nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Rancagua Rancagua, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpuso acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por el acto ilegal y arbitrario notificado en fecha 5 de septiembre de 2025, que rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero del actor, a fin de que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que el recurrente pidió a la recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, bajo las condiciones que indica.

Agrega que, mediante correo electrónico se notificó al actor el rechazo de su solicitud de retiro de fondos de pensión, por estimar que no sirve declaración jurada del trabajador para efectos de acreditar requisito establecido en la letra a) del artículo N°1 de la Ley 18.156. En efecto, esta certificación debe ser emitida por la Institución Previsional correspondiente, y, excepcionalmente, por la delegación consular de su país en Chile (embajada/consulado), actuando en representación de la entidad previsional de origen. Además, para acreditar la cobertura en el país de origen, en virtud de la Ley 18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se ha requerido que para acreditar dicha exigencia, se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile. Por tanto, la Constancia Electrónica de Cotizaciones no es suficiente para acreditar el requisito señalado, según la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia.

Hace presente que el actor cumple con todos los requisitos para acceder a su solicitud, pero que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales; entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Afirma que el certificado de afiliación del recurrente puede ser verificado y validado en el link que indica y, en su defecto, de una simple búsqueda que se realice en el motor de Google, por lo que la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, por lo que es forzoso concluir que el actor efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen y, que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando el derecho de propiedad del recurrente.

Sostiene que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política, por pedir requisitos no establecidos, realizando una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio de la administrada, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, dejándolo en completa vulnerabilidad e incertidumbre, ante un hecho completamente ilegal y arbitrario.

Concluye que el sentido de la ley es claro al señalar que el técnico sólo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, por lo que la recurrida desatiende su sentido literal, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada por el actor a la recurrida, debiendo proceder a un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, o se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 4, evacua el informe respectivo la AFP recurrida, solicitando el rechazo de la acción constitucional con expresa condena en costas.

Indicó que la solicitud del recurrente adolece de un problema, y que se refiere a los documentos presentados con la solicitud, donde se incluyó una 'Constancia Electrónica de Cotizaciones' y una 'Declaración bajo fe de juramento’. Conforme lo indicado en el Oficio Ordinario N° 12.954, emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos, el Oficio señala que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil. El mismo oficio continúa señalando la ineficacia de la constancia electrónica y declaraciones juradas indicando que, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos. Asimismo, se establece que las declaraciones juradas del afiliado, incluso si están notariadas o apostilladas, no tienen valor probatorio suficiente para efectos previsionales, ya que, no emanan de la autoridad previsional competente del país de origen.

Señalar que la Ley 18.156 es una norma de excepción y por tanto debe ser interpretada de forma restrictiva, aplicándose sólo en el supuesto de que se cumplan todas las exigencias copulativas que establece, esto es, el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos por la Ley 18.156 y el Compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones.

Afirma que la aplicación de dichas normas no es facultativa para la Administradora, todo lo contrario, la aplicación de ellas es obligatoria para Planvital y, en consecuencia, la AFP no ha obrado de manera ilegal. Por otro lado, el actuar de la administradora corresponde a un actuar razonado y en igualdad de trato de todos sus otros afiliados, por tanto, ha actuado de manera justificada y, por consiguiente, no ha cometido acto arbitrario alguno, destacando que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitud la devolución.

Sostiene que la Excma. Corte Suprema ha establecido que la acción de protección no es procedente para impugnar actos intermedios o trámites administrativos que no determinen el término del procedimiento ni afecten de manera irreversible el ejercicio de derechos fundamentales. En este caso, el afiliado recurrente cuenta con diversos mecanismos para plantear su situación, ya sea ante la misma Administradora o ante la Superintendencia de Pensiones, mediante canales formales como sitio web, atención telefónica u otros medios disponibles. En consecuencia, el recurso interpuesto no resulta adecuado ni proporcional para conocer sobre este asunto.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso, con costas.

A folio 7 informó la Superintendencia de Pensiones que el señor nombre reservado no registra presentaciones ante dicho Organismo respecto de solicitudes de devolución de fondos, invocando la Ley 18.156.

Señala en cuanto a la normativa aplicable a la materia que motiva la presente acción constitucional, que ella establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° y 7° de la Ley 18.156, el que transcribe. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Refiere que dicho organismo ha emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley 18.156 y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal. Así, ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, que el trabajador extranjero demuestre que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común.

Señala que, acorde con la invariable jurisprudencia del Servicio, contenida en los Oficios N° 21.480 de 2017, 23.208, de 2023 y 3141, de 2024, entre otros, para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, ni tampoco una cartola que dé cuenta de las cotizaciones previsionales enteradas en tal sistema, sino que se ha requerido para acreditar dicha exigencia, que se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, esto es, la entidad de previsión ha de otorgar los beneficios indicados, sea que el imponente se encuentre o no cotizando en ella. Asimismo, el documento debe ser emitido por la entidad competente en materia de seguridad social del país respectivo, y debe acompañarse debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Sostiene que, en el caso de autos, el recurrente acompañó a su recurso de protección un certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” y una declaración jurada suscrita por él, mediante la cual manifiesta que la constancia acompañada indica que se encuentra afiliado a un sistema previsional extranjero y da cumplimiento a lo preceptuado a la normativa aplicable en la especie. Al respecto, la Superintendencia manifiesta que la declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Ello, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Del mismo modo, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, el certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por el recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado y, dado que el procedimiento de la apostilla es la forma que la ley prevé para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en el territorio nacional y considerando que tanto nuestro país como Venezuela son Estado Parte de la Convención de la Apostilla, no cabe hacer lugar a la pretensión del recurrente. Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Se ha requerido, para acreditar dicha exigencia, que la autoridad previsional competente consigne de manera específica el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Finalmente, manifiesta que no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por el recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la Ley 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2.- Que la pretensión del actor es la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual y se sustenta en el cumplimiento, que a su juicio se verifica, de los requisitos del artículo 1° y 7° de la Ley 18.156, imputando de esta forma arbitrariedad e ilegalidad en la decisión de la recurrida al negar dicha devolución.

3.- Que, informando la recurrida, solicitó el rechazo del recurso, por estimar que el recurrente no cumple con los requisitos para acceder a su solicitud, porque no habría acompañado la documentación necesaria, apostillada y vigente, para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos legales para ello, dejándose así en evidencia que el asunto reviste el carácter de controvertido respecto de la interpretación de los documentos presentados con el recurso.

4.- Que, siendo la materia respecto a la procedencia de la Ley 18.156, corresponde traer a colación las normas atinentes a la materia. Así, el artículo 1° señala que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su turno, el artículo 7°de la ley en análisis señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

5.- Que, se advierte de los antecedentes que el recurrente no ha acreditado por medio de documentos originales, legalizados y vigentes los requisitos que establece el legislador para acceder a la devolución solicitada, por lo que, por ahora, carece de un derecho indubitado, requisito indispensable para la procedencia del recurso y pueda ser protegido por la presente vía; pues lo que se detecta, en forma clara y expresa es la existencia de un conflicto jurídico que excede el ámbito de esta acción cautelar.

6.- Que, en efecto, lo que ha sido materia de la controversia es el cumplimiento y/o incumplimiento del recurrente de los requisitos legales para ser beneficiario de la devolución de los fondos cotizados en la AFP recurrida; circunstancia esencial y necesaria, conforme a la ley, de modo que no puede esta Corte tener por acreditada la existencia de un acto ilegal, pues lo que se está exigiendo, está conforme a la ley y tampoco es arbitrario, porque justamente, su fundamento, está en lo preceptuado en la Ley 18.156.

7.- Que, por lo que se viene razonando, el arbitrio en análisis deberá desestimarse, resultando innecesario analizar si se quebrantó la garantía denunciada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso deducido a favor de don nombre reservado en contra de AFP Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1549-2025-Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.