Protección contra Liceo nombre reservado

C.A. de Rancagua Rancagua, catorce de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, con fecha 7 de julio de 2026, comparece doña nombre reservado en favor de su hija nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra del Liceo nombre reservado, por la decisión adoptada por el recurrido consistente en la cancelación de la matrícula de la alumna para el año escolar 2027.

Expone que su hija, alumna de primer año de enseñanza media del establecimiento, a modo de juego cometió el error de escribir en uno de los baños del colegio que existiría un tiroteo. Agregó que la adolescente comprendió la gravedad del hecho y asumió su responsabilidad, sin embargo, el colegio decidió su expulsión y, luego de su carta de reconsideración, optó por la cancelación de la matrícula.

Afirma que la situación la tiene muy preocupada, ya que a la adolescente le gusta su liceo y su vida en él y, además, les preocupa poder obtener un cupo en otro establecimiento, ya que su ciudad es pequeña y no hay muchos.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene que no se cancele la matrícula de la alumna.

A folio 4 informó la Superintendencia de Educación, quien luego de señalar sus facultades legales y la normativa aplicable, indicó que con fecha 4 de junio de 2026 ingresó a su sistema el expediente de cancelación de matrícula de la estudiante recurrente, procediéndose a su revisión. Luego de ello, mediante ordinario de 6 de julio de 2026, se informó al establecimiento el cierre del expediente, por haberse ajustado a la normativa aplicable.

A folio 5 informó el Liceo nombre reservado, perteneciente a la Red Educativa de nombre reservado, alegando en primer lugar la extemporaneidad del recurso, toda vez que la sanción recurrida, adoptada tras culminar la tramitación del procedimiento disciplinario con pleno respeto a las garantías del debido proceso, fue notificada personalmente a la apoderada el día 25 de mayo de 2026, fecha a partir de la cual quedó firme y respeto de la cual el plazo para deducir el presente recurso se encuentra vencido con creces.

La circunstancia que la apoderada haya sido recientemente informada de los resultados de la revisión del expediente por parte de la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, en nada altera la conclusión anterior, desde que las facultades de dicha institución de acuerdo a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley de Subvenciones (Aula Segura) se enfocan en fiscalizar y revisar que los colegios cumplan estrictamente con la normativa legal y el Reglamento Interno, protegiendo así el derecho a la educación de los estudiantes. Si la Supereduc detecta que el colegio aplicó una expulsión arbitraria, fuera de plazo, sin pruebas suficientes o sin seguir los pasos legales, tiene la facultad de iniciar un proceso administrativo sancionatorio y aplicar sanciones al establecimiento, pero en ningún caso modificar o dejar sin efecto, una decisión que se encuentra firme.

Por tanto, al haber transcurrido en exceso el plazo fatal de treinta días corridos establecido por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, no cabe sino declarar el rechazo del recurso interpuesto, con expresa condena en costas.

En subsidio de lo anterior, informó sobre el fondo del recurso, señalando que el Liceo nombre reservado es un establecimiento educacional católico y gratuito, que brinda educación de calidad para niñas de educación básica y media de la comuna y son garantes de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes a nuestro cuidado, contando con un modelo de formación valórica y normas expresas para resguardar el buen trato y la sana convivencia escolar.

Señala que la estudiante nombre reservado, quien actualmente cursa 1er año de enseñanza media en nuestro Liceo, fue objeto en principio de la medida de expulsión tras la culminación de la investigación por falta gravísima a las normas de convivencia escolar, la que luego de la solicitud de reconsideración de su apoderada -recurrente de autos- fue modificada por la de Cancelación de Matrícula para el año escolar 2027.

Los hechos que fundamentan la medida consisten en que la estudiante, el día martes 14 de abril de 2026, escribió un mensaje en la pared del baño de enseñanza básica del colegio que decía: "tiroteo 14/4 a las 2.10 Correrá sangre". Luego, y ante el temor de ser identificada, volvió al baño y borró dicho mensaje, sacándole previamente una foto con su celular; foto que en horas de la tarde subió a redes sociales.

Contextualiza que los hechos se dan en un contexto complejo, toda vez que el día anterior lunes 13 de abril, se había publicado un mensaje anónimo en Instagram ("confesiones nombre reservado") amenazando con un tiroteo en el establecimiento para el martes 14 a las 16:30. Por ello, ese día se registró baja asistencia y existía un ambiente de gran preocupación y nerviosismo en estudiantes, apoderados y funcionarios. El mensaje escrito por nombre reservado en el baño tuvo un impacto profundo y negativo en la convivencia escolar, manifestándose principalmente en la afectación emocional de la comunidad y en la pérdida del sentido de seguridad dentro del establecimiento. Muchas estudiantes sintieron temor de que el tiroteo previamente amenazado en redes sociales se hubiera "adelantado".

Debido a la sintomatología emocional manifestada, varios padres y apoderados optaron por retirar a las estudiantes del colegio durante la jornada, lo que alteró el desarrollo normal de las actividades. Es decir, el acto afectó directamente el sentido de refugio y seguridad que el liceo debe representar para sus miembros, dañando el clima de convivencia escolar de toda la comunidad educativa.

Al día siguiente, y tratándose de un mensaje anónimo, se inicia una indagación para poder determinar la identidad de las estudiantes que estuvieran involucradas. En este contexto, la estudiante reconoce en entrevista su autoría.

El jueves 16 y luego del análisis entre Convivencia Escolar, Orientación y Rectoría de los antecedentes recabados, se establece la necesidad imperativa de activar el procedimiento sancionatorio regulado en nuestro Reglamento Interno. El nexo causal entre la acción de la estudiante y el daño a la convivencia escolar fue directo, lo que determinó la inmediata activación del procedimiento disciplinario por falta gravísima al Reglamento Interno Escolar (RIE), que en su Art. 29 letra j, establece como tal el "amenazar a un compañero u otro miembro de la comunidad con la comisión de un hecho que le pueda provocar daño a su integridad física o material". El procedimiento disciplinario se llevó a cabo siguiendo estrictamente las normas del reglamento del colegio y el art.6 letra d) de la Ley de Subvenciones (Aula Segura).

Tras la notificación del inicio del procedimiento disciplinario y sus fundamentos, efectuada formalmente el 17 de abril, estudiante y apoderada presentaron sus descargos. La estudiante manifestó estar arrepentida y afectada emocionalmente.

El argumento de la "broma" fue desestimado pues la amenaza previa en el liceo, el contexto de violencia y amenazas en diversos establecimientos educacionales que se vivía en esos días y la charla de advertencia de la directora, constituyen una agravante que anula la atenuante de "impulsividad adolescente", pues la estudiante actuó con pleno conocimiento de la sensibilidad institucional y los riesgos a los cuales se exponía. Más aún, es ella quien en la tarde publica en redes sociales el mismo mensaje, dejando se ser un mero acto grupal inicial.

Con fecha 5 de mayo y dentro del plazo legal, se resolvió aplicar la máxima medida disciplinaria escolar, esto es la expulsión del establecimiento. Luego, la madre recurrente presentó una solicitud de reconsideración en carta formal el 12 de mayo de 2026 y solicitó la oportunidad de que la menor termine su proceso escolar en la institución, comprometiéndose como familia a asegurar que este tipo de conductas no volverán a ocurrir.

El Consejo de Profesores se reunió el 14 de mayo de 2026 para pronunciarse sobre la solicitud de reconsideración de la expulsión de nombre reservado. Los profesores descartaron que el acto fuera una simple broma inmadura, argumentando que el día anterior a los hechos la Dirección Pedagógica ya había realizado una reflexión con toda la comunidad sobre la gravedad de las amenazas y cómo estas constituyen delitos que dañan la convivencia. Aunque nombre reservado manifestó estar arrepentida del escrito, los docentes señalaron que el hecho de fotografiar el mensaje y subirlo a redes sociales voluntariamente indicaba "otras intenciones" en su accionar. Sobre su desempeño diario, algunos docentes indicaron que la estudiante no es responsable ni participativa. Un profesor específicamente la describió como "altanera y displicente" en clases, con una actitud de no prestar atención incluso en instancias de formación opcional.

Tras el proceso consultivo, la opción mayoritariamente votada por los docentes presentes fue la de modificar la sanción de expulsión por una de cancelación de matrícula para el año 2027. Los profesores consideraron que existían atenuantes y valoraron la posibilidad de acompañar a la alumna durante el tiempo que le resta de permanencia en el colegio durante el año 2026.

Considerando la opinión de los docentes, la Dirección resolvió modificar la medida de expulsión inicial por la cancelación de matrícula para el año 2027, notificando de ello a la apoderada el 25 de mayo de 2026, para no interrumpir su proceso educativo bruscamente, bajo el compromiso de la madre de asegurar una conducta adecuada y el acompañamiento de la trabajadora social.

Destaca que la Superintendencia de Educación desempeñó un papel fundamental como organismo fiscalizador y asesor durante todo el proceso disciplinario de nombre reservado, asegurando que las acciones del liceo se ajustaran a la legalidad vigente y, al verificar que se cumplieron todas las etapas legales (notificaciones, derecho a descargos, reconsideración y consulta al Consejo de Profesores), el organismo procedió al cierre del expediente el 4 de junio de 2026.

Continúa detallando la oferta educativa en DIRECCION000, la que comprende 38 establecimientos, 22 públicos, 9 particulares subvencionados, 7 particulares pagados, agregando que, haciendo un ejercicio básico en la página del Ministerio de Educación Admisión Escolar 2027, aparecen 6 colegios subvencionados en la comuna con cupos en educación media, por lo que existe suficiente oferta educativa para la recurrente.

Afirma que no existe un acto ilegal, ya que el proceder del Liceo nombre reservado se ajustó estrictamente al artículo 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 (Ley Aula Segura) y a la normativa educacional vigente, lo cual fue ratificado por la propia Superintendencia de Educación mediante el Oficio Ordinario N° NUM000.

Tampoco se configura arbitrariedad, pues la decisión de cancelar la matrícula no es producto del capricho, sino que se funda en hechos graves, debidamente acreditados y ponderados racionalmente, constituyendo una medida de ultima ratio para proteger a la comunidad escolar, puntualizando que, además, una vez que la Superintendencia de Educación revisa la legalidad del procedimiento aplicado y lo da por aprobado, notifica inmediatamente de estos hechos al Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, la que velará por la reubicación del estudiante sancionado. Sin embargo como la cancelación se hace efectiva para el año siguiente, el apoderado tiene la ventaja de poder postular normalmente a otros colegios a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE) durante los periodos oficiales de postulación (principal o complementario), compitiendo por un cupo en igualdad de condiciones que cualquier otro estudiante.

Resume que la medida se adoptó tras un debido proceso regulado específicamente en el artículo 6 letra d) de la Ley de Subvenciones; que los hechos están tipificados en el reglamento interno como falta gravísima y que la sanción también está contemplada para ese tipo de conductas. La actuación del Liceo nombre reservado en este caso no solo carece de ilegalidad o arbitrariedad, sino que constituye un ejercicio claro de equilibrio entre la potestad disciplinaria y el resguardo de los derechos fundamentales, por lo que no se vulneró ninguna de las garantías amparadas por el recurso de protección.

Concluye que es posible apreciar que no hay vulneración alguna a los derechos constitucionales del estudiante con ocasión de la Cancelación de su matrícula para el año escolar 2027, toda vez que se trata de una resolución fundada, fruto de un debido proceso, que consigna todos los antecedentes considerados para arribar a una conclusión, estableciendo claramente los hechos acreditados y la participación del estudiante en los mismos, el tipo de falta que dichos actos configuran y su gravedad, de acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, el que es conocido en forma previa por alumnos y apoderados, cuyas normas son de cumplimiento obligatorio al suscribir la matrícula del establecimiento que han elegido.

Finalizó solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. 2.- Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por la recurrente, corresponde a la cancelación de la matrícula de su hija para el año escolar 2027 en el liceo recurrido, medida que estima no se ajusta a derecho y resulta además desproporcionada, por cuanto a nombre reservado, quien cursa primer año medio, le gusta su colegio y la vida que lleva en él. 3.- Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, habiéndose pronunciado la Superintendencia de Educación sobre la legalidad del procedimiento sancionatorio de autos el 6 de julio de 2026 y, habiéndose interpuesto la presente acción con fecha 7 de julio del mismo año, se tiene que no transcurrió el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado que regula la materia, por lo que corresponde el rechazo de dicha alegación. 4.- Que, en subsidio de lo anterior, informando el establecimiento educacional recurrido, solicitó el rechazo del recurso, ya que la cancelación de matrícula de la alumna por quien se recurre se adoptó en la forma prescrita en la ley y el Reglamento de Convivencia Escolar, luego de un debido proceso que fue originado en la causal grave que amerita dicha sanción, y adoptando los resguardos necesarios al respecto, circunstancias que fueron corroboradas por la Superintendencia de Educación. 5.- Que, cabe tener presente que el artículo 6 letra d) del D.F.L. N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Aula Segura N°21.128 de 27 de diciembre de 2018, regula la aplicación de la medida de expulsión o cancelación de matrícula, precisando que ésta sólo puede adoptarse en base a las causales claramente descritas en el reglamento, -las que, en general, deben afectar gravemente la convivencia escolar- y mediante un procedimiento previo, racional y justo que deber estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 6.- Que, resulta relevante destacar que el establecimiento recurrido cuenta con un Reglamento Interno, en el cual se regulan diversos aspectos de la convivencia escolar, dentro de los cuales se encuentra la tipificación de conductas que constituyen faltas, estableciéndose además las sanciones que resultan pertinentes a cada una de ellas y el procedimiento a seguir cuando se requiera su aplicación. 7.- Que, en el caso de autos, aparece que las normas antes mencionadas fueron seguidas por el establecimiento educacional, pues resultó establecido que la alumna alteró gravemente la convivencia escolar, infringiendo su reglamento interno, que trata detalladamente la medida de cancelación de matrícula, aplicando la sanción cuestionada, la que se encuentra dentro de la normativa señalada.

En tal sentido, la ley sobre aula segura indica en lo pertinente que: “Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”, hipótesis que se dan en la especie conforme a los antecedentes que se acompañaron a la causa. 8.- Que, a lo anterior se agrega, que la apoderada recurrente tuvo acceso al procedimiento sancionatorio, en el que fue oída en el marco de la aplicación de la sanción, teniendo incluso la oportunidad de recurrir de ella a la autoridad máxima del establecimiento. 9.- Que, a su vez, en relación con la arbitrariedad, resulta necesario destacar que, de los antecedentes aportados en el informe, aparece que la decisión impugnada obedeció al comportamiento grave de la alumna, razón por la cual dicha decisión resulta razonable y proporcional a la falta imputada a la estudiante, demostrando un incumplimiento de la normativa escolar que afectó de manera importante a la comunidad educativa, no obstante que la institución educacional realizó diversas acciones para apoyar a la alumna en su proceso, como permitir que termine el año escolar bajo ciertas condiciones y proveer acompañamiento psicológico y de orientación, entre otras acciones. 10.- Que, por último, es necesario destacar que la Superintendencia de Educación, una vez recibidos los antecedentes de la sanción reclamada en estos autos, y previo examen de los mismos, procedió al cierre del expediente por haberse ajustado dicha sanción a la normativa aplicable.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que:

I.- Que, se rechaza la alegación de extemporaneidad del recurso alegada por el recurrido, Liceo nombre reservado.

II.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en favor de su hija nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1557-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.