nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Rancagua, catorce de enero de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que, con fecha 18 de noviembre de 2020, comparece doña nombre reservado, cedula de identidad N° RUT reservado, chilena, viuda, discapacitada, domiciliada en domicilio reservado. Población Rajcevich, comuna de Rancagua, quien deduce recurso de protección en contra de Instituto de Previsión Social, rol único tributario N° 61.979.440-0, representada legalmente por su Director Nacional don Patricio Coronado Rojo, ignora profesión u oficio, cedula nacional de identidad N° RUT reservado y de doña nombre reservado, ignora profesión u oficio, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, en su calidad de Directora Regional de O´Higgins, quien representa al Instituto de Previsión Social en la región de O´Higgins, con domicilio en la ciudad de Rancagua, en Plaza de Los Héroes N° 389.

Funda su recurso en que con fecha 23 de octubre de 2019 celebró un acuerdo de unión civil con nombre reservado, Rut RUT reservado, quien falleció el día 18 de octubre de 2020 a las 11:20 horas y que su ex conviviente civil nombre reservado, era pensionado EX-EMPART, pensión que era pagada por el Instituto de Previsión Social y para ello se aplican en su caso la ley 10.475 que “Concede los derechos que indica, relacionados con pensiones de invalidez, antigüedad, etc., a los empleados que hagan imposiciones en la caja de previsión de empleados particulares.” y el Decreto Ley 2448 que “Modifica Regímenes de Pensiones”, que en cuanto al objeto de esta Acción Constitucional, esta normas no fueron modificadas en cuanto a los beneficiarios de su pensión, ya sea por viudez o discapacidad, después de su deceso.

Refiere, que con fecha 30 de octubre de 2020, su mandatario don nombre reservado concurrió al Instituto de Previsión Social, en su nombre y representación cumpliendo con los requisitos establecidos en las leyes, para solicitar el derecho a pensión de viudez o por invalidez, por el fallecimiento del pensionado Ex EMPART, nombre reservado. En dicha instancia, nombre reservado de Plataforma del Instituto de Previsión Social Rancagua, se negó a realizar el trámite solicitado, negándole con ello la pensión de viudez y la pensión de discapacidad, que según las leyes que regulan este derecho, me corresponden, otorgando para fundamentar su negativa, un certificado, que también se acompaña en un otrosí, en el cual se lee que “al respecto se informa que “Concesión de Beneficios; no tienen los contrayentes derecho a pensiones por sobrevivencia al no haberlo contemplado la ley 20.830, (si no lo contemplo, no hay modificación y se aplican para este caso las normas antiguas Ley 10.475 y Decreto Ley 2448 según se explicará más adelante), y dado el hecho de ser los beneficios previsionales establecidos por normas de derecho público, cuyo origen es de exclusiva iniciativa del Presidente de la Republica de acuerdo a las Constitución Política”, señalando que en su calidad de contratante civil según ya se dijo, no tiene ningún beneficio por pensión, ni de viudez, ni por discapacidad, aun cuando se le entrego el certificado de discapacidad que acredita mi condición de salud.

Refiere, que en cuanto a la pensión, su ex conviviente era beneficiario y cumplía con todos los requisitos de la ex Caja de Empleados Particulares (EMPART) y por tanto, en su caso se aplica la ley 10.475 que “Concede los derechos que indica, relacionados con pensiones de invalidez, antigüedad, etc., a los empleados que hagan imposiciones en la caja de previsión de empleados particulares.” y el decreto ley 2448 que “Modifica Regímenes de Pensiones”, y no otras leyes.”

Afirma, que es beneficiaria en dos planos de esta pensión. Primero, como conviviente civil sobreviviente, ya que la ley reconoce y eleva su convivencia civil, al estado de conyugues y reconoce como tales para todos los efectos legales, lo anterior según el artículo 16 de la ley 20.830 “Cada conviviente civil será heredero intestado y legitimario del otro y concurrirá en su sucesión de la misma forma y gozará de los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente”. Y segundo, por haber sido declarado con discapacidad por la COMPIN (por causales mentales o físicas) con anterioridad a la fecha del fallecimiento del causante. Señala que para efectos de acceder a la pensión por invalidez, es la misma página del servicio que indica cuales son los requisitos, para ello en su sección “¿A quién está dirigido?”, en su parte pertinente indica que “La cónyuge sobreviviente y el cónyuge inválido, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: En caso del cónyuge que presenta invalidez, éste debe haber sido declarado con discapacidad por la COMPIN (por causales mentales o físicas) con anterioridad a la fecha del fallecimiento del causante.”. Por tanto cumple con el requisito, pues fue declarada por el COMPIN, con fecha 08 de octubre del 2019, esto es casi una año antes del fallecimiento de su conviviente civil, con el numero de dictamen 2.495, con una Discapacidad Física, Global Severa, con un porcentaje del 57,50 %, con movilidad reducida, lo que se demuestra con el certificado que se acompaña.

Sostiene, que la Ley 20.830 reconoce y eleva a la calidad de cónyuge a los convivientes civiles, y por ende de ello se derivan los mismos derechos que le asisten para reclamar la pensión tanto de viudez, como de invalidez, pues cumple con los requisitos establecidos en las leyes para obtener ambos beneficios. De aquella normativa se desprende de ella que como conviviente civil sobreviviente goza de los mismos derechos “que corresponden al cónyuge sobreviviente”, y por ello debe tener el mismo tratamiento, lo que en el caso de marras no ha sucedido pues la recurrida arbitrariamente se lo ha negado, con lo que se ha vulnerado la garantía constitucional del derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Carta Magna. Más aún cuando la Ley 10.475, de la cual era beneficiario su ex conviviente civil, en su articulo 16, indica “Las pensiones de viudez serán iguales a un cincuenta por ciento del sueldo base establecido en el artículo 8° o de la pensión de jubilación, en su caso, para los siguientes beneficiarios: a) El cónyuge sobreviviente inválido, y b) La cónyuge sobreviviente.”

Afirma, que a su respecto no se le aplican las normas del Decreto 3500, pues él gozaba de los beneficios establecidos para los pensionadas de la EX –EMPART, que está regulada por la ley 10.475. Indica que en palabras de la recurrida “no tienen los contrayentes derecho a pensiones por sobrevivencia al no haberlo contemplado la ley 20.830,”. Si la ley no lo contempló, no hubo modificación y por tanto se aplican para este caso las normas antiguas, esto es la Ley 10.475 y Decreto Ley 2448 por encontrarse aun vigentes en esta parte de la materia.

Agrega, que la Ley 20.830 viene a reconocer e igualar la calidad de cónyuge al conviviente civil, y que atendida su calidad de “heredero intestado y legitimario del otro” concurre “en su sucesión de la misma forma” y goza “de los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente”. Por lo cual en este plano de igualdad le corresponde la pensión de viudez y la de invalidez.

Afirma, que la negativa del Instituto de Previsión Social es injustificada, arbitraria y vulnera su derecho a la seguridad social contemplado en el 19 N° 18 de la Constitución Política, su derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 sobre los fondos de la pensión del artículo y el N° 26 del mismo artículo, atendido que la aplicación interpretativa de las normas legales impondría condiciones o requisitos no establecidos en la Ley 10.475.

Solicita finalmente que se acoja el recurso, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando al Instituto de Previsión Social otorgar dicha pensión de sobrevivencia, en las mismas condiciones de cobertura vigente y en las condiciones y montos establecido en la ley 10.475, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Con fecha 20 de noviembre de 2020 se declara admisible el recurso y se solicita informe a la recurrida.

Evacuando el informe solicitado, con fecha 11 de diciembre de 2020, comparece doña Carla Huerta Angulo, abogada, en representación del recurrido, Instituto de Previsión Social (ex I.N.P), argumenta en primer término la falta de idoneidad del medio empleado, no existe un derecho indubitado y el derecho a la seguridad social no está protegido por la acción de protección.

Sostiene, que de la simple lectura del recurso se colige que lo que se pretende es que se reconozca un derecho a su favor, a pensionarse por viudez o invalidez, resultando evidente que el conflicto jurídico excede con creces el ámbito de aplicación de una acción cautelar, la que no es una instancia de declaración de derechos como pretende la recurrente.

Cita jurisprudencia acorde a su pretensión y afirma que resulta muy evidente que lo debatido en autos no es en realidad la existencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte el legítimo ejercicio de derechos o garantías constitucionales de la recurrente, sino más bien la discusión se centra en si procede el beneficio reclamado respecto de la conviviente civil. Afirma que la problemática jurídica excede el ámbito de aplicación de una acción cautelar de protección, no existiendo un derecho indubitado que justifique su interposición.

Por otra parte, añade que el recurso debe ser rechazado por ausencia de actos ilegales y arbitrarios. Refiere que su representada ha actuado dentro de las facultades legalmente concedidas y no ha vulnerado garantía alguna del recurrente.

Lo anterior, fundamentado en el artículo 16 a) y b) de la Ley N°10.475, que concede los derechos que indica, relacionados con pensiones de invalidez, antiguedad, etc., a los empleados que hagan imposiciones en la Caja de Previsión de Empleados Particulares establece: “Las pensiones de viudez serán iguales a un cincuenta por ciento del sueldo base establecido en el artículo 8° o de la pensión de jubilación, en su caso, para los siguientes beneficiarios: a) El cónyuge sobreviviente inválido, y b) La cónyuge sobreviviente (…)”

En tal sentido indica que la expresión “cónyuge” se refiere a la persona casada bajo matrimonio de conformidad a lo dispuesto en los artículos 102, 304 y 305 del Código Civil. A su turno, el acuerdo de unión civil de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de la la Ley N° 20.830 “es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. (…)”. Constituye un acto jurídico distinto del matrimonio y otorga a los contrayentes el estado civil de convivientes civiles.

Refiere que por lo mismo, la Ley N°20.830 se encargó de establecer una serie de modificaciones a otros cuerpos legales que se referían solo a los cónyuges, así en materia previsional se introdujeron modificaciones en los artículos 5, 7, 58,72, 88, y 92 M del DL N°3500, con el objeto de incluir a los convivientes civiles como beneficioarios de ciertas prestaciones, entre las cuales están las de sobrevivencia. No obstente lo anterior, nada se dijo respecto de los regímenes previsionales del Antiguo Sistema en relación a las prestaciones previsionales de sobrevivencia.

Por otra parte agrega, que en relación al artículo 16 de la Ley N°20.830 citado por la recurrente y que dispone “cada conviviente civil será heredero intestado y legitimario del otro y concurrirá en su sucesión de la misma forma y gozará de los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente”, ello no constituye argumento suficiente para modificar el estado de conviviente civil al de cónyuge, desde que no puede ser asimilada a la situación de marras, pues se refiere a derechos hereditarios que nada tienen que ver con el beneficio reclamado. En consecuencia, a la recurrente no le asiste el derecho a pensión de viudez en el régimen de la ex EMPART, toda vez que la Ley N°10.475 en su artículo 10 letras a) y b) se refiere exclusivamente al cónyuge sobreviviente inválido y a la cónyuge sobreviviente como beneficiarios de la pensión de viudez y en ninguna parte menciona al conviviente civil.

Afirma, que existe confusión en la actora respecto al tratamiento de la invalidez en dicho régimen. Aquella está contemplada en la letra a) del artículo 8 de la referida norma, estableciéndose una pensión de jubilación por invalidez para los imponentes de dicho régimen, por lo que jamás podría optar a ella la viuda o la conviviente civil. Además, se habla de ella a propósito del cónyuge inválido como beneficiario de una pensión de viudez. En efecto, de la sola lectura del artículo 16 ya citado, se colige claramente que el cónyuge sobreviviente (hombre) no es beneficiario de una pensión de sobrevivencia. Lo anterior, tiene como excepción al cónyuge inválido. De esta forma, todas las alegaciones que realiza la recurrente en torno a eventuales derechos por tener un grado de discapacidad, son absolutamente impropias. Afirma que en este mismo sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Pensiones, a través de instrucciones impartidas contenidas en los oficios N°24.064 de 21 de octubre de 2015 y 30.783 de 30 de diciembre de 2015.

Añade, que los beneficios previsionales se encuentran establecidos por normas de derecho público, cuyo origen es de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, en consecuencia, son de derecho estricto, no pudiendo realizarse una interpretación extensiva. En consecuencia, a partir de todo lo informado, no es posible sostener que el Instituto al cual represento haya incurrido en un acto arbitrario e ilegal, pues todo su actuar se encuentra absolutamente apegado a las normas legales vigentes que regulan la materia y a los pronunciamientos de la Superintendencia de Pensiones, ente que supervigila los actos de este servicio público.

Sostiene que, a mayor abundamiento, los señalados lineamientos de la referida Superintendencia, resultan obligatorios para aquél servicio público. Lo anterior, no es baladí ya que descarta toda ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de su representado. En efecto, de no respetarse aquellos, este servicio infringiría uno de los principios rectores de nuestro derecho positivo: el principio de juridicidad.

Destaca el artículo 30 de la Ley 20.830, el que señala: “Artículo 30.- Introdúcense, en el decreto ley Nº 3.500, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1980, que establece el nuevo sistema de pensiones, las siguientes modificaciones: i) Intercálase, en el inciso primero del artículo 5°, a continuación de la palabra "cónyuge", la expresión "o conviviente civil". ii) Incorpórase el siguiente artículo 7°: "Artículo 7º.- Para ser beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, el o la conviviente civil sobreviviente debe ser soltero, viudo o divorciado y haber suscrito un acuerdo de unión civil que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del causante, a lo menos con un año de anterioridad a la fecha de dicho fallecimiento, o tres años si el acuerdo de unión civil se celebró siendo el o la causante pensionada de vejez o invalidez…”.

Indica que dicho artículo refuerza lo señalado precedentemente, en orden a que sólo se modificó lo relativo del nuevo sistema de pensiones (DL 3500) y no al antiguo, pero además, es relevante considerar que para efectos de la pensión de sobrevivencia, exigió una antigüedad al acuerdo de unión civil en relación a la fecha de fallecimiento del conviviente. En tal sentido, para el caso que el fallecido fuera pensionado, la pensión de viudez se genera sólo si el acuerdo de unión civil se celebró 3 años antes de dicho fallecimiento.

Refiere, que para el caso improbable que se estime que la conviviente civil, puede ser beneficiaria de una pensión de viudez en el régimen de la ex Empart, necesariamente debiese aplicar esta norma, según la cual la actora tampoco tendría derecho a la pensión, ya que de acuerdo a sus dichos, se unió civilmente poco menos de un años antes del fallecimiento.

Concluye, alegando la inexistencia de vulneraciones a las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, por cuanto no se vislumbra de qué forma los hechos relatados habrían afectado las garantías constitucionales señaladas por la recurrente. Sobre la eventual infracción del artículo 19 N°24 resulta imposible atribuir a mi representado hecho arbitrario e ilegal que pudiere a su vez significar una afectación de dicha garantía. En efecto, no puede pretender la recurrente tener un derecho de propiedad respecto de un beneficio que no le ha sido concedido, por cuanto no cumple los requisitos para el otorgamiento de la pensión de viudez o invalidez que reclama, y que en consecuencia, no ha ingresado a su patrimonio beneficio alguno, pues solo tiene una mera expectativa respecto de éste.

En relación al Derecho a la Seguridad Social, aclara que la acción de protección no contempla el N °18 dentro de los derechos protegidos, así como tampoco lo dispuesto en el N °26, cuestión que corrobora la circunstancia de que esta materia no puede ser discutida a través de esta vía cautelar, por no ser la vía idónea.

Añade, que para el caso improbable que se acoja la acción, la condena en costas es absolutamente improcedente, ya que su pago tiene como objetivo proteger el principio de la buena fe en la tramitación de un asunto judicial. La sanción en costas es una sanción al litigante de mala fe; una medida de carácter económico que no forma parte del asunto controvertido. Refiere que el Instituto de Previsión Social, como continuador legal del Servicio de Seguro Social, goza de privilegio de pobreza, conforme al artículo 183° del decreto N° 615 de 1956, en relación con el Decreto Ley N° 3.502.

Solicita en definitiva se sirva tener por evacuado el informe requerido, y en definitiva, rechazar el recurso de protección intentado, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1°) Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye, jurídicamente, una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio.

2°) Que, por esta vía la recurrente pretende que se declare su derecho a la pensión de viudez o invalidez por el fallecimiento de quien era su conviviente civil, trámite que señala se le habría negado, de manera injustificada y arbitraria, vulnerando con ello su derecho a la seguridad social contemplado en el 19 N° 18, su derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 sobre los fondos de la pensión del artículo y el 19 N° 26 todos de la Constitución Política de la República, atendido la aplicación de normas legales que impondrían condiciones o requisitos no establecidos en la Ley 10.475, motivo por el cual solicita el otorgamiento del referido beneficio.

3°) Que, sobre el particular, es menester considerar previamente que tratándose el presente recurso de una acción cautelar, de carácter excepcional que pretende dar una respuesta rápida y en un procedimiento breve a situaciones que afectan algunos derechos fundamentales establecidos a favor de las personas, es necesario determinar si existe un derecho indubitado en relación a la recurrente que se encuentre afectado para proceder a pronunciarse respecto de alguna medida que a su respecto se pueda adoptar para efectos de garantizar su ejercicio.

4°) Que, de lo expuesto por las partes, es dable concluir que los hechos que motivan la presente acción y cuya protección se reclama, no aparecen determinados como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que negado y discutido, no siendo esta acción cautelar la oportunidad para declarar o reconocer derechos, sino que para proteger derechos que no se encuentren discutidos.

En efecto, se controvierte en estos autos que la recurrente tenga derecho a pensionarse de viudez o invalidez según lo solicita, pues el artículo 16 de la Ley 10.475 letras a) y b) establece que dichas pensiones son para los cónyuges, mas no, para las personas ligadas mediante un acuerdo de unión civil. Por su parte, el recurrente advierte que el artículo 16 de la Ley 20.830 indica que las personas unidas mediante Acuerdo de Unión Civil gozarán de los mismos derechos que el cónyuge sobreviviente, sin embargo ello se cuestiona por la recurrida al sostener que dicha materia sólo se refiere a aspectos hereditarios y no a las pensiones solicitadas. A su vez, argumenta la recurrida que el artículo 30 de la Ley antes citada, incorpora un nuevo artículo 7° al Decreto Ley 3.500, que dispone como requisito para solicitar una pensión de sobrevivencia o de vejez o invalidez, que ambos convivientes civiles hayan celebrado el respectivo acuerdo por al menos 1 año o 3 años, respectivamente, anteriores a la fecha de fallecimiento del causante pensionado, en circunstancias que el acuerdo de Unión Civil entre la recurrente y el causante se celebró con fecha 23 de octubre de 2019 y éste último falleció con fecha 18 de octubre de 2020, por lo cual no cumple la recurrente con el requisito de tiempo exigido en la ley para ser beneficiaria de alguna de las pensiones que reclama.

Por consiguiente, dada la controversia planteada en la que no existe un derecho indubitado que amparar, sino que más bien lo que se requiere es la declaración del mismo, es que la presente litis excede el ámbito de la presente acción constitucional.

5°) Que, en este sentido se comparte lo referido en causa Rol 55.510-2019, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, en cuanto a que “para que proceda el recurso de protección se requiere que efectivamente se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o ilegales, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, así como considerando que el ámbito de esta acción cautelar comprende solamente situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo; de lo expresado es menester colegir que no se está ante el cumplimiento de aquellas premisas, por cuanto ha quedado sujeto a razonable duda el derecho que se reclama, de modo que su procedencia debe ser debatida en un contexto procesal diverso, en que tenga cabida una discusión de mayor latitud, con posibilidad de eventual probanza, a fin de arribar a una declaración dotada de autoridad de cosa juzgada, para lo cual el contorno de esta cautela de urgencia se exhibe insuficiente y constreñido al efecto”.

6°) Que, por las razones expuestas, la presente acción cautelar será desechada como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado por doña nombre reservado, en contra del Instituto de Previsión Social.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 15.059-2020 Protección.