RECURRENTE: PRESTACION DE SERVICIOS INHERENTES A SEGURIDAD PRIVADA, ASEO Y RECURSOS HUMANOS SECPRO LIMITADA. RECURRIDO: INSPECION REGIONAL DEL TRABAJO

Rancagua, cuatro de julio del año dos mil dieciséis.

Vistos:

A fs. 18, con fecha 09 de junio del año en curso, comparece Jaime Alejandro Cortez Miranda, abogado, en representación de PRESTACIÓN DE SERVICIOS INHERENTES A SEGURIDAD PRIVADA, ASEO Y RECURSOS HUMANOS SECPRO LIMITADA O SECPRO LTDA., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Regional del Trabajo, representada legalmente por nombre reservado, en su calidad de Director Regional, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso, en que el fiscalizador Gustavo Adolfo González Ahumada, señala que concurrió a una visita de fiscalización a la faena emplazada en la comuna de la Estrella, denominada Fundo San Manuel s/n, el día 15 de diciembre del año 2016, señalándolo así en el acta de constatación, ya que estampó como fecha de fiscalización el día 15 de diciembre de 2016.

El día 15 de enero del año 2016, el fiscalizador emite la resolución N°06.07.1453.16.4, por la cual le cursa a su representada una multa por la suma de 30 unidades tributarias mensuales.

Contra dicha resolución recurre el día 6 de febrero del año 2016, solicitando se deje sin efecto dicha multa, en razón de que el acto administrativo primario se realizó con fecha 15 de diciembre del año 2016, lo que a todas luces es imposible.

Con fecha 26 de febrero del año 2016, la Inspección Provincial del Trabajo de Cardenal Caro, resuelve confirmar la resolución de la multa, fundamentando que el error que comete el fiscalizador no es suficiente para dejar sin efecto la multa de acuerdo al artículo 511 N°1 del Código del Trabajo, agregando que sin perjuicio de apreciar que en el acta de constatación de hechos en terreno se cometió un error de referencia al indicar como fecha de visita el día 25 de diciembre del año 2016 y no el 13 de enero del año 2016, como ocurrió en la realidad, la magnitud de dicho error no adolece de la entidad suficiente para dejar sin efecto la sanción. A mayor abundamiento dicho error no se comete al cursar la multa, como lo solicita la norma legal previamente destacada, no resultando procedente en consecuencia acceder a lo solicitado.

Con fecha 17 de marzo del año 2016, presentó recurso de revisión administrativo, solicitando se dejara sin efecto la citada resolución en razón de que adolece de vicios que permiten dejarla sin efecto, al ser imposible que la fiscalización se hubiese llevado a cabo en la fecha señalada por el fiscalizador.

El recurso fue rechazado, señalando la resolución N°38 de fecha 25 de mayo del año 2016, que al recurrente le constaría fehacientemente que la fiscalización se realizó el día 13 de enero del año 2016, y para que se pueda invalidar el acto administrativo se deben reunir requisitos copulativos de acuerdo al artículo 13 de la ley 19.880. Señala que dicha resolución le fue notificada el día 2 de junio del año 2016.

Sostiene que el actuar de la recurrida ha vulnerado derechos básicos consagrados en el ordenamiento constitucional, como el derecho de la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, además de la vinculación directa y regular que debe tener todo servicio público y más aún la recurrida se ha arrogado facultades que no tiene, como la de legislar, resultando imposible que el fiscalizador haya podido ir en la fecha que el señala a constatar los hechos, ya que, sería en diciembre de este año y la recurrida intenta validar dicha actuación sosteniendo una nueva fecha que en ningún documento de constatación de hechos existe.

Solicita se deje sin efecto el acta de constatación de hechos, la resolución N°06.07.1453.16.4, la resolución N°38, todos los demás actos administrativos que se estime pertinente en derecho y todas las medidas correctivas que se estimen convenientes a fin de restablecer el imperio del derecho que ha sido violentado, con costas.

A fs. 32, se declaró admisible el recurso y se pidió informe al recurrido.

A fs. 47, la recurrida evacua el informe solicitado, pidiendo el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

La recurrida, luego de hacer referencia a los distintos recursos que fueron ejercidos por el recurrente en sede administrativa para que se dejara sin efecto la multa, sostiene que la presente acción constitucional debe ser rechazada, por cuanto fue entablada en forma extemporánea. El recurrente tuvo conocimiento de la multa que pretende impugnar al menos desde el día 06 de febrero del año 2016, y aun con anterioridad al ser notificado de la multa el día 25 de enero del año 2016.

Señala que en causa rol 2047-2011 la Excma. Corte Suprema con fecha 24 de mayo del año 2011, resolvió que los recursos administrativos interpuestos en contra del acto que originó la ilegalidad y arbitrariedad alegadas, no tiene la facultad de interrumpir el plazo para el ejercicio de la acción constitucional de protección, toda vez que el artículo 20 de nuestra carta fundamental, al referirse a los requisitos del recurso de protección, establece en su inciso 1° que esta acción es ”… sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Agrega que la actuación verificada por el funcionario de la Inspección Provincial del Trabajo de Cardenal Caro, como asimismo la de Dirección Regional, se enmarcan dentro del ámbito de su competencia reconocida en el artículo 1 del DFL N°2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

Señala que el proceder del Servicio fue fiscalizar a la empresa SECPRO LTDA., constatar infracción a la legislación laboral en virtud de resolución N°1453/2016/4, y ante ello la parte sancionada dedujo, todas las acciones de las cuales disponía; la respectiva reconsideración de esa multa, el recurso especial de revisión de la Ley 19.880, las cuales fueron resueltas de acuerdo a derecho en su oportunidad legal respectiva, por lo que no hubo arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar, ni se ha vulnerado la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

A fs. 58, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

Que, previo a analizar el fondo del asunto, se debe resolver la solicitud de extemporaneidad formulada por la recurrida, para lo cual se tiene presente que en este caso, el acto denunciado como arbitrario y/o ilegal se materializó cuando se dictó la resolución de multa con fecha 15 de enero del año 2016, respecto de la cual el recurrente reclamó vía administrativa con fecha 5 de febrero del mismo año, desprendiéndose de esta actuación que con esa fecha tomó conocimiento de la resolución aludida, comenzando a correr el periodo para recurrir de protección, acción que fue interpuesta el 9 de junio pasado, habiendo transcurrido en exceso el plazo de 30 días establecido por el auto acordado que regula la materia para su interposición.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

Que, se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 18, con costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1428-2016 Protección.