Protección contra María José Orellana Cuadra

C.A. Rancagua Rancagua, dos de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 19 de agosto de 2025 comparece el abogado Claudio Cofré Soto, en representación de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de María José Orellana Cuadra, Directora (s) del Hospital Regional Dr. Franco Ravera Zunino de Rancagua; de nombre reservado, Subdirector de Matronería, Diversidad Sexual y Género del mismo establecimiento y fiscal instructor del sumario administrativo; y de nombre reservado, ex Directora (s) del referido recinto asistencial, impugnando especialmente la Resolución Exenta N°4597, de 29 de agosto de 2025, que rechazó los recursos administrativos deducidos por los actores y confirmó la medida disciplinaria de destitución aplicada a cada uno de ellos en el marco de un sumario administrativo instruido mediante Resolución Exenta N°4851, de 25 de octubre de 2024.

Expone que el procedimiento disciplinario tuvo por objeto determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de irregularidades vinculadas a la contratación e implementación de licencias de un sistema de información hospitalaria para el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins. Señala que inicialmente se designó como fiscal instructor a nombre reservado, siendo posteriormente reemplazado, con fecha 17 de febrero de 2025, por nombre reservado, quien al día siguiente formuló cargos en contra de dos de los recurrentes y, posteriormente, respecto de la restante actora. Refiere que, evacuados los descargos, la defensa solicitó diversas diligencias probatorias, todas las cuales habrían sido rechazadas, sin abrir término probatorio ni decretarse actuación alguna destinada a acreditar las alegaciones de los inculpados.

Añade que, con fecha 8 de julio de 2025, el fiscal instructor reformuló los cargos originalmente formulados, modificando su contenido y fundamentos, actuación que la parte recurrente estima improcedente y contraria a los artículos 139 y 140 del Estatuto Administrativo, sosteniendo que dicha reformulación tuvo por finalidad robustecer la imputación y evitar que se indagara la eventual responsabilidad de autoridades superiores del establecimiento, particularmente de nombre reservado, cuya declaración habría sido solicitada reiteradamente por la defensa y denegada por el instructor. Asimismo, acusa que las diligencias probatorias requeridas fueron nuevamente rechazadas sin fundamentación suficiente.

Sostiene además que nombre reservado, en su calidad de Directora (s) y superior jerárquica del fiscal instructor, rechazó las solicitudes de implicancia y recusación deducidas en contra de este último, pese a existir, a juicio de la recurrente, una afectación a la imparcialidad del procedimiento. Indica que posteriormente dicha autoridad dictó resolución aplicando la sanción de destitución a los recurrentes y que, tras la interposición de recursos de reposición y jerárquico en subsidio, éstos fueron rechazados mediante la resolución terminal impugnada, dictada por María José Orellana Cuadra, sin haberse practicado -según afirma- las notificaciones legales al abogado patrocinante de los actores.

Alega que las actuaciones descritas vulneran las garantías contempladas en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República, particularmente el derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso y a no ser juzgado por comisiones especiales, sosteniendo que el procedimiento disciplinario se habría desarrollado al margen de las reglas previstas en el Estatuto Administrativo, sin permitir el ejercicio efectivo del derecho a defensa ni la rendición de prueba. Asimismo, denuncia infracción a los artículos 135, 139 y 140 de la Ley N°18.834, cuestionando especialmente la legalidad de la reformulación de cargos una vez evacuados los descargos y concluida la etapa respectiva del procedimiento.

En apoyo de sus alegaciones cita jurisprudencia de la Corte Suprema, particularmente la sentencia dictada en causa Rol 32.003-2022, relativa a la improcedencia de reformular cargos fuera de los casos expresamente autorizados por el Estatuto Administrativo, sosteniendo que en el caso de autos la autoridad administrativa habría actuado fuera del marco de sus atribuciones legales y alterando la sustanciación regular del procedimiento disciplinario.

Finalmente, solicita se acoja el recurso de protección, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°4597 y la reformulación de cargos de 8 de julio de 2025, ordenándose la reincorporación inmediata de los recurrentes a sus funciones, con costas.

Con fecha 6 de noviembre de 2025 evacuando informe, los recurridos nombre reservado, María José Orellana Cuadra y nombre reservado, todos funcionarios del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino de Rancagua, solicitan el rechazo íntegro del recurso de protección deducido, sosteniendo, en primer término, la improcedencia de la acción cautelar atendida la existencia de reclamaciones administrativas pendientes ante la Contraloría General de la República, promovidas por los propios recurrentes conforme al artículo 160 de la Ley N°18.834, mediante las cuales impugnaron la legalidad del procedimiento disciplinario y de la Resolución Exenta N°4597, que dispuso sus destituciones. Señalan que dichas presentaciones dieron origen a procedimientos en ese entonces vigentes y pendientes de resolución ante el órgano contralor, por lo que estiman que la controversia debe ser conocida en sede administrativa y no a través de la presente acción constitucional.

Añaden que las alegaciones formuladas en el recurso exceden el ámbito cautelar del recurso de protección, por cuanto los actores pretenden revisar el mérito de la investigación administrativa, la suficiencia de las diligencias practicadas, la formulación y reformulación de cargos, el dictamen fiscal y la sanción aplicada, materias que -afirman- requieren de un procedimiento de lato conocimiento y de una adecuada etapa probatoria, improcedentes en esta sede.

En subsidio, y en cuanto al fondo, los recurridos sostienen que la designación de nombre reservado como fiscal instructor del sumario administrativo se ajustó a derecho, atendido que durante la investigación apareció involucrado un funcionario de mayor jerarquía que el fiscal originalmente designado, circunstancia prevista en el artículo 129 del Estatuto Administrativo. Asimismo, indican que la formulación de cargos practicada con fecha 18 de febrero de 2025 se realizó dentro del plazo contemplado en el artículo 135 del mismo cuerpo normativo y que la posterior reformulación de cargos de 8 de julio de 2025 se encontraba jurídicamente permitida, citando al efecto jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que reconoce la facultad del fiscal instructor para reformular cargos dentro de un procedimiento sumarial, siempre que éstos sean nuevamente notificados y se otorgue oportunidad para formular descargos y ofrecer prueba.

Refieren que los recurrentes fueron debidamente notificados de los nuevos cargos y formularon oportunamente sus descargos, precisando que el fiscal instructor posee amplias facultades para determinar las diligencias útiles para el esclarecimiento de los hechos, no configurándose ilegalidad por el rechazo de aquellas actuaciones probatorias que estimó innecesarias, entre ellas la declaración de nombre reservado. Sobre este punto, invocan dictámenes de Contraloría conforme a los cuales no constituye irregularidad que el instructor no practique diligencias solicitadas por los inculpados cuando éstas no resultan conducentes para el éxito de la investigación.

En relación con las recusaciones e implicancias deducidas en contra del fiscal instructor, señalan que mediante Resolución Exenta N°4138, de 4 de agosto de 2025, se rechazaron por improcedentes, atendido que las causales de recusación en los procedimientos disciplinarios se encuentran reguladas específicamente en los artículos 132 y 133 de la Ley N°18.834, normas que no contemplan la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales invocadas por los recurrentes. Agregan que, conforme a la jurisprudencia administrativa citada en dicha resolución, las causales alegadas no configuraban ninguna de las hipótesis legales de inhabilidad y, además, la oportunidad procesal para deducirlas se encontraba precluida.

Respecto de las alegaciones vinculadas a la falta de notificación al abogado patrocinante de los recurrentes, los recurridos sostienen que únicamente constaba mandato válido respecto de nombre reservado, mediante escritura pública agregada al expediente sumarial, no existiendo instrumento alguno que acreditara representación respecto de nombre reservado y nombre reservado, conforme a las exigencias del artículo 22 de la Ley N°19.880. Añaden que las notificaciones de la resolución sancionatoria fueron practicadas personalmente, señalando que nombre reservado recibió copia de la resolución en forma directa, mientras que los otros dos recurrentes fueron notificados en su lugar de trabajo, constando en el expediente sumarial que tomaron conocimiento del acto administrativo, aun cuando se habrían negado a firmar las respectivas actas.

Finalmente, sostienen que las actuaciones cuestionadas se ajustaron al régimen recursivo previsto en el artículo 141 del Estatuto Administrativo y que no concurre actuación ilegal o arbitraria susceptible de cautela constitucional, solicitando, en consecuencia, el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Con fecha 14 de noviembre pasado, evacuando el traslado conferido respecto de la alegación de falta de oportunidad formulada por la recurrida, la parte recurrente sostiene que el recurso de protección deducido en autos se funda en actuaciones ilegales y arbitrarias cometidas durante la instrucción del sumario administrativo seguido en contra de sus representados, las que vulneran garantías constitucionales amparadas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Expone que la alegación de extemporaneidad o falta de oportunidad planteada por la recurrida importa desconocer el carácter autónomo e independiente de la acción de protección respecto de otras vías administrativas o jurisdiccionales eventualmente ejercidas por los actores. En tal sentido, reconoce haber deducido reclamaciones ante la Contraloría General de la República, conforme al artículo 160 del Estatuto Administrativo, precisando, sin embargo, que dichas gestiones tienen por objeto la revisión integral del fondo del asunto y no impiden el conocimiento de las vulneraciones constitucionales denunciadas en esta sede cautelar.

Sostiene asimismo que la recurrida pretende confundir el objeto de la acción constitucional, argumentando que mediante ella no se cuestiona la medida disciplinaria en sí misma, sino determinados actos desarrollados durante la sustanciación del procedimiento administrativo, los cuales estima ilegales y contrarios al debido proceso. Refiere que el recurso busca dejar sin efecto actuaciones específicas y retrotraer el procedimiento a una etapa ajustada a derecho, más no revisar el mérito de la sanción aplicada.

Añade que el recurso de protección y las reclamaciones deducidas ante la Contraloría General de la República persiguen finalidades diversas y compatibles entre sí, por cuanto la presente acción cautelar tiene por objeto restablecer de manera rápida el imperio del derecho frente a actuaciones arbitrarias o ilegales, conforme al sentido y finalidad del artículo 20 de la Constitución Política de la República. En este contexto, cuestiona que la recurrida sostenga que los actores no controvierten los hechos que motivaron la destitución, afirmando que el recurso sí impugna la atribución de responsabilidades efectuada en el sumario administrativo y que incluso se atribuye responsabilidad directa a nombre reservado en los hechos investigados, especialmente en relación con la modificación de la carta Gantt vinculada a la contratación cuestionada.

Finalmente, señala que no existe disposición legal que impida a las Cortes de Apelaciones conocer de acciones de protección fundadas en actuaciones ilegales o arbitrarias por el solo hecho de haberse interpuesto reclamaciones administrativas ante la Contraloría General de la República, solicitando, en consecuencia, el rechazo de la alegación formulada por la recurrida y la continuación de la tramitación del recurso.

Con fecha 29 de abril del presente año comparece la Contraloría General de la República, evacuando el informe que le fuera requerido. Señala que nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado dedujeron, con fechas 29 de agosto y 4 de septiembre de 2025, reclamos de ilegalidad conforme al artículo 160 de la Ley N°18.834, impugnando el procedimiento disciplinario instruido mediante Resolución Exenta N°4.851, de 2024, del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino, en cuyo contexto se les aplicó la medida disciplinaria de destitución.

Asimismo, informa que dichas presentaciones fueron respondidas mediante los oficios N°E202615 y E202662, ambos de 2025, y OF82595, de 2026, por medio de los cuales el ente contralor se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre el fondo de las reclamaciones, invocando para ello lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de la Ley N°10.336 y la jurisprudencia administrativa contenida en los dictámenes N°52.272, de 2014, y N°23.428 y 23.546, ambos de 2016.

Acompañaron las partes los documentos que constan agregados en la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, a consecuencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías expresamente amparadas por dicha acción constitucional.

2° Que, la presente acción constitucional se dirige en contra de la Resolución Exenta N°4597, de 29 de agosto de 2025, dictada por la Directora (s) del Hospital Dr. Franco Ravera Zunino de Rancagua, mediante la cual se rechazaron los recursos administrativos deducidos por los recurrentes y se confirmó la medida disciplinaria de destitución aplicada a cada uno de ellos en el contexto del sumario administrativo instruido mediante Resolución Exenta N°4851, de 25 de octubre de 2024. Asimismo, se cuestionan diversas actuaciones desarrolladas durante la sustanciación del referido procedimiento disciplinario, particularmente la reformulación de cargos efectuada con fecha 8 de julio de 2025, el rechazo de diligencias probatorias solicitadas por los inculpados y la resolución que desestimó las implicancias y recusaciones deducidas respecto del fiscal instructor.

3° Que, los recurrentes sostienen, en síntesis, que el procedimiento disciplinario se apartó de las reglas previstas en la Ley N°18.834, especialmente porque, una vez formulados cargos, evacuados los descargos y concluida dicha etapa procesal, el fiscal instructor procedió a reformular las imputaciones originalmente notificadas, alterando sustancialmente su contenido y fundamentos sin habilitación legal expresa y sin sujetarse al mecanismo previsto en el artículo 140 del Estatuto Administrativo. Añaden que las diligencias probatorias solicitadas fueron rechazadas sin fundamentación suficiente, afectándose con ello el ejercicio efectivo del derecho a defensa y las garantías contempladas en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República.

4° Que, al evacuar informe, los recurridos solicitaron el rechazo íntegro del recurso, alegando, en primer término, la improcedencia de la acción cautelar atendida la existencia de reclamaciones deducidas ante la Contraloría General de la República conforme al artículo 160 de la Ley N°18.834.

En subsidio, sostuvieron que tanto la designación del fiscal instructor como la reformulación de cargos se ajustaron a derecho, invocando jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República que admite dicha actuación, siempre que los nuevos cargos sean nuevamente notificados y se otorgue oportunidad para formular descargos, circunstancias que según afirman, concurrieron en la especie. Asimismo, señalaron que el rechazo de diligencias probatorias obedeció al ejercicio de las facultades propias del instructor del sumario.

5° Que, como cuestión previa, la alegación relativa a la improcedencia de la presente acción por existir reclamaciones administrativas pendientes ante la Contraloría General de la República no podrá prosperar, desde que el recurso de protección constituye una acción autónoma destinada a cautelar garantías fundamentales frente a actuaciones ilegales o arbitrarias, sin que su ejercicio resulte incompatible con otras vías administrativas o jurisdiccionales eventualmente deducidas por los afectados. Lo anterior aparece además corroborado por el propio informe evacuado por el ente contralor, del cual fluye que éste se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre el fondo de las reclamaciones deducidas por los actores, amparados precisamente en la existencia de la presente acción judicial.

6° Que, asentado lo anterior, cabe precisar que el control que esta Corte puede ejercer mediante la presente acción cautelar no se encuentra naturalmente destinado a revisar el mérito de las decisiones adoptadas en el contexto de un procedimiento disciplinario, ni tampoco la suficiencia de los antecedentes reunidos para sustentar eventuales responsabilidades administrativas, materias que exceden el ámbito de cognición propio de esta sede. Sin embargo, ello no obsta a que el control jurisdiccional abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de las actuaciones desarrolladas durante la sustanciación del procedimiento sumarial, cuando éstas aparezcan revestidas de ilegalidad manifiesta y afecten garantías fundamentales de los inculpados.

7° Que, de los antecedentes allegados a la causa aparece establecido que el fiscal instructor formuló cargos a los recurrentes durante el mes de febrero de 2025, que éstos evacuaron oportunamente sus descargos y solicitaron diligencias probatorias, y que posteriormente, con fecha 8 de julio de 2025, se procedió a reformular los cargos originalmente imputados, modificando su contenido y fundamentos, actuación respecto de la cual los actores dedujeron nuevos descargos.

8° Que, sobre esta materia, la Excma. Corte Suprema ha sostenido que la reformulación de cargos una vez evacuados los descargos y concluida la etapa correspondiente del procedimiento disciplinario no resulta compatible con la ritualidad prevista en el Estatuto Administrativo, desde que dicho cuerpo normativo no contempla expresamente esta posibilidad fuera de las hipótesis reguladas en el artículo 140 de la Ley N°18.834. En efecto, en sentencia pronunciada en causa Rol 32.003-2022, el máximo tribunal razonó que, una vez expresada la voluntad del fiscal sumariante mediante la formulación de cargos, corresponde aplicar las reglas previstas para la realización de nuevas diligencias o corrección de vicios de procedimiento, no resultando procedente alterar sustancialmente las imputaciones inicialmente formuladas fuera de dicho marco normativo.

9° Que, en la especie, la actuación cuestionada no se limitó a precisar aspectos accesorios o meramente formales de la imputación original, sino que importó modificar el contenido y fundamento de los cargos previamente formulados, alterando la estructura de la imputación administrativa respecto de la cual los recurrentes ya habían articulado sus defensas. Tal circunstancia aparece especialmente relevante si se considera que, conforme fluye de los antecedentes, las diligencias probatorias solicitadas por los inculpados fueron desestimadas tanto respecto de los cargos originalmente formulados como respecto de aquellos posteriormente reformulados, sin que aparezca suficientemente explicitada la pertinencia o improcedencia de tales actuaciones.

10° Que, si bien esta Corte comparte que el fiscal instructor posee facultades para dirigir la investigación sumarial y ponderar la utilidad de las diligencias solicitadas por los inculpados, lo cierto es que dichas atribuciones deben necesariamente ejercerse dentro del marco procedimental expresamente previsto por el legislador y respetando las garantías mínimas de defensa contempladas en el artículo 8° del Pacto de San nombre reservado Rica, y que integran un procedimiento racional y legalmente tramitado. En este contexto, la alteración sustancial de los cargos originalmente formulados, una vez evacuados los descargos y sin sujetarse al procedimiento previsto en el artículo 140 del Estatuto Administrativo, importa apartarse de las reglas legales que disciplinan la investigación administrativa y afecta la estabilidad de la imputación formulada a los inculpados.

11° Que, por otro lado, y en el mismo orden de ideas, el persistente rechazo a realizar las diligencias solicitadas por los sumariados antes y después de la reformulación de cargos, sin perjuicio de estimar que pueden formalmente encontrarse dentro del marco legal, lo cierto es que, en lo sustantivo, importan una vulneración de una defensa técnica adecuada y suficiente que implica, como ya se señaló en el considerando precedente, apartarse de las reglas legales que disciplinan la investigación administrativa y afecta la estabilidad de la imputación formulada a los inculpados.

En efecto, el exceso de formalismo a que se hace referencia es posible visualizarlo, por ejemplo, en que no resulta aceptable que se requiera como diligencia la comparecencia de una persona que pueda arrojar luz al esclarecimiento de los hechos y, esta sea denegada porque la petición formalmente se realiza para que declare como inculpada, en circunstancias que el fiscal sustanciador perfectamente pudo variar la calidad en que se le cita, a la de testigo, pues lo relevante es el aporte que el testimonio entregue a la investigación y no la calidad en que comparezca. De este modo, y como se ha señalado, la actuación implica una vulneración a la defensa sustancial en los términos del artículo 8 letra f) de la mencionada Convención.

12° Que, lo anterior configura una actuación ilegal que vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República, particularmente en cuanto exige que los procedimientos administrativos disciplinarios sean desarrollados conforme a reglas preestablecidas y con pleno respeto al derecho de defensa de los funcionarios sometidos a investigación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de María José Orellana Cuadra, nombre reservado y nombre reservado, en cuanto se deja sin efecto la reformulación de cargos efectuada con fecha 8 de julio de 2025 y, consecuencialmente, las Resoluciones Exentas N°4348 y N°4597, de 14 y 29 de agosto de 2025 respectivamente, debiendo retrotraerse el procedimiento disciplinario al estado previo a dicha actuación, a fin de continuarse su sustanciación conforme a derecho.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 1523-2025 Protección.