nombre reservado con HOMECENTER SODIMAC S.A.

Rancagua, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés.

Vistos:

Con fecha nueve de noviembre del año dos mil veintidós, comparece doña María Pía Aliaga Quevedo, abogada, en representación de nombre reservado, C.I. RUT reservado, técnico en telecomunicaciones, quien interpone recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPESACION DE ASINGNACION FAMILIAR LOS ANDES, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado y en contra de SODIMAC S.A., representado por nombre reservado.

Refiere que el recurrente el día 28 de enero del año 2019, suscribió en favor de la recurrida un pagaré por la suma de $6.158.468, por concepto de capital, más intereses, el que sería pagado en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $174.504 cada una, con vencimiento la primera de ella el 31 de marzo del año 2019, y la última el 29 de febrero del año 2024.

Expresa que el Sr. nombre reservado dejó de trabajar en el ejército por lo que cayó en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota N°14 con vencimiento el día 31 de marzo de 2020.

Agrega que en junio de 2021 comenzó labores en la recurrida, Sodimac S.A., empresa afiliada a CCAF Los Andes comenzando intempestivamente y sin aviso previo los descuentos en septiembre del año 2021, pero no había notado que se debía al pagaré ya protestado por no pago.

Indica que la Caja haciendo uso de la cláusula de aceleración interpuso demanda ejecutiva en contra del recurrente, con fecha 14 de diciembre de 2020, como consta en causa Rol C-18163-2020, ante el 3º Juzgado Civil de Santiago. Refiere que dicha causa se encuentra archivada, habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 18.092.

Sostiene que el actuar arbitrario de las entidades recurridas, le ha traído al recurrente consecuencias patrimoniales negativas que provocaron un problema financiero familiar del que aún no se repone por completo, puesto que se han provocado en un lapso de 30 días dos descuentos sorpresivos, que suman $997.734. Entre ambas han provocado una disminución de los ingresos en un 24,2% en el mes de febrero y un 19,2% en el mes de marzo. Excediendo con creces lo señalado en el artículo 58 del Código del Trabajo, inciso 3°, que autoriza descuento directo en la remuneración de hasta un 15% del total. Lo mismo ha sido también afirmado por la Dirección del Trabajo, en Circular ORD. N°1569 del 10 de abril de 2017.

Solicita en definitiva, se acoja el recurso presente Recurso de Protección, condenando expresamente en costas a las recurridas, ordenando:

1.- Se deje sin efecto la orden o requerimiento formulado al empleador del recurrente para que descuente de su remuneración mensual, las cuotas de la obligación crediticia que estima le adeuda.

2.- El reintegro del monto total de los descuentos realizados, equivalente a 14 meses de descuento, esto es $3.077.382, que a requerimiento de las recurridas, el empleador descontó de la remuneración del actor, debidamente reajustados, como asimismo de todos los dineros que le descontarán a futuro, en caso de que la orden de no innovar sea desestimada por esta Corte.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que pueda disponer este Ilustrísimo Tribunal para restablecer el imperio del derecho.

Con fecha 22 de diciembre del año 2022, comparece Matías Amigo García, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien solicita el rechazo del recurso.

Refiere que efectivamente se le otorgó a la recurrente un crédito, con fecha con fecha 28 de enero del año 2019, por un capital de $6.158.468, a una tasa de 1,75%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $174.504.- cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de marzo de 2019.

Menciona que las cuotas de los meses de marzo 2019 a junio 2021, cuotas N° 1 a la N° 28, se pagaron entre el 29 de marzo 2019 al 10 de noviembre 2022 y que a la fecha, la presente operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo las cuotas de los meses de julio 2021 a octubre 2022, cuotas N° 29 a la N° 44, en estado moroso.

Afirma que su actuar no es arbitrario ni ilegal y que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833, por lo que su recaudación es pertinente y oportuno, toda vez la deuda cuya acción de cobro se efectúa, no ha sido declarada prescrita.

Con fecha 10 de febrero del año en curso, comparece Roberto Sepúlveda Núñez, abogado, en representación de SODIMAC S.A., quien en primer lugar alega la falta de legitimación pasiva de su representado. Señala que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 18.833 y artículo 58 del Código del Trabajo, todo empleador que se encuentra afiliado a una C.C.A.F., tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora o recaudadora, en su caso, las sumas que adeude el trabajador por concepto de crédito social, sin que sea necesario, para dicho efecto, contar con su autorización, sin que les competa analizar el mérito de la petición, ya que ello debe ser resuelto en un juicio de lato conocimiento, en sede civil, que verse sobre la exigibilidad del crédito o la prescripción que corresponda, así lo ha señalado la Superintendencia de Seguridad Social, en el Dictamen número 26294-2021, de fecha 6 de marzo de 2021.

En cuanto al fondo señala que esta controversia debe resolverse en un juicio de lato conocimiento, además no existe arbitrariedad ni ilegalidad en el actuar de la recurrida, ya que se ha limitado a cumplir la ley.

Continuando con su defensa sostiene que el recurso se ha deducido de forma extemporánea, ya que se presentó el 9 de noviembre del año 2022 y el primer descuento se efectuó en la remuneración del mes de septiembre del año 2021, además, con la actual redacción del auto acordado, la hipótesis de renovación del plazo por afectación permanente ha quedado desechada.

Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso.

Con fecha 14 de febrero del año en curso, se confirió traslado respecto de la alegación de falta de legitimación pasiva.

Con fecha 17 de febrero del año 2023, la recurrente evacuando el traslado conferido señala que en la actualidad, el crédito otorgado, se entenderá como crédito de consumo, cuyo cobro se persigue en un procedimiento ejecutivo, además se efectúan descuentos en las remuneraciones del recurrente, por lo que es imposible detener el cobro injustificado, sin hacer parte al empleador vinculado a la C.C.A.F.

Con fecha 21 de marzo del año en curso, se dio traslado a la recurrente respecto de la alegación de extemporaneidad interpuesta por SODIMAC S.A., el que no fue evacuado.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non, para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

SEGUNDO: Que en cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por SODIMAC S.A., ésta será acogida, atendido que de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 58 del Código del Trabajo, el empleador se encuentra obligado a deducir de las remuneraciones las obligaciones con instituciones de previsión social, sin necesidad de contar con autorización del trabajador.

TERCERO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad, sin perjuicio que efectivamente los descuentos comenzaron a efectuarse en el mes de septiembre de 2021, circunstancia no controvertida por las partes, lo cierto es que el actuar reprochado no había cesado hasta la época de interposición del recurso, por lo que el mismo, en cuanto busca hacer cesar dicha conducta, fue deducido oportunamente.

CUARTO: Que, de los antecedentes se desprende que la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, dedujo demanda ejecutiva para el cobro del saldo insoluto de la deuda en causa Rol 18163-2020 del Tercer Juzgado Civil de Santiago, oportunidad en la cual ejerció su derecho de hacer caducar los plazos pendientes, optando por el cobro total de su crédito, por lo que no cabe si no concluir que han desaparecido las cuotas originalmente pactadas, mismas que ahora pretende hacer efectivas, contraviniendo sus propios actos, usando al efecto el procedimiento especialísimo y de excepción contenido en la Ley 18.833.

QUINTO: Que, de lo consignado precedentemente es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley 18.833 de manera ilegal y arbitraria.

En efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro de las cuotas de un crédito de esta clase, situación que no se da en la especie desde que con la demanda ejecutiva señalada en el considerando anterior, la recurrida aceleró la totalidad del crédito, que desde ese momento dejó de estar representado en cuotas.

De este modo, al tiempo de informarse por la recurrida que el actor estaba incluido en las nóminas de descuento por planilla, ya no existían cuotas del crédito social otorgado que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, todo lo cual torna ilegal dicho proceder, dando cuenta del uso abusivo de esta modalidad de pago de préstamos sociales.

SEXTO: Que, de acuerdo con lo razonado, la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el sólo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla, en razón de que ya optó, en su oportunidad por la ejecución de la totalidad del crédito, lo que, en todo caso, no obsta a que pueda continuar con la persecución del pago del mismo a través del juicio ejecutivo iniciado.

SÉPTIMO: Que, al respecto la Excma. Corte Suprema, en esta misma línea, en la causa Rol 66.223-2021, con fecha 16 de marzo del año 2022, indicó en sus considerandos quinto y sexto, lo siguiente: “Quinto: Que, habiendo optado para obtener el cobro por la vía judicial, la entidad acreedora no estaba facultada para hacer los descuentos pertinentes a la trabajadora, sino que debió atenerse a lo allí resuelto en relación al crédito otorgado, o ejercer las acciones ordinarias que correspondan. Sexto: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo a la actora, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo”.

OCTAVO: Que, de todo lo dicho, no cabe duda que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre su remuneración, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que se acoge la alegación de falta de legitimación pasiva deducida por la recurrida SODIMAC S.A.

II.- Que, se rechaza la alegación de extemporaneidad, deducida por la recurrida SODIMAC S.A.

III.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, sólo en cuanto se ordena el cese inmediato de los descuentos practicados por la aludida Caja a don nombre reservado, a través de su empleador SODIMAC S.A.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte N°14.757-2022 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.