Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Rancagua Rancagua, trece de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 26 de abril del año en curso comparece el abogado Osvaldo Llinás Quintero, en favor de PABLO, documento de identidad venezolano NUM000, con domicilio en domicilio reservado, y deduce acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la demora en acoger a tramitación su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Relata que el extranjero huye de Venezuela por mantener una posición política opuesta al gobierno, a las autoridades y grupos armados alineados llamados “Colectivos Chavistas” y a la propia Unidad de Batalla Chavista “UBCH del PSUV”, que protegen las instalaciones educacionales, y que mantenían constantemente una situación de hostilidad hacia el recurrente, hasta llegar a utilizar su orientación política para agravar su situación laboral, manteniendo un acoso constante en su sitio de trabajo por la opinión política, por las que recibió amenazas con armas de fuego y agresiones físicas, sin poder denunciar, porque la suerte que corría era peor, ya que pagaría su familia. Agrega que era un trabajador dedicado y responsable, pero dada toda la situación de este conjunto de circunstancias de riesgo vital, se vio en la necesidad de tomar la decisión de salir de Venezuela buscando protección humanitaria por su vida y su familia.

Señala que ingresa al país por el desierto de Colchane, hasta el terminal de Iquique desde donde salió hasta Santiago. Posteriormente, trajo a su cónyuge y sus hijos. Llegando al país realizaron la Declaración Voluntaria de ingreso clandestino en la página web de la PDI, como requisito previo que le indicaron en Migración. Con fecha 15 de septiembre de 2022, a través de Correos de Chile bajo el número de envío NUM001, remitió la solicitud de refugio ante la autoridad migratoria correspondiente. Con fecha 19 de octubre de 2022 la entidad recurrida emite oficio ordinario NUM002 derivando el requerimiento a Rancagua. En razón a la falta de respuesta se presenta recurso de amparo Rol 4469-2022, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, del que se desiste al recibir el oficio ordinario N°NUM003 del año 2022, para una cita en fecha 2 de diciembre de 2022, a la que asiste y no es atendido, siendo rechazado verbalmente. Presentan un nuevo recurso de amparo Rol 244-2023 de la C.A. de Santiago, el cual fue rechazado. Con fecha 23 de febrero de 2023, el recurrente solicita nuevamente al SERMIG para formalizar su petición de refugio como consta en copia de envió N° NUM001 de Correos de Chile y hasta la fecha no han emitido la respectiva visación o comunicación en relación con el proceso de refugio.

Refiere que la conducta de la recurrida vulnera el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el art. 19 N°2 de la Constitución Política de la República así como los principios de la ley 19.880 y la normativa internacional en la materia. Concluye solicitando le sea reconocida la condición de refugiado, con costas.

Acompaña antecedentes en que fundan su acción.

En folio 8 informa el requerido, Servicio Nacional de Migraciones, oportunidad en la cual solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes.

En primer lugar, interpone excepción de cosa juzgada advirtiendo que ya presentó sendos recursos de amparo por estos mismos hechos, ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 4464–2022 y Rol N° 244-2023 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, excepción interpuesta de conformidad a lo señalado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Respecto del recurrente, señala que en ese Servicio no existen registros relativos a su entrada al país, por lo cual, su ingreso ha de ser por paso no habilitado.

Añade que con respecto a la concurrencia del extranjero a las dependencias de esa autoridad, hay registro de su presencia el día 22 de junio de 2022. En esa ocasión, el extranjero expresó su deseo de regularizar su situación migratoria, por lo que el funcionario encargado le señaló que el procedimiento adecuado para hacer tal solicitud está previsto en el artículo 155 N° 8 de la Ley 21.325, por carta dirigida al Subsecretario del Interior. El 23 de agosto de 2022, el extranjero envió una carta solicitando la regularización de su situación migratoria de acuerdo con el artículo 155 N°8 de la Ley 21.325, no siendo este el motivo por el cual se recurre.

Posteriormente, el 15 de septiembre de 2022, el extranjero envió una carta a la Sección de Refugio y Reasentamiento del Servicio, solicitando una cita, expresando su intención de que se le reconozca el estatus de refugiado. A través del Oficio Ordinario N° NUM003, con fecha 16 de noviembre de 2022, el recurrente fue citado a las dependencias de la Dirección Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins del Servicio Nacional de Migraciones, para el día 2 de diciembre de 2022 a las 11.30 horas sin que exista constancia de que el extranjero haya asistido a la cita agendada.

Por último, señala que el extranjero se mantiene en condición irregular y aclara que hasta el momento esa autoridad migratoria no ha decretado ninguna medida de abandono, expulsión o sanción de cualquier naturaleza en contra del recurrente.

De la primera alegación se otorgó traslado a la parte recurrente, el cual no fue evacuado. Se ordenó la certificación de la causa alegada, la cual figura a folio 16, que señala: “El IC N°4464-2022 de la Corte de San Miguel corresponde a un recurso de protección deducido por ALFREDO en contra de ISAPRE CRUZ BLANCA. Con la misma numeración no existe recurso de amparo.

IC N°244-2023 de la Corte de Santiago, corresponde a un recurso de amparo, en que se relataron hechos similares a los de autos, la acción fue rechazada por no existir una orden de expulsión vigente. Esta decisión fue confirmada por la Excma. Corte Suprema.”.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, del análisis de la excepción de Cosa Juzgada planteada en los mismos términos expuestos por el Servicio recurrido, y de la certificación referida en la parte expositiva de esta sentencia, consta que respecto del Ingreso Corte 4464-2022 de la Corte de San Miguel, con tal numeración no existe recurso de amparo. En cuanto al Ingreso Corte 244-2023 de la Corte de Santiago, fue rechazado por no existir una orden de expulsión vigente, de modo tal, que no es posible entender cumplido el requisito de triple identidad de persona, cosa pedida y causa de pedir, de momento que evidentemente la cosa pedida y la causa de pedir son diversas en un recurso de amparo y en un recurso de protección, debido a la diferente naturaleza de ambas acciones y las garantías constitucionales que mediante cada una de ellas se tutela.

TERCERO: Que, el hecho que motiva la interposición de la presente acción constitucional de protección, es la eventual negativa que habría recibido la recurrente por parte de la autoridad recurrida, respecto de su intención de formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

CUARTO: Que, la recurrida pide el rechazo a la presente acción haciendo presente que el motivo de no formalización de la solicitud es que el recurrente fue citado a sus dependencias sin que exista constancia de que el extranjero haya asistido a la misma.

QUINTO: Que, para la adecuada decisión de este recurso cabe tener presente la normativa que rige la materia objeto del mismo.

Al respecto, el artículo 26 de la Ley 20.430 establece que: “… La solicitud podrá presentarse en cualquier oficina de Extranjería. Al ingresar a territorio nacional, los extranjeros también podrán hacerlo ante la autoridad migratoria que se encuentre en un paso habilitado de la frontera, quien le proporcionará la información necesaria sobre el procedimiento. La señalada autoridad requerirá al interesado declarar las razones que lo forzaron a dejar su país de origen. Las personas deberán informar acerca de su verdadera identidad, en caso de no contar con documentos para acreditarla, o manifestar si el documento de identidad o pasaporte que presenten es auténtico”.

A su vez el artículo 27 de la normativa antes señalada, indica que: “Los funcionarios de la Administración del Estado que tuvieran conocimiento de la presentación de una solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado de un extranjero, deberán ponerla en conocimiento, en el más breve plazo, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado”.

Por su parte, el artículo 36 del Reglamento de la Ley N° 20.430 dispone que: "La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado deberá formalizarse en cualquier oficina de Extranjería de las Gobernaciones Provinciales o en el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior". A continuación, el inciso primero de su artículo 37 dispone: "Datos del solicitante. Se entenderá formalizada la solicitud una vez que el interesado complete el formulario proporcionado por la autoridad migratoria de extranjería, el que contendrá, a lo menos, los siguientes datos:…". SEXTO: Que, de lo anterior, cabe señalar que es un hecho cierto que el extranjero ha manifestado claramente su intención de efectuar la petición de reconocimiento de su calidad de refugiado, mediante la presente acción cautelar, evento ante el cual la autoridad recurrida no ha otorgado facilidad alguna al respecto, infringiendo desde ya lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 20.430, que obliga a los funcionarios de la Administración del Estado a poner en conocimiento de la Secretaría Técnica la respectiva solicitud.

SÉPTIMO: Que, de esta manera y tal como lo ha sostenido la Excelentísima Corte Suprema entre otros en el ROL 12351-2022, “atendiendo a la naturaleza reglada del procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiado, que se desprende tanto de la Ley N° 20.430 como de su Reglamento, es menester cautelar la satisfacción íntegra de las formalidades establecidas en dicha normativa y, en especial, aquella prevista en el mismo artículo 37 ya transcrito, que exige, como único mecanismo para la formalización de la petición, completar "el formulario proporcionado por la autoridad migratoria de extranjería (...)".

Por lo anterior, al no dar inicio a la tramitación de su solicitud de refugio, cuestión que al menos ha quedado clara con el mérito de los antecedentes que obran en autos, la recurrida ha cometido una ilegalidad que conlleva una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto ha efectuado una discriminación arbitraria en perjuicio del actor, en relación con el trato dispensado a otras personas que, en una situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus solicitudes por la Administración, sin entorpecimientos ni dilaciones como la de este caso.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I.- Que se rechaza la excepción de cosa juzgada planteada por la recurrida.

I.- Que se acoge, sin costas, la acción constitucional de protección deducida en favor de PABLO, sólo en cuanto se ordena al Servicio Nacional de Migraciones otorgarle al extranjero el formulario dispuesto al efecto por la normativa vigente, a fin de que éste sea puesto en conocimiento de la Secretaría Técnica respectiva y con ello pueda iniciar el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado, conforme al procedimiento establecido en la Ley N° 20.430, dentro del plazo de 5 días de ejecutoriada la presente sentencia. Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese. Rol I. Corte 1.557-2023-Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.