SOCIEDAD AGRÍCOLA EL TABÓN S.A. con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA.

C.A. Rancagua.

Rancagua, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Con fecha 26 de octubre de 2020, comparece Francisco Javier Zamorano Galán, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de la Sociedad Agrícola El Tabón S.A., sociedad comercial, cuya representante legal es don nombre reservado, ingeniero civil, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien recurro de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, representada por la Inspectora Comunal Gabriela Miranda Quinteros, funcionaria pública, ambas con domicilio en domicilio reservado.

Señala que mediante Resolución Nº 3700/20/5-1-2-3, de fecha 26 de marzo de 2020, la recurrida aplicó una multa por tres hechos, siendo notificada con fecha 17 de junio de 2020, ya que ese fue el día que recibió la carta certificada según da cuenta el seguimiento efectuado en la página web de correo de Chile.

Indica que el 24 de junio de 2020 su parte presentó una reconsideración, sin embargo, el 8 de julio de 2020, mediante el Ord. Nº 214, notificado el día 8 de octubre de 2020, se rechazó su solicitud por extemporánea, al considerar que el plazo de 30 días hábiles administrativos desde la notificación de la resolución que se impugna para interponer el recurso, la que fue remitida mediante correo certificado el día 30 de abril de 2020, fecha de notificación 11 de mayo de 2020, ya había transcurrido.

Refiere que de conformidad al Art. 508 del Código del Trabajo, las notificaciones que realice la Dirección del Trabajo se podrán efectuar por carta certificada, la que se entenderá practicada al sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de correos respectiva, de lo que deberá dejarse constancia por escrito. La frase “se entenderá practicada” implica que se trata de una presunción simplemente legal, permitiendo prueba en contrario. En este caso, la reclamante tomó recién conocimiento de la sanción administrativa el día 17 de junio de 2020, por lo que a partir de esta fecha debe computarse el plazo del inciso 1° del artículo 512 del Código del Trabajo, que establece un plazo de 30 días, hábiles administrativos, para interponer la reconsideración administrativa, por lo que el término venció recién el día 10 de agosto de 2020. Esta interpretación debe preferirse al ser más coherente con el principio “favor libertatis”.

Por lo anterior, considera que la resolución en cuya virtud la recurrida rechazó la reconsideración interpuesta constituye un acto ilegal, desde que por ellas se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley y presentado dentro del plazo legal, afectando con ello las garantía de igualdad ante la ley y el derecho de presentar peticiones a la autoridad, contempladas en el artículo 19 N° 2 y 14 de la Constitución Política de la República, solicitando en definitiva se acoja el recurso, dejando sin efecto el Ord. Nº 214, del 8 de julio de 2020 y notificado el día 8 de octubre de 2020, debiendo la recurrida admitir a tramitación la reconsideración planteada por esta recurrente respecto de la resolución de multas administrativas Nº 3700/20/5-1-2-3, cursadas con fecha 26 de marzo de 2020 y notificada con fecha 17 de junio de 2020, con costas.

Acompaña a su recurso la resolución que curda las multas, copia del sobre en el cual venía la resolución anterior, resolución mediante la cual se rechaza la reconsideración presentada, captura de pantalla de la página web de Correos de Chile en la que se muestra el seguimiento del envío de la carta notificando la resolución que aplica las multas, captura de pantalla que muestra el mensaje de correo electrónico enviado por la Dirección del Trabajo a la recurrente con fecha 8 de octubre de 2020, en relación al rechazo a la reconsideración interpuesta por la empresa sancionada.

Se declara admisible el recurso el 28 de octubre de 2020, y se requiere informe a la recurrida y a Correos de Chile.

Con fecha 9 de noviembre de 2020 se concede orden de no innovar por esta Corte.

El 12 de noviembre de 2020 comparece Gabriela Miranda Quinteros, Inspectora Comunal, en representación de la recurrida, señalando que la actuación de su representada se ajusta plenamente a sus facultades. Señala que la carta certificada que contiene la resolución de multa fue despachada el 30 de abril de 2020, por lo que conforme lo establece el artículo 508 del Código del Trabajo, se entiendo notificado al sexto día hábil, esto es, el 11 de mayo de 2020, Indica que el artículo 508 del Código del Trabajo establece una presunción de derecho, que pretende otorgar fecha cierta a la notificación del acto administrativo, de manera tal que no admite prueba en contrario, por lo que el recurso administrativo presentado el 24 de junio de 2020, se presentó fuera de plazo, y por ello, fue declarado inadmisible. En este sentido se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol 897-2019 y 913-2019.

Además, al momento de presentar el recurso de reconsideración tampoco acompañó antecedentes para desvirtuar la presunción legal de haber sido notificado el 11 de mayo de 2020.

Agrega que en este caso no se dan los presupuestos de procedencia de la acción de protección, por lo que debe ser rechazado, no existiendo ningún acto arbitrario ni ilegal, como tampoco ninguna afectación a los derechos constitucionales señalados, es más, el derecho establecido en el artículo 19 N°14 de la Constitución no se encuentra resguardado por la acción de protección, por lo que pide su rechazo, con costas.

Acompaña a su informe Ordinario N°214 de la recurrida, guía de despacho de la carta certificada, copias de las sentencias mencionadas en su informe.

El 5 de marzo de 2021 Correos de Chile informa que la carta certificada N°1180479698560 fue retirada de la sucursal Rancagua Centro el 17 de junio de 2020 por nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Tercero: Que, mediante la presente acción constitucional se pretende que esta Corte declare que el Ord. Nº 214, del 8 de julio de 2020, emitido por la recurrida, mediante el cual comunica que no dio lugar a la tramitación, por extemporáneo, del recurso de reconsideración administrativo presentado en contra de la Resolución de multa Nº 3700/20/5-1-2-3, de fecha 26 de marzo de 2020, es un acto ilegal o arbitrario.

Cuarto: Que, no existe discusión entre las partes que el plazo contemplado en el artículo 512 del Código del Trabajo para la presentación de la reconsideración administrativa por la parte interesada ante el Director del Trabajo debe realizarse por escrito y dentro del plazo de treinta días hábiles administrativos de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa por los funcionarios de su dependencia.

Quinto: Que, en consecuencia, la discusión se limita respecto de la determinación de la fecha de notificación de la Resolución de Multa N°3700/20/5-1-2-3, desde la cual comenzó a correr el mentado plazo para pedir su reconsideración, puesto que, por un lado, la recurrida señala que conforme el artículo 508 de del Código del Trabajo la empleadora recurrente fue notificada de la resolución impugnada con fecha 11 de mayo del año 2020, esto es, al sexto día hábil de la recepción de la resolución en la oficina de correos correspondiente, lo que ocurrió el 30 de abril del año pasado, lo que se acreditó con la guía de despacho aportada por el recurrido y la impresión del seguimiento de la carta certificada ante Correos de Chile. En tanto, el actor estimó como fecha de la notificación la del día en que efectivamente fue recibida la misiva, lo que acaeció el 17 de junio del año pasado, lo que también se probó mediante la hoja de seguimiento.

Sexto: Que, si bien es cierto que el artículo 508 del Código del Trabajo establece que la notificación de la resolución que impone la multa, se entenderá practicada al sexto día hábil de recibida por la oficina de correos, se trata de una norma que contiene una presunción simplemente legal, que admite prueba en contrario.

Séptimo: Que, del mérito de los documentos ya citados, impresión del número de seguimiento y el oficio de Correos de Chile, dan cuenta que la carta certificada en que se comunica la imposición de la multa, recién fue entregada a la empresa reclamante materialmente el día 17 de junio de 2020, fecha en que la empresa recurrente tomó conocimiento efectivo y real del acto que la gravaba, pues entenderlo de otro modo, desvirtuaría el objeto y fines de las notificación, la que supone que el destinatario se entere de lo que le pretende comunicar.

Octavo: Que, así, al haberse deducido la petición de reconsideración de multa, tal como concuerdan las partes, el 24 de junio de 2020, ésta se presentó dentro del plazo de 30 días que contempla el artículo 512 del Código del Trabajo, por lo que la recurrida cometió un error de hecho, determinante para adoptar la decisión que ahora se impugna y con la que se ha visto vulnerada la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución, pues el recurrente se ha encontrado ante una situación desmejorada en el ejercicio de sus derechos, la que le impidió que fuera conocida su petición respecto de las multas, siendo la interpretación de la reclamada arbitraria, al desconocer el hecho concreto de que la notificación de la multa fue efectuada en una fecha muy posterior a la entrega de la misiva en la oficina de correos.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se acoge el recurso de protección deducido por don Francisco Javier Zamorano Galán, en representación de la Sociedad Agrícola El Tabón S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, en consecuencia, se deja sin efecto el Ordinario N° 214, del 8 de julio de 2020, mediante el cual se declaró inadmisible, por extemporáneo, el recurso de reconsideración presentado por la reclamante, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso administrativo planteado por la parte recurrente respecto de la Resolución de Multa Nº 3700/20/5-1-2-3, cursada el 26 de marzo de 2020, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 13.779-2020-Protección.