nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Rancagua Rancagua, diez de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece la abogada Linda Nataly Quintero Mogollón en favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpuso acción de protección en contra de AFP Planvital S.A., por el acto ilegal y arbitrario notificado con fecha 25 de agosto de 2025, que rechazó su solicitud de retiro de fondos para extranjero, solicitando a esta Corte que adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Señala que el recurrente, con residencia definitiva en este país, durante el curso de la prestación de sus servicios y de manera sistemática, se le ha descontado parte de su sueldo y enterado sus cotizaciones de AFP, salud y cesantía en los servicios respectivos, a pesar de haber suscrito en su contrato clausula previsional donde manifiesta expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley 18.156. Agrega que, con fecha 19 de agosto de 2025, el recurrente ingresó a través del portal web de la AFP su solicitud de retiro de fondos previsionales N° 6037, acompañando la documentación exigida por la normativa vigente; seguidamente, el 25 de agosto de 2025 recibió un correo electrónico de la recurrida, rechazando su solicitud, por estimar que no acompañó Certificado o Constancia de afiliación, válida, vigente y susceptible de validación, que logre acreditar que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Afirma que el recurrente cumplió con los requisitos solicitados acompañando íntegramente toda la documentación solicitada, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite. Por lo anterior, dicha exigencia resulta arbitraria e imposible de cumplir, toda vez que el propio Sistema de Apostilla Electrónica de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la apostilla para este tipo de instrumento, cuestión que consta en los registros oficiales consultados en línea, que acompaña.

Sostiene que, en consecuencia, la conducta de la recurrida vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos previsionales, al imponer una condición de cumplimiento imposible, carente de sustento legal y que excede lo establecido en el artículo 1° de la Ley 18.156, que únicamente requiere acreditar la cobertura previsional en el extranjero y no la apostilla de documentos en los términos exigidos por la AFP.

Indica que el cumplimento del requisito señalado por la recurrida puede ser verificado electrónicamente mediante el sitio oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través del enlace que detalla, ingresando el número de cédula venezolana del actor. En virtud de lo anterior, el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley 19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho. En ese sentido, la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, consagrados en el Artículo 19 N°2, 24, y 26 de la Constitución Política de la República, al ser tratado de forma desigual respecto de otros cotizantes extranjeros que, en situaciones análogas, han podido obtener la devolución de sus fondos previsionales; impidiendo el ejercicio legítimo del dominio sobre sus fondos previsionales, los cuales son de su exclusiva titularidad y constituyen un bien incorporal protegido constitucionalmente, en circunstancias que se proscribe imponer condiciones, requisitos o limitaciones no contempladas en la ley y que afectan la esencia de los derechos fundamentales.

Previas citas legales y jurisprudenciales, finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada por el actor a su solicitud a la recurrida, procediendo a seguir con la tramitación de la misma y, dentro de un plazo razonable, se efectúe la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente y, en general, se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

A folio 5 informó la Superintendencia de Pensiones que el recurrente, mediante la Consulta Web 9934, de 14 de agosto de 2025, recurrió a la Superintendencia reclamando por cuanto A.F.P Planvital S.A. no dio respuesta por escrito a su requerimiento de devolución de cotizaciones previsionales, y que sólo cuando efectuó una llamada telefónica, se le indicó que el documento presentado no acreditaba lo requerido por la Ley 18.156. Por su parte, la Superintendencia, con fecha 20 de agosto de 2025, dio cuenta al recurrente de la respuesta otorgada por la referida Administradora y que, ante cualquier duda, podía nuevamente hacer una presentación al Servicio.

Señala en cuanto a la normativa aplicable a la materia que motiva la presente acción constitucional, que ella establece que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° y 7° de la Ley 18.156, el que transcribe. De este modo, siendo la mencionada ley una norma de excepción, debe ser interpretada en forma restrictiva y aplicada sólo en el supuesto que se cumplan las exigencias copulativas que establece.

Refiere que dicho organismo ha emitido la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de las disposiciones de la Ley 18.156 y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal. Así, ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, que el trabajador extranjero demuestre que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común.

Señala que, acorde con la invariable jurisprudencia del Servicio, contenida en los Oficios N° 21.480 de 2017, 23.208, de 2023 y 3141, de 2024, entre otros, para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, ni tampoco una cartola que dé cuenta de las cotizaciones previsionales enteradas en tal sistema, sino que se ha requerido para acreditar dicha exigencia, que se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, esto es, la entidad de previsión ha de otorgar los beneficios indicados, sea que el imponente se encuentre o no cotizando en ella. Asimismo, el documento debe ser emitido por la entidad competente en materia de seguridad social del país respectivo, y debe acompañarse debidamente legalizado o apostillado, según corresponda.

Agrega que la Constancia Electrónica de Cotizaciones aportada por el recurrente, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no es útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, pues no da cuenta de que el trabajador haya contado con cobertura efectiva y a todo evento, de los riesgos a que hace referencia la ley y la norma administrativa, durante todo el tiempo que prestó servicio en Chile, por cuanto el certificado no señala las coberturas con que cuenta la recurrente, ni de este se puede inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano. Por otra parte, tampoco se encuentra firmado por quien emite el documento y no se encuentra apostillado o legalizado, según lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, por tanto no sirve para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156 y el Compendio de Normas del Sistema.

Comenta que, tanto las Cortes de Apelaciones, así como la Excma. Corte Suprema, han resuelto que, efectivamente, tal como han informado las AFP y la Superintendencia, las decisiones impugnadas se ajustan a la normativa aplicable contenida en Ley 18.156, el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y, además, al cumplimiento de las normas generales para el valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero.

Adicionalmente, indica que, dado que el procedimiento de la apostilla es la forma en que la ley prevé para que los documentos emitidos en el extranjero surtan efectos en el territorio nacional, y considerando que tanto nuestro país como Venezuela son Estado Parte de la Convención de la Apostilla, no cabe hacer lugar a la pretensión del recurrente.

A folio 8 informó Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Expone en relación con la solicitud de devolución de fondos de pensiones que realizara el actor que, de la revisión efectuada por la Administradora, se determinó que la documentación presentada no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la normativa vigente, presentando deficiencias sustanciales que impiden dar curso favorable a las solicitudes, vinculadas principalmente al incumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, referido a la acreditación de cobertura previsional en el extranjero por todo el período de prestación de servicios en Chile, mediante constancia válida, vigente y susceptible de verificación.

Comenta que, la normativa exige que el contrato de trabajo suscrito por el afiliado contenga una cláusula expresa en la que éste manifieste su voluntad de mantener su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes presentados por el recurrente ante esta Corte, se advierte que incorpora un anexo que no fue acompañado en la solicitud N° 6037 original, referida a la empresa Light Cargo Transportation And Service SpA, RUT RUT reservado, pero que sí corresponde a una solicitud anterior distinta (Folio N°25161, de fecha 7 de agosto de 2025, vinculada a la misma empresa. Respecto de esta última, la recurrida informó oportunamente al afiliado que no procedía la devolución de fondos, toda vez que se verificó que el solicitante detentaba la calidad de socio mayoritario y contaba, además, con facultades de administración y representación de la sociedad, lo que impide reconocer la existencia de vínculo de subordinación y dependencia, requisito esencial para acceder a los beneficios de la Ley 18.156. En esa oportunidad, se requirió expresamente la presentación de antecedentes complementarios (escritura de constitución, modificaciones sociales y participación accionaria), los cuales nunca fueron aportados, situación que se mantiene hasta la fecha, pues tampoco fueron acompañados en la solicitud N° 6037 ni en el presente recurso.

Explicó que, sobre este punto, la Superintendencia de Pensiones -mediante oficio N°73 de 6 de enero de 2025- ha recordado que, conforme al artículo 3° del Código de Trabajo, se entiende por trabajador toda persona natural que presta servicios personales bajo subordinación o dependencia. A su vez, la Dirección del Trabajo ha sostenido en forma reiterada, a través de diversos pronunciamientos (Oficios N°1984/2020, N°3709/2015, N°902/2021), que, un socio mayoritario con facultades de administración no puede ser considerado trabajador dependiente, debido a la confusión entre la voluntad de la sociedad y la del socio mayoritario, lo que excluye el vínculo laboral. Este mismo criterio fue reafirmado recientemente en el Oficio Ord. N°1493 de 7 de diciembre de 2023, en el cual se resolvió que los socios con iguales porcentajes de administración no pueden ser considerados trabajadores, pues no se configura el requisito de subordinación y dependencia.

Sostiene que lo anterior resulta relevante tenerlo presente, por tratarse de un impedimento sustantivo que, por sí solo, haría improcedente la devolución solicitada.

Relata que, con el objeto de acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, el recurrente acompañó dos documentos: una declaración jurada otorgada ante la Notaría N°2 de Rancagua, emitida por el recurrente, y una constancia electrónica. Sin embargo, estos documentos no cumplen con los estándares exigidos por la normativa vigente. En efecto, la letra b) del N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones establece que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación emitida por la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Agrega que la declaración jurada presentada por el recurrente constituye un documento unilateral, emitido por la propia parte interesada, sin respaldo de una entidad oficial ni cumplimiento de las formalidades exigidas por la Superintendencia de Pensiones, careciendo de fuerza probatoria necesaria para acreditar el cumplimiento del requisito legal, y no satisface los estándares establecidos por la normativa vigente. Por su parte, cabe recordar que también se ha señalado que la Constancia Electrónica de Cotizaciones tampoco satisface las exigencias normativas: carece de firma autorizada, no ha sido apostillada ni legalizada y, aun cuando lo estuviera, no acredita cobertura real y efectiva de prestaciones en las contingencias requeridas por la Ley 18.156 durante todo el tiempo trabajado en Chile. El documento sólo indica semanas cotizadas y hace una referencia genérica a la Ley del Seguro Social, lo que no permite verificar la extensión temporal ni la vigencia actual de la cobertura, ni que esta cumpla con los requisitos copulativos establecidos por la normativa chilena.

Argumenta que, considerando lo expuesto, la documentación presentada por el recurrente no cumple con los requisitos copulativos exigidos por la Ley 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales. La ausencia de acreditación específica y vigente de cobertura previsional en el país de origen, sumada a la presentación de documentos sin la debida legalización o emitidos por autoridades no competentes, impiden dar curso favorable a la solicitud.

Concluye que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales, informado por la Administradora al afiliado, no constituye un acto ilegal ni arbitrario. Por el contrario, la recurrida ha actuado estrictamente dentro del marco normativo vigente, cumpliendo con las obligaciones legales y reglamentarias que rigen el Sistema de Pensiones.

Finalizó solicitando el rechazo del recurso, con costas, por no existir privación, perturbación o amenaza alguna de los derechos invocados por el recurrente, ni en forma de un acto, u omisión arbitrario o ilegal imputable a PlanVital S.A.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

2° Que, la pretensión del actor es la devolución de los fondos existentes en su cuenta de capitalización individual y se sustenta en el cumplimiento, que a su juicio se verifica, de los requisitos del artículo 1° y 7° de la Ley 18.156, imputando de esta forma arbitrariedad e ilegalidad en la decisión de la recurrida al negar dicha devolución.

3° Que, informando la recurrida, solicitó el rechazo del recurso, por estimar que el recurrente no cumple con los requisitos para acceder a su solicitud, porque no habría acompañado la documentación necesaria, apostillada y vigente, para acreditar el cumplimiento de todos los requisitos legales para ello, dejándose así en evidencia que el asunto reviste el carácter de controvertido respecto de la interpretación de los documentos presentados con el recurso.

4° Que, siendo la materia respecto a la procedencia de la Ley 18.156, corresponde traer a colación las normas atinentes a la materia. Así, el artículo 1° señala que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su turno, el artículo 7° de la ley en análisis señala: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

5° Que, se advierte de los antecedentes que el recurrente no ha acreditado por medio de documentos originales, legalizados y vigentes los requisitos que establece el legislador para acceder a la devolución solicitada, por lo que, por ahora, carece de un derecho indubitado, requisito indispensable para la procedencia del recurso y que pueda ser protegido por la presente vía; pues lo que se detecta, en forma clara y expresa, es la existencia de un conflicto jurídico que excede el ámbito de esta acción cautelar.

6° Que, en efecto, lo que ha sido materia de la controversia es el cumplimiento y/o incumplimiento de la parte recurrente de los requisitos legales para ser beneficiario de la devolución de los fondos cotizados en la AFP recurrida; circunstancia esencial y necesaria, conforme a la ley, de modo que no puede esta Corte tener por acreditada la existencia de un acto ilegal, pues lo que se está exigiendo, está conforme a la ley y tampoco es arbitrario, porque justamente, su fundamento, está en lo preceptuado en la Ley 18.156.

7° Que, por lo que se viene razonando, el arbitrio en análisis deberá desestimarse, resultando innecesario analizar si se quebrantó la garantía denunciada, como asimismo las demás alegaciones realizadas por la recurrida.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de don nombre reservado, en contra de AFP Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1518-2025-Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.