Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Rancagua Rancagua, dieciocho de febrero de dos mil veintiséis. Vistos: Con fecha 21 de agosto de 2025, comparece Judith Urzúa Arriaza, abogada, en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad para extranjeros N°NUM000; y de nombre reservado, cédula nacional de identidad para extranjeros N°NUM001, ambos de nacionalidad venezolana y domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haberse rechazado sus solicitudes de reconocimiento de la calidad de refugiado mediante la Resolución Exenta N°NUM002. Señala que los recurrentes, durante el año 2021, solicitaron al órgano recurrido el reconocimiento de su condición de refugiado, pero con fecha 17 de julio de 2025, mediante Resolución Exenta N°NUM002, sus solicitudes fueron rechazadas. Alega que, dicha decisión, carece de justificación adecuada, tanto en términos legales como fácticos, ya que los solicitantes se encuentran en una situación particular y poseen documentación que respaldan su condición de refugiados. Explica que los actores llegaron a Chile porque se vieron envueltos en el verdadero tormento que es, hoy por hoy, vivir en su país natal, tanto así, que esto ha sido reconocido por múltiples organismos internacionales e incluso por el Gobierno de Chile. Indica que ambos recurrentes cuentan con trabajo estable, cotizan y han logrado que sus hijos estudien y formen parte de un sistema que les brinda calidad de vida. Arguye que, la autoridad recurrida, efectivamente reconoce que existe hechos en el país de origen de los afectados, pero sin justificación alguna decide minimizar y encausarlos en eventos genéricos. Alega que, la decisión de la autoridad vulnera las garantías consagradas en los numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la República y, asimismo, los principios establecidos en los artículos 10, 31 y 41 de la Ley N°19.880. Cita jurisprudencia, se refiere a la potestad administrativa y señala doctrina. Expone sobre las obligaciones internacionales del Estado consagradas en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Indica lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N°21.325, en relación con la reunificación familiar y cita jurisprudencia al respecto. Finaliza solicitando que se acoja su recurso y deje sin efecto la resolución de 17 de julio de 2025, por ser ésta arbitraria y, en consecuencia, ilegal, y que se instruya al Servicio Nacional de Migraciones a reanudar la tramitación de la solicitud de refugio del afectado, y dictar un acto administrativo con estricto apego a derecho, o en su defecto se considere al afectado habilitado para presentar una solicitud de protección complementaria que le permita seguir residiendo en el país sin que su vida corra riesgo, con costas. Acompaña antecedentes en los que funda su pretensión. A folio 5, compareció el Servicio Nacional de Migraciones y solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerado como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Indica que los actores no registran ingreso al territorio nacional, por lo que se entiende que fue de forma clandestina. Expone que, los recurrentes en su solicitud señalaron que salieron de Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida, atendido la precaria situación económica en que se encontraban, producto de la crisis que aqueja a ese país. Agrega que, consultados sobre la vivencia de algún hecho de agresión, violencia o amenaza, los solicitantes respondieron de forma negativa, aclarando que la Sra. nombre reservado salió primero de Venezuela, el 24 de enero de 2020, luego lo hizo su hija, la Sra. nombre reservado, el 20 de noviembre de 2020, junto con sus familiares, su cónyuge, el Sr. nombre reservado y sus dos hijos, los menores nombre reservado y nombre reservado, todos ingresando a territorio chileno por paso no habilitado varios días después. Relata que las solicitudes fueron analizadas en la sesión N°8 de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, de fecha 5 de septiembre de 2024, la que acordó recomendar a esa autoridad el rechazo de estas. Por lo antes expuesto, no fue posible dar por establecida la existencia de un fundado temor de persecución en caso de regresar los extranjeros a Venezuela. Aclara que, los actores, en Venezuela, no experimentaron situaciones particulares de amenaza o algún problema que afectara gravemente su seguridad, por cuanto, los hechos relatados por éstos, como motivos de su salida de dicho país, no parecen demostrar la existencia de una persecución en los términos exigidos por nuestra legislación. Añade, que se tuvo en consideración el hecho de que la Sra. nombre reservado manifestó que solicitó refugio: "por mi forma de entrada", en tanto, su hija indicó que acudió a dicha figura "Porque en sí, cuando nosotros nos íbamos a autodenunciar, yo me acerqué a San Fernando y le dije a la funcionaria de extranjería que quería tener mis papeles y que me iba a autodenunciar y ella me dijo que llenara los formularios para refugio. También, señala que, ante la misma consulta, el Sr. nombre reservado declaró: "Porque me parece que es como más amplia, más efectiva para la familia, más mejor y más bonita para la familia". Arguye que, lo alegado, no dice relación con lo establecido en el artículo 2 N°1 de la ley Nº20.430 de 2010 que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, por lo que, en definitiva, el estado Chileno llegó a la necesaria conclusión de Rechazar las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado mediante la dictación de la Resolución Exenta N°NUM002, de fecha 17 de julio 2025, debidamente notificada mediante los oficios N°NUM004 y N°NUM003, respectivamente. Aclara, que esa autoridad migratoria no ha dictado sanción administrativa, orden de abandono, expulsión u otra sanción de ninguna naturaleza que se haya adoptado en contra de los actores. Indicó que, el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado se encuentra regulado, principalmente, por la Ley N°20.430 que establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, la Ley N°21.665 que modificó la Ley de Refugio, por el Decreto N°837, que fija su Reglamento, y en algunas normas establecidas en la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Cita la normativa aplicable en la especie y, arguye que los considerandos contenidos en la Resolución administrativa dan cuenta del acabado análisis de los antecedentes tenidos a la vista, nos permiten concluir entonces, que no se vislumbran antecedentes objetivos, de ningún tipo, que reflejen un actuar negligente o una conducta omisiva que infrinja, en primer lugar, las disposiciones de la propia Ley N°20.430 y su respectivo Reglamento. Finalmente, solicita el rechazo del recurso por carecer de todo sustento normativo y siendo totalmente improcedente. Se trajeron los autos en relación. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2° Que, el presente recurso se deduce en contra de la Resolución Exenta N°NUM002, de 17 de julio de 2025, dictada por la Subsecretaría del Interior, que rechazó las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. 3° Que, en su informe, el Servicio Nacional de Migraciones solicitó el rechazo del recurso, toda vez que las solicitudes de los actores fueron rechazadas por cuanto lo relatado por éstos no dice relación con lo establecido en el artículo 2 N°1 de la ley Nº20.430, de 2010, que Establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados. 4° Que, en la especie, cabe tener presente lo establecido en el artículo 2 de la Ley N°20.430, que señala: “Concepto de Refugiado.

Tendrán derecho a que se les reconozca la condición de refugiado las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 1. Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores. 2. Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país. 3. Quienes, careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en los numerales anteriores, se encuentren fuera del país en que tenían su residencia habitual y no puedan o no quieran regresar a él. 4. Los que, si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual no poseían la condición de refugiado, satisfacen plenamente las condiciones de inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad a su salida. Solo tendrán derecho a que se les reconozca la calidad de refugiado de conformidad con los numerales 1 y 2 quienes lleguen directamente desde el territorio en que su vida o libertad esté amenazada. Se entenderá que llegan directamente quienes lo hacen en un viaje con escalas siempre que la estadía en un tercer país no se haya extendido por más de sesenta días. En casos calificados, el Subsecretario del Interior podrá ampliar este plazo.” 5° Que, a su turno, el inciso primero del artículo 28 bis de la misma Ley, dispone que: “Una vez presentada la solicitud, se evaluará si ésta cumple con los requisitos formales estipulados en los artículos 26 y 28 y en el artículo 37 del reglamento de esta ley y si, de conformidad con el artículo 2º, es manifiestamente infundada.” 6° Que, de lo señalado por las partes y los documentos allegados al recurso, consta que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de los actores fueron rechazadas mediante Resolución Exenta N°NUM002, de 17 de julio de 2025, de la Subsecretaría del Interior, por no encontrarse dentro de la hipótesis establecida por el legislador para ser reconocidos como refugiado. En efecto, consta que del relato de los motivos por los cuales solicitan el reconocimiento de la calidad de refugiado, la autoridad administrativa concluyó que no se cumple con la normativa legal aplicable al caso, cuestión que esta Corte comparte. 7° Que, de acuerdo con lo anterior, habiéndose rechazado la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado de los actores a través de un procedimiento reglado, primero, en el Servicio Nacional de Migraciones y, posteriormente, en la Subsecretaría del Interior, y teniendo presente, además, que la Resolución Exenta N°NUM002, de 17 de julio de 2025, de dicha Subsecretaría, se encuentra suficientemente fundada, no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar en favor de los recurrentes, por lo que se rechazará la presente acción de protección, al no existir arbitrariedad o ilegalidad que perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos de los actores. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y nombre reservado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad para extranjeros N°NUM000; y de nombre reservado, cédula nacional de identidad para extranjeros N°NUM001, ambos de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones. Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1380-2025 Protección. Se deja constancia que esta sentencia debe ser anonimizada de conformidad a lo establecido en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.