RECURRENTE: G4S SECURITY SERVICES REGIONES S.A.. RECURRIDO: INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE COLCHAGUA.

Rancagua, quince de julio de dos mi dieciséis.

A fojas 53: Téngase presente.

Vistos:

A fojas 12 comparece Felipe Chacón Muñoz, abogado, en favor de G4S Security Services Regiones S.A., representada por nombre reservado, factor de comercio, todos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Inspección Provincial de Colchagua, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Explica que mediante carta certificada ingresada a la oficina de Correos el 15 de marzo del año en curso, que debe entenderse notificada el día 23 del mismo mes y año, la recurrida le notificó la Resolución de Multa Nº 1393/16/17, de 40 UTM, contra la cual dedujo un Recurso de Reconsideración Administrativa el 5 de mayo de 2016, conforme al artículo 512 del Código del Trabajo, que fue rechazado por la Inspección recurrida, por estimar que había sido presentado fuera de plazo (Ordinario Nº 371, del 25 de mayo de 2016).

Decisión que se basa en una errada interpretación del cómputo del plazo de 30 días previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, que conforme al artículo 25 de la Ley N° 19.880 debe ser de días hábiles, entendiéndose inhábiles los sábado, domingo y festivos, tal como lo ha resuelto la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, por tratarse de un recurso que debe deducirse en sede administrativa, en la que resulta aplicable el artículo 25 de la Ley N° 19.880 por ser una norma especial, cuya aplicación debe ser preferente.

Así, si sólo se cuentan los días hábiles conforme al precitado artículo 25, el plazo para solicitar la Reconsideración Administrativa, vencía el 5 de mayo de 2016, misma fecha en la que presentó su recurso, por lo que éste no resultaba extemporáneo y al concluir lo contrario, la recurrida efectuó una interpretación “contra ley”, que constituye una actuación ilegal y arbitraria, que conculca su derecho a la igualdad ante la ley, porque se le aplica a su parte un trato discriminatorio en relación a los demás administrados, que va en contra de la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, por lo que solicita que se acoja su recurso y se deje sin efecto el Ordinario Nº 371, ordenando a la recurrida que acoja a tramitación su recurso de reconsideración administrativa, con costas.

A fojas 48, se evacua informe por la recurrida, señalando que si bien la carta certificada por la que se comunicó la resolución de multa fue depositada en la Oficina de Correos, el 15 de marzo del año en curso, ésta fue entrega a su destinatario el 21 de marzo del mismo año, por lo que a la fecha en que la recurrente presentó su recurso de reconsideración administrativa, el plazo previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo se encontraba vencido, aún si se cuenta de la manera que la actora pretende, como si se tratara de días hábiles, excluyendo los sábado, domingo y festivos, porque en ese evento, el término en cuestión venció fatalmente el 20 de mayo pasado.

No obstante lo anterior, sostiene que al mantener la interpretación de que el plazo previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos, no incurrió en una actuación ilegal o arbitraria, porque se limitó a aplicar la normativa vigente y la Jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que resulta vinculante para los Órganos de la Administración del Estado, tal como se dispone en el dictamen N° 4640 del año 2011. Según la Jurisprudencia Administrativa la Ley N° 19.880, sólo puede aplicarse cuando exista un vacío de ley y sea compatible con el procedimiento especial de que se trate, lo que no sucede en la hipótesis prevista en el mentado artículo 512 en estudio.

Por otra parte, la acción intentada no es declarativa y sólo puede amparar derechos indubitados, los que en este caso no existen, pues la recurrente pretende discutir la interpretación de una norma legal.

Por último, tampoco puede estimarse que se haya conculcado el derecho a la igualdad ante la ley, porque los criterios jurídicos y técnicos que avalan la posición del Servicio en esta materia han sido aplicados en forma general a todos los administrados y no obedecen a una situación particular con la recurrente. Razones todas por las que solicita el rechazo del recurso, con costas.

A fojas 52, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°.- Que para resolver este recurso lo primero que ha de zanjarse es la controversia que se suscita entre las partes respecto a la fecha en la cual se practicó la notificación al recurrente.

2°.- Que sobre esta materia existe una presunción simplemente legal en el artículo 508 del Código del Trabajo, según el cual la notificación debe entenderse practicada al sexto día hábil desde que se deposita la carta en la oficina de correos.

3°.- Que esta presunción simplemente legal no fue desvirtuada por las partes, porque los documentos acompañados por la recurrida no tienen mérito suficiente para entender, sin lugar a dudas, que la carta fue recibida en una fecha anterior a la calculada en base a la presunción, toda vez que si bien en el seguimiento en línea de fojas 26, aparece entregada el día 21 de marzo del año en curso, en la comuna de Ñuñoa, no se precisa si esa entrega se hizo en la Oficina de Correos o se remitió al domicilio del recurrente y esta duda, sólo puede dirimirse en beneficio del particular sancionado.

4°.- Que de esta forma y dado que las partes se encuentran contestes que la misiva fue depositada en la oficina de correos, el 15 de marzo de 2016, por aplicación de la presunción del artículo 508 en referencia, debe entenderse practicada la notificación el 22 de marzo, si se cuenta de lunes a sábado o el 23 de marzo si se cuenta de lunes a viernes.

5°.-Que el recurrente funda su acción en el Ordinario Nº 371 emanado del Inspector Provincial del Trabajo de Colchagua, por el cual se le informa que no se admitió a tramitación su solicitud de reconsideración de multa administrativa, por haberse presentado fuera del plazo de 30 días corridos, actuación que estima ilegal y arbitraria porque en su concepto el plazo que prevé el artículo 152 del Código del Trabajo para deducir la reclamación administrativa es de días hábiles y no corridos.

6°.-Que la recurrida ha sostenido en su informe que se trata de un problema de interpretación normativa y dado que el artículo 512, no precisa si se trata de días hábiles o corridos, debe entenderse que se trata de días corridos, y no puede aplicarse el artículo 25 de la Ley N° 19.880 por el principio de especialidad, tal como lo ha resuelto la Jurisprudencia de la Contraloría General de la República, organismo al que debe someter su acción, como todo órgano de la Administración del Estado.

7°.-Que la controversia de autos plantea un problema de interpretación normativa, existiendo jurisprudencia que apoya uno y otro planteamiento; discusión que, en todo caso, no obsta a entender que pueda existir un derecho indubitado que proteger, como lo alega la recurrida, puesto que si se adhiere a la corriente que considera que el cómputo debe ser de días hábiles, no podría sino concluirse que la reconsideración administrativa fue presentada dentro de plazo y debió dársele tramitación.

8°.-Que la reconsideración administrativa está contemplada en el artículo 512 del Código del Trabajo, norma que se limita a prescribir que ésta debe ser presentada dentro de 30 días, sin precisar si se trata de días hábiles o corridos, lo que, en concepto de esta Corte constituye un vacío legal que no puede ser salvado con otras normas del Código del Trabajo, resultando pertinente la aplicación supletoria del artículo 25 de la Ley N° 19.880, que establece en términos claros y absolutos que para el cómputo de un plazo de días deben descontarse los sábados, domingos y festivos y esa modalidad expresa debe primar sobre las normas de carácter general del Código Civil.

9°.-Que los argumentos planteados por la recurrida en su informe de fojas 48 deben ser desestimados, porque estamos frente a un procedimiento administrativo sancionador y esa interpretación limita el derecho del afectado a recurrir de la sanción de una forma no prevista en la ley. Tampoco resulta vinculante para este Tribunal de Alzada la interpretación que sobre este punto ha dado la Contraloría General de la República.

10°.-Que de la manera que se ha venido razonando, sólo cabe concluir que la reclamación administrativa que el actor presentó el 5 de mayo del año en curso, fue deducida dentro del plazo previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, habida cuenta que la notificación de la resolución sancionatoria debe entenderse verificada el 22 de marzo pasado, por aplicación del artículo 508 del Código del Trabajo.

11°.-Que al concluirse lo contrario por parte de la administración, se vulneró el derecho constitucional a la igualdad ante la ley de la recurrente, ya que cualquier otro administrado que presentara una reclamación dentro de 30 días hábiles tendría derecho a que su recurso fuera tramitado y resuelto en el fondo.

12°.-Que la afectación señalada constituye un acto ilegal y arbitrario de parte de la autoridad administrativa porque le niega al afectado el acceso al recurso que consagra el artículo 512 del Código del Trabajo, vicio que debe ser reparado por esta Corte acogiendo el presente recurso.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el deducido en lo principal de fojas 12 y en consecuencia, la Inspección del Trabajo recurrida debe darle tramitación al recurso de reconsideración administrativa presentado por la recurrente el 5 de mayo del año en curso.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1613-2016 Prot.