nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PU´BLICA DE CHILE

Rancagua, dos de agosto de dos mil veintidós.

VISTOS:

Con fecha 26 de enero del año 2022, comparecen nombre reservado y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado y de nombre reservado - Du - Jour, de nacionalidad haitiana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Fundan su recurso, en que los recurrentes estando en nuestro país en virtud de haber obtenido visa de residencia temporaria, solicitaron el beneficio de permanencia definitiva, lo que en el caso de la recurrente nombre reservado aconteció el 24 de junio del año 2020, mientras que el caso del recurrente nombre reservado - Du - Jour, dicha solicitud se materializó el 31 de julio del año 2020, luego de lo cual pagó los derechos para el otorgamiento del beneficio migratorio requerido sin que, hasta la fecha de presentación de la acción de marras, hayan recibido comunicación alguna por parte de la recurrida en relación a sus permanencias definitivas, situación que ha determinado que vivan en permanente incertidumbre sobre su condición migratoria y sus reales posibilidades de concretar su proyecto de vida en este país.

Alegan que el actuar de la recurrida infringe los principios de celeridad, de inexcusabilidad y economía procedimental, contenidos en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, pues la actividad de la Administración no puede mantenerse infinitamente en el tiempo.

Finalizan solicitando que se acoja su acción y en virtud de ello, se ordene a la recurrida que se pronuncie sobre las solicitudes de residencia definitiva, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompañan antecedentes en que se funda la presente acción.

Con fecha 17 de febrero del año en curso, a folio N°6 comparece la abogada Camila Cortés Palma, evacuando el informe solicitado a la recurrida, oportunidad en la cual y en primer lugar, alegó la incompetencia de esta Corte de Apelaciones para conocer el presente arbitrio constitucional, alegación que funda en el hecho de tener la recurrente nombre reservado su domicilio, según lo señalado en su solicitud de permanencia definitiva, en la Región del Bío Bio, agregando que, por su parte, el recurrido tiene su domicilio en la región Metropolitana.

En cuanto al fondo, pidió el rechazo de la presente acción constitucional de protección, por cuando no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expuso que, respecto de la recurrente doña nombre reservado, luego de haber la extranjera subsanado su solicitud dentro del plazo que se le confirió para ello, se aprobó el avance de su solicitud a etapa de análisis, de conformidad con lo previsto en la Circular N°12 del Servicio Nacional de Migraciones.

Destaca que estando en tramitación la solicitud pendiente de la recurrente, ésta mantiene una situación migratoria regular, por lo que no existe infracción a garantía constitucional alguna, lo que conlleva necesariamente, a su decir, el rechazo de la presente acción constitucional de protección.

Posteriormente, el día 21 de febrero del año en curso, el recurrente evacuó el traslado conferido respecto de la incompetencia alegada, oportunidad en la cual solicitó que se tenga presente que lo señalado por la recurrida es que, a la fecha en que se realizaron las solicitudes de permanencia definitiva por parte de los recurrentes, éstos tenían otro domicilio, sin considerar que debido al tiempo que ha transcurrido desde aquella época, evidentemente sus domicilios han cambiado. Cita jurisprudencia en su favor y alega que una persona puede tener pluralidad de domicilios, atendido lo dispuesto en el artículo 67 del Código Civil, por lo que pide se rechace la excepción de incompetencia interpuesta por la contraparte.

Con fecha 23 de mayo del presente año, esta Corte ordenó al recurrido complementar su informe, incorporando los antecedentes relativos al estado de tramitación de la solicitud de permanencia definitiva del actor don nombre reservado - Du – Jour, lo que fue cumplido por la recurrida a folio N°23, oportunidad en la cual hizo presente que respecto del extranjero antes señalado, el recurso resulta absolutamente improcedente, desde que no existe registro de su solicitud de permanencia definitiva, constando únicamente que el recurrente solicitó el 31 de julio de 2020 la prórroga de visa sujeta a contrato de trabajo, encontrándose su condición migratoria regularizada.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, en cuanto a la excepción de incompetencia alegada por la recurrida, fundada en que una de las recurrentes tendrían su domicilio en la Región Metropolitana, de conformidad a lo informado por ésta al presentar su solicitud de permanencia definitiva, corresponde rechazarla, teniendo para ello presente que de acuerdo al numeral 1° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, para definir cuál es la Corte de Apelaciones competente, debe estarse al lugar donde se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente.

De esta manera, considerando que lo reclamado mediante el recurso dice relación con la situación migratoria de los recurrentes, resulta evidente que los efectos del acto impugnado no se limitan al domicilio que éstos pudieron haber tenido al momento de efectuar sus solicitudes, sino que el asunto debatido tiene un evidente alcance nacional, más aún si se considera que una persona puede tener más de un domicilio, como también puede mudarlo en el tiempo.

Por lo demás, cabe precisar que el recurso de protección difiere del recurso judicial que regula el artículo 141 de la nueva Ley de Migración, el que sí debe deducirse ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, de modo tal que, no siendo esta última la acción intentada en autos, no corresponde hacer extensiva la regla de competencia allí dispuesta.

3° Que, en cuanto al fondo, mediante el presente recurso se reprocha la excesiva dilación del procedimiento administrativo de solicitud de visa de permanencia definitiva iniciada el 24 de junio y 31 de julio del año 2020, respectivamente, por los ciudadanos extranjeros nombre reservado y nombre reservado - Du - Jour, por cuanto hasta la fecha de interposición de la presente acción constitucional de protección, dichas solicitudes no han sido resueltas por la autoridad administrativa.

4° Que, el recurrido solicitó el rechazo del recurso atendido que, en el caso de la solicitud realizada por la recurrente doña nombre reservado, la misma se encuentran actualmente en tramitación, en etapa de análisis, mientras que lo solicitado por el actor nombre reservado - Du – Jour, no es la permanencia definitiva, sino, la prórroga de su visa sujeta a contrato de trabajo.

5° Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7°, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8°, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9°, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14° define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

6° Que, de acuerdo a lo informado por la recurrida, en relación con el estado de tramitación de la solicitud de permanencia definitiva de la extranjera nombre reservado, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto, ha dilatado la decisión respecto de tal solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

7° Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la antes indicada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

8° Que, diferente es la situación del recurrente nombre reservado- Du-Jour, por cuanto, de los antecedentes acompañados y lo informado por la parte recurrida, se desprende que la solicitud efectuada por el actor, no corresponde al beneficio migratorio de permanencia definitiva, sino que lo requerido por éste fue la prórroga de visa sujeta a contrato de trabajo, por lo que a su respecto el presente recurso no puede prosperar, desde que el beneficio reclamado no ha sido requerido ante la autoridad competente.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I.- Que, se rechaza la alegación de incompetencia impetrada por la recurrida.

II.- Que, se rechaza el recurso de protección de folio N°1, sólo en cuanto se dirige en favor de nombre reservado - Du - Jour.

III.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en consecuencia, se dispone que éste último deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva dentro del plazo de noventa días corridos, contados desde que esta sentencia sea notificada por el estado diario.

Acordada la decisión de rechazar el recurso respecto del recurrente don nombre reservado, con el voto en contra de la Ministra señora Bárbara Quintana Letelier, quien estuvo por acoger la citada acción a su respecto considerando para ello que, aun cuando yerra el recurrente al individualizar en su acción el beneficio migratorio solicitado, lo cierto es que describe correctamente la data de su presentación, evidenciando que hasta la fecha, el recurrido no se ha pronunciado sobre la solicitud de prórroga de visa sujeta a contrato de trabajo que efectivamente requirió el extranjero el 31 de julio del año 2020, constituyendo dicha omisión una dilación que, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente, infringiéndose a su respecto además el principio de celeridad que informa toda la actividad de la administración, por lo que a juicio de la disidente, debió haberse acogido el recurso, sólo en cuanto se ordenare a la recurrida un pronunciamiento en plazo razonable de la solicitud interpuesta.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N°163-2022 Protección.