nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CODEGUA

Rancagua ocho de septiembre de dos mil veintitrés VISTOS:

Con fecha 27 de abril del año 2023, comparece don nombre reservado, profesor de Educación Física, Cedula de Identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, empleado público, profesional nivel 12, de Municipalidad de Codegua, y viene en deducir recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Codegua, persona jurídica autónoma, rol único tributario número 69.080.400-K, representada legalmente a la época de la expedición del pronunciamiento ilegal y arbitrario que será objeto del presente arbitrio primordial, por la Sra. nombre reservado, doña Claudia Verónica Núñez Cristi, ignora profesión, Rut N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que con fecha 1 de febrero del año 2016, comenzó a desempeñar funciones en el Departamento de Salud Municipalidad de Codegua, como profesional de apoyo en el Departamento de Salud, categoría “B”, grado 15, a plazo fijo y desde el 1 de marzo del año 2016 hasta la fecha se desempeña en el cargo de Director del Departamento de Salud del ente edilicio, última designación de carácter indefinida, previo concurso público de oposición de antecedentes.

Señala que desde la fecha de asunción de su desempeño, el 28 de junio del año 2021, el señor nombre reservado titular, conjuntamente con los reemplazantes en su cargo, han demostrado respecto de su persona un menosprecio constante, cuestionando su cometido profesional de manera permanente, solo por la circunstancia de que exige el decoro y respeto que se le debe brindar a todo dependiente, como asimismo, por el apego irrestricto que aplica en el funcionamiento de la sección a la que se encuentra a cargo en el organismo municipal, lo que es singularmente también objeto de desaprobación indirecta a través de los actos contumaces y carentes de fundamento y objetividad que planteara en lo sucesivo.

Afirma que tales conductas han germinado disquisiciones en su contra que se han manifestado en tratos inadecuados que se le han brindado y que incluso lo tienen con un estado de afectación física y psíquica inconmensurable, que de manera irreparable se ha extendido a todo su entorno familiar, estando sujeto a tratamientos facultativos e ingesta medicamentosa, con reposo médico desde el día 25 de noviembre de 2022.

Destaca que una de las aristas en las cuales lamentablemente se ha manifestado esta singular animadversión hacia su persona, ha sido a través del proceso de calificaciones por parte del ente edilicio; destacando que en el proceso correspondiente al año 2020 al 2021, el nombre reservado, sin consignar fundamento de ninguna especie que haya alterado de manera extrema su probo y excelso cometido pretérito, tildo aquel en dicha oportunidad, en el rango de Sobresaliente, calificándome con un puntaje de 58, en virtud del cual fue incluido en la lista N° 4 de eliminación del servicio, situación que logro revertir a través de un recurso de apelación, en el cual hizo valer múltiples descargos y adjunto la documentación que demostraba su eficiente desempeño, impugnación que en dicha ocasión fue aceptada por la Sra. Alcalde, donde por Ordinario 671 de 28 de septiembre del año 2022, se revirtió el resultado adverso indicado e incremento su puntaje a 82, subiéndolo a lista muy buena.

Plantea que de manera paradojal y pese a lo referido, esta situación se repitió en el proceso correspondiente al periodo 2021 al 2022, en que nuevamente el nombre reservado, literalmente repitiendo todos los conceptos vertidos en la primera, enmendada, sin adicionar ninguna clase se argumentos, le asignó el escueto puntaje de 39, que lo ubicaba por segundo año consecutivo en lista 4 de eliminación del servicio, respecto de la cual dedujo de igual forma recurso de apelación el día 22 de noviembre del año 2022, a través de un libelo de 547 fojas en donde explicitaba de manera pormenorizada el detalle de su cometido profesional durante el periodo evaluado que se alejaba ostensiblemente de la deficiencia atribuida.

Afirma que dicho reclamo fue conocido y resuelto acorde por la Sra. nombre reservado, doña Claudia Nuñez Cristi, la que previa ponderación de la diversidad de antecedentes acompañados, a través del Decreto Alcaldicio N° 233, de 14 de diciembre del año 2022, acogió el reclamo, incrementando su puntaje e incorporándolo por ello en la Lista 3, condicional.

Plantea que sin perjuicio de la inclusión en la lista indicada que en parte impide su exoneración inmediata, la situación en comento ha pasado a ser insostenible desde el punto de vista personal y profesional y la incorporación en la lista aludida, a pesar de mantenerlo en el servicio, lo hace de manera condicional, sujeto a cualquiera vicisitud de carácter discrecional que se pueda adoptar por parte de su Jefatura administrativa, pudiendo visualizarse del pronunciamiento en cuestión que este carece absolutamente de fundamentación, privándose al suscrito acceder a una lista superior a la Condicional, evidenciándose incluso en la observación de los ítems que se analizan para asignar el puntaje de rigor, sustanciales incoherencias de carácter insalvables que tornan el referido pronunciamiento dirimente en ilegal y arbitrario. A vía de ejemplo, destaca que en el apartado referido al d) interés al trabajo, se le asigna la nota 1 de deficiente, luego se sube a regular y los sustentos que se esgrimen son que “se deja de manifiesto que el funcionario cumple con los objetivos transversales que le entrega el Minsal y da cumplimiento a lo mandatado, según consta de la documentación revisada”, no obstante tales inferencias se le incluye en la lista de regular; idéntica situación se reitera en el acápite F) de iniciativa, calificado de igual forma en lista deficiente se consigna que el funcionario ha desplegado acciones “tendientes a mejorar la calidad del servicio con la puesta en marcha de programas de salud integrales”; asimismo, en el ítem g) responsabilidad, se concluye que revisados los antecedentes se puede concluir que “el funcionario actúa laboralmente con un grado de responsabilidad regular en la toma de decisiones”; por último y lo que hace aún más patente la falta de sustento, en el acápite h) atención del usuario, se repite la apreciación del nombre reservado de asignarle una calificación deficiente, nota 1, indicando en los singulares fundamentos que la atención del usuario “es deficiente”, sin precisar en base a que supuesto factico lo determina, reclamos u observaciones de usuarios que no se describen y que hubieren justificado tal insuficiencia, lo que se contrapone incluso a lo que se describe en el basamento d) comportamiento funcionario: donde se indica que la nota se sube puesto que en la hoja de vida funcionaria “no existen anotaciones de demerito”, como tampoco “anotaciones”, en consecuencia al no existir reclamos de terceros, aquello debería necesariamente reflejado una calificación distinta y de mejor nivel en el acápite de atención usuario, no existiendo fundamento alguno en tal ámbito que justifique la deficiencia catalogada.

Destaca que en todo los años anteriores a la actual administración, durante todo su cometido profesional desde el año 2016 al periodo del 2021, recientemente transcurrido, de manera consecutiva fue calificado en la Lista Sobresaliente o número 1 con un puntaje máximo equivalente a 100, insertándose en su hoja de vida funcionaria diversas anotaciones de mérito y reconocimientos, en donde expresamente se expone por parte de su Jefatura directa, el inmejorable, oportuno y excelso trabajo que ha ejecutado en todos los ámbitos de su ejercicio profesional, en especial demostrando en forma continua una alta motivación e interés, como asimismo coordinaciones eficaces con organismos a fines, aplicando conocimientos eruditos en sus labores, sobre todo en metas sanitarias y de mejoramiento de la atención primaria municipal, reflejado incluso en estadísticas reconocidas en resoluciones como la exenta N° 438, con fecha 14 de febrero del actual, cumpliendo con un porcentaje que corresponde a 98,20% a nivel comunal, estando dentro de los mejores puntajes Regional, además de iniciativa, compromiso y constante responsabilidad en el ejercicio de su cometido profesional.

Argumenta que a propósito de su comportamiento laboral, durante todo el periodo servido ha estado exento de reproches disciplinarios, carente de anotaciones de demerito o sanciones disciplinarias; en consecuencia, la disminución de su puntaje y proceso de calificación efectuado en primer término por el nombre reservado, no se sostenía en una evaluación objetiva y basada en su conducta profesional, sino que propiamente en criterios discrecionales, bajo un manto de odiosidades de índole personal, situación que de manera paradojal de igual forma se reiteró en el Decreto N° 233 (salud), bajo los aspectos reparados, patentizando su arbitrariedad.

Indica que de acuerdo a lo hechos relatados a lo largo de este libelo, resulta evidente a todas luces que se ha vulnerado su integridad psíquica, puesto que el constante hostigamiento que se ha efectuado de su persona y evaluaciones antojadizas e infundadas, irremediablemente ha quebrantado su salud corporal y psicológica, por las secuelas irreversibles de poner en riesgo su fuente laboral, más aún en periodos de carestías económicas a causa de la pandemia mundial, sufriendo serios cuadros de cefalea, insomnio, crisis de pánico, irritabilidad y una profunda inestabilidad emocional, síntomas que han sido corroborados por atenciones médicas especializadas a las que he tenido que recurrir, para aminorar en parte los efectos de tal trato desigual, diagnosticándose además aquellas provenientes de una enfermedad profesional derivada del actuar de su jefatura.

Hace presente que los actos que corresponden al ejercicio de potestades discrecionales, exigen un especial y cuidadoso cumplimiento de la necesidad jurídica en que se encuentra la Administración en orden a motivar sus actos, exigencia que de manera palmaria no se cumplió en la especie, careciendo de una acreditación objetiva, no consignándose a mayor abundamiento en su expedición antecedentes técnicos de ninguna especie que sirvan de sostén al pronunciamiento con el que se me comunica la calificación final del periodo 2021 a 2022, imputándosele atribuciones ficticias cuya evaluación desbordo un raciocinio lógico, quebrantándose de esta manera en forma patente el deber de fundamentación exigible a este tipo de actuaciones, acorde a lo que se ha indicado, como asimismo, los principios de publicidad, bilateralidad y proporcionalidad contenidos en los artículos 11, 16, 41, entre otros, de la ley 19.880, todo lo cual devela la ilicitud y fragilidad de los derroteros que la cimentaron y que forzosamente tornan la referida actuación de la Administración Pública, Decreto 233 (SALUD), como ilegal y arbitrario.

Plantea que la Resolución en comento que es objeto del presente arbitrio constitucional, ostenta otro palmario síntoma de ilegalidad y arbitrariedad, al distanciarse del principio de proporcionalidad que debe ponderarse en todo acto administrativo, paradigma que se traduce en la circunstancia de que si llega a establecer la existencia de una falta, su reproche debe ser proporcional a la extensión del daño causado, debiendo además ponderarse en su determinación, a todo evento, la conducta pretérita de todo sumariado, que en el caso en comento, acorde a los antecedentes profesionales que se han pormenorizado en el presente arbitrio se encuentra exenta de toda macula durante su ejercicio profesional, enfatizando la rectitud y escrupulosidad que mantuve en todo su cometido, obtención anual de calificaciones en forma continua en el rango de sobresalientes, incluida en forma consecutiva en Lista 1 con puntaje máximo, debiendo considerarse, asimismo, que las evaluaciones deben ser objetivas y carentes de enconos, armónicas con los antecedentes personales del indagado y antecedentes profesionales que se tengan a la vista en cada periodo evaluado.

Previas citas legales solicita tener por interpuesto recurso de protección, admitiéndolo a tramitación y, en definitiva, acoja el recurso, determinando que la aludida resolución es ilegal y arbitraria, remediando en forma urgente dicho quebranto, dejándolo sin efecto, ordenando en forma inmediata que se proceda a efectuar un nuevo proceso evaluativo de su cometido profesional, por el periodo al que se refiere, que se fundamente en debida forma en antecedentes técnicos objetivos, concordantes y demostrables en cada ítems del proceso evaluativo, con costas del recurso.

Por su parte compareció la recurrida Ilustre Municipalidad de Codegua, y procedió a evacuar el respectivo informe haciendo valer primeramente la excepción de litis pendencia indicando que el recurrente de autos, ha interpuesto denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales con relación laboral vigente, en procedimiento de tutela laboral, el cual es seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, bajo el RIT T-7-2023, la cual fue ingresada con fecha 17 de enero del presente año, cuyas pretensiones contenidas en su libelo tienen por objeto se declare:

1. La existencia de la vulneración de los derechos fundamentales denunciados, sean todos ellos conjuntamente o algunos de los denunciados.

2. El cese de inmediato todas las conductas de hostigamiento y acoso laboral.

3. El pago por concepto de daño moral equivalente a la suma de $26.599.298, correspondiente a 11 remuneraciones brutas del trabajador.

4. Multas de acuerdo al artículo 495 N° 4 del Código del Trabajo.

5. Todas las sumas demandadas deberán ser pagadas por la demandada con reajustes e intereses.

6. Qué se condene a la demandada al pago de las costas del juicio”.

Explica que en cuanto a los hechos supuestamente vulneratorios de derechos, al igual que en la causa RIT T-7-2023 del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en el presente recurso, el actor hace mención a la infracción de las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile. Solo difiere en cuanto a los numerales, pues en la causa ventilada en sede laboral estima vulnerados los derechos enunciados en los números 1 y 16, en cambio en la presente acción de protección considera conculcados los números 1, 2 y 3 del referido artículo 19, cuestión que corresponde a una interpretación del redactor pero que en síntesis comprende derechos constitucionales.

Asevera que el decreto alcaldicio N° 233 (SALUD), sobre el cual el recurrente funda el recurso de protección, por cuanto estima que es arbitrario e ilegal y vulnera sus derechos fundamentales, es parte del proceso judicial ante el Juzgado Laboral de Rancagua, por lo cual es del todo pertinente que esta corte, se abstenga de ventilar y fallar en este procedimiento, la ilegalidad y arbitrariedad reclamadas en la presentación del recurso de protección interpuesto en contra de la I. Municipalidad de Codegua, mientras se mantenga en tramitación el procedimiento de tutela laboral, seguido ante el Juzgado Laboral de Rancagua.

Agrega que los hechos materia del presente recurso versan sobre un aspecto en particular, el proceso calificatorio del recurrente, asunto que ya se encuentra en discusión en la causa ventilada en sede laboral, por lo que la pertinencia de la excepción es del todo procedente. Mas cuando inclusive, se ha tomado el resguardo de velar por el debido proceso y la probidad administrativa al momento de resolver acerca de las distintas presentaciones que ha realizado el recurrente en materia administrativa, respecto al proceso de calificaciones por él cual estimo pertinente recurrir ante esta Iltma. Corte.

En subsidio y refiriéndose al fondo indico que no son efectivos los hechos constitutivos de vulneración de derechos fundamentales alegados por el actor a contar del inicio del período alcaldicio de don nombre reservado, a propósito del resultado del proceso de calificaciones correspondientes a los períodos de los años 2019-2020 y 2021-2022.

De lo anterior, y de la normativa que regula el procedimiento de calificaciones, para el personal de salud de atención primaria, se advierte que no hay vulneración de derechos fundamentales, pues las calificaciones obtenidas por el actor se ajustan a la normativa aplicable al caso, así como, al tiempo y forma en que estos funcionarios deben ser evaluados, para efectos de las asignaciones de mérito y ajustes de personal, que deban realizarse conforme a este proceso de evaluaciones. De ello, no se desprende un vicio de ilegalidad o arbitrariedad que sustente las alegaciones del recurrente.

Señala que durante el año 2020, en el período alcaldicio de doña nombre reservado, el recurrente, fue objeto de un proceso de anotación de demérito, por los siguientes hechos “desobedecer actos verbales o escritos de su superior jerárquico”, proceso iniciado por la Alcaldesa de la época, en contra del actor y que luego de la presentación del recurso de apelación, este fue acogido por la autoridad, sin embargo, de igual forma el actor fue sancionado con una amonestación escrita, lo cual da cuenta que su relación laboral con la Ilustre Municipalidad de Codegua, no siempre ha sido del todo pacífica, como indica muy determinantemente en su presentación. Lo anterior consta en el memorándum interno N° 000646 de fecha 14 de julio del año 2020. El hecho descrito, da cuenta de la rebeldía en el actuar del Director del Depto. de Salud, cuestión que se ha repetido desde la asunción del actual jefe comunal, más allá de la apreciación personal que tenga de sí mismo respecto de su cometido directivo.

Afirma que durante los días 4 y 18 de agosto del año 2022, el actor registra en el reloj control solo el ingreso al servicio, pero, no así la salida, situación por la cual la Encargada de Finanzas y RR. HH de la Ilustre Municipalidad de Codegua, doña nombre reservado, con fecha 14 de septiembre del año 2022, mediante Ord. N° 799, dirigido a don nombre reservado, le da cuenta de esta situación, indicándole que de estricto cumplimiento a su jornada laboral. Del mismo tenor, son los Ordinarios N° 933 y N° 1127, del Departamento de Salud de la Municipalidad de Codegua, que se acompañan al presente informe. De esta manera, se puede apreciar que la conducta funcionaria del recurrente no es intachable como él mismo la describe.

En cuanto a la vulneración de garantías fundamentales, en particular el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, hace presente que de acuerdo a la resolución N° 5018805 de fecha 22 de diciembre del año 2022, emitida por la Mutual de Seguridad, la enfermedad del actor fue calificada en primer lugar de tipo “profesional”, posteriormente a esta resolución la Municipalidad de Codegua, apela a esta decisión, revolviéndose con fecha 13 de febrero del presente año, mediante la resolución N° 5069847, emitida por la Mutual de Seguridad, que la calificación de la enfermedad de don nombre reservado, debe ser considerada de tipo “común”, descartándose así que la enfermedad que aqueja en la actualidad al recurrente tenga su origen en conductas de acoso laboral, por parte del alcalde Sr. José Flores Osorio.

Asegura que el proceso de calificaciones del cual ha sido objeto el recurrente, ha sido tramitado con estricto apego a la Ley, no siendo objeto el sr. nombre reservado de actos discriminatorios, basados en diferencias arbitrarias en su contra. Lo señalado precedentemente, da cuenta que tanto el sr. alcalde como la sra. nombre reservado, se encuentran plenamente investidos por la legislación administrativa, de conocer y resolver sobre las calificaciones del recurrente, no atribuyéndose facultades que no sean las que expresamente la Ley les confiere para ello.

Afirma que la tramitación del proceso de calificaciones, para el período denunciado en autos, se encuentra ajustado a Derecho, prueba de ello, es que el recurrente en el período reclamado como vulneratorio de derechos, ha tenido la posibilidad de interponer el recurso de apelación estipulado en los diversos cuerpos legales que regulan este proceso, dando así estricto cumplimiento a los principios de un debido proceso.

Destaca que si el recurrente estimaba que en la tramitación de su recurso de apelación de las calificaciones del período 2021-2022, hubieron vicios de ilegalidad en su tramitación, debió ejercer el recurso de ilegalidad establecido en el artículo 156 de la Ley 18.883, por lo cual esta no puede hacerse cargo de una mala estrategia jurídica llevada a cabo por el recurrente, en la cual no ha ejercido el recurso especial que el estatuto administrativo del ramo le provee, en tiempo y forma, tratando de remediar esta situación mediante la interposición del presente recurso de protección.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha del municipio recurrido, consiste en el Decreto Alcaldicio N° 233 (salud), de fecha 14 de diciembre del año 2022, en virtud del cual se acogió de manera parcial la impugnación de las calificaciones funcionarias del recurrente por el periodo 2021 al 2022.

TERCERO: Que, en cuanto a la excepción de litis pendencia, alegada por la recurrida, cabe señalar que si bien ésta es improcedente atendida la naturaleza de esta acción de carácter constitucional, sí es posible constatar a partir de los antecedentes en los que se funda, que el presente recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto denunciado por el recurrente, por cuanto por idénticas razones a las alegadas en autos, con anterioridad a la interposición del mismo, dedujo acción de tutela laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en la causa RIT T-7-2023, ingresada con fecha 17 de enero del año 2023, la que actualmente se encuentra en tramitación y su último hito procesal es la audiencia de juicio de fecha 3 de agosto, donde se fijó fecha probable de notificación de sentencia para el día 29 de septiembre de 2023.

En tales condiciones, resulta evidente que esta acción constitucional no puede prosperar, por cuanto la cuestión debatida corresponde de acuerdo al propio entender del recurrente a un asunto que debe ser resuelto por la justicia laboral, a través de un mecanismo igualmente expedito como es la acción de tutela laboral, regulada en el artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo, cuyo inciso final establece que deducida la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución, no se puede efectuar una denuncia de conformidad a las normas de dicho párrafo referidas a los mismos hechos, por lo que, de contrario, parece razonable sostener que deducida la acción de tutela, debe estarse a sus resultados antes que accionar de protección.

CUARTO: Que, por lo demás, la impugnación de las calificaciones funcionarias regidas por la Ley 19.378, se encuentran especialmente regulada en el Decreto 1889, de 2015, que contiene el Reglamento de la Carrera Funcionaria del Personal, regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en especial, en sus artículos 58 y siguientes, capítulo referido al sistema de calificaciones.

De igual forma, la materia controvertida se encuentra regulada en el Reglamento de Calificaciones del Personal de Salud Municipal regido por la Ley 19.378, del Consultorio de Codegua del año 1996, el cual en su artículo 1° indica: “El sistema de calificación tendrá por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario; determinar el derecho a percibir asignación de mérito y, en tal caso, el tramo que le corresponde; servir de base para poner término a la relación laboral y ponderar la contribución del trabajador al logro de metas, planes y programas, calidad de los servicios y grado de satisfacción de los usuarios del respectivo establecimiento”.

Por lo anterior, tratándose de un procedimiento reglado y con recursos administrativos especialmente contemplados para el caso de la impugnación, no corresponde que esta Corte, en el marco de esta acción de naturaleza cautelar, revise el mérito de las razones dadas por la recurrida para justificar la calificación del recurrente, pues aquello excede del control de legalidad propio de este remedio constitucional.

QUINTO: Que, finalmente, cabe recordar que la Ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en su artículo 156 prescribe: “Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere este Estatuto (...)”, norma que refuerza la improcedencia del presente recurso, al contar el recurrente con un mecanismo de tutela de derechos funcionarios ante la Contraloría General de la República.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Codegua.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 1639-2023 Protección.