nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Rancagua Rancagua, nueve de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 2 de septiembre de 2025 comparece doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ingeniera civil, quien deduce acción de protección en contra de AFP Uno S.A., impugnando la resolución de fecha 19 de agosto de 2025, mediante la cual dicha administradora rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales, presentada al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que se encuentra afiliada a un sistema previsional extranjero -Instituto Venezolano de los Seguros Sociales- circunstancia que, junto a su calidad de trabajadora extranjera y la manifestación expresa en su contrato de mantener dicha afiliación, la habilitaría para solicitar la devolución íntegra de sus fondos previsionales acumulados en Chile. Refiere que su solicitud fue rechazada por la recurrida fundándose, entre otros motivos, en la falta de apostilla o legalización del certificado de afiliación extranjera, exigencia que resulta de imposible cumplimiento atendida la situación institucional de Venezuela y la inexistencia de servicios consulares operativos en Chile.

Añade que, pese a haber efectuado un reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, no obtuvo una solución efectiva, manteniéndose la negativa de la administradora, la cual se ha reiterado en más de una oportunidad.

Sostiene que la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto desconoce el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 para la devolución de fondos previsionales, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, particularmente su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, la igualdad ante la ley y su integridad psíquica.

En mérito de lo anterior, solicita se acoja la presente acción, disponiendo la devolución de los fondos previsionales retenidos, con costas, adoptándose las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Con fecha 3 de noviembre de 2025 se prescinde del informe requerido a la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Con fecha 12 de noviembre de 2025 la Superintendencia de Pensiones, evacúa el informe requerido.

Expone, en primer término, que no registra reclamos ni presentaciones previas de la recurrente ante dicho organismo relativas a la materia debatida, precisando que el único ingreso existente corresponde al requerimiento de informe emanado de esta Corte, por lo que desconoce el origen de la supuesta gestión administrativa invocada por la actora.

En cuanto al marco normativo aplicable, señala que la Ley N°18.156 contempla un régimen de carácter excepcional, que permite a trabajadores extranjeros eximirse de cotizar o solicitar la devolución de fondos previsionales, siempre que acrediten el cumplimiento copulativo de los requisitos establecidos en su artículo 1°, particularmente la afiliación previa y efectiva a un sistema de seguridad social extranjero que otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y la manifestación expresa de voluntad de mantener dicha afiliación.

Indica que, conforme a la interpretación administrativa uniforme de ese organismo, tales requisitos deben ser acreditados mediante documentación idónea, emitida por la autoridad competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada, y que dé cuenta de una cobertura efectiva respecto de todas las contingencias exigidas, durante todo el período de prestación de servicios en Chile.

En relación con el caso concreto, sostiene que el documento acompañado por la recurrente, consistente en una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con dichas exigencias, por cuanto carece de legalización o apostilla, no se encuentra debidamente suscrito, y no acredita de manera específica la cobertura integral exigida por la ley durante el período pertinente.

Asimismo, hace presente que la manifestación de voluntad contenida en el contrato de trabajo de la actora resultaría equívoca, al coexistir referencias tanto a la afiliación al sistema previsional chileno como a la mantención de afiliación en el extranjero, lo que, conforme a su jurisprudencia administrativa, impide tener por cumplido el requisito previsto en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Agrega que la actuación de la administradora se encuentra ajustada a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por dicho organismo fiscalizador, citando además jurisprudencia judicial reciente que ha validado la exigencia de documentos debidamente apostillados o legalizados para acreditar los requisitos legales, descartando la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en situaciones análogas.

Finalmente, concluye que no cuenta con antecedentes que permitan establecer que la recurrente cumple con los requisitos legales exigidos para acceder a la devolución de fondos previsionales, solicitando tener por evacuado el informe requerido.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1.- Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de carácter extraordinario, destinada a restablecer el imperio del derecho cuando, por actos u omisiones ilegales o arbitrarios, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías que la misma norma ampara, exigiéndose la concurrencia copulativa de un acto actual, una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta y una afectación directa a un derecho fundamental determinado.

2.- Que, en la especie, la acción se dirige en contra de la resolución de 19 de agosto de 2024 que rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada al amparo de la Ley N°18.156 por la recurrente, sosteniendo que, por su calidad de trabajadora extranjera, por encontrarse afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y por haber expresado en su contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación, cumple con los requisitos legales para la restitución íntegra de los fondos enterados en Chile, afirmando que la exigencia de apostilla o legalización del certificado extranjero resulta imposible de satisfacer dada la situación institucional de Venezuela y la falta de operatividad consular, de manera que la negativa de la recurrida sería ilegal y arbitraria y vulneraría las garantías del artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución.

3.- Que, evacuando el informe, la Superintendencia de Pensiones señaló que la recurrente no registra reclamos previos ante dicho organismo y que el régimen de la Ley N°18.156 es de carácter excepcional, exigiendo la acreditación copulativa de sus requisitos mediante documentación idónea, debidamente legalizada o apostillada. Indicó que, en el caso concreto, la constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple tales exigencias formales ni permite verificar la cobertura ni su extensión temporal, agregando que la manifestación de voluntad contenida en el contrato resulta equívoca, por lo que no se configuran los presupuestos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales.

4.- Que, para decidir la cuestión planteada, cabe tener presente el artículo 1 de la Ley N°18.156, que establece: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

A su vez, el artículo 7 del mismo cuerpo legal dispone: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.”

5.- Que, al respecto y a fin de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 1° de la ley antes citada, la recurrente acompañó a su recurso -entre otros- una constancia electrónica de afiliación previsional del país de origen emitida por el Instituto Venezolano de seguros sociales vigente (IVSS), documento que como sostiene la Superintendencia no resulta idóneo para dar cumplimiento a las exigencias legales por cuanto no ha sido suscrito, apostillado ni legalizado, no siendo posible, en definitiva, establecer la legitimidad del documento en cuestión, no dándose cuenta de que la actora cuente con un derecho indubitado susceptible de ser protegido en esta vía, al encontrarse controvertido el cumplimiento de los requisitos que establece la ley al respecto. En este sentido, el hecho de contener un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales formales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos extranjeros para que surtan efectos en el territorio nacional, lo que no ha ocurrido.

6.- Que, a mayor abundamiento, la situación del país de origen de la actora no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales, todos motivos por los que no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1443-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.