RECURRENTE: FRUTICOLA LUIS FELIPE EDWARDS LIMITADA. RECURRIDO: INSPECCION PROVINCIAL DE COLCHAGUA, FISCALIZADOR RENE CARLOS CASTRO VARGAS

Rancagua, trece de julio de dos mil quince.

Vistos:

Comparece con fecha 6 de junio de 2015 Domingo José Eyzaguirre Martínez, abogado, en representación de la Frutícola Luis Felipe Edwards Limitada, sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua de San Fernando, representada por nombre reservado y en contra del fiscalizador René Carlos Castro Vargas, todos domiciliados en domicilio reservado.

Recurre en contra del acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de dos resoluciones de multa, ambas de fecha 7 de mayo de 2015, de 60 y 40 unidades tributarias mensuales respectivamente por haber constatado supuestamente la infracción de no pagar las remuneraciones y no contener el contrato de trabajo las cláusulas básicas, vulnerando con ello los derechos establecidos en el artículo 19 N° 3 inciso cuarto, 16, 21 y 24, es decir, la igual protección de la ley en el ejercicio de derechos no pudiendo ser juzgado sino por tribunales competentes, libertad de trabajo y el derecho a la libre elección y contratación, derecho a desarrollar cualquier actividad económica y derecho a la propiedad.

Señala que ante el requerimiento del fiscalizador concurrió a dependencias de la Inspección a presentar los contratos de trabajo de 11 trabajadores, los comprobantes de remuneraciones entre los años 2010 y 2014 y el documento denominado Sistema Integrado de Gestión de la empresa, procediendo a cursar las multas señaladas por no pagar las remuneraciones consistentes en el bono de producción de los trabajadores que allí se indican y por no contener el contrato la estipulación referida a la remuneración correspondiente al bono de producción o desempeño según el detalle que indica, lo que es constitutivo de infracción de los artículos 55 inciso 1 en relación al 7 y 506 del Código del Trabajo y 10 y 506 del mismo cuerpo legal respectivamente, aplicando multa de 60 y 40 UTM.

Dichas multas fueron aplicadas debido a una interpretación absolutamente ilegal y arbitraria de los contratos de trabajos exhibidos, obligando a pagar bonos cuando no existe disposición legal ni contractual que lo obligue a ello, no existen hechos evidentes por los cuales se le cursó la multa, si no tiene facultades para interpretar de acuerdo al Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1967 que fija las funciones de la Dirección del Trabajo, menos el fiscalizador puede determinar la existencia de una cláusula del contrato, atribuyéndose con ello funciones que no tiene vulnerando los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución. El documento denominado Sistema Integrado de Gestión de la Empresa, señala claramente que los trabajadores están sujetos anualmente a una evaluación de desempeño, y dependiendo de los resultados pueden pagarse incentivos, debiendo los tribunales de justicia resolver cualquier conflicto que en relación a ello se deduzca de acuerdo al artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, donde se puedan realizar las alegaciones correspondientes y rendir la prueba necesaria. Agrega que el fiscalizador constató el no pago de dicho bono en períodos totalmente extemporáneos y por los cuales ni siquiera existe acción para perseguirlos, siendo la tercera multa que le cursan de similar naturaleza en menos de un año.

En definitiva solicita se acoja el recurso, dejando sin efecto ambas multas y que se ordene a los recurridos abstenerse de realizar actos y ejecutar conductas similares, con costas. Acompaña a su recurso las resoluciones de multa de fecha 7 de mayo de 2015.

A fojas 46 informan los recurridos que se recibió una denuncia en contra de la empresa ya que no se había pagado el bono de producción del año 2014, y en la fiscalización se constató de los comprobantes de pago de remuneraciones, que durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 se pagó un bono denominado de producción o desempeño, el que no se encuentra escriturado en el contrato de trabajo ni en un convenio colectivo, y entrevistado el personal señaló que dicho bono se paga de acuerdo a la productividad y metas del trabajador, es decir, corresponde a la prestación de un servicio, sin que la empresa diera razones del porqué no lo había pagado. Indica que el sistema integrado que se exhibió no correspondía a la empresa frutícola y no indicaba montos y los trabajadores no tenían conocimiento de la evaluación de desempeño que en ese sistema aparecía, por ello dicho bono constituye una remuneración que no puede ser suprimido de manera unilateral por el empleador, siendo una cláusula tácita incorporada al contrato, razón por la cual se cursó la multa.

Agrega que respecto a una multa cursada el 3 de septiembre de 2014 por los mismos hechos, se dedujo reclamo ante el Juzgado del Trabajo, el que fue rechazado.

Refiere que la Inspección del Trabajo ha actuado dentro de sus facultades legales y el acto administrativo impugnado se fundó en criterios jurídicos y técnicos no siendo arbitrario ni ilegal, se realizó una fiscalización y luego de constatados los hechos, se cursó la multa, señalando los fundamentos de hecho y de derecho. Indica además que no existen derechos indubitados por lo que esta acción cautelar no es la vía para declarar la existencia de un derecho, refiere que no se ha vulnerado ninguno de los derechos invocados, pudiendo la sociedad interponer los recursos administrativos que contempla la ley 19.880 o el artículo 503 del Código del Trabajo, por lo que en definitiva solicita se declare inadmisible el recurso de protección o se le rechace en todas sus partes, con costas.

Acompaña resoluciones de multa, informe de fiscalización, ingreso de denuncia, acta de entrevista y revisión documental, anexo N°4, resolución de multa anterior y sentencia dictada en causa Rit I-24-2014.

A fojas 51, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y es constitutivo de un instrumento cautelar destinado a resguardar de un modo urgente aquellas que estén amagadas para restablecer así el imperio del Derecho.

SEGUNDO: Que se ha argumentado en el recurso deducido que el acto ilegal y arbitrario que ha conculcado sus derechos, consiste en la dictación de las resoluciones de multa cursadas a su parte por infracción a la normativa laboral, pero se debe considerar que el recurso deducido es una acción cautelar de carácter excepcional que pretende dar una respuesta rápida y en un procedimiento breve a situaciones que afectan algunos derechos fundamentales establecidos a favor de las personas, y en este caso, del informe evacuado por el recurrido y los antecedentes planteados por la recurrente, se advierte que la demandante no cuenta con un derecho indubitado que sea posible de resguardar a través de este recurso, situación que indefectiblemente debe ser resuelta en un juicio de lato conocimiento como el contemplado en el artículo 503 del Código del Trabajo, en el que las partes puedan acompañar todos los antecedentes necesarios para su resolución determinando en dicha sede si incurrió o no en una infracción a las normas de carácter laboral, no siendo ésta la vía idónea para ello.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 7, por Domingo José Eyzaguirre Martínez, en representación de la Frutícola Luis Felipe Edwards Limitada, en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua de San Fernando, representada por nombre reservado y en contra del fiscalizador René Carlos Castro Vargas, sin costas.

Regístrese y archívese.

Rol I. Corte 1596-2015. Civil- Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros señor Fernando Carreño Ortega, señor Ricardo Pairicán García y señor Carlos Farías Pino.

Hernán González Muñoz Secretario En Rancagua, a trece julio de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.