nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Rancagua Rancagua, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpuso acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A. por el acto ilegal y arbitrario de fecha 4 de septiembre de 2025, que rechazó solicitud de retiro de fondos para extranjero, con la intención de solicitar a esta Corte que se adopten las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone que el recurrente pidió a la AFP, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley 18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que indica. Sin embargo, fue notificado mediante correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2025, del rechazo la solicitud de retiro de fondos de pensión.

Señala que la recurrida fundó su negativa en que no se acompañó documentación que acredite que el trabajador se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Asimismo, que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no indica que, en caso de enfermedad, el actor cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común. Además, se reprochó por la recurrida que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile, puesto que se trata de un documento emitido por una institución perteneciente a país ajeno.

Hace presente que el actor cumple con todos los requisitos para acceder a su solicitud, pero que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales; entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Afirma que el certificado de afiliación de la recurrente puede ser verificado y validado en el link que indica y, en su defecto, de una simple búsqueda que se realice en el motor de Google, por lo que la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, por lo que es forzoso concluir que la actora efectivamente se encuentra afiliada a la seguridad social de su país de origen y, que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando el derecho de propiedad de la recurrente.

Sostiene que la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política, por pedir requisitos no establecidos, realizando una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio de la administrada, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, dejándola en completa vulnerabilidad e incertidumbre, ante un hecho completamente ilegal y arbitrario.

Concluye que el sentido de la ley es claro al señalar que el técnico sólo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, por lo que la recurrida desatiende su sentido literal, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada por el actor a la recurrida, debiendo proceder a un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente, o se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 6, evacua el informe respectivo la Superintendencia de Pensiones, señalando que, por esta vía, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y prexistentes, no un pronunciamiento declarativo. El tenor literal del recurso de autos claramente refleja que lo que pretende el recurrente no es otra cosa que una declaración de un eventual derecho a retirar sus fondos previsionales, porque no está conforme con lo resuelto por la AFP, olvidando que no acreditó cumplir con los requisitos normativos para acceder a tal devolución. Desde luego, existe una controversia acerca de los certificados presentados por el recurrente, lo que demuestra con claridad que ésta debiera ser materia de un juicio declarativo, pues el procedimiento generado por la interposición de la acción de protección es de tipo inquisitivo, de emergencia, rápido, no apto para discutir y declarar derechos, como tampoco resulta susceptible, que por ésta vía, se pretenda reemplazar un procedimiento de lato conocimiento, situación que claramente acontece en la especie, lo que implica desviar la presente acción con fines constitutivos o declarativos ajenos a sus fines.

Señaló a continuación, que el señor nombre reservado no registra presentaciones ante dicho Organismo respecto de solicitudes de devolución de fondos, invocando la Ley 18.156.

Sin perjuicio de lo anterior, indica que registra en el Sistema de Gestión Documental (SGD) una solicitud de informe de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, respecto del recurso de protección Rol N°1443-2025, interpuesto el 21 de abril de 2025, en contra de AFP Provida S.A., en términos similares a la actual acción de protección requiriendo la devolución de sus fondos previsionales, señalando que cumplía con los requisitos de la Ley 18.156. El referido recurso de protección fue rechazado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, mediante sentencia de 23 de junio de 2025. Sentencia que, además, fue ratificada por la Excma. Corte Suprema mediante fallo de 10 de julio de 2025, en Recurso de Apelación Rol 25.416-2025.

Señala en cuanto a la normativa aplicable a la materia que motiva la presente acción constitucional, que ella establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° y 7° de la Ley 18.156, el que transcribe. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Refiere que dicho organismo ha emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley 18.156 y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal. Así, ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, que el trabajador extranjero demuestre que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común.

Señala que, acorde con la invariable jurisprudencia del Servicio, contenida en los Oficios N° 21.480 de 2017, 23.208, de 2023 y 3141, de 2024, entre otros, para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, ni tampoco una cartola que dé cuenta de las cotizaciones previsionales enteradas en tal sistema, sino que se ha requerido para acreditar dicha exigencia, que se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, esto es, la entidad de previsión ha de otorgar los beneficios indicados, sea que el imponente se encuentre o no cotizando en ella. Asimismo, el documento debe ser emitido por la entidad competente en materia de seguridad social del país respectivo, y debe acompañarse debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Agrega que la Constancia Electrónica de Cotizaciones aportada por el recurrente, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no es útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, pues no da cuenta de que el trabajador haya contado con cobertura efectiva y a todo evento, de los riesgos a que hace referencia la ley y la norma administrativa, durante todo el tiempo que prestó servicio en Chile, por cuanto el certificado no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Por otra parte, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, por tanto no sirve para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema.

Comenta que, tanto las Cortes de Apelaciones, así como la Excma. Corte Suprema, han resuelto que, efectivamente, tal como han informado las AFP y la Superintendencia, las decisiones impugnadas se ajustan a la normativa aplicable contenida en Ley 18.156, el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y, además, al cumplimiento de las normas generales para el valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero.

Añade que, por su parte, conforme con los antecedentes acompañados por la parte recurrente en su recurso de protección, a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos para retirar sus fondos como técnico extranjero, se puede apreciar que el certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no fue legalizado, ni apostillado. De esta manera no cumple con los requisitos de legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional.

Por otra parte, refiere que cabe señalar que el recurrente al haber cambiado de Administradora de Fondos de Pensiones, ha manifestado claramente su voluntad de permanecer afiliado al sistema previsional chileno, no pudiendo desconocer dicho acto con el cual consolidó su situación previsional en nuestro país conforme a la norma contenidas en el D.L. N°3.500, de 1980. Más aún, en el contrato de trabajo que acompaña, celebrado el 1 de enero de 2020, en la cláusula tercera, se señala expresamente que: “El Trabajador manifiesta que su régimen previsional corresponde a AFP UNO y el de salud corresponde a FONASA”. Por consiguiente, no se cuenta con el contrato donde se debió estipular la voluntad de la recurrente de mantener su afiliación al sistema de seguridad social del país de origen, sin que al mismo tiempo acredite mantener dicha afiliación y cobertura de pensión de sobrevivencia, invalidez o vejez en su país de origen. Al incumplir este requisito legal expreso, no resulta procede acceder a su solicitud, independiente de los demás requisitos.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2.- Que la pretensión del actor es la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual y se sustenta en el cumplimiento, que a su juicio se verifica, de los requisitos del artículo 1° y 7° de la Ley 18.156, imputando de esta forma arbitrariedad e ilegalidad en la decisión de la recurrida al negar dicha devolución.

3.- Que, informando la Superintendencia de Pensiones, solicitó el rechazo del recurso, fundado en que idéntica petición fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Concepción, la que conoció de ella en sus autos Rol 1443-2025, en que se dictó sentencia rechazando el recurso de protección con fecha 23 de junio de 2025, la que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema mediante fallo de 10 de julio de 2025, en el recurso de apelación Rol 25.416-2025.

En cuanto al fondo del recurso, señaló que corresponde su rechazo, por estimar que el recurrente no cumple con los requisitos para acceder a su solicitud, porque no habría acompañado la documentación necesaria, apostillada y vigente, para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos legales para ello.

4.- Que, de acuerdo a lo informado por la Superintendencia del ramo, la discusión planteada por la parte recurrente ya fue resuelta por la Corte de Apelaciones de Concepción en los autos Rol 1443-2025, en la que se rechazó su pretensión relativa a la devolución de sus fondos previsionales como extranjero, por lo que no resulta procedente intentar revivirla mediante la interposición de idéntico arbitrio, ahora ante esta Corte.

5.- Que, a mayor abundamiento,siendo la materia respecto a la procedencia de la Ley 18.156, corresponde traer a colación las normas atinentes a la materia. Así, el artículo 1° señala que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su turno, el artículo 7°de la ley en análisis señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

6.- Que, se advierte de los antecedentes que el recurrente no ha acreditado por medio de documentos originales, legalizados y vigentes los requisitos que establece el legislador para acceder a la devolución solicitada, por lo que, por ahora, carece de un derecho indubitado, requisito indispensable para la procedencia del recurso y pueda ser protegido por la presente vía; pues lo que se detecta, en forma clara y expresa es la existencia de un conflicto jurídico que excede el ámbito de esta acción cautelar.

7.- Que, en efecto, lo que ha sido materia de la controversia es el cumplimiento y/o incumplimiento del recurrente de los requisitos legales para ser beneficiario de la devolución de los fondos cotizados en la AFP recurrida; circunstancia esencial y necesaria, conforme a la ley, de modo que no puede esta Corte tener por acreditada la existencia de un acto ilegal, pues lo que se está exigiendo, está conforme a la ley y tampoco es arbitrario, porque justamente, su fundamento, está en lo preceptuado en la Ley 18.156.

8.- Que, por lo que se viene razonando, el arbitrio en análisis deberá desestimarse, resultando innecesario analizar si se quebrantó la garantía denunciada.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de don nombre reservado en contra de AFP Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1548-2025-Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.