nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Rancagua.

Rancagua, veinte de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales para técnico extranjero, comunicada con fecha 29 de julio de 2025, fundada en que el “certificado de afiliación debe estar debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores”, solicitando se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Expone la recurrente que solicitó la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, acompañando la documentación pertinente, entre ella constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, título profesional, contrato y anexo de contrato de trabajo, sosteniendo que cumple los requisitos previstos en los artículos 1 y 7 del citado cuerpo legal. Refiere que la recurrida ha incorporado una exigencia adicional no contemplada en la ley, cual es la apostilla o legalización del certificado previsional, pese a que la constancia acompañada emana del organismo previsional extranjero y puede ser verificada electrónicamente mediante el código respectivo o por el número de cédula de identidad venezolana. Agrega que la exigencia impuesta deviene particularmente gravosa en atención a las dificultades objetivas existentes para la obtención de documentación consular venezolana.

Informando la recurrida, solicita el rechazo del arbitrio. Señala que la recurrente efectuó un preingreso de solicitud de devolución de fondos previsionales con fecha 29 de julio de 2025, acompañando cédula de identidad, imagen referencial de la constancia de afiliación presentada, declaración jurada, copia de título universitario, contrato de trabajo y anexo de contrato. Indica que la documentación presenta deficiencias sustanciales para acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1 de la Ley N°18.156, pues ni la declaración jurada ni la constancia electrónica satisfacen, a su juicio, los estándares exigidos por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, al no tratarse de una certificación debidamente legalizada o apostillada que detalle con claridad la cobertura previsional. Añade que su actuación es obligada y no discrecional, atendido el carácter vinculante de las instrucciones impartidas por la Superintendencia.

Evacuó también informe la Superintendencia de Pensiones, señalando, en síntesis, que la interesada no acreditó el cumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, desde que la documentación acompañada no permite tener por demostrado, en forma legal y suficiente, que se encontrare afiliada a un régimen de previsión o seguridad social extranjero que le otorgare prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el tiempo en que prestó servicios en Chile. Agrega que la declaración jurada de la actora no constituye instrumento idóneo para ese efecto y que la certificación electrónica acompañada carece de firma autorizada, no aparece legalizada ni apostillada, no individualiza específicamente las coberturas previsionales y tampoco permite determinar un período concreto de cobertura, limitándose a referencias genéricas al sistema previsional extranjero, antecedentes que estima insuficientes para tener por cumplidas las exigencias legales.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos y garantías preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los priven, perturben o amenacen.

Segundo: Que, el acto recurrido consiste en la negativa de la AFP PlanVital de dar curso favorable a la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por la recurrente al amparo de la Ley N°18.156, fundada en que el certificado de afiliación al sistema previsional extranjero debía encontrarse apostillado o legalizado y, en general, en la insuficiencia de los antecedentes acompañados para acreditar el cumplimiento de los presupuestos legales exigidos para acceder a dicho beneficio, señalando la recurrente que dicho requisito no se encuentra en la Ley y que es un hecho conocido la dificultad que tienen los venezolanos para obtener documentos desde su país.

Tercero: Que el artículo 7 de la Ley N°18.156 dispone que los trabajadores extranjeros que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de dicha ley. A su turno, esta última disposición exige, en lo pertinente, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo exprese su voluntad de mantener tal afiliación.

Cuarto: Que, por consiguiente, para acceder a la devolución de fondos previsionales no basta la sola alegación de mantener afiliación al sistema previsional extranjero, sino que resulta necesario acreditar, con antecedentes idóneos y suficientes, el efectivo cumplimiento de todos los presupuestos legales previstos por el legislador, sin que esta Corte pueda prescindir de tales exigencias en sede cautelar.

Quinto: Que, de los antecedentes allegados al recurso, aparece que la actora acompañó, entre otros documentos, una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, declaración jurada, contrato de trabajo, anexo de contrato y título profesional. Sin embargo, la controversia radica precisamente en si tales documentos resultan bastantes para tener por acreditado el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Sexto: Que, sobre este punto, tanto la recurrida como la Superintendencia de Pensiones han sido contestes en señalar que la documentación acompañada no satisface los estándares necesarios para tener por acreditada, en la forma exigida por la ley y la normativa administrativa aplicable, la afiliación de la recurrente a un sistema previsional extranjero que le otorgue cobertura en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. En particular, el informe de la Superintendencia expresa que la actora no acreditó dicho requisito, por cuanto la declaración jurada no constituye medio idóneo para ello y la certificación electrónica acompañada carece de firma autorizada, no se encuentra legalizada ni apostillada, no especifica las coberturas previsionales y tampoco permite establecer un período cierto de cobertura, limitándose a referencias genéricas al sistema de previsión extranjero.

Séptimo: Que, en estas condiciones, no se advierte que el actuar de la administradora recurrida haya sido caprichoso, antojadizo o desprovisto de fundamento, desde que el rechazo de la solicitud no aparece sustentado en una mera exigencia formal aislada, sino en la insuficiencia de los antecedentes aportados para demostrar un requisito legal sustantivo, esto es, la efectiva afiliación a un régimen previsional extranjero con la cobertura mínima exigida por la Ley N°18.156.

Octavo: Que, en efecto, la exigencia de que la certificación emanada del organismo previsional extranjero reúna condiciones mínimas de autenticidad, suficiencia y aptitud demostrativa no importa agregar un requisito nuevo al texto legal, sino verificar adecuadamente el cumplimiento de uno de los presupuestos expresamente contemplados en él, puesto que ello es la única forma en que a la autoridad le puede constar que el mismo emana de la autoridad que señala el documento y que es la competente para emitirlo.

De esta manera, la objeción formulada por la recurrida no aparece ilegal, desde que se vincula directamente con la necesidad de acreditar el supuesto fáctico previsto por el legislador para acceder a la devolución de fondos.

Noveno: Que, tampoco se configura arbitrariedad, toda vez que la decisión impugnada encuentra sustento en razones objetivas y explicitadas, refrendadas además por el órgano técnico competente en la materia, cual es la Superintendencia de Pensiones, sin que corresponda a esta Corte, por la presente vía cautelar, sustituir la valoración administrativa y técnica de los antecedentes cuando no se advierte una actuación manifiestamente infundada o irracional.

En consecuencia, al no haberse demostrado la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible a la recurrida, la presente acción cautelar no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado, Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Regístrese y comuníquese.

Rol I.Corte 1374-2025-Protección.