nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Rancagua Rancagua, dieciocho de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 29 de septiembre del año 2025, comparece nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, de nacionalidad venezolana, y domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto ilegal y arbitrario de rechazar su solicitud de carta de nacionalidad.

Expone que viene en apelar del Decreto Exento N°1322, que rechazó su solicitud de nacionalización, por cuanto en dicho Decreto, en el considerando tercero, se menciona una causa en su contra que se encuentra sobreseída definitivamente, cuestión que impide que un proceso llegue a una condena, por lo tanto, no implica culpabilidad. Agrega que, además, el considerando quinto del mismo Decreto señala que el otorgamiento o rechazo de la carta de nacionalización depende de que el solicitante se encuentre dentro de alguna de las hipótesis de impedimentos contemplados en el artículo 86 de la Ley N°21.325, situación que, según su parecer, no ocurre en la especie.

Alega que, lo anterior, vulnera la garantía establecida en el N°2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Adjunta un certificado de antecedentes penales con el objeto de confirmar su relato, e indica que tiene trabajo como prevencionista de riesgos, es padre de 2 hijos, uno chileno y otro que representará deportivamente a Chile.

Acompaña antecedentes en apoyo a su pretensión.

A folio 4, compareció el Servicio Nacional de Migraciones solicitando el rechazo del recurso ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Informó que, el 15 de mayo de 2023, el actor remitió, vía web, ante el Servicio Nacional de Migraciones su solicitud de carta de nacionalización. Aclara que respecto al extranjero, consta Causa RUC N°1801004800-8; RIT N°10132-2018, del Juzgado de Garantía de Rancagua, por el delito de hurto simple por un valor de media a menos de cuatro unidades tributarias mensuales, la que se encuentra terminada con fecha 17 de octubre de 2019 por el sobreseimiento definitivo y total de la causa, al haber cumplido las obligaciones decretadas en el acuerdo reparatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 242 en relación con el 250 letra d) del Código Procesal Penal.

Señala, que el expediente del actor fue remitido al Ministerio del Interior el 15 de julio de 2025 y, como autoridad administrativa competente para dictar el acto conclusivo del procedimiento, don nombre reservado, Ministro del interior, rechazó la solicitud de carta de nacionalización del extranjero, mediante Decreto Exento N°1322, de fecha 25 de agosto de 2025. Por lo anterior, alega que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para resolver sobre la solicitud en cuestión, como tampoco es la autoridad que emitió el acto administrativo impugnado, por lo que considera que el Servicio carece de legitimación pasiva en el presente recurso.

A folio 11, informó el Ministerio de Interior, quien luego de exponer sobre la normativa aplicable al caso, explica que en el caso del Decreto Exento N°1322, del 25 de agosto de 2025, no es posible afirmar que carezca de fundamento, toda vez que, para su dictación, previamente la autoridad ministerial formó su convencimiento en base a un exhaustivo análisis de antecedentes, que se apoyó estrictamente en informes técnicos efectuados por diversos organismos expertos en la materia, tales como los informes de la Policía de Investigaciones de Chile y el estudio casuístico efectuado por el Servicio Nacional de Migraciones en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.

En cuanto a la ilegalidad señala que el Decreto referido, fue dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por expreso otorgamiento de facultades del legislador conforme la normativa legal. En ese sentido, el acto administrativo impugnado está dictado por autoridad competente, previa investidura regular, en uso de sus facultades y conforme las formalidades que dispone la Ley.

Agrega, que el otorgamiento de cartas de nacionalización se efectúa, por el Presidente de la República, a través del ejercicio de una facultad discrecional, lo que se desprende de la lectura del artículo 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960.

Explica, que el otorgamiento de carta de nacionalización es, por su naturaleza jurídica, una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, debido al mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, siendo un ejercicio de esta facultad es discrecional, privativa del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Concluye que no sería procedente que, a través de una acción de protección, se intente revertir la decisión de la autoridad administrativa, la cual se encuentra debidamente fundada según los estándares normativos establecidos para ello, en base al ejercicio de una atribución privativa, por cuanto, tal como indica el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales, es prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, mediante la presente acción constitucional, se solicita la adopción de medidas que restablezcan el imperio del derecho, ante la eventual actuación arbitraria e ilegal por parte del Ministerio del Interior, en la dictación del Decreto Exento N°1322, de fecha 25 de agosto de 2025, que rechazó la solicitud de nacionalización presentada por el recurrente.

3° Que, el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización del actor se tramitó de conformidad al Decreto N°5142 de 1960, del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, en el cual se establece que, la facultad de otorgar la carta de nacionalización corresponde al propio Presidente de la República, actualmente delegada en el Ministro de Interior.

4° Que, de lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del Decreto antes señalado, el otorgamiento de la carta de nacionalización es un privilegio otorgado por el Jefe de Estado a aquellas personas que cumplan con los requisitos legales, en uso de sus facultades discrecionales, razón por la que no corresponde revisar por esta vía los fundamentos que la autoridad tuvo en consideración para proceder al rechazo de la solicitud de nacionalización del actor, motivo por el cual se desestima la presente acción.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1566-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.