Recurso de protección

C.A. Rancagua.

Rancagua, veintiocho de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 9 de julio del año en curso, comparece doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en favor de su hijo nombre reservado, contra el Liceo nombre reservado.

Indica que su hijo es estudiante del primero medio B del colegio recurrido, a quien se le aplicó la medida disciplinaria de expulsión.

Agrega que, el proceso aplicado vulneró garantías constitucionales del estudiante, ya que no se le brindo ayuda y solo se le sancionó, cerrando toda posibilidad de volver al colegio, sin comprobar ninguna de las acusaciones en su contra, causando daños psicológicos a aquél y a su familia.

A folio 7, evacúa informe el establecimiento educacional recurrido, solicitando el rechazo del recurso, por cuanto la actuación del establecimiento no ha sido ilegal ni arbitraria, ya que corresponde al ejercicio fundado, proporcional y documentado de las facultades que el ordenamiento jurídico entrega al Rector del Establecimiento frente a hechos que afectan gravemente la convivencia escolar y la integridad física y psíquica de integrantes de la comunidad educativa.

Expone que, al estudiante se le aplicó la medida de condicionalidad de matrícula por resolución de fecha 16 de abril de 2026, por hechos relacionados con la tenencia y circulación de marihuana al interior del establecimiento, por cuanto el alumno reconoció, en una segunda declaración y de manera voluntaria, haber entregado la bolsa con marihuana y los implementos para su consumo, antecedente que quedó registrado en entrevista formal y suscrito por el propio estudiante.

Agreda que, posteriormente, el establecimiento tomó conocimiento de amenazas proferidas por el estudiante nombre reservado hacia otro integrante de la comunidad educativa, consistentes en referencias al uso de armas blancas y armas de fuego ("cuchillas y balazos"), conductas que fueron consideradas de especial gravedad por implicar una afectación directa a la seguridad, integridad física y convivencia de la comunidad escolar. Estos hechos motivaron el inicio de un nuevo procedimiento sancionatorio, desarrollado conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, resguardando íntegramente el debido proceso, ya que el estudiante como su apoderada fueron formalmente notificados de la formulación de cargos, de la aplicación de la medida cautelar y de cada una de las actuaciones desarrolladas. Del mismo modo, una vez notificada la resolución que dispuso la expulsión del estudiante, la apoderada contaba con la posibilidad de ejercer el derecho a solicitar la reconsideración de la medida mediante presentación escrita, conforme a la normativa vigente y al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, sin embargo, no se presentó la solicitud referida, por lo que la resolución adquirió firmeza conforme al procedimiento aplicable.

Finalmente señala adjunta acta de la Superintendencia de educación N° NUM000 Deriva Expedite. Expulsión Cancelación (MFED), en la cual se resuelve como “SATISFACTORIA”.

A folio 9, consta el informe solicitado a la Superintendencia de Educación.

En primer término, se refiere latamente respecto de las facultades legales del organismo en la materia y la normativa relativa a la aplicación de medidas disciplinarias.

Luego, en relación al caso concreto, indica que el 18 de junio de 2026, ingresó el expediente de expulsión del alumno, el que fue revisado por la Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales, derivando el expediente a la Unidad de Fiscalización atendida la eventual existencia de hechos que podrían constituir infracciones a la normativa educacional.

Asimismo, refiere que, si bien puede iniciar un procedimiento para determinar la infracción a la normativa educacional, no cuenta con facultades para dejar sin efecto la decisión adoptada por el Director del colegio recurrido ni para ordenar la reubicación del estudiante en otro establecimiento.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, lo que se reclama en estos autos es la aplicación de la medida de expulsión del hijo de la actora del colegio recurrido, de manera injusta, por no respetar el debido proceso, ni considerar sus alegaciones ni antecedentes remitidos al colegio recurrido.

TERCERO: Que, en su informe, el recurrido señala que, la decisión cuestionada fue adoptada luego de un procedimiento disciplinario, con notificación de inicio, suspensión cautelar fundada, recopilación de antecedentes, entrevistas, recepción de descargos, ponderación de antecedentes médicos y psicológicos, entrega de continuidad pedagógica, resolución final fundada y apertura de plazo legal para solicitar reconsideración, la que no fue ejercida por la recurrente.

CUARTO: Que, informando la Superintendencia de Educación, indica que el 18 de junio de 2026, ingresó el expediente de expulsión de la alumna, el que fue revisado por la Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales, derivando el expediente a la Unidad de Fiscalización atendida la eventual existencia de hechos que podrían constituir infracciones a la normativa educacional.

Asimismo, refiere que, si bien puede iniciar un procedimiento para determinar la infracción a la normativa educacional, no cuenta con facultades para dejar sin efecto la decisión adoptada por el Director del colegio recurrido ni para ordenar la reubicación del estudiante en otro establecimiento.

QUINTO: Que, cabe tener presente que el artículo 6 letra d) del D.F.L.

N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Aula Segura N°21.128 de 27 de diciembre de 2018, regula la aplicación de la medida de expulsión o cancelación de matrícula, precisando que ésta sólo puede adoptarse en base a las causales claramente descritas en el reglamento, -las que, en general, deben afectar gravemente la convivencia escolar- y mediante un procedimiento previo, racional y justo que deber estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

SEXTO: Que, de los antecedentes incorporados al proceso es posible concluir que el Liceo recurrido ha dado cumplimiento a la normativa contemplada en su Reglamento Interno, en concordancia con el Protocolo de Aula Segura, por haber incurrido el alumno, en actos que afectan gravemente la convivencia escolar, entendiendo por tales, los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que causen daño a la integridad física y síquica, tales como, agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte de la Escuela.

En dicho sentido, y de conformidad a lo referido por el recurrido -y no controvertido de contrario-, las causales de expulsión invocadas por la medida materia de controversia constan en su reglamento interno en calidad de conductas gravísimas, resultando consecuentes y subsumibles en el enunciado genérico de conductas que “alteran gravemente la convivencia escolar”, en particular.

SEPTIMO: Que, además, es indispensable tener presente que es deber de todo establecimiento educacional proteger a todos sus estudiantes y mantener la buena y sana convivencia para lo cual procede aplicar su Reglamento de Convivencia Escolar y toda la normativa vigente, apareciendo del procedimiento sancionatorio que la sanción aplicada, esto es, la medida de expulsión del alumno recurrente es proporcional a la conducta desplegada, razón por la cual no queda más que rechazar el presente recurso.

OCTAVO: Que, de las consideraciones y razonamientos precedentes esbozados, es posible concluir que el Liceo materia de escrutinio actúo con estricto apego a su normativa interna, dando cumplimiento a las normas mínimas de un debido proceso, comunicando de forma oportuna, no sólo los antecedentes referidos a las conductas del alumno, sino que también el inicio de la investigación seguida en su contra, periodo en el cual, y en diversas oportunidades, la recurrente tuvo la oportunidad de realizar sus descargos y presentar prueba, dando estricto cumplimiento a la normativa educacional, tal como fue ratificado por la Superintendencia de Educación.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en favor de su hijo nombre reservado, contra el Liceo nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Rol Corte 1.578-2026 Protección.