nombre reservado con SBA CHILE SPA

Rancagua, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 15 de noviembre del año 2022, comparece don Rodrigo Fernando Flores Osorio, abogado, cédula de identidad N°RUT reservado y doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, en nombre de los recurrentes doña nombre reservado, RUT N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Población nombre reservado, Nancagua, secretaria de la Junta de Vecinos nombre reservado y otras 13 personas, vienen en deducir recurso de protección en contra de la empresa SBA Torres Chile Spa, Rut RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, en virtud de los fundamentos de hecho y derecho que en su presentación expusieron.

Indican que, como comunidad han tomado contacto con la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Nancagua, a través de la cual se noticiaron que, en la domicilio reservado, Población nombre reservado, emplazado en área Urbana, que corresponde al inmueble inscrito a fojas 632 N°651 del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando del año 2016, la cual para efectos del pago de contribuciones se encuentra enrolada con el N°43-6, de la comuna de Nancagua, se instalará una torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones.

Relata que como comunidad se encuentran preocupados por el entorno en el que viven y su preservación, tanto de la naturaleza, como de la salud de los propios vecinos que viven en locaciones aledañas al lugar donde se instalará dicha antena.

Aseguran que nunca han sido informados de ningún proceso de instalación de antenas, esto es, una comunicación formal y mediante carta certificada, donde se hayan visto garantizadas sus prerrogativas legales y fundamentales como comunidad; y tampoco han sido consultados formalmente en relación al lugar y el contexto del terreno donde dicha antena, según informe de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Nancagua que, ya se encuentra aprobado, se ubicará la antena.

Explican que, en el presente caso, la empresa recurrida pretende instalar una torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, cuya solicitud a la Municipalidad se realizó con fecha 15 de septiembre de 2022, y que fue aprobada por la Dirección de Obras Municipales de Nancagua, con fecha 14 de octubre de 2022. Lo anterior es importante, pues en el documento pertinente donde se aprueba dicho proyecto, y por tanto se otorga el permiso, no tiene a la vista el acuerdo adoptado por los vecinos propietarios, comprendidos en el área contigua al lugar en el que se emplazará la torre soporte, vulnerando de esta forma las distintas prerrogativas legales, en consecuencia se trata de un acto atentatorio contra distintos derechos fundamentales de su comunidad, donde no han sido escuchados, consultados, ni notificados de ninguna forma de que se iba a instalar una torre con una antena de 18 metros de alto.

Afirman que la postura de la empresa SBA Torres Chile Spa, es que ellos efectivamente notificaron, pero que por motivos que dicen desconocer, notificaron a personas fallecidas o bien a personas que no se encontraban viviendo en el lugar de la notificación.

Aseguran que son hechos vulneratorios de sus derechos fundamentales, toda vez que su salud tanto psíquica como física se encuentra en riesgo latente y actual por la instalación de la torre, toda vez que la empresa jamás ha informado acerca de la potencia de la antena, y si ésta cumple o no con la normativa de la OMS y de Chile, siendo una materia que se encuentra latamente regulada y debe ser cumplida.

Explican que en su comunidad existen distintos vecinos, tales como doña nombre reservado, quien tiene 56 años y cuyo diagnóstico en Ecocardiograma Doppler Color Transtoráxico, arroja que se encuentra afectada por ECG Anormal en DII.DIII.AVF, enfermedad cardiaca que puede verse afectada y empeorada con la instalación de la antena emisora y transmisora de telecomunicaciones. Por su parte doña nombre reservado, en tomografía computada de tórax, de fecha 14 de septiembre de 2022, de la Clínica San Francisco, da cuenta de leves cambios inflamatorios de la vía aérea y pequeño nódulo con densidad en vidrio esmerilado en lóbulo superior derecho que se sugiere controlar. Los casos anteriores son a modo de ejemplo, toda vez que en la comunidad muchos vecinos sufren enfermedades que los hacen utilizar, marcapasos, audífonos, existe gente con epilepsia, además hay vecinos que sufren de hipotiroidismo severo, cáncer mamario y también miembros de la comunidad que cuentan con implantes de titanio.

Plantean que se ha vulnerado el debido proceso administrativo, toda vez que no se han llevado a cabo los pasos y términos legales de la ley N°20.599 que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.

Argumentan que nos encontramos enmarcados en la aplicación de la ley Nº20.599, que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones y, es precisamente en esa ley donde se señalan los procedimientos a seguir, en todo proceso de instalación de antenas de telecomunicaciones, infringiéndose a su entender los siguientes términos legales:

- No se envió mediante carta certificada, la comunicación con al menos treinta días a la presentación de la solicitud de instalación de la antena, ni a la junta de vecinos respectiva ni a los propietarios de todos los inmuebles que se encuentran comprendidos, total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, en los términos señalados en la letra e) del artículo 116 bis F de la ley Nº20.599.

Dicha omisión conculca gravemente los derechos fundamentales de los recurrentes, de los vecinos y comunidad en general, toda vez que la ley Nº20.599, otorga una serie de derechos que nacen precisamente, posterior a la comunicación obligatoria que en este caso no se realizó. Para ser más específicos, los derechos que emanan de dicha comunicación son de suma importancia y son los siguientes:

A) Oponerse a la instalación de una torre por razones técnicas que, tengan relación con la concesión de un servicio de telecomunicaciones por causa legal.

B) Realizar observaciones por escrito a ese proyecto de instalación de torre en su barrio ante la Dirección de Obras Municipales de su comuna, a más tardar, 30 días corridos desde que fue comunicada la obra a los propietarios y previo informe de la Junta de Vecinos.

C) Pedir como propietario de un inmueble ubicado dentro del radio asociado al lugar de instalación de la torre soporte de antenas, la retasación del avalúo fiscal de ese inmueble.

D) Conocer el catastro público de todas las torres existentes y sus características técnicas.

E) Conocer cuáles son las zonas preferentes definidas por el Municipio para la instalación de torres en su comuna.

F) Que se cumpla en su zona con la norma máxima de emisiones radioeléctricas dictada por el Ministerio de Medio Ambiente.

Previas citas legales solicitan declarar que se acoge el presente recurso de protección, y en definitiva adoptar las medidas necesarias para asegurar el debido imperio del derecho, en particular se ordene a la recurrida dar completo cumplimiento a las normas legales que regulan la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, todo ello con costas, en caso de oposición.

Con fecha 23 de mayo del año en curso, al folio 26, se concedió Orden de No Innovar, en consecuencia y mientras se tramita la presente acción, se ordenó la suspensión o paralización de la construcción de las obras cuestionadas.

Con fecha 5 de junio del año 2023, folio 31, compareció el Ministerio de Salud y procedió a evacuar el respectivo informe indicando que el recurrente de autos se equivoca en el camino jurisdiccional para ejercer sus supuestos derechos. Esto debido a que el recurso de protección es una tutela de garantía de urgencia, que procede cuando no existen otros recursos ni medios para cautelar el resguardo de los derechos fundamentales.

En ese sentido resulta que el recurso interpuesto no es la vía más idónea y el legislador al regular expresamente las acciones o mecanismos que un particular puede utilizar para reclamar de las decisiones de la autoridad, los ha señalado expresamente, de modo que estiman, que deberá acudirse a dichos recursos para impugnar decisiones de la autoridad.

Menciona que, sin perjuicio de lo señalado previamente, el Ministerio de Salud por medio de la Seremi de Salud de la Región del O’Higgins, no tiene competencias para conocer de la materia del presente recurso, ya que este ámbito está regulado por la ley y el reglamento de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile.

Con fecha 13 de junio del año en curso, a folio 34 comparecen nombre reservado y Diego Abogabir Egaña, abogados, en representación de SBA TORRES CHILE SpA (“SBA”), quienes procedieron a evacuar el respectivo informe, solicitando en definitiva su rechazo, con costas, de la acción constitucional de protección interpuesta.

Indican que la parte recurrente denuncia que, la empresa SBA Torres Chile SpA, no ha notificado a los afectados por la instalación de la antena, lo cual no es efectivo.

Aseguran que con fecha 16 de junio de 2022, la empresa SBA Torres Chile SpA, envío la carta certificada a la junta de vecinos respectiva y a los propietarios de todos los inmuebles que se encuentren comprendidos, total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, incluidas sus antenas y sistemas radiantes.

Agregan que, los recurrentes no acompañan documentación alguna que acredite que sus inmuebles se encuentren dentro del área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma.

En segundo lugar, los recurrentes afirman que, SBA Torres Chile SpA., habría vulnerado las normas de la Organización Mundial de la Salud sin especificar qué normas, e incluso señalando que la OMS recomienda a los países establecer normas que fijen límites a la densidad de potencia de las antenas para no exponer innecesariamente a las personas a niveles superiores a dichos límites, sin embargo, el Ministerio de Salud al evacuar el informe solicitado señalando expresamente que: “(…) no existe ninguna norma OMS. El Organismo Mundial de la Salud, entrega recomendaciones, respecto a los niveles de exposición máxima a las microondas, las cuales deben ser tomadas en consideraciones por los tomadores de decisiones a fin de que éstos definan los niveles de protección”. A mayor abundamiento, el Ministerio de Salud señala que: “(…) la acción de autos se basa en hechos genéricos, sin hacer mención específica de actos u omisiones que afecten a personas determinadas y a daños a su salud en específico; todas estas cuestiones que deben llevar a su rechazo”.

Argumentan la falta de legitimación activa, por cuanto no queda claro, si los abogados que patrocinan la presente acción de protección cuentan con poder suficiente para representar a los recurrentes o lo hacen en calidad de agentes oficiosos, ya que en autos no existe un mandato judicial, que acredite la calidad jurídica, mediante la cual los abogados comparecen en la presente acción de protección. La doctrina actual reconoce que el recurso de protección no ostenta la calidad de una acción constitucional popular, sino que exige que sea interpuesto por el afectado o lesionado en sus derechos constitucionales, a nombre propio o mediante representante.

Indican que los recurrentes, mediante el presente recurso de protección, cuestionan la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, obviando que los medios de impugnación respecto de los conflictos jurídicos que se produzcan como consecuencia de la solicitud de un permiso para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, se encuentran expresamente regulados en el artículo 116 bis F, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El mismo precepto dispone que una vez enviada la carta certificada, los propietarios que se encuentren dentro del área descrita en esa letra, podrán formular, a través de la respectiva Dirección de Obras al Concejo Municipal, por escrito, y previo informe de la junta de vecinos respectiva, las observaciones que estimen convenientes acerca del proyecto de instalación de la torre, hasta treinta días corridos después de practicada la comunicación respectiva, debiendo optar, sea por una obra de compensación o por una torre armonizada con el entorno urbano y la arquitectura del lugar.

Aseguran que los recurrentes no detallan ni explican cómo la instalación de una antena -que ha cumplido con el procedimiento administrativo de rigor-, afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho al debido procedimiento administrativo. No existe un agravio constitucional, que merezca ser amparado por el Recurso de Protección.

Con fecha 5 de julio del año en curso, comparece el Director de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Nancagua e informó que el proceso de revisión de la solicitud de permiso, presentada por nombre reservado y nombre reservado, fue con apego estricto a lo prescrito en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y Ley General de Urbanismo y Construcciones, verificando los aspectos urbanísticos y de presentación de documentos. Se aplicó el artículo 116 bis F, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por ser antena de más de 12 mts. (18 mts. altura total).

Es así que, en cuanto a los aspectos urbanísticos, se verifica la rasante a los deslindes de los vecinos; también los distanciamientos indicados en 116 bis E inciso 6 de la LGUC. En cuanto a la presentación de antecedentes, se verificó el cumplimiento del artículo 116 bis F.

Por su parte y con fecha 3 de julio del año en curso, a folio 43 comparece doña Rocío Escudero Vergara, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Nancagua y procedió a informar indicando que en el marco legal por el que el Municipio y en definitiva la recurrida debe regirse, guarda relación con lo expuesto en la propia Ley Nº20.599 que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones y en dicha prerrogativa se encuentran establecidos de manera clara, los procedimientos que debe ceñirse la instalación de antena, como en el caso de autos.

Menciona que según fue relatado por los vecinos recurrentes, existió una serie de irregularidades, tales como:

a) No se envió mediante carta certificada la comunicación, con al menos treinta días a la presentación de la solicitud de instalación de la antena, ni a la junta de vecinos respectiva, ni a los propietarios de todos los inmuebles que se encuentran comprendidos total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, en los términos de la letra e) del artículo 116 bis F, de la ley Nº20.599, lo que infringe los principios de participación comunal que evidencia la norma, dado que impide la materialización de un pronunciamiento vecinal sobre hechos que afectan su calidad de vida y medioambiente.

Específicamente y tal como se expuso en el recurso de protección de autos, los derechos que se vieron impedidos por el no envío de esta comunicación, son los siguientes:

a) Oponerse a la instalación de una torre por razones técnicas que tengan relación con la concesión de un servicio de telecomunicaciones por causa legal.

b) Realizar observaciones por escrito a ese proyecto de instalación de torre en su barrio, ante la Dirección de Obras Municipales de su comuna, a más tardar, 30 días corridos desde que fue comunicada la obra a los propietarios y previo informe de la Junta de Vecinos.

c) Pedir como propietario de un inmueble ubicado dentro del radio asociado al lugar de instalación de la torre soporte de antenas, la retasación del avalúo fiscal de ese inmueble.

d) Conocer el catastro público de todas las torres existentes y sus características técnicas.

e) Conocer cuáles son las zonas preferentes definidas por el Municipio para la instalación de torres en su comuna.

f) Que se cumpla en su zona con la norma máxima de emisiones radioeléctricas dictada por el Ministerio de Medio Ambiente.

Explica que a raíz de lo anterior y teniendo en cuenta el siguiente marco legal, a saber: artículo 63, letra i) de la ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y ley Nº19.880, norma que establece bases de procedimiento administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, en particular, artículo 53 y siguientes, decreto con fuerza de ley N°1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; ésta inició mediante Decreto Alcaldicio N°1978, de fecha 23 de noviembre de 2022, un procedimiento administrativo de invalidación del Permiso de Instalación de Torre de Soporte de Antenas y Sistema de Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones, de fecha 13 de octubre de 2022, emitido por la Dirección de Obras Municipales a la empresa solicitante de dicho permiso, a saber, SBA Torres Chile SPA, RUT RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado.

Posterior a ello y en cumplimiento de los requisitos legales, se efectuaron las siguientes publicaciones: (1) Publicación en el Diario Oficial, de fecha 30 de noviembre de 2022, del Decreto Alcaldicio N°1978, de fecha 23 de noviembre de 2022, que ordena inicio de procedimiento administrativo de invalidación del Permiso de Instalación de Torre de Soporte de Antenas y Sistema de Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones, de fecha 13 de octubre de 2022, (2) Publicación en periódico de circulación regional, denominado Diario Sexta Región, de fecha 29 de noviembre de 2022, donde se da a conocer Decreto Alcaldicio N°1978, de fecha 23 de noviembre de 2022, que ordena el inicio del procedimiento administrativo de invalidación del Permiso de Instalación de Torre de Soporte de Antenas y Sistema de Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones, de fecha 13 de octubre de 2022, emitido por la Dirección de Obras Municipales, a la empresa solicitante de dicho permiso SBA Torres Chile SPA, RUT RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado. Además, se dio traslado a la recurrida en estos autos, SBA Torres Chile SPA, RUT RUT reservado, siendo evacuado con fecha 14 de diciembre de 2022.

Explica que a raíz de este procedimiento fue posible constatar que, se autorizó sin el informe respectivo que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en la letra e del artículo 116 bis f, incorporado por la Ley Nº20.599, que modifica el Decreto 458 que a su vez aprueba la nueva Ley General De Urbanismo y Construcciones, esto es: “e) Certificado emitido por Correos de Chile, que acredite la comunicación por carta certificada, enviada con una antelación de al menos treinta días a la presentación de la solicitud, a la junta de vecinos respectiva y a los propietarios de todos los inmuebles que se encuentren comprendidos total o parcialmente en el área ubicada al interior de la circunferencia que tiene por centro el eje vertical de la torre y un radio equivalente a dos veces la altura de la misma, incluidas sus antenas y sistemas radiantes. Los inmuebles que se encuentren en la situación antes descrita deberán singularizarse en un plano autorizado ante Notario .La comunicación deberá incluir el proyecto de instalación de la torre soporte de antenas y sistemas radiantes, indicando la ubicación exacta de la instalación y su altura, así como la propuesta del diseño a adoptar para minimizar el impacto urbanístico y arquitectónico de la torre sobre el entorno en que se emplazará y una reseña de la propuesta de obra u obras de mejoramiento del espacio público a que se refiere la letra f) de este artículo, indicando alternativas priorizadas para el caso que no exista pronunciamiento de los propietarios a que se refiere este literal. Esta comunicación no será necesaria para el inmueble en que se instale la torre. Para los efectos de lo dispuesto en este párrafo, se entenderá cumplida la obligación de comunicación al propietario del inmueble por el solo hecho de haberse remitido la referida carta certificada al propietario registrado en el Servicio de Impuestos Internos para efectos del impuesto territorial”.

Finalmente concluye que, al no contener dicho requisito esencial, sumado a la primacía de la realidad que implica un reclamo concreto y acciones judiciales interpuestas por los vecinos, es deber la autoridad alcaldicia, promover y garantizar el cumplimiento de las formas y en especial la participación ciudadana, que involucra entre otros aspectos la opinión de los vecinos, claramente manifestada, razón por la que se inició y materializó el procedimiento administrativo anteriormente relatado.

Con fecha posterior, a folio 72, nombre reservado, Director de Obras Municipales de Nancagua, amplía su informe, dando cumplimiento a lo solicitado por esta Corte como medida para mejor resolver, que en su parte medular sostiene que el permiso para la instalación de la antena, objeto de este recurso, se otorgó, habiéndose dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116 bis f de la Ley Nº 20.599, acompañando documentación de respaldo. En efecto, acompaña comprobante de Correos de Chile, por medio del cual se acredita el envío de la carta informativa remitida a los vecinos colindante del sitio donde se pretende instalar la antena, de fecha dieciséis de junio del año dos mil veintidós; comprobante de ingreso a la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Nancagua, de la solicitud de autorización para la instalación de la antena, de fecha quince de septiembre del año dos mil veintidós; Resolución de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, por medio de la cual la Dirección de Obras del mencionado municipio, aprobó dicha solicitud; publicación en el Diario de la Provincia. Además, hace presente que en informe de fecha cinco de julio de 2023, se adjuntó el expediente que originó el permiso de edificación emitido la Dirección de Obras Municipales de Nancagua.

A folio 72, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, evacúa informe solicitado por esta Corte, señala que, la empresa SBA Torres Chile SpA, con fecha 24 de febrero de 2022, solicitó modificar la concesión de infraestructura, en orden a instalar un monoposte cilíndrico de acero de 24 metros de altura, en domicilio reservado, de esta Región. Informan que dicha modificación fue publicada en el Diario Oficial y en un periódico de la capital de la Provincia, no habiéndose deducido reclamación de oposición en contra del Decreto Exento Nº 908, de 10.11.2022, del Ministerio de Telecomunicaciones, que modificó la concesión.

Precisa que, para instalar una antena y sistemas radiantes, se requiere dos tipos de autorizaciones, la autorización sectorial de telecomunicaciones y la autorización de urbanismo y construcción, -aviso o permiso, según corresponda, que deberá emitir la Dirección de Obras Municipales de Nancagua, organismos a quien le corresponde velar con el cumplimiento de las normas de protección establecidas en el inciso sexto del artículo 116º bis E, de la Ley Nº 20.599. Acompaña Decreto Exento Nº908, de fecha 10 de noviembre de 2022, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Telecomunicaciones, que autoriza a la concesionaria SBA Torres Chile SpA, para instalar, operar y explotar una torre de telecomunicaciones, destinada a soportar sistemas radiantes, con las características técnicas, ubicación y plazos indicado en el proyecto técnico presentado por la concesionaria.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido establecido por el constituyente como una acción de urgencia, destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales, expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que los actores reprochan de la recurrida, consiste en la instalación de una torre soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, la que supuestamente infringiría la normativa legal y administrativa, afectando con ello la vida, la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y el debido proceso, consagrados en el artículo 19 N° 1, 2 y 3, de la Constitución Política de la Republica.

TERCERO: Que, es necesario considerar que el legislador se ha ocupado especialmente de establecer un marco normativo que procura resguardar la salud y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a propósito de la instalación de antenas. En efecto, el hito más reciente está dado por la Ley N° 20.599 que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, y que introdujo sendas modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el que reemplazó el epígrafe del Capítulo II del Título III por el siguiente: “De la ejecución de obras de urbanización, edificación e instalaciones complementarias”, y agregó los siguientes artículos 116 bis E, 116 bis F, 116 bis G, 116 bis H y 116 bis I, que rigen las torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de telecomunicaciones, que podrán instalarse en áreas urbanas y rurales, debiendo en ambos casos sujetarse a lo dispuesto en dichas disposiciones legales. Además, modificó la Ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, sustituyendo su artículo 7º por el siguiente: "Artículo 7º. Corresponderá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictar la normativa tendiente a que todos los equipos y redes que, para la transmisión de servicios de telecomunicaciones, generen ondas electromagnéticas, cualquiera sea su naturaleza, sean instalados, operados y explotados de modo que no causen interferencias perjudiciales a los servicios de telecomunicaciones nacionales o extranjeros ni a equipos o sistemas electromagnéticos o interrupciones en su funcionamiento. Por su parte, corresponderá al Ministerio del Medio Ambiente dictar las normas de calidad ambiental o de emisión relacionadas con dichas ondas electromagnéticas, conforme a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. En el procedimiento respectivo se considerarán, a lo menos, los siguientes aspectos: (…) Sin perjuicio de facultad antes aludida del Ministerio del Medio Ambiente, en orden a prescribir las normas de calidad ambiental o de emisión relacionadas con dichas ondas electromagnéticas, y en tanto dicha normativa no sea dictada, rige la Resolución Exenta N° 403 de 2008, modificada por la Resolución Exenta N° 3.103 de 2012, de la SUBTEL, que fijó la norma técnica sobre requisitos de seguridad aplicables a las instalaciones y equipos que indica. Dicha Resolución establece los límites máximos de intensidad de campo eléctrico o la densidad de potencia máxima que pueden generar las antenas de las estaciones base o fijas correspondientes a los servicios de telecomunicaciones, medidas en los puntos a los cuales tengan libre acceso las personas en general. Al respecto, tal como lo informó la SUBTEL en estos autos “cualquier antena que se instale, en cualquier tecnología, deberá cumplir con lo indicado en dicha resolución.”, de conformidad al art. 24 A de la Ley Nº 18.168, que establece, en sus dos primeros incisos lo siguiente: “Los concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones no podrán iniciar servicios, sin que sus obras e instalaciones hayan sido previamente autorizadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esta autorización se otorgará al comprobarse que las obras e instalaciones se encuentran correctamente ejecutadas y corresponden al respectivo proyecto técnico aprobado.”

La Ley ha contemplado sendos procedimientos para promover reclamos que se formulen por, entre o en contra de concesionarios, usuarios y particulares en general, y que se refieran a cualquier cuestión derivada de la Ley Nº 18.168, según dispone el Artículo 28 bis de dicho cuerpo legal, materia regida por el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, contenido en el Decreto 194 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del 16 de febrero de 2013.

CUARTO: Que, la empresa recurrida afirmó haber cumplido con el procedimiento normativo que rige esta materia, no siendo efectivo lo aseverado por los recurrentes, en cuanto a no haber comunicado a los vecinos del sector, mediante carta enviada con la antelación establecida por la ley, sobre la instalación de la antena.

En autos ha quedado demostrado con el informe y su complementación, evacuado por el Director de Obras de la Ilustre Municipalidad de Nancagua, debidamente respaldado con la documentación acompañada, que en el caso sub lite, se dio estricto cumplimiento al procedimiento establecido por la ley para llegar a dictar el acto administrativo, denominado Permiso de Instalación de Torre de Soporte de Antenas y Sistema de Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones, de fecha 13 de octubre de 2022, emitido por la Dirección de Obras Municipales a la empresa solicitante de dicho permiso, a saber, SBA Torres Chile SPA, de tal forma que no se configura de manera alguna, una vulneración a las normas del debido proceso administrativo, aludidas por los recurrentes.

QUINTO: Que, en consecuencia, esta Corte no divisa ilegalidad ni arbitrariedad en el acto objeto de recurso, puesto que, respecto del soporte de antenas y el sistema radiante de transmisión de telecomunicaciones en cuestión, no se ha acreditado inobservancia a alguno de los requisitos o las formalidades contempladas en la normativa que regula esta materia. Además, como se ha establecido en la motivación precedente, nuestra legislación ha contemplado procedimientos mediante los cuales los recurrentes pueden impetrar del correspondiente organismo técnico, la fiscalización del cumplimiento estricto de las reglas antes referidas.

SEXTO: Que, por lo demás, los recurrentes no detallan la manera concreta en que la instalación de la antena, pudiese provocar un riesgo para la vida o salud de las personas que habitan en las cercanías del punto donde se ubicaría el dispositivo. En todo caso esta materia se encuentra regulada por la Resolución Exenta Nº 3.103, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que impone a dichas instalaciones la adopción de medidas de seguridad conducentes a impedir que las personas sean expuestas a determinada densidad de potencia, correspondiendo a dicha subsecretaría, verificar lo anterior, cuando se recepcionan las obras o instalaciones o con ocasión de las fiscalizaciones que, de oficio o a raíz de una denuncia, se realizan a las instalaciones de telecomunicaciones.

SEPTIMO: Que, amén de lo anterior, según se ha resuelto en forma reiterada por la jurisprudencia, el legislador no ha considerado que la operación de antenas sea un medio idóneo para dañar el medio ambiente, de manera que la instalación de un elemento de esta naturaleza no está sujeto a un estudio previo de impacto ambiental, según se infiere de los artículos 10 y 11 de la ley 19.300, sobre “Bases Generales de Medio Ambiente”. En consecuencia, no puede considerarse que la falta del estudio en cuestión constituya una omisión arbitraria o ilegal.

OCTAVO: Que, por último, en cuanto a las alegaciones de la empresa recurrida, en cuanto a la falta de legitimación activa de los abogados que comparecen sin mandato judicial de las personas que dicen representar, resulta innecesario emitir un pronunciamiento al respecto, al haber desestimado el recurso de protección por razones de fondo.

NOVENO: Que, como se ha venido razonando, la acción cautelar intentada necesariamente deberá ser rechazada, al no haberse comprobado su fundamento fáctico, pero no se condenará en costas a los recurrentes, por estimar que tuvieron motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por don Rodrigo Fernando Flores Osorio y doña nombre reservado, en favor de los vecinos de calle Diego de Almagro, Población nombre reservado, comuna de Nancagua, que detallan en su libelo, en contra de SBA Torres Chile Spa, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sergio Gana Rojas.

Rol Ingreso Corte 15220-2022 Protección.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr. Sergio Gana Rojas, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por no integrar el día de hoy.