Protección contra Colegio nombre reservado

Rancagua cinco de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Con fecha 22 de septiembre del año 2025, comparece don Rodrigo Robles Peña, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien viene en deducir recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, representada por doña nombre reservado, cédula de identidad NUM000, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de O’Higgins, en razón del acto arbitrario consistente en la expulsión del alumno nombre reservado, sin justificación alguna, no respetando el debido proceso, afectando con ello el derecho a las garantías judiciales, igualdad ante la ley, derecho a la integridad física o psíquica y derecho a la educación, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expuso.

Indica que, como consecuencia de hechos ocurridos el 25 de julio de 2025, en la que nombre reservado en legítima defensa se defendió de las agresiones de un compañero de colegio mayor de edad golpeándolo afuera del establecimiento educacional, y en virtud de la ley N°21.128, el Colegio nombre reservado, lo suspendió, iniciando una investigación con el fin de esclarecer los hechos asociados a este incidente.

Añade que, mediante escrito de notificación a apoderado, de fecha 14 de agosto de 2025, la Directora del Establecimiento Educacional, notifica a la madre de nombre reservado las faltas gravísimas cometidas, determinando la expulsión del alumno, siendo éstas a saber:

N°3: Utilizar teléfonos celulares o dispositivos electrónicos dentro o fuera de la hora de clases con la intención de dañar a un compañero, compañera o cualquier miembro de la comunidad educativa (fotos inapropiadas, grabaciones, amenazas, etc.);

N°6: Agredir, golpear o ejercer violencia física o psicológica a cualquier miembro de la comunidad educativa tanto dentro como fuera del establecimiento;

N°8: Intimidar, burlarse, acosar a un estudiante u otro integrante de la comunidad educativa en forma verbal, escrita o por medios digitales como Facebook, Twitter, Instagram, correos electrónicos, entre otros;

N°9: Discriminar a cualquier miembro de la comunidad educativa o visita que se encuentre dentro de la escuela, ya sea por su condición física, moral, social, etnia, religión, cultural, intelectual, sexual o cualquiera que atente contra la dignidad humana.

Plantea que, debido a la falta de narración de los hechos que constituyeron las faltas gravísimas imputadas a nombre reservado, se vulneró el debido proceso, sin proporcionar a la apoderada de nombre reservado la carpeta investigativa. Con fecha 22 de agosto se solicitó la reconsideración de la medida adoptada, la que fue rechazada, concretándose en definitiva la medida de expulsión el 26 de agosto de 2025.

Señala que, a la fecha, nombre reservado no tiene un establecimiento educacional, encontrándose privado del acceso a la educación, peligrando poder terminar sus estudios en este 2025 por la dificultad de encontrar otro colegio casi a fin de año.

Asegura que, al adoptar la medida de expulsión sin tomar en consideración sus descargos -los que dan cuenta de que el 25 de julio de 2025, fuera del colegio, un compañero mayor de edad intentó golpearlo, por lo que se vio forzado a defenderse-, junto con no establecer con claridad los hechos que configuran las faltas gravísimas en la notificación de expulsión del 14 de agosto de 2025, con expulsión ratificada el 26 de agosto del mismo año, el establecimiento educacional comete un acto arbitrario e ilegal que vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, la integridad física y psíquica del estudiante y el derecho a la educación. La ausencia de fundamentación legal en la toma de decisión por parte del establecimiento educacional viola el derecho al debido proceso ya que, para que sea un procedimiento valido y justo, la medida adoptada debe basarse en hechos probados Previas citas legales solicita se sirva acoger el presente recurso de protección, ordenando que se deje sin efecto la medida de expulsión, con expresa condena en costas.

Con fecha 3 de octubre del año en curso compareció el establecimiento educación recurrido y procedió a evacuar el respectivo informe señalando que el viernes 25 de julio de 2025, el alumno nombre reservado, de II Medio A, participó en hechos de violencia física. Además, ejerció violencia psicológica hacia compañeros de curso y otros estudiantes, mediante audios y publicaciones por redes sociales lo que afectó gravemente la convivencia escolar de la comunidad educativa. Dentro de las declaraciones de compañeros y compañeras de curso se evidencian acoso a estudiante TEA, nombre reservado, quien participa en la pelea a las afueras del colegio y se desregula, por lo que su actuar se debe a ello.

Añade que, anterior a los hechos a las afueras del colegio, un grupo de estudiantes se acercó de manera voluntaria a Inspectoría para develar las acciones de acoso que ejercía hacia nombre reservado y el curso en general, las que se acompañan y se caratulan sus testimonios.

Hace presente que el 30 de julio la apoderada de la estudiante nombre reservado -compañera de curso y quien está involucrada en los hechos antes mencionados-, en entrevista sostenida con Inspector general le entrega audios, y pantallazos donde se realizan amenazas hacia compañeros y compañeras del curso y al estudiante nombre reservado.

Estos constan de registros fotográficos -pantallazos- y audios que dan cuenta de amenazas de nombre reservado a otros estudiantes realizados después de la riña.

Cita textualmente las amenazas hacia el estudiante de IV medio A nombre reservado: “espérate que llegue al colegio porque le va a ir peor al cochino culiao”; “sí me suspendieron fue para protegerlo”; “curso culiao, están buscando combos míos y ni uno se va a salvar ni las mujeres yera yera”.

Relata que durante la notificación del inicio de la investigación de la Ley N°20.128, se mostraron los pantallazos y se reprodujeron a la madre y al estudiante como parte del debido proceso donde, se dieron a conocer los hechos que se denuncian y que están contemplados dentro del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Se informó de la posibilidad de presentar descargos en el plazo de 10 días que dura la investigación afirmando que, de las entrevistas realizadas a compañeros de curso se desprenden antecedentes que reafirman los hechos, declaraciones que se consideraron para la toma de decisiones.

Señala que se debe tener a la vista que el acoso escolar realizado hacia la menor nombre reservado produjo daño psicológico en ella, lo que es respaldado por su médico tratante, el doctor nombre reservado, en consecuencia, la presencia del estudiante generó un clima de temor fundado entre sus compañeros.

Asegura que el procedimiento realizado por el equipo Convivencia Escolar se realizó garantizando el debido proceso: a. Respeto al derecho a ser escuchado efectuar descargos, los que se realizaron por medio de entrevista al estudiante como al apoderado. Además, de recepcionar los descargos tanto de la apoderada, nombre reservado y de nombre reservado -con fecha 5 de agosto- los que se incluyeron en la carpeta de investigación. b. Posibilidad de presentar pruebas, las que fueron enviadas vía mail el 5 de agosto por doña nombre reservado. c. Respeto a la presunción de inocencia, se consideró al estudiante como inocente hasta que se demostró su culpabilidad en un proceso que recabó pruebas válidas. d. Resolución en un plazo razonable. El procedimiento se desarrolló según lo que estipula la normativa y se dieron respuestas a la apelación presentada por la apoderada en el plazo de 2 días hábiles. e. Conocer los fundamentos de la medida disciplinaria. Dentro de la notificación se expusieron los hechos -tanto a la apoderada como al estudiante- que dan lugar a la medida y de las faltas gravísimas que se estipulan en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Añade que el estudiante fue derivado al Programa Senda Previene de Machalí por consumo problemática de drogas en el mes de octubre del 2024, sin embargo, el estudiante rechaza la atención y la madre no se moviliza para dar apoyo requerido.

Este año se deriva al estudiante a salud mental por verse involucrado un hecho de consumo de drogas al interior del establecimiento. La apoderada informa que nombre reservado se niega a recibir atención, lo que obstaculiza su tratamiento. Esta inacción por parte de la madre puso en riesgo el derecho a la educación de nombre reservado, ya que el colegio brindó el apoyo, informó a la apoderada, elaboró informes sin tener respuesta ni medidas de apoyo ante su necesidad por consumo problemático de drogas.

Destaca que el establecimiento no entregó la carpeta de investigación a la apoderada y abogada, ya que ésta es de carácter confidencial por tratarse de menores de edad y porque el procedimiento esta dado en el Dictamen N°52 de la Superintendencia de Educación y que, además, aquello es propio en el ámbito legal y no educacional.

Finalmente y, con la misma fecha, rindió informe la Superintendencia de Educación de la Región de O’Higgins la que, luego de señalar el marco legal de su actuación, indicó en particular que, con fecha 28 de agosto de 2025, el establecimiento educacional ingresa expediente de expulsión del alumno nombre reservado, añadiendo que el expediente fue revisado por la Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales, siendo derivado a la Unidad Regional de Fiscalización el día 24 de septiembre del año 2025, por posibles hechos que vulnerarían la normativa educacional, siendo el acto siguiente la fiscalización presencial o administrativa al establecimiento educacional por los hechos investigados.

Indica que, para el caso de corroborase por el Ministro de fe algún incumplimiento a la normativa educacional, el proceso será derivado a la Unidad Jurídica para la instrucción del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio conforme al Título III, párrafo 5°, artículos 66 y siguientes de la ley SAC o, si por el contrario, la fiscalización determina que el procedimiento se ajustó a la normativa educacional se procederá a dictar la correspondiente acta de fiscalización con resultado satisfactorio Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha de la institución educacional recurrida, está dado por la expulsión de su hijo del establecimiento sin justificación alguna, no respetando el debido proceso, afectando con ello el derecho el derecho a las garantías judiciales, igualdad ante la ley, derecho a la integridad física o psíquica, y derecho a la educación.

TERCERO: Que, por su parte la Directora del establecimiento educacional recurrido evacuando el informe indicó -en síntesis- que la medida adoptada se justifica por las conductas del alumno nombre reservado que transgredieron la normativa contenida en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar afectando gravemente la convivencia escolar de la comunidad educativa, asegurando haber dado estricto cumplimiento a la garantía del debido proceso, descartando en consecuencia cualquier actuación arbitraria o ilegal, y solicitando la confirmación de la medida adoptada.

CUARTO: Que, cabe tener presente que el artículo 6 letra d) del D.F.L. N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Aula Segura N°21.128 de 27 de diciembre de 2018, regula la aplicación de la medida de expulsión o cancelación de matrícula, precisando que ésta sólo puede adoptarse en base a las causales claramente descritas en el reglamento, -las que, en general, deben afectar gravemente la convivencia escolar-, mediante un procedimiento previo, racional y justo, que deber estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y solicitar la reconsideración de la medida.

QUINTO: Que, la exigencia de los estándares mínimos del debido proceso no es sólo una exigencia del proceso penal, es un mandato de todo procedimiento sancionatorio o punitivo, cualquiera sea su naturaleza, ya que justamente se parte de la base de que existe una entidad que tiene una potestad que no puede ser contrarrestada por la mera voluntad de las partes, que existe una relación en la cual una de las partes tiene una potestad que la otra no tiene para imponer una sanción, y que si bien el Estado se la reconoce, le impone el deber de respetar un mínimum común a toda persona en cualquier comunidad. Este mínimum común sancionatorio es el debido proceso, o proceso con todas las garantías, o proceso justo, que constituye, a fin de cuentas, la mayor garantía de la expresión material de la igualdad ante la ley.

SEXTO: Que, en esta línea de razonamiento, resulta relevante destacar que el establecimiento recurrido cuenta con un Reglamento Interno, en el cual se regulan diversos aspectos de la convivencia escolar y dentro de los cuales, se encuentra la tipificación de conductas que constituyen faltas, estableciéndose además las sanciones que resultan pertinentes a cada una de ellas y el procedimiento a seguir cuando se requiera su aplicación.

SÉPTIMO: Que, en el caso de autos, si bien aparece -en principio- que las normas antes mencionadas fueron seguidas por el establecimiento educacional -pues resultó establecido que el alumno alteró gravemente la convivencia escolar infringiendo el Reglamento Interno, que se relata detalladamente la medida de expulsión, aplicando la sanción cuestionada, la que se encuentra dentro de la normativa señalada-, consta en los antecedentes de la causa, en particular del informe evacuado por el colegio recurrido, que el establecimiento no hizo entrega de la carpeta investigativa a la apoderada y su abogada, pese a que éstas la solicitaron de forma oportuna, por cuanto la institución aseguró que esta era de carácter “confidencial” por tratarse de menores de edad, invocando el Dictamen N°52 de la Superintendencia de Educación, asegurando que la develación de la carpeta es un aspecto propio en el ámbito legal y no educacional.

OCTAVO: Que, revisado con detenimiento el Reglamento Interno del colegio, es posible corroborar que en el titulo III referido al “protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia agresión entre miembros de la comunidad educativa”, en parte alguna contempla una limitante a la entrega de la carpeta investigativa fundado en un supuesto carácter confidencial de ésta, lo que inclusive se corrobora a propósito de su punto 8 referido a la existencia de adultos involucrados en los hechos, entendiendo estos como personal docente de la institución, donde efectivamente se contempla el principio de confidencialidad o reserva pero referido a evitar dar el nombre tanto del denunciado como de los involucrados al resto de la comunidad educativa, de acuerdo con la gravedad del caso.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, el Dictamen N°52 de la Superintendencia de Educación, es un pronunciamiento de la institución a fin de dar repuesta las múltiples consultas de las entidades sostenedores de establecimientos educacionales y distintos miembros de las comunidades escolares del país en torno a la aplicación de la ley 21.128 denominada Aula Segura.

De la atenta lectura del mismo y, no obstante esclarecer una serie de materias de gran importancia, ésta no se refiere a la imposibilidad de hacer entrega de la carpeta investigativa en el contexto de un procedimiento disciplinario de expulsión, fundado en un pretendido principio de confidencialidad.

DÉCIMO: Que, lo referido y analizado reviste la mayor relevancia por cuanto implica, en los hechos, una vulneración al debido proceso, desde que impide el oportuno acceso del alumno afectado y sus apoderados al contenido del expediente en el cual se incorporan los diversos antecedentes recopilados durante el proceso, imposibilitando de esta manera una debida defensa al desconocer elementos claves de la investigación.

DÉCIMO PRIMERO: Que, de esta forma, la actuación de la recurrida es ilegal, ya que se aparta de lo establecido y exigido por la Superintendencia y es por tal motivo que, según lo informado por esta institución, el expediente de expulsión del alumno nombre reservado al ser revisado por la Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales, fue derivado a la unidad regional de fiscalización el día 24 de septiembre del año 2025, por posibles hechos que vulnerarían la normativa educacional siendo el acto siguiente la fiscalización presencial o administrativa al establecimiento educacional por los hechos investigados.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia, del mérito de los antecedentes, se evidencia que la decisión de la entidad recurrida fue adoptada fuera del marco normativo que regula la materia, vulnerando la garantía constitucional del debido proceso contemplada en el artículo 19 N°3 de la misma Carta Fundamental, por lo que dicho actuar debe ser enmendado por esta vía excepcional.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso deducido por don Rodrigo Robles Peña, en favor de nombre reservado, y en contra del Colegio nombre reservado, y en consecuencia se deja sin efecto la medida disciplinaria de expulsión, debiendo el colegio recurrido proceder a la reincorporación del alumno en cuestión en el plazo de 30 días, desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 1257-2025 Protección.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr.

Lobos, por no encontrarse integrando el día de hoy. No obstante, de haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.