RECURRENTE: SOCIEDAD COMERCIAL OCARROL LIMITADA. RECURRIDO: DIRECTORA REGIONAL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS RANCAGUA

Rancagua, ocho de abril de dos mil once.

Vistos:

A fojas 1, con fecha 9 de marzo de 2011, comparece don nombre reservado, abogado, por Sociedad Comercial O’Carrol Ltda., cuyo representante legal es nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Sra. Directora Regional del Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional Rancagua, doña Mirtha Barra Paredes, domiciliada en domicilio reservado.

Fundamenta su acción, en que la recurrida, con fecha 22 de febrero del presente le notificó la resolución Nº 12, que inicia el proceso de invalidación de actos administrativos, respecto a la carta de aviso de término de revisión de fecha 10 de julio de 2009 y del acta de conciliación de fecha 20 de julio de 2009, que concilia totalmente la citación Nº 13 de ese mismo año.

Como antecedente previo, expone que en su oportunidad presentó un aviso de pérdida de documentación la que fue calificada como “no fortuita”, aplicándosele una multa, ordenándosele con fecha 23 de diciembre de 2004, la reconstitución del periodo tributario enero de 1999 a diciembre de 2003, lo que realizó acompañando la documentación pertinente.

Agrega que con fecha 6 de junio de 2009, se le practica por parte del S.I.I la citación Nº 13, conforme al artículo 63 del Código Tributario, por el periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2001 a octubre de 2003, a la que respondió solicitando, entre otras medidas, la conciliación total de la citación precitada. Posteriormente, con fecha 10 de julio de 2009, se le notificó la carta de aviso de término de revisión, devolviéndosele la documentación acompañada, por lo que ha entendido que desde esa fecha su situación tributaria relacionada con la pérdida de documentos fue aclarada y acreditada.

Expone que no existen actos que invalidar, citando lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 19.880, la que se refiere a “actos contrarios a derecho”, existiendo una falsa aplicación de la ley, sin otorgar los fundamentos legales o racionales que respalden la decisión, por lo que a su juicio los actos que se pretenden invalidar no adolecen de vicios que afecten su validez.

Manifiesta que la actuación de la recurrida atenta contra la garantía contemplada en el Nº2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que se ha dictado una resolución que afecta la igualdad ante la ley, planteándose una serie de interrogantes, que según su parecer justifican la vulneración.

Que, además, denuncia infringida la garantía contemplada en el Nº 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que la recurrente, a contar de la carta de aviso de término de revisión y de la conciliación total, ha incorporado a su patrimonio diversos derechos, tales como la certeza y tranquilidad de haber terminado el proceso de fiscalización, conforme notificación oficial del organismo competente; la prescripción que opera respecto a dichos periodos, respecto a la acción de fiscalización; el derecho de disponer de la documentación y libros asociados a los periodos fiscalizados.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso interpuesto, y se decrete que se arbitren las medidas que permitan restablecer el imperio del derecho, ordenando dejar sin efecto la Res. Ex Nº 12, por ser ilegal y arbitraria, con costas.

Acompaña documentación, que se encuentra en custodia.

A fojas 45, la parte recurrida evacua el informe, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas.

En primer término, precisa los hechos en que se funda la acción en el sentido de que efectivamente el recurrente dio aviso de pérdida de documentos, por lo que se le ordenó reconstituir una serie de registros contables, lo que no se realizó, por lo que se asignó el caso a un fiscalizador, quien detectó diferencias de impuesto, y sugirió el cobro civil de los mismos, emitiéndose la citación Nº 13, en la que se solicita al recurrente: rectificar, aclarar, ampliar o confirmar las declaraciones de impuestos de algunos meses de los años 2001, 2002, y 2003, ante lo que el contribuyente respondió, acompañando documentación, por lo que con fecha 10 de julio de 2009 se emitió informe, en el que se habría justificada la totalidad del crédito fiscal objeto de la citación, recomendando el archivo de los antecedentes, remitiéndose carta certificada de aviso de termino de revisión, para luego emitirse acta de conciliación total, exponiendo que los funcionarios que participaron en dichas resoluciones fueron destituidos de sus cargos por realizar conductas irregulares, detectándose anomalías respecto al recurrente, lo que llevó a iniciar el proceso de invalidación.

En cuanto al recurso, señala que la acción de protección tiene un carácter excepcional que obliga a que sea reservada para aquéllos casos en que sea indispensable buscar una protección urgente de derechos indubitados, por lo que el recurrente pudo optar por la vía administrativa, en particular, al procedimiento especial establecido en el artículo 53 inciso final de la ley 19.880, agregando que el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones tributarias y la prescripción de las mismas deben ser probados en un juicio de lato conocimiento.

Expone que no existe una conducta arbitraria o ilegal, ya que la potestad invalidatoria de la administración ha sido reconocida legalmente, decisión que se basó en que los actos contemplados en la resolución Nº 12 fueron emitidos fuera de los casos previstos por la ley, ya que, tal como se señaló, se acreditó la existencia de diferencias de impuestos, citando las instrucciones contenidas en las circulares Nº 58 y 63, por lo que en definitiva sólo se ha dado inicio a un procedimiento de invalidación de dos actos administrativos que fueron dictados irregularmente, por lo que tampoco es arbitraria, ya que se encuentra debidamente fundada y no obedece a un mero capricho de la recurrida.

Finaliza señalando que no existen garantías constitucionales conculcadas, por lo que la acción resulta improcedente.

Acompaña documentación, que se encuentra acompañada en el expediente y en custodia, entre la que figura acta de conciliación total nº 03, de fecha 20 de julio de 2009, carta de término de revisión de fecha 10 de julio de 2009 A fojas 51, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1. Que la acción cautelar consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene por objeto restablecer el imperio del derecho frente a todo acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una amenaza, perturbación o privación que sufra una persona en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías fundamentales que la misma disposición señala.

2. Que el artículo 53 de la Ley 19.880, reconoce expresamente la facultad del órgano administrativo para invalidar actos contrarios a derecho, según el procedimiento que la misma norma señala. En la especie la acción de autos pretende dejar sin efecto el inicio del procedimiento invalidatorio.

3. Que el acto atacado por el recurso no ha decretado nulidad alguna, de modo que es imposible calificar ahora, y a priori, si se dan o no las exigencias jurídicas para establecerla. Lo que el acto del servicio ha hecho es simplemente iniciar un proceso que determine si cabe o no disponer dicha invalidación, lo que esta reglado por la ley 19.880, en su artículo 53. Al efecto, el Servicio otorgó audiencia al contribuyente, con un plazo de quince días hábiles según se lee en la propia resolución exenta N° 12, materia de esta acción. Esa actuación, entonces, es perfectamente legal, está motivada y por lo tanto no es arbitraria, y no puede afectar derecho alguno del contribuyente pues éstos quedan a salvo tanto porque se le concedió audiencia para oírlo, como porque la determinación final, si es que concluye en un acto invalidatorio, es impugnable ante los Tribunales de Justicia.

4. Que desde luego no pueden existir aquí derechos indubitados que tengan relación con el fondo de la revisión de la contabilidad del contribuyente, precisamente porque esa es la cuestión que el Servicio impugna. Por ende, tanto la regularidad de la actuación primera que culminó en conciliación, como la existencia o no de diferencias de impuestos o anomalías con relación a la documentación tributaria del contribuyente, son asuntos precisamente dubitados y que por supuesto no cabe resolver aquí. En lo que toca a la prescripción, a la que también se hace referencia, es evidente que sus supuestos están dubitados y que será en el procedimiento pertinente a que eventualmente se arribe, donde el contribuyente tendrá que alegarla. Tampoco es, entonces, una materia que a priori pueda revisar esta Corte por la vía extraordinaria de la Protección.

5. Que por consiguiente, no se dan aquí los supuestos necesarios para que el recurso prospere.

Y visto además lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza con costas el deducido en lo principal de fojas 14.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 153-2011-Civil- Protección.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los señores Ministros titulares Raúl Mera Muñoz, Miguel Vázquez Plaza y abogada integrante Sra. María Latife Anich.

Paola González López Secretaria En Rancagua a ocho de abril de dos mil once, notifiqué por el estado diario la sentencia que antecede. En