Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

C.A. de Rancagua Rancagua, veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 27 de agosto de 2026 comparece el abogado Rodrigo Farías Rodríguez, quien deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo del pago del subsidio derivado de diversas licencias médicas, así como la negativa de justificar el reposo prescrito, particularmente mediante resoluciones exentas que desestimaron la licencia médica N°NUM000, fundadas en la supuesta inexistencia de incapacidad laboral más allá de un período previamente autorizado.

Expone que la recurrente, desde su embarazo y posterior maternidad -caracterizada por complicaciones físicas, ausencia de redes de apoyo y afectaciones en su salud mental- ha debido mantenerse en tratamiento médico, siendo beneficiaria de múltiples licencias médicas extendidas por profesionales tratantes, las que, sin embargo, fueron rechazadas por la autoridad administrativa, sin otorgar una fundamentación suficiente ni considerar adecuadamente los antecedentes clínicos aportados.

Señala que, ante la falta de recursos para acceder a tratamiento particular, la actora recurrió al sistema público de salud, enfrentando dificultades de acceso a prestaciones de salud mental, lo que habría agravado su condición, la cual comprende sintomatología ansiosa, depresiva y crisis de pánico, además de exigencias adicionales derivadas del cuidado de su hija menor con diagnóstico de alergia alimentaria.

Alega que las decisiones impugnadas carecen de motivación suficiente, infringiendo la normativa aplicable -en particular el Decreto Supremo N°3 de 1984 y la Ley N°19.880- al no expresar los fundamentos tenidos a la vista para el rechazo de las licencias médicas, ni ponderar el diagnóstico emitido por el médico tratante, configurando con ello un actuar arbitrario.

Sostiene que tales actuaciones vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°s 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, en cuanto afectan la integridad psíquica de la recurrente, la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad sobre las prestaciones económicas derivadas de la seguridad social, agregando que además se infringen disposiciones de la Ley N°21.331, relativas a la protección de las personas con patologías de salud mental.

En definitiva, solicita se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos impugnados y se ordene a la recurrida aprobar las licencias médicas y otorgar el correspondiente subsidio por incapacidad laboral, con costas.

A folio 4 comparece la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, informando que, revisados sus registros, la recurrente registra un extenso historial de licencias médicas asociadas principalmente a patologías de salud mental, indicando que durante el año 2023 presentó 21 licencias, todas autorizadas por un total de 382 días de reposo, mientras que en el año 2024 presentó 26 licencias, de las cuales solo 8 fueron aprobadas -por un total de 140 días- y las restantes rechazadas por no acreditarse causa médica que justificara el reposo.

Añade que, en el año en curso -2025-, la actora ha presentado nuevas licencias médicas, de las cuales una fue autorizada y otra rechazada bajo la misma causal, precisando que, para efectos de resolver, la Comisión solicitó antecedentes médicos adicionales, concluyendo que estos no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá de los períodos previamente autorizados, al no evidenciarse elementos psicopatológicos de gravedad, evolución clínica que justifique la extensión del reposo ni ajustes terapéuticos que respalden su continuidad.

Asimismo, detalla que los antecedentes acompañados - consistentes en cartola médica, listados de licencias y resoluciones administrativas- dan cuenta de múltiples rechazos ratificados, fundados en la ausencia de respaldo clínico suficiente, destacándose que no se acreditan evaluaciones especializadas, seguimiento terapéutico consistente ni parámetros objetivos que permitan justificar la prolongación del reposo laboral más allá de los plazos ya concedidos.

En consecuencia, concluye que las decisiones adoptadas se sustentan en la evaluación técnica de los antecedentes médicos disponibles, manteniéndose el rechazo de las licencias médicas que exceden los períodos previamente autorizados.

A folio 8 evacuando informe, comparece la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando, en lo principal, el rechazo de la acción de protección por haber sido interpuesta en forma extemporánea, señalando que la recurrente tuvo conocimiento del rechazo de sus licencias médicas con una antelación superior a once meses respecto de la interposición del arbitrio, lo que excede con creces el plazo fatal de treinta días previsto en el Auto Acordado respectivo.

Expone que las resoluciones impugnadas -dictadas tanto por la COMPIN como por dicha Superintendencia- confirmaron reiteradamente el rechazo de múltiples licencias médicas extendidas desde mayo de 2024, fundadas en reposo no justificado, destacando que los antecedentes clínicos aportados no evidencian elementos psicopatológicos de gravedad, compromiso funcional relevante, ni ajustes terapéuticos suficientes que permitan sostener la existencia de incapacidad laboral más allá de los períodos previamente autorizados.

Añade que las diversas presentaciones efectuadas por la recurrente, incluyendo reposición y solicitudes de reconsideración, no tienen la virtud de suspender ni renovar el plazo para interponer la acción constitucional, no pudiendo utilizarse dichas gestiones administrativas como un mecanismo para extender artificialmente el término legal.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción, por cuanto la materia debatida se inserta en el ámbito del derecho a la seguridad social -en particular, la autorización de licencias médicas y el acceso a subsidios por incapacidad laboral- garantía que no se encuentra amparada por el recurso de protección, conforme al artículo 20 de la Constitución.

Finalmente, en cuanto al fondo, sostiene la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad en su actuar, indicando que sus decisiones se adoptaron en ejercicio de sus facultades legales de fiscalización y control, sobre la base de informes médicos que concluyen que el reposo prescrito carece de justificación clínica suficiente, manteniéndose, en consecuencia, el rechazo de las licencias reclamadas, salvo aquella vinculada a una patología distinta -intervención quirúrgica ginecológica- que sí fue debidamente autorizada.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías que dicha disposición contempla, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que lo priven, perturben o amenacen. 2° Que, cabe dejar asentado que según consta del petitorio del recurso, el acto que se reprocha en autos consiste en el rechazo de la licencia N°NUM000, confirmado por la Superintendencia de Seguridad Social mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 29 de julio de 2025, fundado en la supuesta inexistencia de incapacidad laboral que justifique el reposo prescrito. 3° Que, informando las recurridas, la COMPIN señaló que la recurrente presenta un extenso historial de licencias médicas por patologías de salud mental, indicando que durante el año 2023 se autorizaron 21 licencias por un total de 382 días de reposo, mientras que en el año 2024 se presentaron 26 licencias, de las cuales solo 8 fueron aprobadas, rechazándose las restantes por no acreditarse causa médica suficiente.

Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social sostuvo que las decisiones impugnadas se adoptaron conforme a antecedentes clínicos que no evidencian elementos de gravedad ni compromiso funcional que justifiquen la extensión del reposo. 4° Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, ésta será desestimada, toda vez que la resolución impugnada, tal como se dijo, se dictó el 29 de julio de 2025, mientras que el recurso de protección fue interpuesto con fecha 27 de agosto de 2025, esto es, dentro del plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, por lo que la acción ha sido deducida oportunamente 5° Que, asimismo, la alegación de improcedencia de la acción por versar sobre materias de seguridad social no puede prosperar, por cuanto la recurrente funda su pretensión en la vulneración de garantías constitucionales protegidas por esta vía cautelar, particularmente su integridad psíquica y su derecho de propiedad sobre prestaciones económicas derivadas de licencias médicas.

Que, del mérito de los antecedentes aparece que la recurrente presenta un cuadro de salud mental derivado de su embarazo y maternidad, con sintomatología ansiosa, depresiva y crisis de pánico, en tratamiento médico continuo, sumado a dificultades de acceso a atención especializada en el sistema público de salud, lo que ha incidido en la persistencia de su condición clínica. 6° Que, cabe señalar que la conducta materia de esta acción no puede calificarse de ilegal, toda vez que el artículo 16° del Decreto Supremo 3/84 del Ministerio de Salud, establece que corresponde a la COMPIN, a la Unidad de Licencias Médicas o a la ISAPRE, en su caso, rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

Luego, el organismo recurrido dispone de la facultad legal de resolver acerca de la autorización de una licencia médica, por lo que sólo resta revisar, para los efectos de la presente acción, si existe arbitrariedad en la actuación reclamada. 7° Que, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el propio artículo 16 antes citado, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.

A su vez, el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.” 8° Que, en la especie, la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social que confirma el rechazo de la licencia médica, sólo se funda en los antecedentes aportados por la propia reclamante, sin realizar un peritaje o evaluación al paciente que permita determinar si su reposo se encuentra o no justificado. 9° Que, conforme a lo anterior, es posible establecer que la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en elementos suficientes de convicción que la avalen, carencias que la privan de contenido, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880 y la normativa sectorial antes señalada, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual la compareciente no necesitaba más días de recuperación que los ya otorgados. 10° Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria al desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún antecedente adicional, simplemente sobre la base de la ponderación de los ya tenidos a la vista, esto es, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente al paciente, cualquier duda, en relación a la procedencia del reposo, lo que en el presente caso resulta esencial, puesto que se le pretende privar del subsidio de incapacidad laboral sin que su situación fuera esclarecida con un informe acabado sobre el estado de salud y la causa de las dolencias de la recurrente, lo que, como se dijo, no se cumplió en autos. 11° Que, en estas circunstancias, el actuar del recurrido evidentemente amenaza el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues dice directa relación con su patrimonio, el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por la licencia médica rechazada producto de la decisión del órgano administrativo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I.- Que, se rechazan las alegaciones de extemporaneidad y de improcedencia de la acción deducida por la Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N°NUM001 de 29 de julio de 2025, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma el rechazo de la licencia médica N°NUM000, con la única finalidad de que se efectúen las gestiones administrativas necesarias para someter a la recurrente a un peritaje médico de la especialidad que corresponda, para luego determinar la pertinencia o impertinencia del reposo de que da cuenta la licencia médica señalada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1408-2025 Protección Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo con lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.