ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Rancagua, catorce de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 20 de mayo del presente año, comparece don Hernán Díaz Valenzuela, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Pichidegua, e interpone acción de protección en contra de la Contraloría General de la República, y en particular, su sede regional, por estimar que de manera arbitraria e ilegal la recurrida determinó, que ella debía reintegrar al ex trabajador nombre reservado, quien fue despedido en razón de lo dispuesto en el artículo 161 Código del Trabajo, estimando el Ente de Control que a su parecer, no está acreditado el fundamento de la decisión de la Autoridad Alcaldicia, siendo, por ende, improcedente el despido, lesionando con ello las garantías de los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental así como los Tratados Internacionales de la materia, todo ello de conformidad a los fundamentos de hecho y de derecho que en su presentación expuso.

Relata que el 20 de junio de 2022 contrató a don nombre reservado para desempeñarse como administrativo en el Departamento de Educación, y que luego de una serie de prorrogas, su contrato pasó ser indefinido a través de Decreto Alcaldicio N°1417 de fecha 9 de mayo de 2023. Añade que no obstante lo señalado las funciones por las cuales fue contratado no se estaban llevando a cabo, razón por la cual puso término a su contrato de trabajo, por la causal necesidades de la empresa, siendo notificado mediante carta certificada el 10 de noviembre de 2023, día posterior al de su último día de la licencia médica de la cual estaba haciendo uso, sin embargo, ese mismo día ingresó una nueva, es decir, posterior a la emisión del aviso de término.

Añade que el trabajador ingresó un reclamo en la Inspección del trabajo por el no pago del mes de noviembre, pero ello estaba contemplado en su finiquito con reserva de acciones, no concurriendo a su firma. Luego, el trabajador además de reclamar en la Inspección del Trabajo realizó un reclamo por su despido ante la Contraloría Regional la cual, a través de su Oficio E 455297/2024 de fecha 22 de febrero de 2024, dispuso la improcedencia del despido, afirmando: “conforme al criterio contenido en el dictamen N°33.234, de 2012, resultó improcedente que el municipio dispusiera el término al contrato de trabajo del interesado por la causal necesidades de la empresa, toda vez que el cese de labores puede hacerse efectivo a los treinta días de expirada la licencia médica, o bien, al día siguiente del término del reposo, previo pago de la indemnización sustitutiva, lo que no ha ocurrido en la especie, sin que tampoco, por otra parte, se encuentre fundada la causal esgrimida”.

Plantea que por ello, realizó un nuevo cálculo de finiquito considerando la licencia médica cuestionada pero nuevamente se negó el trabajador a firmarlo, lo que también fue informado a la Contraloría Regional, la cual emitió el Oficio materia de controversia mediante el cual indica que se debe proceder a reintegrar al ex trabajador, ya que el despido sería, en lo pertinente, injustificado, arrogándose de esa forma facultades que sólo mantienen los Juzgados laborales en razón de lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, resultando de igual manera improcedente la reintegración del funcionario.

Expone que existiría arbitrariedad y falta de motivación del Oficio E484494/2024, de la Contraloría Regional por cuanto la propia ley Orgánica de la Contraloría ha sido clara en que ésta no puede intervenir, de conformidad al artículo 21 letra b) de la ley N°10.336, ya que con motivo del control de legalidad o auditorías del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.

Añade, que el artículo 6 inciso tercero de la misma norma, refiere que “La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor”, por lo que se incurre en una falta al artículo 2 de la ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el cual prescribe expresamente que: “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes”.

Arguye que en la propia jurisprudencia de la recurrida se concluye lo siguiente: “Por su parte, es dable hacer presente que la jurisprudencia administrativa de este Organismo Contralor, contenida en los dictámenes N°. 22.974, de 2010 y 450, de 2013, entre otros, ha sostenido que la desvinculación de un trabajador por la causal de necesidades del servicio, faculta al empleador a disponer el cese de funciones, basándose únicamente en una apreciación objetiva de las condiciones, tanto del establecimiento como del funcionario, debiendo este Órgano Contralor abstenerse de emitir un pronunciamiento acerca de ello, en razón de que por su naturaleza, es un asunto de mérito que queda comprendido dentro de las atribuciones propias de la jefatura superior del órgano Administrativo de que se trate, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 B de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General”. (aplica dictamen N° 19447, de 2013).

Plantea que no se entiende por qué en el caso en comento, la Sede Regional emitió pronunciamiento en el sentido que a pesar de ser un funcionario regido por el Código del Trabajo, lo que sería una excepción dentro del ámbito público, y además, a pesar que el ex trabajador concurrió a la respectiva Inspección, luego concluye que se debe recalcular el finiquito, para luego después de tres meses, ordenar el reintegro con pago de remuneraciones por despido injustificado, materia radicada en los Tribunales de Justicia.

En definitiva, refiere que la actuación del ente Contralor afecta la igualdad ante la ley, así como el respeto al debido proceso, solicitando dejar sin efecto el Oficio E484494/2024, de la Sede Regional de O’Higgins, consistente en declarar el despido injustificado del trabajador nombre reservado y ordenar su reintegro al Departamento de Educación de la Municipalidad de Pichidegua.

Previas citas legales solicita tener por interpuesta acción de protección y, en definitiva, otorgar una tutela jurisdiccional urgente y efectiva, dejando sin efecto el Oficio E484494/2024, de la Sede Regional de O’Higgins.

Por su parte y con fecha 11 de julio del año 2024, comparece la recurrida Contraloría General de la República sede Regional, y procedió a evacuar el respectivo informe señalando que dando respuesta al reclamo del trabajador municipal, a través del oficio N° E455297, de 2024 se concluyó que el acto administrativo del municipio recurrente, que materializó su desvinculación por la causal prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo resultaba errada al disponer el cese de funciones existiendo una licencia médica en curso, y además no daba cuenta de la motivación que originó dicha medida, por lo que no se ajustaba a derecho debiendo esa entidad regularizar su situación funcionaria en el plazo allí indicado, razón por la cual posteriormente el Municipio dejó sin efecto el acto que aprobó el término del contrato de trabajo, para emitir el Decreto Alcaldicio N° 525, de 6 de marzo de 2024, el que nuevamente -y con una retroactividad de aproximadamente de 3 meses-, dispone el término del referido contrato a partir del 9 de diciembre de 2023, fecha de cese de la licencia médica de aquel servidor, haciendo caso omiso a lo dispuesto por la Entidad Contralora en torno a la necesidad de motivación de la medida dispuesta, y que al solicitar el cumplimiento del primer pronunciamiento, se contestó a través de un segundo pronunciamiento, contenido en el oficio N° E484494, de 7 de mayo 2024, acto que ahora se impugna, en el que se indicó, entre otras consideraciones, que el Decreto Alcaldicio N° 525 de 2024, referido al despido del recurrente, al igual que su antecedente, no daba cuenta de la motivación y tampoco acompañaba antecedentes respecto de la causal que lo originó, por lo que concluyó que la Municipalidad de Pichidegua debía proceder a reincorporar al señor nombre reservado a sus labores, pagándole las remuneraciones correspondientes al periodo en que ha estado impedido de trabajar, pues en su caso no se ha configurado la causal legal de desvinculación invocada por el municipio.

A raíz de lo expuesto, hace presente que se ha requerido dejar sin efecto un pronunciamiento jurídico emitido en favor y a requerimiento de una persona que no ha sido emplazada en la presente acción, pero, además el presente recurso es extemporáneo, puesto que si bien se recurre en contra del oficio N° E484494, de 2024, es el oficio N° E455297 de 22 de febrero de 2024 el que dio origen a los efectos que ahora entiende el recurrente vulneran sus garantías constitucionales.

Además de las alegaciones expuestas, refiere que las resoluciones y pronunciamientos emitidos por esta Entidad de Control son obligatorios para los órganos sometidos a su fiscalización artículo 98 de la Constitución Política de la República, dentro de los que se encuentra la recurrente, lo que se ve refrendado por los artículos 51 y 52 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por lo que se encuentra dotada constitucional y legalmente de la potestad que le permite emitir dictámenes a través de los cuales puede -y debe-informar el sentido y alcance de la normativa aplicable a los servidores del Estado, potestad dentro de la que encuadra absolutamente el requerimiento efectuado por el señor nombre reservado, ya que señala, efectuó un control de legalidad ante un acto municipal carente de fundamento y no respecto del mérito en la actuación del municipio y que aceptar que un servicio público sujeto a la fiscalización, como es la Municipalidad de Pichidegua, pueda impugnar actuaciones que por disposición legal expresa le son obligatorias a través de la interposición un recurso de protección, interfiere las facultades que, en cuanto Organismo Superior de Control, le confiere el ordenamiento jurídico institucional y coloca al servicio fiscalizado en una situación de rebeldía e incumplimiento de las obligaciones que, en su condición de órgano de la Administración, le impone aquél, siendo además, el asunto ventilado ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección. Por último y luego de descartar que su actuación haya lesionado las garantías constitucionales de la recurrente, solicitó el rechazo a la presente acción de protección.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha de la recurrida, está dado por la dictación del Oficio E484494/2024, mediante el cual la Contraloría determinó que la Municipalidad de Pichidegua debía reintegrar al ex trabajador nombre reservado, quien fue despedido en razón de lo dispuesto en el artículo 161 del Código del Trabajo, ya que el despido sería, en lo pertinente, injustificado, arrojándose con ello facultades que no tiene ya que solo los Juzgados Laborales son los llamados a determinar la existencia de un despido injustificado y sus posteriores consecuencias, entre las cuales no está el reintegrar a la persona despedida, afectando con ello el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales consistentes en el derecho a un debido proceso, derecho al trabajo y a la propiedad, consagrados principalmente, en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que informando el ente de control recurrido solicitó el rechazo de la acción por cuanto lo obrado por dicha repartición obedece a que la decisión del Municipio recurrente, de desvincular al trabajador municipal, no daba cuenta de su motivación debiendo hacerlo, y que tampoco acompañaba antecedentes respecto de la causal que lo originó, por lo que concluyó que se debía proceder a reincorporar al señor nombre reservado a sus labores, pagándole las remuneraciones correspondientes al periodo en que ha estado impedido de trabajar, pues en su caso no se habría fundamentado la causal legal invocada por el municipio para desvincular al trabajador. Junto con ello destacó que la recurrente pretende que se deje sin efecto un pronunciamiento jurídico emitido en favor y a requerimiento de una persona que no ha sido emplazada en la presente acción, y finalmente alegó la extemporaneidad de la acción.

CUARTO: Que, en cuanto a la extemporaneidad de la acción alegada por la recurrida, ésta se funda en que el presente recurso de protección se dirige en contra del oficio N° E484494, de mayo de 2024, sin embargo, omite el ente edilicio hacer referencia a su antecedente previo, cual es, el oficio N° E455297 de febrero de 2024, que en similares términos se refiere exactamente a la misma materia, lo que permite cuestionar la impugnación realizada en estos autos por adolecer de parcialidad, teniendo a la vista que el oficio N° E455297 es el que dio origen a los efectos que ahora entiende vulneran sus garantías constitucionales.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo argüido por la recurrida, lo cierto es que el acto invocado como vulneratorio por la actora consiste en el Oficio E484494/2024, notificado con fecha 7 de mayo del año 2024, el cual fue la decisión emitida por la Contraloría en relación a una segunda presentación ingresada por el trabajador, por lo cual resulta procedente y dentro de plazo esta acción interpuesta con fecha 20 de mayo del año en curso, por lo que se rechazará esta excepción.

SEXTO: Que, respecto al fondo, la principal alegación realizada por la recurrente es que siendo lo debatido si el despido al que se vio expuesto el trabajador fue justificado o no, ello no puede ser decidido por la Contraloría General de la República, por ser una materia de carácter jurisdiccional, sin embargo, de lo informado por la recurrida es posible aseverar que ésta no ha resuelto sobre competencias del Juez del Trabajo, ni se ha pronunciado sobre el mérito de la relación laboral cuestionada, sino que, simplemente, ha reprochado a la resolución administrativa dictada por la recurrente, esto es, el Decreto Alcaldicio N° 484494, por el que formalmente se toma la decisión de despido, su falta de fundamento conforme lo exige el artículo 11 de la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo, motivación de la que la decisión administrativa carece.

Así las cosas, se está reprochando la legalidad del acto, más no, pretendiendo resolver cuestiones de orden laboral, en torno a decidir si el despido es justificado o no, sino que la resolución respectiva carece de fundamento, lo que resulta efectivo al analizar el documento que contiene la resolución impugnada, sin perjuicio que sus efectos -materialmente- puedan ser semejantes, todo lo cual conlleva determinar como ajustada a derecho la decisión del órgano contralor, y en consecuencia la improcedencia del recurso incoado al haber actuado ésta dentro del ámbito de sus atribuciones.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la Ilustre Municipalidad de Pichidegua, en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1623-2024-Protección Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.