Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Libertador Bernardo

C.A. de Rancagua Rancagua, dieciséis de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins y la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de 26 de agosto de 2025, que rechazó sus licencias médicas N° NUM001 y NUM002, emitidas por un total de 45 días.

Expone que el fundamento para el rechazo corresponde a “reposo injustificado”, en circunstancias que acompañó los documentos que lo justificaban, tales como informe médico y psicológico que dan cuenta de que requirió terapia cognitivo conductual y farmacoterapia, y que indicaban una fecha de alta probable para el mes de septiembre de 2025.

Sostiene que la decisión de rechazo recurrida es arbitraria e ilegal, puesto que prescinde de la evidencia clínica que acredita la gravedad de su patología y su curso prolongado y, además, no dispuso la realización de otros exámenes, interconsultas o peritaje médico, imponiendo un retorno laboral sin alta médica, exponiendo a la recurrente a una descompensación y recaída.

Afirma que el acto recurrido ha vulnerado sus derechos establecidos en el artículo 19 N° 1, 2, 3 y 24.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se deje sin efecto la resolución que dispuso el rechazo de las licencias médicas individualizadas, ordenando que sean aprobadas o, en subsidio, que se ordene la realización de una nueva evaluación técnica imparcial. Asimismo, se ordene el pago del subsidio por incapacidad laboral, con reajustes e intereses y, que se ordene a los recurridos abstenerse de reproducir el mismo criterio, emitiendo un pronunciamiento ajustado a derecho.

A folio 10 informó la Superintendencia de Seguridad Social solicitando el rechazo del recurso, alegando, en primer lugar, la improcedencia de la acción, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de lo anterior, informó sobre el fondo del recurso que la recurrente reclamó mediante presentación de fecha 21 de julio de 2025, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de O´Higgins, que rechazó las licencias médicas N° NUM001 y NUM002, extendidas por un total de 45 días, a contar del 29 de mayo de 2025, por reposo no justificado. En razón de lo anterior, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 89 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, el informe emitido con fecha 19/07/2025 por el tratante, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y tampoco describe detalladamente los ajustes farmacológicos realizados ni su temporalidad durante el periodo reclamado. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° NUM000, de 26 de agosto de 2025.

Expone que los facultativos de la Superintendencia, consistente con lo señalado, informaron, en resumen, que las licencias médicas fuero emitidas por médico general extrasistema, sin elementos clínicos de gravedad, sin derivación a sistema público para atención integral por patología GES, sin derivación a especialista en psiquiatría, sin cambio ni potenciación de antidepresivo pese a mantención de elementos supuestamente invalidantes por más de 160 días; que aparenta reposo extenso sin rol curativo, por lo que sugirieron no acoger las licencias reclamadas. Con ello, analizados los antecedentes disponibles en ese momento, la Superintendencia no logró formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del tiempo previo ya autorizado.

Afirma que la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada, y los necesarios para la justificación del reposo. En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de confirmar el rechazo de las licencias médicas de la parte recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

Indica que la actuación de la Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por su parte.

Agrega que la pretensión de la recurrente, fuera de no tener fundamento legal, ciertamente desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes y, en el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la Compin y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Concluye que sólo se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso, con costas.

A folio 13 informó la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins que la recurrente, en los años 2021 a 2024, presentó 35 licencias médicas, con un total de 821 días de reposo. Durante el año 2025 registró 8 licencias médicas, encontrándose 4 de ellas autorizadas, y 4 rechazadas, ya que los antecedentes médicos aportados no justifican el reposo.

Argumenta que, para dictaminar con fundamento y rigurosidad, solicitó antecedentes a la usuaria que justifiquen su reposo, sin embargo, del estudio de estos, no se logra acreditar elementos psicopatológicos de gravedad ni incapacidad laboral de origen psiquiátrico, informe que no es cronológico ni evolutivo, indica tratamiento psiquiátrico discontinuo, sin detallar ajustes farmacológicos. Además, el informe del psicólogo indica que ha realizado 3 sesiones de 15 planificadas, por lo que no es posible establecer un rol terapéutico de los reposos reclamados.

Finalizó señalando que la actora apeló a la Suseso, y dicha entidad ratificó lo obrado por la Compin, manteniendo el rechazo de las licencias médicas.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. 2.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción planteada por la Superintendencia de Seguridad Social, por tratarse de materias referidas a la seguridad social, dicha alegación se rechazará dado que dentro de las garantías invocadas y que fundan el recurso se encuentran los derechos a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley, y el de propiedad, todos ellos protegidos por la acción cautelar de autos. 3.- Que, en cuanto al fondo, el acto que la recurrente considera conculca sus garantías constitucionales, corresponde a la confirmación del rechazo de sus licencias médicas N° NUM001 y NUM002, situación que se materializa con la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de 26 de agosto de 2025, por parte de la Superintendencia de Seguridad Social. 4.- Que, las recurridas, en cuanto al fondo, solicitaron el rechazo de la acción deducida en su contra, alegando que de los antecedentes clínicos y administrativos de la recurrente, permiten concluir que su reposo no se encuentra justificado, motivo por el cual se adoptó la decisión recurrida en el marco de su competencia y potestad fiscalizadora, al tenor de la normativa vigente, teniendo en consideración antecedentes e informes médicos que se tuvieron a la vista y que la licencia médica fue extendida por un profesional que no mantiene la especialidad en psiquiatría, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario de su parte que amenace o vulnere derecho alguno de la recurrente. 5.- Que, en cuanto al núcleo del asunto, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, dado que los artículos 11 y siguientes del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, reglamenta la autorización de licencias médicas y establece que corresponde a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se debe dejar constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

A su turno, las resoluciones dictadas por la Compin son reclamables ante la Suseso, cuyo es el caso, atento que la Superintendencia de Seguridad Social tiene por función supervigilar el correcto ejercicio del derecho a la seguridad social, materia a la que pertenece la forma de aprobar una licencia médica, a la luz de lo dispuesto en los artículos 2 letra c) y 3 de la Ley 20.691.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver las reclamaciones acerca de las decisiones de la Compin en orden a la autorización de una licencia médica sin derecho a subsidio, por lo que, despejada la legalidad del acto, sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada. 6.- Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, se debe señalar que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

Al respecto, de los antecedentes acompañados por las partes, consta que la decisión adoptada por la Superintendencia recurrida se encuentra debidamente justificada, ya que la Resolución Exenta recurrida, indica con claridad los motivos que tuvo en consideración para rechazar la reclamación en contra de la Compin de la Región de O’Higgins, que no autorizó el pago de las licencias médicas reclamadas en éstos autos, conclusión a la que se llegó por estimar que el reposo de la recurrente no resultaba justificado, más allá del periodo ya autorizado.

En efecto, la resolución recurrida señala que su conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 89 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Asimismo, que el informe emitido con fecha 19 de julio de 2025 por el tratante, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y tampoco describe detalladamente los ajustes farmacológicos realizados ni su temporalidad durante el periodo reclamado. 7.- Que, además, resulta de especial relevancia destacar que el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. N° 7 de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las “Patologías Mentales”, establece en su artículo 4 número II, en relación con el reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, entre otros requisitos, que el reposo laboral debe ser indicado por el médico psiquiatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días, cuando existen circunstancias especiales que impiden un acceso a psiquiatra más frecuente) y que cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: Tratamiento farmacológico, Psicoterapia e Intervenciones Psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual), teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud, en su sitio. 8.- Que, en la especie, del expediente administrativo acompañado, se tiene que la recurrente no cuenta con un informe de refractariedad o resistencia al tratamiento y tampoco acredita asistencia regular a terapia psicológica e intervenciones psicosociales durante toda la extensión de su reposo, ya que sólo acompaña al recurso certificados de atención psiquiátrica y psicológica que dan cuenta de haber permanecido en tratamiento de manera intermitente y, que las licencias médicas reclamadas fueron extendidas por un médico que no ostenta la calidad de psiquiatra, sino que de médico cirujano. 9.- Que, los antecedentes referidos en los considerandos previos, los que fueron debidamente analizados y, en especial, el hecho consistente en que la licencia médica reclamada fue extendida por un médico que no ostenta la calidad de psiquiatra, es suficiente para arribar a la decisión que se adoptó por el órgano contralor, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por la actora, sea arbitrario por carecer de motivación. 10.- Que, por no concurrir los presupuestos de la acción constitucional, el recurso de protección debe ser necesariamente rechazado.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se resuelve:

I.- Que, se rechaza la alegación de improcedencia de la acción, alegada por la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins y la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1529-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.