones de cobranza extrajudicial una vez emplazado el consumidor en un juicio de cobro o iniciado a su respecto un procedimiento concursal.”.

6º Que, del análisis de los antecedentes incorporados al proceso, consta que con posterioridad a la notificación de la demanda ejecutiva de cobro de pagare efectuada el 18 de octubre de 2023, existen comunicaciones de cobro extrajudicial, reconocidas incluso por la recurrida. En particular, al informar Recaudadora S.A, a quien la recurrida Banco Itaú le encargó la gestión de cobro, reconoce en su informe que contactó, en forma efectiva, al recurrente en tres ocasiones, precisando que los llamados se realizaron: 1) El 20 de marzo de 2024, a las 14:36 horas; 2) el 1° de abril de 2024, a las 13:14 horas, y 3) El día 22 de mayo de 2024 a las 18:26 horas. Agrega que, además, se enviaron correos electrónicos los días 7, 13, 16 y 22 de mayo de 2024. Informa, por último, que la cobranza extrajudicial fue gestionada hasta fines de mayo del año 2024, pues luego de ello el Banco Itau desasignó el cobro relacionado al recurrente. Cabe señalar, además, que la recurrida se desistió expresamente de la demanda incoada con fecha 14 de junio de 2024, petición efectuada en base al artículo 467 del Código de Procedimiento Civil, contexto en el que lo que corresponde derechamente es la interposición de la acción ordinaria de cobro a que esta norma se refiere, y no continuar con las actuaciones de cobranza extrajudicial, pues aquello infringe la normativa señalada en el motivo precedente.

7° Que, contando el acreedor con otras vías legales adecuadas e idóneas para obtener el pago, las gestiones de cobranza extrajudicial a través de los actos empleados por la empresa contratada por la recurrida, no resultan razonables revelándose con ello inmediatamente la ilegalidad y arbitrariedad de la conducta que se reprocha en el recurso, al apartarse de las reglas establecidas en la Ley N°19.496 constituyéndose, en los hechos, en una amenaza a la integridad psíquica del deudor, afectándose la garantía que la Constitución Política de la República le garantiza en el artículo 19 N°1, lo que conduce necesariamente a acoger el presente recurso para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de BANCO ITAÚ CHILE S.A. y RECAUDADORA S.A, sólo en cuanto se ordena a las recurridas cesar, de forma inmediata, los llamados telefónicos de cobranza extrajudicial, ya sea por cuenta propia o por terceros a quienes se haya encargada esta gestión.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 1650-2024 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.