nombre reservado con CAJA LOS ANDES.

Rancagua, veintiuno de marzo de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece con fecha 10 de noviembre de 2022, Juan Valdivia Quiroz, abogado, en representación de nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por su gerente de sucursal Rancagua, nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los fundamentos de hecho y de derecho.

El 28 de noviembre del año 2019 el actor obtuvo un crédito a través de la recurrida por un monto de $3.271.865, pagadero en 35 cuotas venciendo la ultima el día 31 de diciembre del año 2024.

Luego, el 31 de julio del año 2020 se aplazó el pago de la referida operación social en un total de 12 cuotas iguales mensuales y sucesivas al valor de la cuota del pagare. No pagó la cuota N°28 fijada para el 30 de abril del año 2022.

El 9 de agosto del año 2022 el actor ingresó a prestar servicios a Sociedad de Servicios Polcura Limitada, relación laboral vigente hasta la fecha de hoy.

En el mes de noviembre del año 2022, se le descontó de su remuneración correspondiente al mes de octubre la suma de $147.526 por concepto de crédito social Caja de Los Andes. Al pedir la explicación a su empleador por este descuento, se le indicó que fue por petición expresa de la recurrida fundada en un crédito obtenido en el año 2019 por la suma señalada anteriormente.

Considera que la recurrida, en forma arbitraria e ilegal, ha incluido en un listado de deudores de esa caja al señor nombre reservado y exige además a su empleador actual, de forma antojadiza, que realice los descuentos de un crédito vencido pues se han acelerado todas las cuotas de este, quedando como un crédito vencido, respecto del cual había iniciado un proceso judicial en su contra que se tramita en sede civil en causal Rol C-4887-2022 del Segundo Juzgado Civil de Rancagua, y esta sería la vía para obtener el cobro de dicho crédito, pues no se trata de un crédito vigente, si no vencido, y solo en el evento de encontrarse vigente este, podría en el eventual caso la recurrida solicitar el descuento por el concepto de cuota de crédito social, acá no se dan esos requisitos, por lo tanto, deja en evidencia el actuar ilegal y arbitrario por parte de la recurrida, porque lo deja en indefensión, pues el monto a descontar lo determina arbitrariamente la caja de compensación, pudiendo incluso afectar el cien por ciento de la remuneración líquida del trabajador o porcentajes que vulneran todas las normas de protección de las remuneraciones, establecidas en los art. 54 y siguientes de Código del Trabajo, convirtiendo además estas deudas en imprescriptibles.

Hace presente que el acto ilegal y arbitrario denunciado corresponde al descuento de la cuota del crédito de la remuneración del actor realizado en el mes de noviembre del presente año cuando se paga la remuneración des mes de octubre, por lo tanto, este recurso ha sido presentado dentro de plazo Pide como medida para reestablecer el imperio del derecho que se ordene a la recurrida y su empleador poner fin a los descuentos por concepto de cuota de crédito de las remuneraciones del actor, continuar con el cobro mediante la vía ejecutiva tal cual lo está llevando adelante en sede civil y a restituir en el plazo que se determine la suma de dinero que arbitrariamente fue descontada de su remuneración, con costas en caso de oposición.

La recurrida evacuó su informe con fecha 22 de diciembre de 2022, folio 12, y señaló lo siguiente:

El 28 de noviembre, otorgo al señor nombre reservado la operación de crédito código 011CON102386954 por un capital inicial de $4.009.315.-, a una tasa de Interés de 2,30%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $134.982, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de enero 2020.

La operación de crédito mantiene en estado moroso las cuotas de los meses de mayo a octubre 2022, registrándose como último pago el día 10 de noviembre 2022, pago que fue imputado a la cuota del mes de abril 2022.

Indica que, al momento del otorgamiento de la presente operación de crédito, el recurrente firmó mandato expreso que en sus partes señala “Por el presente y si el crédito se autorizare, otorgo mandato expreso a mi actual o futuro empleador o empleadores y entidades pagadores de pensión, para que descuenten del pago de mis emolumentos mensuales los dividendos correspondientes a este crédito otorgado por C.C.A.F de Los Andes.”

Dado lo anterior, expone que se encuentra frente a un crédito plenamente vigentes, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Luego refiere al carácter social de los créditos otorgados por su parte al tenor de la norma antes indicada y su actual regulación contenida en la Ley N°18.883, cuyas funciones se encuentran detalladas en su artículo 19. Agrega que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley.

En tal sentido, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Luego hace presente que la obligación del actor es actualmente exigible y que la prescripción debe ser declarada judicialmente, y está efectuado el cobro de una deuda vigente, mediante el mecanismo dispuesto en esa normativa, pues se trata de contrato de mutuo de dinero celebrado entre su parte y el recurrente.

Cita un dictamen de Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, Nº2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, e indica que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

En cuanto a la supuesta vulneración del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, explica que no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, afirmamos afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Por último menciona que su parte no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, por lo que mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración, en consecuencia no es una acción arbitraria, por lo que solicita el rechazo de la acción de protección deducida.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Segundo: Que se dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, atribuyéndole a ésta, como acto ilegal y arbitrario, el haber ordenado el descuento de cuotas del crédito social de la remuneración del recurrente en la liquidación de remuneraciones correspondiente al mes de octubre de 2022, y así sucesivamente, todo lo cual afecta sus derechos constitucionales.

Tercero: Que en su informe la recurrida reconoció haber efectuado el descuento correspondiente al mes de octubre de 2022, esgrimiendo que tal conducta fue ejecutada utilizando el mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley Nº18.833, afirmando, además, que la prescripción de las acciones debe ser alegada y declarada judicialmente. Al respecto agregó que se trata de un crédito vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que no existe vulneración al derecho de propiedad garantizado en la Carta Fundamental, dado que es la propia ley la que le permite, en su carácter de acreedor de ese crédito social, solicitar el descuento de las cuotas de dicho crédito de la remuneración del deudor, y para ello no requiere de sentencia o proceso previo, dado que existen normas especiales para su recaudación de acuerdo al artículo 22 ya citado.

Cuarto: Que, respecto del descuento efectuado en la remuneración del mes de octubre de 2022 cabe tener presente, que la recurrida inició causa ejecutiva rol N°4882-2022 ante el Segundo Juzgado Civil de esta ciudad, pero a esa fecha la demanda no había sido aún notificada ni requerido de pago el recurrente, por lo que no se advierte ilegalidad en su actuar desde que solo hizo uso del mecanismo previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.883. A mayor abundamiento, la recurrida informó que, a raíz de la orden de no innovar decretada en la causa, efectuó la devolución del dinero descontado conforme se señala en el folio 18 de estos autos, por lo que en dicho punto la acción no podrá prosperar.

Quinto: Que en relación con las restantes cuotas, cabe indicar que la recurrida optó por iniciar causa ejecutiva de cobro de obligación de dar ante el tribunal civil precedentemente indicado, demanda que se encuentra debidamente notificada, por lo que habiéndose trabado la litis, en lo sucesivo, la recurrida no podrá hacer uso de ese mecanismo de cobro del crédito social otorgado al actor, por haber optado por la vía ejecutiva, acelerando el crédito, haciendo por ello caducar los plazos pendientes.

Por lo anterior y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por Juan Valdivia Quiroz, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solo en cuanto esta última no podrá hacer uso en lo sucesivo del mecanismo de reintegro del crédito social otorgado al actor, contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.883, sin costas, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Rol I. Corte N°14.839-2022 Protección Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.