Protección contra Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de O’Higgins

C.A. Rancagua Rancagua, treinta de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 2 de octubre de 2025 comparece el abogado Luis Alfaro Aravena, en representación de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de O’Higgins, fundado en la supuesta inactividad y demora injustificada en la tramitación de un procedimiento administrativo de regularización de la posesión de un inmueble.

Expone que el padre de su representada, don nombre reservado, solicitó ante el Ministerio de Bienes Nacionales la regularización de la posesión del inmueble ubicado en domicilio reservado, el cual fue acogido favorablemente mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 18 de julio de 2023, dictada conforme al Decreto Ley N°2.695 de 1979.

Señala que, pese a haberse dictado el referido acto administrativo favorable, el procedimiento no ha sido concluido hasta la fecha, manteniéndose pendiente la materialización definitiva del proceso de regularización, no obstante, las gestiones realizadas por la interesada, entre ellas solicitudes de audiencia a través de la Ley de Lobby, sin que se haya obtenido una resolución terminal.

Sostiene que dicha dilación administrativa vulnera diversas garantías constitucionales, en particular el derecho de petición consagrado en el artículo 19 N°14 de la Constitución Política de la República, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes prevista en el artículo 19 N°23, y el derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24, en cuanto la falta de conclusión del procedimiento impediría consolidar el dominio sobre el inmueble.

Agrega que la actuación de la autoridad recurrida infringe, además, los principios que rigen el procedimiento administrativo conforme a la Ley N°19.880, especialmente los de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad, al no dictar una resolución final dentro de un plazo razonable, excediendo los términos legales.

Finalmente, solicita se acoja la acción deducida, declarando la ilegalidad y arbitrariedad de la conducta de la autoridad recurrida y ordenando la dictación de la resolución definitiva del expediente administrativo N°NUM000 dentro de un plazo determinado, con el objeto de restablecer el imperio del derecho.

Con fecha 18 de noviembre de 2025 se prescinde del informe de la recurrida y se traen los autos en relación Con misma fecha comparece la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins solicitando el rechazo de la acción de protección deducida, por estimar que no concurren los presupuestos que hacen procedente dicha acción cautelar.

En cuanto a los antecedentes del procedimiento, señala que la solicitud de regularización fue ingresada con fecha 13 de octubre de 2022, generándose el expediente N°NUM000, el cual fue acogido mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 18 de julio de 2023, tras lo cual el procedimiento ha continuado su tramitación ordinaria, conforme a sus distintas etapas técnicas y administrativas, registrándose actuaciones durante los años 2023, 2024 y 2025, tales como verificaciones territoriales, solicitudes de informes a organismos externos, revisiones jurídicas y diligencias técnicas vinculadas al inmueble.

Indica que, según los registros del sistema institucional, el expediente ha tenido actividad constante, incluyendo actuaciones recientes como constataciones en terreno, notificaciones al presunto dueño, y oficios dirigidos a organismos como el Registro Civil y el Servicio de Impuestos Internos, todos necesarios para la prosecución del procedimiento, lo que demuestra -a su juicio- que no existe paralización imputable a la autoridad.

Agrega que la duración del procedimiento se encuentra influida por factores estructurales, tales como la carga de trabajo del servicio y la disponibilidad de recursos humanos, así como por la necesidad de recabar antecedentes de terceros u otros organismos públicos, circunstancias que inciden en los tiempos de tramitación sin constituir una actuación ilegal o arbitraria.

Asimismo, sostiene que el procedimiento regulado por el Decreto Ley N°2.695 no contempla un plazo fatal para su conclusión, aplicándose supletoriamente la Ley N°19.880, la cual tampoco establece plazos perentorios en estos casos, por lo que la sola extensión temporal del procedimiento no configura ilegalidad.

Hace presente, además, que la recurrente no detenta la calidad de solicitante en el expediente administrativo, el cual fue iniciado exclusivamente por don nombre reservado, no habiendo acreditado aquella representación válida, por lo que carecería de legitimación activa para accionar.

En lo relativo a la alegación de ilegalidad, señala que no concurre tal vicio, desde que el expediente ha seguido su curso normal, conforme a las etapas propias del procedimiento, sin infracción de la normativa aplicable, destacando que la jurisprudencia ha establecido que la demora en un procedimiento administrativo, por sí sola, no constituye ilegalidad.

En cuanto a la arbitrariedad, sostiene que las actuaciones del Servicio responden a criterios técnicos y objetivos, propios de la naturaleza del procedimiento de regularización, descartándose la existencia de decisiones caprichosas o carentes de fundamento.

Finalmente, afirma que no se advierte vulneración de las garantías constitucionales invocadas, por cuanto el derecho de petición se encuentra satisfecho con el ingreso y tramitación de la solicitud; la libertad para adquirir bienes no se ve afectada por la existencia de un procedimiento administrativo en curso; y el derecho de propiedad no se configura en la especie, atendido que la regularización sólo genera una expectativa administrativa y no un derecho real mientras no exista resolución final que así lo declare, concluyendo que no existe privación, perturbación ni amenaza de derechos fundamentales.

Acompañaron las partes los documentos que constan agregados en la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de naturaleza excepcional, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías expresamente protegidos por dicha disposición, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en su ejercicio, requiriéndose, por consiguiente, la concurrencia copulativa de una acción u omisión imputable al recurrido, su carácter ilegal o arbitrario y la afectación actual o inminente de una garantía constitucional indubitada. 2° Que, la recurrente funda su acción en la supuesta demora e inactividad en la tramitación del expediente administrativo N°NUM000, iniciado con ocasión de una solicitud de regularización de la posesión de un inmueble ubicado en la comuna de DIRECCION001, conforme al procedimiento previsto en el Decreto Ley N°2.695. Sostiene que, pese a haberse dictado la Resolución Exenta N°NUM001, de 18 de julio de 2023, que acogió favorablemente la solicitud de regularización presentada por don nombre reservado, el procedimiento no ha concluido mediante la dictación del acto terminal respectivo, lo que estima ilegal y arbitrario, por infringir los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad previstos en la Ley N°19.880 y vulnerar las garantías consagradas en el artículo 19 N°14, 23 y 24 de la Constitución Política de la República. 3° Que, al informar, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de O'Higgins solicitó el rechazo de la acción cautelar, sosteniendo, en síntesis, que el procedimiento administrativo habría mantenido una tramitación activa desde su ingreso, registrándose diversas actuaciones técnicas y administrativas necesarias para su prosecución, agregando que la duración del procedimiento obedece a factores propios de la naturaleza del mecanismo de regularización contemplado en el Decreto Ley N°2.695, el que no contempla un plazo fatal para su conclusión. Asimismo, alegó la falta de legitimación activa de la recurrente y sostuvo que las garantías constitucionales invocadas no han resultado afectadas. 4° Que, en cuanto a la alegación de falta de legitimación activa formulada por la recurrida, cabe señalar que, si bien el procedimiento administrativo de regularización fue iniciado originalmente por don nombre reservado, la recurrente comparece denunciando una supuesta afectación actual de garantías constitucionales derivada de la falta de conclusión del referido procedimiento, invocando un interés directo en su prosecución, cuestión que, atendida la naturaleza cautelar y desformalizada del recurso de protección, resulta suficiente para habilitar el examen del fondo de la controversia planteada. 5° Que, en cuanto al fondo, los artículos 7, 8, 9 y 14 de la Ley N°19.880 imponen a los órganos de la Administración del Estado el deber de impulsar de oficio los procedimientos sometidos a su conocimiento, desarrollándolos con arreglo a los principios de celeridad, economía procedimental, conclusivo e inexcusabilidad, los cuales obligan a la autoridad a adoptar las medidas necesarias para evitar dilaciones indebidas y a emitir un pronunciamiento expreso respecto de las solicitudes formuladas por los particulares dentro de un plazo razonable. 6° Que, si bien el procedimiento de regularización regulado por el Decreto Ley N°2.695 no contempla un plazo fatal para su terminación, dicha circunstancia no habilita a la Administración para mantener indefinidamente pendiente su resolución, toda vez que la inexistencia de un término perentorio no releva al órgano administrativo de su deber legal de concluir el procedimiento mediante el acto terminal correspondiente. 7° Que, en la especie, consta que el expediente administrativo N°NUM000 fue acogido favorablemente mediante Resolución Exenta N°NUM001, de 18 de julio de 2023, sin que se haya acreditado en autos la dictación de una resolución que le haya puesto término. A ello se agrega que el expediente acompañado por la autoridad recurrida no corresponde al procedimiento cuya demora constituye el objeto de esta acción constitucional, circunstancia que impide verificar su estado actual de tramitación y las actuaciones que eventualmente se hubieren practicado con posterioridad. 8° Que, en tales condiciones, habiendo transcurrido casi tres años desde la dictación de la resolución que acogió la solicitud de regularización, sin que conste un pronunciamiento definitivo y sin que la recurrida haya proporcionado antecedentes idóneos que permitan justificar razonablemente dicha situación, se configura una omisión ilegal, por contravenir los principios de celeridad, conclusivo e inexcusabilidad que rigen el procedimiento administrativo, perturbando el derecho de la interesada a obtener una respuesta expresa de la Administración respecto del procedimiento iniciado, motivo por el cual la presente acción será acogida en los términos que se señalarán.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de O'Higgins, sólo en cuanto se ordena a la autoridad recurrida que, en caso de no haberlo efectuado ya, emita el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto del expediente administrativo N°NUM000, dentro del plazo de treinta días contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1593-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.