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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1547-201617 ago 2016

Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua

Fecha
17 de agosto de 2016
Corte
Corte de Apelaciones de Rancagua
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 1547-2016, sentencia de 17 de agosto de 2016

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, porque la controversia eleccionaria interna del sindicato no involucra un derecho indubitado y existe una reclamación pendiente ante el Tribunal Electoral Regional.

Texto íntegro

Rancagua, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.

VISTOS:

A fojas 13 comparecen don nombre reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, don nombre reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, don nombre reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado y don nombre reservado, nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la nombre reservado, (nombre reservado), deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, representado por su Director don nombre reservado, por haber dictado el ORD. 746, de 20 de mayo de 2016 que resulta a su juicio ilegal y arbitrario.

Explica que con fecha 12 de marzo de 2012 se fundó la CLSO, la cual está conformada por tres Federaciones a saber, Federación de Sindicatos de Trabajadores del Sector Privado Obrera de Chile (FOCH), Federación de Sindicatos de Trabajadores del Sector Privado Manuel Rodríguez y Federación de Sindicatos de Chile (Fesintrach). Dice que en atención que debía renovarse la totalidad del Directorio de la CLSO, 9 cupos de directores, con fecha 27 de febrero del año en curso se designó la comisión electoral conformada por 3 miembros, la cual debía cumplir sus funciones para el acto eleccionario que se llevó a cabo el día 15 de marzo de 2016 Refieren que realizada la votación en la fecha señalada, los resultados arrojaron un empate, ya que los 18 candidatos obtuvieron 17 votos cada uno, así para dirimir dicho empate, se acordó por mayoría de los dirigentes de las federaciones afiliadas a la CLSO, elegir tres directores por cada federación, razón por la cual, la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Sector Privado Obrera de Chile y la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Sector Privado Manuel Rodríguez procedieron a designar a sus directores dentro del plazo que establece el Estatuto de la organización, dejando los tres cupos disponibles para que la Federación de Sindicatos de Chile (Fesintranch) procediera a nombrar a sus directores, situación que nunca ocurrió, ya que su presidente señor nombre reservado optó por recurrir al Tribunal Electoral Regional, para impugnar el cuerpo electoral, causa actualmente en tramitación rol 3450-2016.

Manifiestan que sin perjuicio de ello, los 6 directores electos por las citadas 2 federaciones procedieron a depositar ante la Inspección del Trabajo de Rancagua, con fecha 15 de marzo del año en curso, la nómina de los directores electos para su registro y así obtener el respectivo certificado de vigencia. Indican que en respuesta a ello, la recurrida Dirección Provincial del Trabajo, con fecha 23 de marzo de 2016, emite el ordinario N° 134 que señala “para que la Dirección del Trabajo proceda a efectuar el registro de la directiva, es necesario que la confederación realice una asamblea ordinaria- asamblea que está constituida por los dirigentes de las federaciones afiliadas- levantándose acta respecto al acuerdo adoptado. En caso que este acuerdo sea respetar o mantener el directorio informado en su oportunidad, este Servicio procederá a registrarlo y emitir los certificados que se soliciten".

Señalan que en cumplimiento de lo anterior, con fecha 03 de mayo de 2016 procedieron a realizar la citada asamblea en donde, luego de efectuada la votación por unanimidad se procedió a ratificar la directiva electa luego de la elección del día 15 de marzo, concurriendo 18 de los 35 directores de las federaciones, informándose de ello al día siguiente a la recurrida para que aprobara dicha ratificación. No obstante ello, exponen que otra parte de directores sindicales, liderados por el señor nombre reservado, supuestamente realizaron el mismo día 03 de mayo, una asamblea en donde eligieron una nueva directiva, apartándose del ordinario 133 y 134 de la Dirección Provincial del Trabajo, ya que no ratificaron la directiva registrada el día 15 de marzo, puesto que eligieron una directiva nueva, presentando también a la respectiva Dirección Provincial, el directorio electo para su registro.

En respuesta a ello, exponen que la recurrida a través del ordinario 746 de fecha 20 de mayo de 2016, de manera ilegal y arbitraria niega el registro de su directiva, argumentando que “inequívocamente existen dos partes que mantienen posturas divergentes acerca de quienes debieran integrar el directorio de la mentada Confederación y, por tanto, del mecanismo mediante el cual debiese determinarse el desempate acaecido. En estas circunstancias, no cabe si no concluir que la situación en análisis no es susceptible de ser dilucidada administrativamente, toda vez que para ello resulta imprescindible la admisión de pruebas y su ponderación, materia que escapa a la competencia de este Servicio y que debe ser resuelta por los Tribunales de Justicia”, cuestión que a su juicio vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 19 y 26 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene a la recurrida que registre la Directiva informada el día 15 de marzo de 2016 y otorgue los certificados de vigencia en los cuales se les reconozca a dichos directores como los únicos válidos y representantes legales de la CLSO.

Acompaña documentación que se agrega al expediente.

A fojas 31 se recibe informe del Tribunal Electoral Regional de la Sexta Región, Rancagua.

A fojas 35 se evacua informe por la recurrida, señalando en primer lugar que el artículo 20 de la Carta Fundamental no prevé como garantía de rango constitucional cubierta por la acción de protección al N° 26 del artículo 19, por lo que mal se podría entender que exista el debido respaldo por la vía de la acción de protección, de una garantía no amparada por el texto constitucional, lo que lleva a desestimar de plano la acción.

En segundo término refiere que la actuación verificada por la Inspección del Trabajo, se enmarca dentro del ámbito de su competencia reconocida, tanto en el DFL N° 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, como en los artículos 505 y siguientes del Código del Trabajo. Al efecto indica que sin perjuicio del empate en la elección de la CLSO verificado el día 15 de marzo del presente, se deposita en la Inspección del Trabajo de Rancagua, una nota suscrita sólo por 6 de los candidatos que habían empatado, y firmada por 2, de los 3 miembros de la comisión electoral, informando un nuevo directorio y proveyendo 6 de los 9 cargos de la Directiva de la nombre reservado, en virtud de un acuerdo entre la Federación Obrera de Chile y la Federación Manuel Rodríguez, no incluyendo a la Fesintrach (Federación de Sindicatos de Chile).

Expone que asimismo con fecha 18 de marzo de 2016, ingresa otra nota a la Inspección del Trabajo de Rancagua, suscrita por 2 de los candidatos que habían empatado en la elección del 15 de marzo, en la que se solicita que no se registre la directiva del 15 de marzo, debido a no se había realizado asamblea para ratificar la directiva informada en la fecha citada. Dicho documento es suscrito por los Sres. nombre reservado (Fesintrach) y nombre reservado. Frente a esta situación, afirma que su Servicio emitió sendos ordinarios uno para cada solicitante, a saber los ORD. 133 y 134, ambos del mismo tenor en el que se les indicaba que “para que la Dirección del Trabajo proceda a efectuar el registro de la directiva, es necesario que la confederación realice una asamblea ordinaria -asamblea que está constituida por los dirigentes de las federaciones afiliadas- levantándose acta respecto al acuerdo adoptado. En caso que este acuerdo sea respetar o mantener el directorio informado en su oportunidad, este Servicio procederá a registrarlo y emitir los certificados que se soliciten”.

En respuesta a ello, con fecha 03 de mayo de 2016, el Sr. nombre reservado, deposita antecedentes relativos a una asamblea que se habría realizado el mismo día 03 de mayo, e informa la nueva composición del directorio, integrado por 9 miembros, mientras que con fecha 04 de mayo de 2016, los recurrentes depositan antecedentes relativos a una asamblea que se había realizado también el día 03 de mayo, en la cual se ratifica la directiva informada el día 15 de marzo de 2016, por lo que frente a dicha situación, indica que su Servicio emitió el ORD 746 que motiva la presente acción en atención a que la situación en análisis no es susceptible de ser dilucidada administrativamente, toda vez que para ello resulta imprescindible la admisión de pruebas y su ponderación, materia que escapa a la competencia de ese Servicio y que debe ser resuelta por los Tribunales de Justicia, máxime si con fecha 20 de abril de 2016, don nombre reservado, informó al Servicio que el 28 de marzo de 2016, se había presentado una reclamación por acto eleccionario de renovación de directorio de la nombre reservado, causa Rol N° 3450-2016 del Tribunal Regional Electoral.

Finalmente refiere que en el ejercicio de la atribución legal que justamente prevé el articulo 10 letra a) del DFL N° 2 de 1967, se dictaron los Ordinarios N° 133 y 134 de parte de la Dirección Regional del Trabajo de la Región de O'Higgins, en la que se instruye la realización de una asamblea ordinaria para efectuar el Registro de la Directiva Sindical, por lo que no cumpliéndose aquello y existiendo dos versiones contrapuestas y dos directorios con personas diferentes, se procede a rechazar ambas a fin de evitar inscripciones erróneas, mientras no se dilucide la titularidad del directorio en cuestión, por lo que solicita el rechazo de la acción, con costas.

A fojas 49 a 144 la recurrida acompaña documentación solicitada, la cual se agrega al expediente.

A fojas 42 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1.- Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio;

2.- Que, como se desprende de lo anterior, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto;

3.- Que, en la especie los recurrentes en representación de la nombre reservado, (nombre reservado) deducen la presente acción cautelar, en contra de la Dirección Provincial del Trabajo de Rancagua denunciando como acto arbitrario o ilegal, el hecho de que se les haya negado mediante el ORD 746 de 20 de mayo de 2016, la ratificación de la elección de seis miembros de un directorio de nueve, verificado en asamblea celebrada con fecha 03 de mayo de 2016, en atención al empate registrado con fecha 15 de marzo del presente año. Al efecto lo recurrentes estiman que la negativa de la recurrida vulnera el derecho a sindicarse, previsto en el artículo 19 N° 19, imponiéndole además condiciones no previstas en la norma lo que a su entender vulnera la garantía existente en el N° 26 del citado artículo de la Carta Fundamental, por lo que solicita por la presente vía se ordene que se reconozca la directiva informada con fecha 15 de marzo de 2016;

4.- Que, al emitir informe la entidad recurrida, aduce, en síntesis, que en la especie existen dos versiones contradictorias y en conflicto al interior de la CLSO, toda vez que mientras los recurrentes ingresaron con fecha 15 de marzo de 2016 una directiva compuesta solo por seis directores, otros miembros de dicha Confederación, pertenecientes entre otros a la Fesintrach, solicitan que no se registre la misma, en atención a que para ratificar dicha directiva, se requería el desarrollo de una asamblea, lo que no había ocurrido. En razón de ello, la recurrida informó a las partes en disputa, el mecanismo a seguir para resolver la situación, consistente en la realización de una asamblea ordinaria, constituida por los dirigentes de todas las federaciones afiliadas, a saber tres, para mantener el directorio informado, lo que en la práctica no ocurrió, toda vez que existen dos elecciones realizadas el mismo día 03 de mayo de 2016, lideradas por cada uno de los grupos en disputa. Así los recurrentes ratifican la directiva compuesta por seis miembros, mientras que la facción liderada por la Fesintrach presenta un directorio de nueve miembros, razones todas que llevan al Servicio recurrido a rechazar ambas solicitudes, mientras no se resuelva en sede jurisdiccional la validez del proceso eleccionario, en atención a que además existe causa pendiente Rol 3.450-2016 en el Tribunal Regional Electoral;

5.- Que de lo expresado puede concluirse que la materia planteada no es susceptible de ser solucionada por la presente vía, esto es, la acción cautelar de derechos constitucionales, particularmente porque como ha sido reiteradamente establecido por la jurisprudencia de la Exc. Corte Suprema, los recurrentes no son titulares de un derecho indiscutido o indubitado;

6.- Que a mayor abundamiento debe tenerse en consideración que de conformidad a lo previsto en el ORD 2374-133 de 2002 de la Dirección del Trabajo, dicha autoridad pública debe inhibirse de participar frente a conflictos que se susciten al interior de una organización sindical, con excepción de aquellas controversias que tengan su origen en infracciones al derecho laboral, toda vez que deben ser las propias organizaciones sindicales quienes, de acuerdo al principio de autonomía sindical, encuentren la solución a los desacuerdos o disputas que se originen;

7.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, como parecen entenderlo los recurrentes de autos, ni una instancia para resolver reclamaciones eleccionarias, máxime si por aplicación de lo previsto en el N° 2 del artículo 10 de la Ley N° 18.593 sobre Tribunales Electorales Regionales, se encuentra en trámite una reclamación interpuesta por uno de los miembros de la Confederación, don nombre reservado, en contra del acto eleccionario que da origen a la presente acción, según consta del informe remitido por el Tribunal Electoral Regional rolante a fojas 31;

8.- Que, en conclusión, la situación jurídica y de hecho presentada por los recurrentes ha sido contradicha desde su génesis, y una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella constituye una instancia de protección de aquellos derechos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso, como se ha clarificado precedentemente.

9.- Que por los fundamentos señalados la presente acción de protección deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 13, sin costas, por haber litigado los recurrentes con motivo plausible.

Regístrese y comuníquese.

Rol I. Corte N° 1547-2016