FENIX CAPACITACIONES LIMITADA con SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

Rancagua, diez de febrero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 28 de noviembre del año 2020 comparece nombre reservado, secretaria, en representación del organismo técnico de capacitación (OTEC) Fénix Capacitaciones Limitada, del giro de su denominación, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), representado legalmente por su Director Nacional, Juan Manuel Santa Cruz Campaña, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso en que su representada es un organismo técnico de capacitación, regulado en forma exclusiva por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), cuyo marco jurídico es la Ley N° 19.518 y su reglamento, contenido en el D.S. Nº 98, de 31 de octubre de 1997, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Dicho organismo debe tener como único objeto social la prestación de servicios de capacitación, según se establece en los artículos 12, 19 y 21 de la citada ley.

Indica que, desde hace aproximadamente 26 meses, la recurrida comenzó a exigir a los OTEC que junto a la capacitación, debían realizar la actividad de intermediación laboral, es decir, se les exigió que en las propuestas que cada OTEC presentara en los procesos de licitación, tenían que comprometerse con un porcentaje de ocupación para los alumnos que se capacitaran. Explica que lo que agravó la situación, es que dicha exigencia se transformó en esencial para poder tener posibilidad de adjudicación en las licitaciones realizadas por SENCE, debido a que este organismo elevó esta exigencia al valor de un 25% del puntaje que un OTEC podría tener en una licitación, por lo que en la práctica, dicha exigencia se transformó en vital para tener posibilidades de adjudicación. Además, explica que la recurrida estableció sanciones gravosas para quienes incumplieran con lo ofertado, y estas sanciones consisten en la retención del 25% del valor de la capacitación realizada y luego una multa de 10 UTM por cada alumno al cual no se logre colocar en un puesto de trabajo.

Señala que el 29 de octubre del año 2020, la recurrida dictó la Resolución Exenta N° 2541, que “Aprueba Bases Administrativas y Técnicas del Concurso Público, en modalidad mixta, para la presentación, evaluación y selección de propuestas en el marco del “Programa Reconversión Laboral”, que también puede denominarse “Programa Reinvéntate”, que en su numeral 1.2.3.1., establece que en dicho programa existirá un componente de colocación, por lo que se evaluará si el oferente al momento de postular, incorpora en la plataforma el porcentaje de compromiso de colocación de participantes por cada plan formativo y comuna postulada, considerando un mínimo de 10%, es decir, quien no se comprometa con dicho porcentaje, no puede participar de la licitación. Además, para tener la posibilidad de adjudicar, deberá comprometerse con un porcentaje superior al 50%, puesto que, a mayor porcentaje de compromiso de colocación, mayor será el puntaje asignado. Añade que se estableció que el porcentaje de compromiso de colocación o porcentaje de inserción laboral será determinado libremente por el oferente, con la restricción que no se permitirá una oferta sin tal compromiso.

Acusa que SENCE, a través de sus bases de licitación, deroga o modifica su ley orgánica respecto al objeto único de los OTEC, que es de capacitación y no de empleabilidad. Destaca que dicho actuar se ha producido desde hace más de 2 años y durante mucho tiempo han aceptado dichas imposiciones atendida la posición dominante que posee el órgano denunciado, ya que éste ofrece el 90% de las posibilidades de ejecutar la actividad de capacitación. De este modo, los OTEC se encuentran en la disyuntiva de acatar su estatuto legal y no participar de ninguna licitación e irse a la quiebra, o participar en ellas, asumiendo el riesgo de ser eliminadas del Registro Nacional, o sufrir la aplicación de multas o retención de sus ganancias o garantías.

Menciona que la recurrida ha intentado fundamentar su actuar argumentando que la empleabilidad laboral es la culminación del proceso de capacitación, sin embargo, dichas actividades son diferentes, pues incluso el Servicio de Impuestos Internos establece códigos distintos para cada uno. Además, dichas actividades son desarrolladas por instituciones diversas, ya que los OTEC realizan las capacitaciones autorizados por SENCE y la inserción laboral la efectúan las instituciones públicas como las OMIL (Oficinas Municipales de Información Laboral) o instituciones privadas como Adeco.

Indica que otro argumento que ha utilizado la recurrida se sustenta en que la partida correspondiente de la Ley Anual de Presupuesto en la cual se establece el de SENCE, les daría la facultad legal para poder imponer dicha exigencia no contemplada en la ley. Sin embargo, no existe tal autorización y no es posible que a través de la ley de presupuesto se modifique una ley orgánica.

Afirma que la recurrida sabe que la nueva exigencia transgrede la ley, por cuanto el año 2019 presentó un proyecto de ley para modificar la Ley N° 19.518 a fin de agregar a los OTEC, que su objeto social será la de prestación de servicios de capacitación y de intermediación laboral. Dicho proyecto se encuentra en tramitación.

Expresa que la recurrida reconoce que los OTEC solo pueden realizar actividades de capacitación pues según consta en Acta de evaluación de ofertas y recomendaciones de adjudicación de licitación pública, de fecha 6 de abril del año 2020, por la cual se contrataban servicios de intermediación laboral en la Región de Arica y Parinacota, se declaró inadmisible la postulación del OTEC Fundación Impulso SpA fundada en que aquél solo puede prestar servicios de capacitación y que atendido a que la licitación tiene como objetivo contratar servicios de intermediación laboral, el giro de la Fundación no le permitió postular al proceso.

Denuncia que la situación precedentemente descrita vulnera las garantías constitucionales de los numerales 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº 2541, de fecha 29 de octubre del año 2020, que “Aprueba Bases Administrativas y Técnicas del Concurso Público, en modalidad mixta, para la presentación, evaluación y selección de propuestas en el marco del “Programa Reconversión Laboral”, que también podrá denominarse “Programa Reinvéntate”, año 2021, por ilegal y arbitraria; que obligue al recurrido Servicio Nacional de Capacitación y Empleo a eliminar sus prácticas discriminatorias para con las OTEC, obligándolo a excluir de las licitaciones toda exigencia contraria a la Ley o Reglamento, restableciendo un trato de igualdad basado en la aplicación de ley como ha sido históricamente; que se eliminen las amenazas de sanciones pecuniarias que no procedan del legítimo ejercicio de facultades legales y que se obligue al SENCE a no imponer exigencias o requisitos en sus procesos de licitación que contradigan la ley que regula esta materia, para el caso la Ley N° 19518 y su reglamento.

Acompaña copia de la Resolución Exenta N° 2541, de 29 de octubre del año 2020, copia de parte del proyecto de ley de modificación de la Ley SENCE y copia del acta de adjudicación de Servicios de Intermediación Laboral en la Región de Arica y Parinacota, de fecha 16 de abril del año 2020.

Con fecha 29 de diciembre del año 2020, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso. Indica que el artículo 1° de la Ley N° 19.518, dispone que el sistema de capacitación y empleo que establece esta ley tiene por objeto promover el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas, así como la calidad de los procesos y productos.

Indica que las Leyes de Presupuestos de los años 2019, 2020 y 2021 han financiado el “Programa Reconversión Laboral”, cuya gestión y administración está a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, cuyo objetivo es atender a las necesidades de capacitación de personas desempleadas que hayan perdido su empleo recientemente, con la finalidad de aumentar la posibilidad de reinsertarse laboralmente, a través de la entrega de un curso de capacitación a elección del beneficiario, dentro de la oferta programática que pondrá a su disposición el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Añade que la Resolución Exenta Nº 2541, de 29 de octubre del año 2020, que aprueba bases administrativas y técnicas del concurso público, en modalidad mixta, para la presentación, evaluación y selección de propuestas en el marco del “Programa Reconversión Laboral” establece como objetivo atender las necesidades de capacitación de personas desempleadas que hayan perdido su empleo recientemente o de personas empleadas en riesgo de perder el empleo debido al impacto de la automatización de sus labores en ciertos sectores productivos, con la finalidad de aumentar la posibilidad de reinsertarse laboralmente y de aumentar y mejorar las competencias laborales, a través de la entrega de un curso de capacitación a elección del beneficiario, dentro de la oferta programática que pondrá a su disposición el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Agrega que el Programa de Reconversión Laboral, considera tres componentes, el primero, lectivo, destinado a la implementación de cursos y capacitación en planes formativos, el segundo, de apoyo socio laboral para evitar deserciones no fundadas, y el tercero, de inserción laboral, mediante un proceso integral que permita un encuentro efectivo entre la empleabilidad y la ocupabilidad. Finalmente, comprende el componente de colocación, que consiste en la obtención de un puesto de trabajo, a través de una relación laboral contractual regida por el Código del Trabajo o por el Estatuto Administrativo, o la obtención de un contrato de prestación de servicios a honorarios, en el caso de cursos en el Área Computación e Informática o en otra área o curso donde el mercado laboral y las posibilidades de colocación estén asociadas a contratos de prestación de servicios a honorarios. En ambos casos, deberán contar con una duración mínima de 3 meses en su totalidad, pudiendo celebrarse uno o más contratos de trabajo o prestación de servicios a honorarios sucesivos, cada uno, con una duración mínima de un mes.

Explica que la Ley de Presupuestos de los años 2019, 2020 y 2021 contempla el financiamiento del programa antes dicho, indicando que las líneas de acción, requisitos de ingresos, beneficios y mecanismos de control a que está afecta el desarrollo de ese Programa, son los establecidos en el Decreto N° 6, de 2019, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, o el instrumento que lo reemplace. Por lo que es en ese contexto en que se dicta la resolución objeto del recurso.

Asimismo, se indica que el OTEC Fénix Capacitaciones Limitada, participó en el Programa Reconversión Laboral año 2019, siendo seleccionado por la Resolución Exenta N° 1768, de 2019, y que con fecha 25 de mayo del año 2019, mediante la Resolución Exenta N° 592, de la Dirección Regional de O’Higgins, se aprobó el Convenio de Condiciones Generales de Ejecución de Cursos, en el marco del “Programa Reconversión Laboral 2019”, con dicho OTEC, el que fue prorrogado mediante la Resolución N° 20, de 14 de enero del año 2020. Dicho organismo, conforme los registros de este Servicio Nacional, no aparece como ejecutor en el Programa Reconversión Laboral, año 2020.

Añade que la recurrente presentó anteriormente un recurso de protección ante esta misma Iltma. Corte, con el Rol N° 9173-2020, por los mismos argumentos, el que fue rechazado.

Indica que en el Decreto N° 6 de 2019, ya citado, el Programa de Reconversión Laboral contempla el componente de “intermediación laboral”, destinado a que los participantes, al término de la capacitación, logren insertarse en un puesto de trabajo de carácter formal. Para lograr lo anterior, el oferente al momento de formular su propuesta debe comprometerse con determinados porcentajes de cumplimiento de colocación. En función del porcentaje comprometido se le asigna una nota, y en el evento de resultar seleccionado, el ejecutor deberá acreditar su cumplimiento mediante la exhibición de determinados medios verificadores, en función del cual percibirá un pago adicional; asimismo, obtendrá un pago por sobre cumplimiento del compromiso, en el evento que haya logrado la colocación laboral de un número mayor de participantes al comprometido en su propuesta y, en caso de incumplimiento del compromiso, se aplicará un descuento por participante no colocado, lo que se descontará en la respectiva liquidación del componente denominado “inserción laboral”.

Afirma que no existe acto arbitrario o ilegal, pues todos los programas que establecen este componente de colocación han sido dictados conforme a derecho, autorizados por la ley de presupuestos. Indica que la Ley N° 19.518, no es una ley orgánica constitucional o una ley de quórum calificado, por lo tanto, dentro de la pirámide de la jerarquía legal se encuentra al mismo nivel que las leyes de presupuesto, por lo que no existen restricciones para que éstas últimas establezcan autorizaciones excepcionales. Además, es la propia ley N° 19.518 la que mandata al SENCE no solo diseñar programas de capacitación, sino que, además, adoptar las medidas para lograr que los trabajadores accedan a empleos de mayor calidad, como queda de manifiesto en el literal a) del artículo 3º y el artículo 46 de la Ley Nº 19.518 y el artículo 47 de su Reglamento General.

En cuanto a lo señalado por el recurrente respecto de la modificación de la Ley N° 19.518, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional, ésta pretende establecer como norma general y permanente una autorización que actualmente se realiza anualmente mediante las respectivas leyes de presupuestos del sector público, pero en ningún caso puede interpretarse, en que su parte se encuentre actuando fuera de sus atribuciones.

Finaliza expresando que no existen garantías constitucionales vulneradas.

Acompaña copia de la Resolución Exenta N° 2541, de 29 de octubre del año 2020, del ordinario N° 65/452, de 23 de abril del año 2020 y de la carta N° W005282/20, de 6 de mayo del año 2020, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que produzca privación, perturbación o amenaza de su ejercicio. Quien comparece como recurrente debe acreditar un derecho indubitado, claramente establecido, respecto del cual reclame que se dicten medidas de protección. Dado su procedimiento desformalizado, sin probatorio, así como su carácter cautelar, este recurso no es la vía adecuada para resolver controversias que exijan interpretar normas o dictar una sentencia declarativa de derechos, lo que se debe tener presente en esta causa.

Segundo: Que, el OTEC recurrente impugna como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta N° 2541, dictada por la recurrida con fecha 29 de octubre del año 2020, cuyo epígrafe es: “Aprueba Bases Administrativas y Técnicas del Concurso Público, en modalidad mixta, para la presentación, evaluación y selección de propuestas en el marco del “Programa Reconversión Laboral”, que también podrá denominarse “Programa Reinvéntate”, que en su numeral 1.2.3.1., bajo el título de “componente de colocación” exige a los oferentes que se comprometan a obtener un puesto de trabajo para un porcentaje mínimo de los usuarios capacitados, ya sea a través de una relación laboral contractual regida por el Código del Trabajo o por el Estatuto Administrativo, y sin perjuicio de eventuales contratos a honorarios. Acusa que dicha exigencia no es procedente, por cuanto los organismos técnicos de capacitación (OTEC) tienen como único objeto estatutario la capacitación, la cual no comprendería la intermediación laboral.

Tercero: Que, para una acertada resolución de este recurso, es menester dejar constancia que, examinada la Resolución Exenta N° 2541, de 29 de octubre del año 2020, impugnada por esta acción constitucional, se extraen de su tenor los siguientes hechos:

1.- Que, con el numerando 2.4., bajo el epígrafe “Organismos Participantes”, se dice que “podrán participar en este concurso” tanto los OTEC, cuanto “Universidades, Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) que no se encuentren inscritos como OTEC en el Registro Nacional que al efecto mantiene este Servicio Nacional (artículo 19 ley 19.518).”

En consecuencia, el concurso no es solo para OTEC.

2.- Que en el numerando 2.5., bajo el epígrafe “Consultas y Aclaraciones a las Presentes Bases”, además de regular el ejercicio de aquéllas, se dispone: “Las respuestas y/o aclaraciones, se entenderán parte integrante de las presentes bases.”

3.- Que, en el numerando 2.7., bajo el epígrafe “Modificaciones a las Presentes Bases Administrativas de la Presentación de Ofertas”, se dispone que SENCE podrá modificarlas, dentro del plazo allí señalado, “ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes durante el proceso de consultas y aclaraciones”.

Cuarto: Que, de los párrafos o numerandos de la resolución impugnada, antes reseñados, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1.- Que el concurso convocado por SENCE para el “Programa Reconversión Laboral” está abierto, como oferentes, no solo a los OTEC, sino que también a las instituciones educacionales que menciona, que son Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica, los que no están afectos ni regulados por la ley N° 19.518, que no requieren estar inscritos en el Registro Nacional de SENCE, como expresamente se dice y que, por tanto, no tienen limitación alguna de actuar en un proceso de intermediación laboral.

De lo dicho se deduce, con entera certeza, que no es posible exigir que el concurso se rija exclusivamente por las normas legales permanentes y ordinarias aplicables a las OTEC, como lo pretende el recurrente, si está abierto a otras entidades regidas por normas distintas, respecto de las cuales las bases dictadas se ajustan claramente a derecho.

Cabe advertir que las normas especiales contenidas en las leyes anuales de presupuesto de la Nación, así como las del Decreto N°6, de 2019, aplicables al Programa Reconversión Laboral, tienen como nítida finalidad autorizar a las OTEC para actuar en la intermediación laboral, igualando sus posibilidades de licitar a las otras entidades que pueden hacerlo, de suerte que en vez de limitar su participación en los concursos, como lo afirma el recurrente, les abre camino para poder actuar como oferentes, sin infringir sus estatutos sociales, de modo excepcional y transitoriamente.

Por tal razón, la anulación pedida carece de causa de pedir si hay oferentes que no tienen prohibición de llevar a cabo la intermediación laboral, reclamada en autos por el recurrente como ilegal y arbitraria, de suerte que por vía de protección pretende que se imponga tal presunta prohibición a todos los oferentes, en circunstancias que hay expresas normas legales que autorizan a las OTEC para comparecer como licitantes en la intermediación laboral, sin infringir sus estatutos.

2.- Desde otro ángulo, y desarrollando lo expuesto en el párrafo anterior, cabe expresar que las licitaciones son procesos administrativos reglados, en sede de derecho público, en las cuales rige el principio de la igualdad de los oferentes. Todos los concurrentes deben regirse por las mismas bases, que regulan la licitación pertinente.

Pretender que, en un mismo concurso, a los OTEC se les libere de la intermediación laboral, explícitamente contenida y reglada en las bases administrativas y técnicas aplicables a la generalidad de los oferentes, significaría quebrar el principio antes dicho, porque se daría un trato diferente a dos grupos de postulantes, lo que es enteramente inaplicable en un mismo concurso, materia resuelta en una amplia y asentada jurisprudencia, tanto administrativa como judicial.

3.- Que, en cuanto a las “Consultas y Aclaraciones”, que es el cauce que hace posible que los eventuales oferentes planteen sus dudas o posiciones, no hay constancia en autos que el recurrente haya hecho uso de esta alternativa, lo que torna en tardío que lo haga ahora, en esta sede de protección.

Se agrega a lo anterior, que es un hecho establecido que el recurrente participó en otros concursos anteriores del mismo Programa, sin reproche alguno, aceptando bases concebidas en iguales términos a las que ahora impugna, lo que hace concluir que precluyó su derecho a impugnarlas.

4.- Que, a mayor abundamiento, las consultas o aclaraciones que tuvo oportunidad de hacer el recurrente, pudieron derivar en una eventual modificación de las bases, como lo dice el párrafo 2.7., por lo cual, al no haber hecho uso de aquéllas, su pretensión de enmendar o anular ahora las bases en sede de protección aparece como extemporánea.

Quinto: Con respecto a la intermediación laboral, cabe tener presente el siguiente párrafo de las Bases impugnadas: “8.5. FASE DE INSERCIÓN LABORAL (COLOCACIÓN)”: “La fase de inserción laboral considera la colocación de los participantes que hubieren aprobado la Fase Lectiva del curso”. (…) “Si el ejecutor cumple con el compromiso de colocación indicado en su propuesta, recibirá un pago correspondiente al 25% del Valor Capacitación y Empleo (VCE), considerando solo a los participantes aprobados del curso en su Fase Lectiva. De existir un sobrecumplimiento de este compromiso, existirá un pago adicional equivalente al 10% del VACE por cada participante colocado por sobre el compromiso. Además, existirá un incentivo adicional, para promover la colocación de población definida como prioritaria, que aplica solo si se cumple con el compromiso de colocación.”

De los preceptos citados, cabe concluir que el proceso de intermediación laboral es remunerado, no es una carga impuesta a los oferentes, pues da origen a ingresos para quienes asumen y cumplen el compromiso que las bases exigen, por lo cual el relato del recurrente no es completo y aparece interesadamente presentado, destacando solo el riesgo de eventuales descuentos y/o multas, por no cumplir lo comprometido, sin hacer mención a que el cumplimiento origina ingresos adicionales.

Que, de lo dicho se desprende que, anular ahora las bases, como lo pretende el oferente, generaría el riesgo de causar perjuicios o daños a terceros que no son parte de este recurso, pues un solo OTEC, actuando en estos autos, no puede pretender dejar sin efecto una resolución que alcanza a muchos otros concurrentes, a nivel nacional, para los cuales no existen las prohibiciones invocadas respecto de la intermediación laboral, que nada han dicho en cuanto a estimarla ilegal o arbitraria y que pueden tener un legítimo interés en los eventuales pagos que esta parte del procedimiento origina, de modo que la anulación les causaría un perjuicio sin haber sido oídos.

Sexto: Que, en cuanto a la normativa aplicable, no cabe duda acerca del contenido de la ley N° 19.518, por lo cual no es menester entrar a su análisis. Es claro que tales normas son permanentes y ordinarias, y rigen para los OTEC.

También está fuera de discusión que las leyes anuales de presupuesto de los años 2019, 2020 y 2021, contienen glosas que hacen posible financiar el “Programa Reconversión Laboral”, cuyas bases dan origen a este recurso, encomendando su administración a SENCE y haciendo expresa mención al Decreto N° 6, de 2019, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, antecedente que el recurrente no menciona en su libelo, omitiendo referencia a dicho texto reglamentario. El recurrente sostiene que una ley de presupuestos no puede modificar una ley orgánica, como sería ley N° 19.518, lo que teñiría de ilegalidad el acto administrativo que impugna.

Atendido que se trata de leyes comunes, de igual jerarquía jurídica, tal afirmación carece de sustento, pues los artículos 4° y 13° del Código Civil contienen los principios hermeneúticos de la especialidad, en cuanto la ley que contiene normas especiales predomina por sobre la que contiene preceptos generales, y el principio de que la ley más nueva predomina sobre la más antigua.

La conclusión que se obtiene es que, siendo las leyes de presupuesto de la Nación de duración anual, contienen normas transitorias, que pueden ser distintas de las generales, siendo legítimo y forzoso que SENCE se ajuste a ellas, conforme el principio de juridicidad en la Administración del Estado, contenido en el artículo 7° de la Carta Constitucional. Las normas transitorias no derogan las permanentes, como lo afirma erradamente el actor, haciendo posible que ambas coexistan armoniosamente, como acontece en la especie.

Tal circunstancia justifica el proyecto de ley en actual tramitación, que pretende incorporar permanentemente a la ley N° 19.518 las actuales normas transitorias, que deben ser anualmente reiteradas, sin que se le pueda atribuir otros efectos o connotación que la dicha.

De lo expuesto, no es posible acoger la tesis del recurrente, en cuanto a que la Resolución Exenta N° 2541, de 29 de octubre del año 2020, sería un acto administrativo ilegal, pues se ajusta a los preceptos, antes citados.

Séptimo: Que, además de lo expuesto, debe tenerse en vista que el recurrente no hizo referencia al Decreto N° 6, de 2019, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyo artículo 2 letra b) dispone que “el Programa considera los siguientes componentes y líneas de acción: b) Intermediación laboral: Este componente contempla acciones tendientes a lograr la colocación laboral en puestos de trabajo formal, tales como diagnóstico sociolaboral, inscripción en Bolsa Nacional de Empleo, gestión en empresas a través de encuentros y reuniones y preparación, derivación y seguimiento de entrevistas laborales.”

Este decreto fue tomado de razón, está vigente, es netamente aplicable a la causa subjudice, y sin embargo, no fue mencionado, ni tampoco impugnado por el recurrente. Más aún, lo aceptó cuando en concursos anteriores participó con bases similares, dentro del mismo Programa de Reconversión Laboral, de suerte que no le es posible desconocer hora su plena aplicación a las bases que impugna.

En consecuencia, no es posible pretender desconocer la validez de las bases administrativas y técnicas contenidas en la Resolución Exenta N° 2541, tantas veces citada, si aquéllas se fundan no solo en los textos legales antes mencionados, sino además en el Decreto N° 6, de 2019, no impugnado en este recurso y aceptado con antelación por el recurrente.

Es posible concluir, entonces, que el Programa Reconversión Laboral está regido por un conjunto legal y reglamentario especial y transitorio, al margen de las normas permanentes y ordinarias que rigen la capacitación, pudiendo concluirse que las bases cuestionadas se ajustan a este conjunto normativo.

Octavo: El recurrente, además, plantea que el SENCE obra ilegal y arbitrariamente al determinar la aplicación de descuentos por incumplimientos y multas, respecto de lo cual las normas aplicables nada dicen. Solicita que se le ordene no considerar tales procedimientos en las licitaciones o concursos de este Programa.

Cabe recordar que cada licitación da origen a un contrato administrativo, regido por el derecho público y, supletoriamente, por el derecho común, de donde fluye que las controversias que surjan de su seno escapan a la naturaleza cautelar de un recurso de protección, en el cual no es posible pretender declaraciones o interpretaciones contractuales, las cuales deben ser sometidas a los recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes, motivo por el cual no es posible entrar a conocer de este detalle, por no ser ésta la vía adecuada para hacerlo.

Por estas consideraciones de forma y de fondo, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en representación del ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION (OTEC) FENIX CAPACITACIONES LIMITADA, en contra del SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO (SENCE).

Redacción del Abogado Integrante don Mario Barrientos Ossa.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N° 15.978 -2020 Protección.

No firma el abogado integrante Sr. Barrientos, por no encontrarse integrando el día de hoy; no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.