Protección contra Caja de Compensación Los Andes

Rancagua, ocho de julio de dos mil quince.

Vistos:

Don Ricardo Zúñiga Lizama, abogado interpone recurso de protección a favor de nombre reservado, fiscalizadora de la Dirección del Trabajo, en contra de la Caja de Compensación Los Andes, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, y contra la Dirección del Trabajo de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que mientras la actora trabajó para la empresa TPG Ltda., en el año 2004, solicitó un crédito a la Caja de Compensación de Los Andes por un monto de $8.491.161, el que debía pagarse en 60 cuotas mensuales, mediante descuento de remuneraciones de la señora nombre reservado, de esta forma se pagaron las nueve primeras cuotas, y a la fecha de suscribir el finiquito con su empleadora, ésta le descontó la suma de $8.366.742 de la suma que le correspondía recibir, con el fin de solucionar el saldo del crédito en la Caja de Compensación, lo que nunca efectuó.

Añade que el mismo año, la recurrente avaló un crédito en la misma caja de compensación otorgado a nombre reservado y Lillo, por un monto de $9.481.460, del cual sólo se pagaron 13 cuotas.

Indica que la Caja de Compensación jamás ejerció acciones judiciales en contra de la actora ni de la persona que avaló, por lo tanto las acciones civiles se encuentran prescritas, teniendo actualmente la calidad de obligaciones naturales.

Agrega que en el año 2005, doña nombre reservado fue contratada por la Dirección del Trabajo, entidad a la que jamás concedió autorización para descontar de sus remuneraciones los dineros para pagar los créditos antes referidos. Posteriormente, en el año 2014, la misma Caja de Compensación concedió a la recurrente un nuevo crédito, para lo cual verificó que ésta no tenían deudas pendientes de cobro con dicha institución, autorizando la señora nombre reservado a su actual empleador, a descontar la suma de $138.768 mensuales.

Indica que aprovechando esta situación, la Caja de Compensación recurrida se ha dado maña para obtener que la Dirección del Trabajo descuente de las remuneraciones de la actora, sumas de dinero para pagar los créditos otorgados en el año 2004, pese a no existir autorización para este descuento, y habiendo manifestado la actora su oposición por escrito a que dichos descuentos se efectuaran.

Añade que los descuentos se han efectuado desde julio del año 2014 hasta la fecha de presentación del recurso, correspondiendo el último al efectuado el 30 de mayo del año en curso, por la suma de $395.361.

Precisa que el crédito para el cual la recurrente autorizó el descuento de sus remuneraciones, fue íntegramente pagado el 30 de octubre de 2014, sin que existan obligaciones civiles pendientes de pago con la Caja de Compensación recurrida.

Agrega que los montos descontados no corresponden a las cuotas de los créditos obtenidos en el año 2004, por lo que la Caja de Compensación ha incrementado dichos créditos con intereses y reajustes que no ha podido objetar la recurrente, y que son determinados arbitrariamente por la recurrida.

Sostiene que la actuación de ambas recurridas es arbitraria e ilegal y vulnera el derecho de propiedad de la señora nombre reservado sobre sus remuneraciones, la primera por solicitar un descuento improcedente de sumas de dineros que ha determinado arbitrariamente, sin la intervención de un Tribunal, y la segunda, accediendo a efectuar el descuento sin autorización de la funcionaria y sin verificar su legalidad.

Solicita declarar arbitrarios e ilegales los descuentos de remuneraciones que se efectúan a la señora corral para pagar los créditos otorgados en el año 2004, ordenando su cese inmediato.

Acompaña documentación que se encuentra agregada al expediente.

A fojas 44, informa la Caja de Compensación recurrida solicitando el rechazo del presente recurso, con costas.

Expone que el artículo 58 del Código del Trabajo, señala expresamente que el empleador deberá deducir de las remuneraciones: los impuestos que las graben, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Asimismo la ley 18.833, que establece el estatuto de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en su artículo 22 dispone que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales”.

Explica que al efectuar la solicitud de descuento para el pago de los créditos adeudados, ha hecho uso de las herramientas de cumplimiento que el ordenamiento jurídico a puesto su disposición, por lo que su actuación no puede estimarse ilegal.

En cuanto a la falta de autorización expresa otorgado por el recurrente, expone que en los títulos de los créditos suscritos por doña nombre reservado en el año 2004, consta la existencia de un mandato otorgado expresamente a su “actual empleador y futuro empleador o empleadores y entidades pagadoras de pensión” para que descuenten del pago de sus emolumentos mensuales los dividendos correspondientes al crédito de que se trate. Añade que los créditos otorgados en el año 2004 no han sido íntegramente pagados, ni su prescripción ha sido declarada en sede judicial, por lo que se encuentran vigentes para exigir su cobro.

En cuanto a las supuestas arbitrariedades en la determinación de los montos descontados, señala que la Caja de Compensación recurrida sólo ha cobrado el valor nominal de las cuotas mensuales, sin corrección monetaria que pudiera perjudicar a la recurrente.

Concluye que no incurrido en actuación arbitraria o ilegal que haya afectado las garantías constitucionales de la recurrente.

A fojas 101 informa la Dirección Regional del Trabajo, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar alega la extemporaneidad de la acción deducida, por cuanto el primer descuento que la actora considera arbitrario e ilegal se produce en el mes de octubre de 2014, fecha desde la cual debe contarse el plazo que establece el artículo 1 del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, el que a la fecha de interposición del recurso se encontraba largamente vencido.

En cuanto al fondo, sostiene que no ha incurrido en actuación arbitraria o ilegal que haya afectado garantías constitucionales de la recurrente, ya que se ha limitado cumplir el mandato legal contenido en el artículo 22 de la ley 18.883, que dispone que las deudas de créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación, deben ser deducidas de la remuneración del funcionario y entregadas a la Caja acreedora, conforme a las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales, en base a planillas mensuales que se remiten a las oficinas centrales de la Dirección del Trabajo.

Acompaña documentación agregada al expediente.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que en la especie se ha recurrido en contra de descuentos que pretende hacer la Dirección del Trabajo a la remuneración de la actora, para pagar deudas contraídas con una Caja de Compensación. Se reclama de esas deducciones futuras en base a actos ya ocurridos, de similar característica. La primera entidad, empleadora de la recurrente, alega la extemporaneidad del recurso, dado que las deducciones se han efectuado desde más de treinta días antes de la interposición de esta acción. Para resolver el punto ha de tenerse en cuenta de que no se reclama de un solo acto que se prolongue en el tiempo o que genere efectos de orden permanente, sino en contra de descuentos que se aplican mes a mes, cada cual distinto al otro, de suerte que cada hecho es un acto singular, y la parte petitoria del recurso no solicita ninguna restitución, sino sólo el cese de las deducciones, con lo cual tenemos que se recurre en verdad contra actos futuros, que configuran una amenaza cuya seriedad e inminencia se basa necesariamente en el último descuento efectuado a la fecha de interponerse el libelo, aquél de menos de treinta días de antigüedad, según éste explica. Luego, no se trata de una acción extemporánea, pues nada se pide respecto de hechos anteriores, sino de sucesos aún no concretados al tiempo del recurso, e impedidos de ejecutar, por lo demás, por haber mediado orden de no innovar.

2.- Que en cuanto al fondo, el punto no dice relación con la existencia o no de un mandato que alcance al actual empleador, porque es el legislador, tanto en el artículo 58 del Código Laboral como en el 22 de la Ley 18.833, quien ordena al empleador descontar las obligaciones contraídas por el trabajador para con entidades de previsión. No puede caber duda de que el nuevo empleador recibe también el mandato legal de aplicar los descuentos, pero, como lo veremos con más detenimiento, lo recibe para retener y enterar cuotas que venzan en su propio período a cargo de la relación laboral, y nada más. La cuestión, pues, estriba en determinar si ese medio especial y excepcional de cobro es aplicable a la especie.

3.- Que para resolver el punto ha de estarse al tenor del artículo 22 de la Ley 18.833 que manda que lo adeudado a título de crédito social sea deducido de la remuneración por la entidad empleadora y remesado a la caja acreedora, rigiéndose por las reglas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales. Pues bien; esta última frase da la tónica para interpretar el artículo, porque evidentemente se trata de una obligación que pesa sobre el empleador que lo sea al tiempo de devengarse la obligación, en este caso por cuotas, mes a mes, tal como ocurre con las cotizaciones. Nadie supone que si un empleador no descuenta cotizaciones durante un año, por ejemplo, deba, o siquiera pueda, el empleador siguiente descontar esos montos atrasados de la remuneración de su trabajador. A esas alturas será la entidad previsional la encargada de cobrar y, en el caso de las cotizaciones, de cobrar a quien tuvo que retener, que era el empleador anterior. En el caso de las obligaciones para con Cajas de Compensación ya vencidas la situación puede variar, porque la retención no se presume de derecho, pero eso sólo dice relación con quién sea la persona deudora, pero en cuanto al mecanismo de cobro, la propia ley lo asimila al sistema de las cotizaciones y por ende se debe proceder judicialmente.

4.- Que, de este modo, el medio especial y excepcional de cobro mediante deducción de la remuneración, rige sólo mientras la obligación está pendiente, para hacerlo efectivo al vencimiento, mes a mes, por el empleador que lo sea a ese momento. Si el retenedor incumple, y la deuda ya ha vencido totalmente, desaparecen los dividendos o cuotas, por un lado, y queda planteada la pregunta de si se retuvo o no, por otro, cuestión esta última de suma importancia, atendido lo dispuesto por el artículo 22 inciso segundo de la ley citada, que entiende extinguida la deuda, respecto de la parte trabajadora, con la sola retención, frase crucial porque demuestra que si en ese momento no se paga a la Caja, ésta ya no puede sino operar mediante cobro judicial. En efecto; es obvio que sin un juicio de cobro el trabajador no puede oponer la excepción de pago que nace para él por la retención, y por ende si no se enteró oportunamente por el empleador a la Caja la cuota pertinente, ya no se puede retener después, porque quizás se estará reteniendo dos veces y de manera alguna podría el trabajador defenderse. La constitucionalidad del procedimiento, tanto para resguardar el debido proceso como el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, exige que en ese caso se proceda a un cobro judicial, que permita, precisamente al trabajador, alegar la retención que lo libera, tal como por lo demás respecto de uno de los créditos lo quiere alegar aquí en forma expresa la actora, al hablarnos de su finiquito, del que se habría retenido lo adeudado por concepto de uno de los pagarés de que se trata.

5.- Que, por otro lado, lo que se puede retener con el mecanismo de pago automático es la obligación a su tenor, conforme al título que la contenga. En el caso sublite se trata de dos pagarés pactados en cuotas, largamente vencidas, todas ellas. Eso significa que la deuda se consolidó y se adeuda un total, que no se ha repactado y que nadie tiene derecho a descontar en parcialidades al presunto deudor, pues esa obligación a plazos, dividendos o cuotas, ya no existe como tal. Vencidos los plazos con largueza, no se puede emplear un medio diseñado para evitar la mora, y que por ende exige que precisamente ésta no se haya generado. Los dividendos o las cuotas ya no existen, no se pueden retener ni enterar porque lo que hay es una suma única y total que sólo se puede cobrar judicialmente, dando la legítima oportunidad de defensa, incluida la excepción de pago de que se habló, lo que no se precisa cuando no hay mora y está operando un mecanismo diseñado simplemente para facilitar el pago oportuno y automático, que busca asegurar que el retardo no se produzca ni haya necesidad de cobranza alguna.

6.- Que el asunto es tanto más grave cuánto que puede mediar aquí prescripción extintiva. Se dice por los recurridos que ésta debe ser alegada, y se tiene razón al decirlo, pero una de las formas de invocarla –y por lo demás largamente la más común- es mediante la excepción correspondiente, de la que se priva al presunto deudor si no se le demanda, sino que se emplea, para pagarse, un medio exclusivamente diseñado para el pago oportuno y que se basa en el control al retenedor legalmente obligado en su momento, lo que aquí obviamente falló.

7.- Que se dirá que queda al actor la acción de prescripción extintiva pero, en primer lugar, no se entiende a título de qué se le priva de la excepción, que también es suya. El sistema del artículo 22, como tanto hemos repetido, es evidentemente un diseño para en tanto la obligación esté vigente, de modo que a cada vencimiento se retenga y se pague. Nada puede tener que ver con él la prescripción. Si el mecanismo no se usa y se dejan pasar años, parece que la natural inteligencia de los preceptos, sobre todo si hacemos mediar la interpretación sistemática, que no puede dejar fuera a las excepciones de pago y de prescripción que el presunto deudor moroso tenga para oponer, nos obliga a volver a las reglas generales, o cuando menos a las reglas de cobranza judicial de las cotizaciones previsionales, por reenvío del estudiado artículo 22 de la Ley 18.833. A todo evento, a un procedimiento judicial de cobro, que no cercene las garantías procesales ni la igualdad ante la ley, que a todo deudor moroso concede el derecho a defenderse de la cobranza.

8.- Que en segundo lugar ello es tanto más así cuánto más ineficiente resultaría en general la acción de prescripción, porque ella nos llevaría a un juicio de lato conocimiento que no detendría, durante todo su curso, la deducción mensual automática de lo supuestamente adeudado. Es de toda obviedad que por lo común el acreedor habría obtenido ya todo su pago cuando eventualmente se declarara la prescripción de la deuda. El deudor no tiene por qué sufrir de antemano la deducción si quiere alegar y aprovechar la prescripción y en este caso ello exige respetarle su derecho a oponer una excepción lo que, a su turno, nos saca del procedimiento meramente interno de descuento propio de la obligación servida mes a mes dentro de sus plazos, y nos lleva necesariamente a un cobro judicial, sin el cual la retención y el pago resultan ilegales.

9.- Que de este modo, el requerimiento de la Caja para que la Dirección del Trabajo retenga de la remuneración de la trabajadora recurrente montos correspondientes a supuestas cuotas largamente vencidas, que debió retener y pagar otro empleador, muchos años atrás, es ilegal, sobrepasa el contenido normativo del artículo 22 de la ley 18.833 y vulnera la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la trabajadora sobre sus emolumentos.

10.- Que si la Caja de Compensación Los Andes obró ilegalmente al requerir la retención y pago directo de lo que debió ser objeto de demanda judicial, la Dirección Regional del Trabajo ha caído asimismo en ilegalidad, porque parece claro que no podía descontar cuotas que debió retener otro empleador, y que por lo demás no puede constarle si ese empleador anterior retuvo o no, con la importancia fundamental que a ese hecho asigna el inciso segundo del artículo 22 de la Ley 18.833. Tampoco podía descontar cuotas o dividendos inexistentes por haberse convertido la obligación en una suma única y total, ni podía hacerlo si habían transcurrido plazos que daban derecho al trabajador a alegar prescripción. La Dirección del Trabajo, como cualquier otro empleador, es una entidad que debe revisar la legalidad de las actuaciones que se le solicitan en cuanto involucren actos propios que puedan afectar a sus trabajadores, y no responde simplemente a órdenes de la Caja de Compensación, de suerte que mediando todos los elementos ya analizados, que impedían suponer que rigiera el mecanismo especial que la ley diseña para el pago a tiempo, cuota a cuota, de obligaciones vigentes, y mucho menos que rigiera para ella, que no era la empleadora del tiempo en que las retenciones debieron hacerse, no pudo consentir en el acto ilegal que se le pedía ejecutar.

Y visto además lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Recursos de Protección, se acoge el intentado por doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y en contra de la Dirección Regional del Trabajo de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins en cuanto se ordena abstenerse a partir de la fecha del recurso, y en el futuro, de efectuar cualquier descuento a las remuneraciones de la actora para servir el pago de las deudas a que se refieren los pagarés suscritos por la recurrente en el año 2004, cuyas copias corren a fs. 36 y 40, acompañadas por la propia recurrida Caja de Compensación.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Emilio Elgueta Torres, quién estuvo por rechazarlo en base a las siguientes consideraciones:

1.- Que de la lectura de las cláusulas contenidas en ambos títulos de crédito suscritos por doña nombre reservado, en calidad de deudora principal y codeudora solidaria, respectivamente, consta la existencia de un mandato para el descuento del pago de los emolumentos mensuales de los dividendos correspondientes, otorgados por la Caja de Compensación de Los Andes.

2.- Que la subscripción de los dos pagarés manifiestan inequívocamente la voluntad de que se efectúen los descuentos, los cuales no han sido pagados a la fecha.

3.- Que lo que la Caja de Compensación ya referida se ha limitado a cobrar, es el valor nominal de las cuotas mensuales, individualizadas en los créditos N° 390008253-4 y N° 390008253-2 sin intereses y reajustes que pudieran perjudicar a la recurrente.

4.- Que la recurrente pretende ampararse bajo la institución de la prescripción extintiva, no contando antecedente alguno que permita acreditar el oportuno ejercicio de dicha acción en sede judicial.

5.- Que el artículo 22 de la Ley N° 18.883, permite la deducción desde la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja Acreedora y se regirá por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales. Lo anterior también aparece reforzado por el artículo 22 de la Ley N° 17.322 sobre el cobro judicial de las cotizaciones previsionales, que recae en el empleador de enterar y pagar con los descuentos correspondientes.

6.- Que, consecuencialmente, en su concepto no existe ilegalidad, puesto que las Dirección del Trabajo y La Caja de Compensación de Los Andes, han actuado tanto en cumplimiento de las normas legales referidas, como en función de la lógica y recta razón, esto es, sin arbitrariedad, por lo que el recurso no puede prosperar.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro Sr. Mera y del voto disidente, su autor.

Rol N° 1.570-2015.

Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor Emilio Elgueta Torres y la Abogada Integrante señora María Latife Anich.

Hernán nombre reservado nombre reservado

Secretario En Rancagua, a ocho de julio de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede.