Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Rancagua Rancagua, uno de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Compareció nombre reservado, quien dedujo recurso de protección en favor de su hijo nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, representado por su director nombre reservado.

Expuso que su hijo, nombre reservado fue expulsado del colegio “nombre reservado” de forma ilegal y arbitraria, sin que se cumplieran las formalidades administrativas y de forma injusta y alejada del procedimiento establecido por ley. En este sentido, explicó que fue notificada del procedimiento de expulsión el 29 de julio de 2025, mediante un documento que aseguraba que se respetarían garantías de debido proceso, lo que no ocurrió. El 4 de agosto presentó sus descargos dentro del plazo establecido, sin que la recurrida se hiciera cargo de ellos en ningún documento.

Luego, la decisión no fue debidamente notificada, impidiendo también presentar el recurso de reconsideración. Pese a ello, el 8 de agosto se le notificó una resolución que resuelve una apelación, la que afirma no haber presentado. Dicho documento resolvió que la expulsión se haría efectiva el 11 de agosto. Reiteró no haber sido notificada de la resolución de expulsión.

Acusó la existencia de vicios insubsanables en el proceso, al no respetar la bilateralidad de la audiencia ni considerar los descargos, y ante la ausencia de notificación de la resolución final. Agregó haber presentado un recurso de nulidad que no ha sido resuelto por el colegio.

Sobre el fondo del asunto, explicó que su hijo tiene un buen desarrollo académico, pero que ha sido perseguido por el colegio debido al uso de piercing y por su vestuario, anotándolo reiteradamente, lo que a su juicio representa una grave discriminación. Si bien reconoció la existencia de malas conductas por parte de su hijo, afirmó que ello ha sido aislado, y no de la gravedad que se expresa en la notificación del colegio. Sin embargo, éste no ha cumplido con su reglamento ni con la ley, que dispone que previo al inicio del procedimiento de expulsión el director debe haber representado a los padres o apoderados la inconveniencia de las conductas e implementar medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, lo que en el caso no ocurrió. En este sentido, afirmó que, si bien el colegio tiene la facultad de realizar el procedimiento de expulsión, debe circunscribirse a la preeminencia del interés superior del niño.

Explicó que el fundamento de la expulsión es una serie de anotaciones en las que se daría cuenta un mal trato del alumno hacia un profesor, hechos que son controvertidos por la recurrente.

Acusó a la recurrida de infringir la garantía del derecho a la integridad psíquica y de igualdad ante la ley, al dar un trato desigual al recurrente respecto de otros estudiantes que en iguales circunstancias se le ha aplicado el procedimiento contenido en el reglamento interno. Reiteró que la autoridad no explicó los motivos para desestimar los descargos presentados, resulta imposible analizar la validez del criterio que sirvió de antecedente para la imposición del trato especial.

Asimismo, acusó una vulneración al artículo 19 N°3 de la Constitución, al no fundar su actuar en un proceso previo, legalmente tramitado, conforme a lo señalado en su reglamento interno.

En síntesis, los actos denunciados son no aplicar correctamente el procedimiento de expulsión, no ajustarlo al debido proceso, no permitir prueba, no considerar los descargos y la ausencia de notificación válida que impidió el derecho al recurso.

Agregó que no se abordaron las consecuencias del proceso disciplinario en el estudiante, ni se adoptaron medidas para diagnosticar el estado emocional o psicológico del alumno.

Conforme a lo expuesto, solicitó que se revoque la sanción de expulsión de nombre reservado, y se adopten las medidas necesarias para resguardar su integridad emocional y psicológica, así como la recuperación del daño académico y curricular sufrido.

En un otrosí solicitó orden de no innovar, consistente en que no se haga efectiva la expulsión mientras se resuelva el recurso, la que fue concedida por una sala de la Corte de Apelaciones, ordenando la mantención de la escolarización del alumno mientras se tramita el recurso.

Se requirió informe al establecimiento educacional requerido y a la dirección regional de la Superintendencia de educación.

El 1 de septiembre de 2025 la recurrida nombre reservado, sostenedora del colegio nombre reservado, evacuó su informe.

Aseguró que la decisión adoptada por el colegio fue una medida disciplinaria que respetó el debido proceso, enmarcado en el reglamento interno de convivencia escolar y la Ley 21.118 de Aula Segura.

Expuso que el 22 de julio del presente año, durante el último módulo correspondiente a la asignatura de Lenguaje, la profesora advirtió que el alumno nombre reservado no se encontraba integrado al grupo que le corresponde, por lo que le solicitó de forma verbal y directa que se reuniera con su equipo, indicación ignorada por el estudiante pese a la reiteración de la instrucción. Luego de ello, el alumno elevó la voz comenzando a gritar expresiones ofensivas en contra de la profesora de la asignatura y la profesora de apoyo diferencial presente en el aula, gritando “vieja culiá”, “vieja sorda culiá”, “asignatura culiá” y “Trabajo culiao”, alterando el clima del aula y generando temor e incomodidad en las docentes y los compañeros. El alumno se negó a retirarse de la sala, debiendo intervenir el encargado de convivencia escolar quien medio la situación y solicitó de manera directa y respetuosa el retiro momentáneo como medida de contención. Luego, inspectoría y convivencia escolar sostuvieron una conversación formativa con el estudiante para promover su reflexión, y fue llamada la apoderada para que se acercara al establecimiento.

Las docentes fueron derivadas a la ACHS donde se les habría diagnosticado daño emocional y sintomatología de ansiedad y angustia.

El mismo día se entrevistó a la apoderada, notificando la falta grave cometida por su hijo, notificándose de la suspensión por 5 días. Posteriormente, el 29 de julio se citó a la apoderada, notificando formalmente de la apertura de expediente de aula segura, entregando copia del documento que fue firmado, como constancia de recepción. Se le notificó en la ocasión que contaba con un plazo de 5 días para solicitar la reconsideración de la medida. El 5 de agosto se recepcionó carta enviada por la apoderada, enunciada como presentación de descargos, donde se relata disconformidad con las medidas que se pretendían adoptar, afirmando que la creación del ambiente hostil también tuvo participación de las docentes. El mismo día, el padre del estudiante envió otra carta solicitando la reconsideración de la medida de expulsión El 6 de agosto se llevó a cabo consejo extraordinario de los docentes, donde se procedió a la votación, que se pronunció 31 votos por la expulsión y 1 voto por la cancelación de matrícula. Al día siguiente, en el consejo escolar consultivo, se resolvió la expulsión por unanimidad. Finalmente, el 8 de agosto la apoderada fue notificada formalmente de la expulsión del alumno, firmando la recepción del documento. El 11 de agosto se envió copia a la dirección provincial de la Superintendencia de Educación de la documentación correspondiente.

Explicó que el colegio al analizar el acto cometido por el estudiante estimó que afectó gravemente la convivencia escolar y la integridad psíquica de profesores y compañeros, debido a la agresión verbal dirigida a las docentes. Negó haber incurrido en alguna ilegalidad o arbitrariedad, pues la medida aplicada se adoptó en concordancia con el reglamento interno de Convivencia Escolar, mediante la aplicación de un procedimiento racional y justo que garantizó el debido proceso.

Sostuvo que se aplicó la normativa en favor del bienestar de toda la comunidad educativa y negó que se le esté privando del derecho a la educación, pues la superintendencia debe velar por la reubicación del estudiante expulsado.

Señaló que el recurso de protección no es la vía para impugnar decisiones disciplinarias que han sido adoptadas conforme a derecho y tras un debido proceso, salvo que existan vicios manifiestos de arbitrariedad o ilegalidad, que en este caso no ocurre. Conforme a lo anterior, solicitó el rechazo con costas.

La Superintendencia de Educación evacuó el informe solicitado el 1° de septiembre de 2025. Expuso cuáles son las facultades legales de la Superintendencia, y dio cuenta de la normativa aplicable a las medidas disciplinarias, haciendo presente que existe una circular N° 482 de 2018, sobre el contenido mínimo de los reglamentos internos. Dicha circular dispone el deber de respetar el principio de legalidad, pudiendo aplicarse únicamente medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno; el principio de justo y racional procedimiento, que implica la existencia de un procedimiento establecido de forma previa a la aplicación de la medida y que considere al menos la comunicación al estudiante y el derecho a ser escuchado, además de la resolución fundada y la posibilidad de revisión de la medida antes de su aplicación; el principio de proporcionalidad, como un límite a la discrecionalidad de las medidas disciplinarias adoptadas, debiendo agotar previamente aquellas de menor intensidad.

Asimismo, se establece el contenido que se debe incorporar en los reglamentos internos respecto a las medidas disciplinarias, debiendo contener la descripción de las conductas esperadas, los actos u omisiones que se consideran faltas y su graduación de gravedad; la descripción de las medidas disciplinarias y; los procedimientos que se realizarán a fin de determinar la aplicación de las medidas, y sus instancias de revisión.

Luego, expuso que el artículo 6 letra d) del D.F.L. N°2 de 1998 establece la facultad de los directores para iniciar un proceso disciplinario de expulsión o cancelación de matrícula, especificando que tal decisión sólo puede ser adoptada por el director del establecimiento. La normativa también establece cuales son los hechos que se entienden como afectaciones graves a la convivencia escolar, sin perjuicio de la posibilidad de los establecimientos de introducir en sus reglamentos otras actuaciones de similar naturaleza, sin perjuicio de los límites del principio de legalidad, proporcionalidad y no discriminación arbitraria.

Señaló que en el caso en que un establecimiento adopte la medida de expulsión, debe comunicar la situación una vez concluido el proceso a la dirección regional de la Superintendencia de Educación, a fin de que se revise el cumplimiento del procedimiento en la aplicación de la medida. El Servicio no cuenta con facultades para ordenar la reincorporación del estudiante, sin embargo, en caso de infracción a la normativa, se iniciará un procedimiento sancionatorio.

En el caso, el 14 de agosto de 2025 el establecimiento informó la expulsión del estudiante nombre reservado. El expediente fue revisado por la unidad regional de protección de derechos educacionales y por la unidad de fiscalización, por posibles hechos que vulnerarían la normativa educacional. Sin embargo, hizo presente que, dada la carga laboral, dicho proceso puede tardar más de 6 meses.

Agregó que el objetivo de la revisión de la Superintendencia es referente al cumplimiento de la normativa educacional, buscando la satisfacción de un interés público, distinto a lo buscado mediante el presente recurso de protección. Pese a ello, acompañó a su presentación el informe de derivación de la medida de expulsión, donde se identifican las posibles infracciones al procedimiento de expulsión.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO 1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio. 2° Que, el acto u omisión que se ha denunciado como arbitrario e ilegal consiste en la aplicación de la sanción de expulsión efectuada por el establecimiento educacional en contra del alumno nombre reservado, debido a diversos vicios del procedimiento, entre los que se mencionan la falta de notificación de actuaciones, la infracción a los principios de debido proceso y bilateralidad de la audiencia, y la falta de consideración de los descargos entregados por la apoderada, entre otros defectos procesales. 3° Que, al informar, el establecimiento educacional negó la existencia de vicios procesales, aseguró haber notificado debidamente a la apoderada y reparó en la gravedad de la conducta sancionada, asegurando que dio pleno cumplimiento a las normas legales sobre el proceso de expulsión.

Por su parte, la Superintendencia de Educación, a través de su dirección regional comunicó que había derivado la sanción de expulsión por posibles vulneraciones a la normativa educacional, que fueron identificadas en su informe, como la falta de comunicación a los apoderados de la inconveniencia de las conductas, la ausencia de implementación de medidas de apoyo pedagógico, la aplicación de medidas por acumulación de faltas y no producto de un proceso previo, la falta de notificación de la decisión firme de expulsión, y el incumplimiento del plazo de resolución. 4° Que, para resolver el asunto, resulta necesario tener presente que el D.F.L. N°2 de 1998, que establece la ley de subvenciones, regula en su artículo 6 letra d) el procedimiento de expulsión y cancelación de matrícula de forma detallada, señalando que: “Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. (...)

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional , las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento , garantizando el derecho del estudiante afectado y,o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación , ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.

El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. (Destacado agregado) 5° Que, una de las primeras infracciones detectadas por la Superintendencia en su informe dice relación con la ausencia de los pasos previos a la expulsión, consistentes en la comunicación a los padres o apoderados del alumno sobre la inconveniencia de la conducta, y la adopción de medidas de apoyo pedagógico o psicosocial. Al efecto, el propio reglamento interno en su artículo 11.2 letra c), sobre las faltas gravísimas, contempla como medida formativa o sanción el diálogo formativo, acción de reparación, anotación negativa, citación al apoderado, asistencia a equipo de convivencia escolar, suspensión, mediación, negociación, arbitraje, condicionalidad, eximición de licenciatura, expulsión y denuncia a carabineros. De lo anterior, sólo se evidencia con los documentos el hecho de haberse efectuado anotación negativa, suspensión y expulsión del establecimiento, sin que conste la existencia de medidas formativas o de acompañamiento psicosocial previas.

Luego, el informe de la Superintendencia reprocha la circunstancia de no haber efectuado un procedimiento previo a la medida de expulsión. El reglamento interno no describe este procedimiento, señalando únicamente la existencia de un procedimiento previo a la expulsión. De los antecedentes aportados tampoco consta la existencia de un proceso previo, más allá de la notificación a la apoderada del inicio del proceso. De hecho, ésta última presentó descargos que no fueron considerados por el establecimiento, y de los cuales no se pronunció ningún acto del proceso de decisión.

Finalmente, revisados los antecedentes, es efectivo que no consta la notificación de la decisión final de expulsión, pues solo consta la notificación de la suspensión efectuada el 22 de julio, la notificación del inicio del procedimiento efectuada el 29 de julio, y la notificación de una supuesta apelación a la decisión de fecha 8 de agosto, documento de apelación que tampoco consta en el proceso.

De acuerdo con lo expuesto, los reclamos de existencia de vicios procesales respecto del proceso de expulsión son efectivos. Dicho procedimiento, destinado a aplicar la sanción más gravosa de las posibles consecuencias disciplinarias en un establecimiento educacional se encuentra específicamente regulado en la ley, por lo que las faltas identificadas deben ser corregidas con la nulidad del procedimiento. 6° Que, asimismo, considerando que la Superintendencia no tiene las facultades para ordenar la reincorporación del estudiante, resulta efectivo que el presente arbitrio constituye una vía idónea para obtener la protección del derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso vulnerados por la recurrida. 7° Que, por último, el informe de la Superintendencia de Educación dio cuenta de que el alumno aparece como retirado del establecimiento desde el 11 de agosto de 2025, sin que figure en el sistema como matriculado, lo que significaría que está asistiendo como oyente a sus clases, cuestión que se traduce en una infracción no sólo a la normativa educacional vigente, como hace presente el informe, sino que también a la orden de no innovar decretada por esta Corte.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, y se ordena dejar sin efecto la sanción de expulsión decretada por el establecimiento educacional, debiendo el alumno ser reincorporado al año escolar o académico.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Rol Corte Protección-1365-2025.