Protección contra Sra

Rancagua, treinta de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Con fecha 18 de agosto del año 2025, comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en su calidad de padre y representante de nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM000, persona mayor de edad, con diagnóstico de autismo severo y discapacidad intelectual, cuya interdicción se encuentra actualmente en tramitación ante el 1° Juzgado de Letras de Rengo, en los autos Rol V-50-2025, e interpone recurso de protección en contra de la Sra. nombre reservado, Directora de la Escuela nombre reservado , ubicada en DIRECCION001, por reiteradas vulneraciones hacia su hijo, las que culminaron en el acto ilegal y arbitrario consistente en su expulsión del establecimiento educacional en donde ha sido estudiante regular por más de diez años, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que en su presentación expuso.

Funda el presente arbitrio en que su hijo presenta un diagnóstico de autismo severo, sin lenguaje verbal, y un 70% de discapacidad intelectual, condición acreditada mediante certificados médicos y resolución de discapacidad emitida por la COMPIN de Rancagua.

Detalla que el día 14 de agosto de 2025, el establecimiento lo notificó de la expulsión de su hijo invocando la Ley Aula Segura, atribuyéndole una conducta que carece de intencionalidad consciente.

Plantea que la medida se adoptó sin aplicar protocolos previos, sin evaluaciones técnicas, y sin medidas de apoyo especializado ni adecuaciones razonables exigidas por la Ley N° 20.422 y la Ley de Inclusión Escolar N° 20.845.

Añade que actualmente, su interdicción por discapacidad mental está en tramitación judicial, audiencia realizada vía online el día 3 de julio del 2025, ante el Juzgado de Letras de Rengo.

Señala, asimismo, que el acto recurrido es ilegal, ya que emplea una normativa inaplicable a una persona con discapacidad severa, sin capacidad volitiva, ni comprensión de normas, vulnerando el derecho a la educación y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, agregando que resulta arbitrario, por carecer de proporcionalidad y desconocer la condición clínica de su hijo, sin agotar las medidas de apoyo de forma previa a sanciones extremas, como las que se aplicaron.

En síntesis, solicita se acoja el presente recurso de protección en todas sus partes, declarando ilegal y arbitraria la medida de expulsión, ordenado la inmediata reincorporación de su hijo al establecimiento educacional y disponiendo que el establecimiento implemente las adecuaciones razonables y apoyos especializados que exige la ley.

Con fecha 29 de agosto del año en curso compareció el establecimiento educación recurrido y evacuando el respectivo informe señaló como antecedentes de contexto que el estudiante nombre reservado es estudiante del Taller Laboral 1A, donde se encuentran otros 13 estudiantes que, -al igual que nombre reservado-, poseen necesidades educativas especiales permanentes con un diagnóstico de discapacidad intelectual y donde, -además-, entre sus diagnósticos encontramos 5 estudiantes con síndrome de Down, uno con dificultad motora y visual (multidéficit), uno con lipofusinosis por lo que usa silla de ruedas, uno que presenta crisis epilépticas y de todos ellos 3, incluyendo a nombre reservado, presentan trastorno del espectro autista.

Relata, en síntesis, una serie de hechos ocurridos durante el año 2025, donde nombre reservado se negaría en términos generales a seguir órdenes e instrucciones, incurriendo en múltiples conductas sexualizadas respecto de diversas personas del establecimiento educacional, tales como intentar meter las manos por entre la ropa de las educadoras para tocar sus senos, o bien llevar su mano a la entrepierna de un estudiante en práctica con la intención de tocar sus genitales o el haberse acercado y rozado su trasero con el pene. Junto con ello, agrega que frente a estas situaciones y al intentar ser contenido y regulado, éste forcejea con los asistentes, tratando de agredirlos con golpes de manos y cabeza.

En referencia al padre de nombre reservado y recurrente de marras, se indica que éste, -someramente y en términos generales-, habría afirmado que los llamados y citaciones del Colegio son para cosas sin importancia en las que finalmente pierde su tiempo, agregando que en entrevista se le dan a conocer estas conductas, donde éste se molesta, refiriéndose al personal del establecimiento como carentes de competencias profesionales.

Junto con lo referido, plantea una segunda situación que acontece durante el mes de julio, donde nombre reservado se encontraba en clases, y sin que hubiera una situación previa que indicara una conducta problemática, éste comienza a emitir sonidos fuertes, aletear con los brazos, golpearse a sí mismo y a gritar con una intensidad y tonos muy agudos, perturbando el ambiente de clases de manera significativa donde sus compañeros comenzaron a mostrar signos de incomodidad y desregulaciones.

Relata que la docente a cargo retira a nombre reservado del aula, y éste comienza a agredirla físicamente; la pellizca, rasguña e intenta tocar sus partes íntimas junto con tratar de besarla en la boca, detallando que, al intentar ser intervenido por la terapeuta y su acompañante, éste trato de propinar cabezazos a la profesional, apretando con fuerzas sus dedos, agregando que la situación acontecida generó tal alteración, que cuatro estudiantes presentaron desregulaciones.

Hace presente que las dos situaciones relatadas en extenso llevan a que la Presidenta del Comité Paritario de la escuela le haga llegar una carta solicitando, que en su rol de Directora, implemente medidas urgentes que garanticen el resguardo de todos los funcionarios Agrega que el día viernes 1 de agosto, el padre es citado para notificarlo del inicio de una investigación por conductas consideradas gravísimas en el reglamento interno de convivencia escolar del establecimiento. El mismo día, en la citación, el padre da lectura a sus descargos, entregando detalles falsos de la entrevista realizada por la jefa técnica y la psicóloga el día 21 de julio, entregando un certificado médico del psiquiatra del Hospital de Rengo, que señala que el paciente no presenta síntomas de hipersexualidad, por ende, no necesita psicofármacos para regular esta clase de conductas.

Asegura que todos los descargos realizados por el padre justifican el actuar de nombre reservado en su diagnóstico de autismo severo, sin lenguaje verbal y con el término médico de "alexitimia"; sin embargo, el trastorno del espectro autista no justifica estas conductas agresivas, las que sobrepasan toda desregulación; además, el diagnóstico de alexitimia está dado por el padre y no por un profesional del área de salud, nombrándola como la causa de estas conductas, lo que visiblemente no se condice con las conductas que se observan y el comportamiento que presenta nombre reservado. El padre, además; en sus descargos, vuelve a reiterar y a poner en duda el actuar de los profesionales de la escuela, los que denostó repetidamente, denigrando y menospreciando la labor educativa, faltando a la verdad de los hechos acontecidos en los descargos presentados, cometiendo faltas en su actuar y que, en su calidad de apoderado, es considerada gravísima según el reglamento interno.

Relata que teniendo conciencia de que los actos cometidos por el estudiante pueden traer consecuencias mayores para él y para otros, en múltiples ámbitos de la sociedad y, visualizando el negacionismo de parte del apoderado en aceptar esta realidad es que tomó la decisión de presentar dicha situación al SENADIS. Al exponer el caso, se llega al acuerdo que su situación sería presentada en la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental (COREPREM) donde participan diversos actores relevantes asociados al área de la salud mental.

Como otro antecedente, menciona que los padres en su rol de apoderados no cumplen como corresponde, no asisten a reuniones de apoderados por años, no participan en talleres para padres donde se convocan para trabajar entre otras cosas el plan de sexualidad, afectividad y género (plan normativo de la escuela), no son parte del Centro de Padres y Apoderados de la escuela, etc. Añade que durante el proceso de investigación se le informa al padre de que puede retirar material pedagógico debido a que nombre reservado se encontraba con la medida cautelar de suspensión, sin embargo, el material nunca fue retirado por su apoderado.

Afirma que como escuela han buscado incansablemente acercar a la familia para trabajar en conjunto; sin embargo, los padres de nombre reservado sólo se han acercado a criticar el trabajo dado por el establecimiento.

Arguye que con todos los antecedentes a su disposición determinó, según lo señala la Ley en su calidad de Directora, la expulsión del estudiante, medida que fue apelada por el padre y se presentó al Consejo de Profesores de manera consultiva como es el debido proceso, donde en forma unánime los docentes apoyaron la decisión de tomar la medida de expulsión.

Finalmente, y con fecha 22 de septiembre rindió informe la Superintendencia de Educación de la Región de O’Higgins, quien luego de señalar el marco legal de su proceder, indico en particular que con fecha 1 de septiembre de 2025, el establecimiento educacional ingresa expediente de expulsión del alumno nombre reservado, añadiendo que el expediente se encuentra actualmente en etapa de análisis por parte de la Unidad Regional de Protección de Derechos Educacionales, sin que hasta la fecha haya sido derivado a la Unidad Regional de Fiscalización.

Indica que, una vez concluida esta revisión, y sólo en caso de que sea procedente, se dispondrá su envió a dicha unidad para la práctica de la fiscalización correspondiente y el levantamiento del acta respectiva, la cual puede contener observaciones o resultar satisfactoria en caso de no constatarse incumplimientos normativos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

SEGUNDO: Que el acto ilegal y arbitrario que el actor reprocha de la institución educacional recurrida, está dado por la expulsión de su hijo del establecimiento del que ha sido estudiante regular por más de diez años, donde se le aplica la Ley N° 21.128 Aula Segura, sin que dicha normativa sea jurídicamente aplicable a su caso y vulnerando gravemente sus derechos fundamentales.

TERCERO: Que, por su parte la Directora del establecimiento educacional recurrido evacuando el informe indico -en síntesis- el que, dada la magnitud de los hechos investigados, que incluyeron conductas hipersexualizadas y agresiones físicas del alumno a diversos funcionarios de la escuela, adoptó la medida de expulsión de nombre reservado, de conformidad a lo que indica su Reglamento Interno, haciendo hincapié en el cumplimiento de un debido proceso durante la investigación y resolución final, sin que esta haya incurrido en actuación arbitraria o ilegal alguna.

CUARTO: Que, cabe tener presente que el artículo 6 letra d) del D.F.L. N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Aula Segura N°21.128 de 27 de diciembre de 2018, regula la aplicación de la medida de expulsión o cancelación de matrícula, precisando que ésta sólo puede adoptarse en base a las causales claramente descritas en el reglamento, -las que, en general, deben afectar gravemente la convivencia escolar- y mediante un procedimiento previo, racional y justo que deber estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

QUINTO: Que, de los antecedentes incorporados al proceso es posible concluir que el Colegio recurrido ha dado cumplimiento a la normativa contemplada en su Reglamento Interno, en concordancia con el Protocolo de Aula Segura, por haber incurrido el alumno nombre reservado, en actos que afectan gravemente la convivencia escolar, entendiendo por tales, los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que causen daño a la integridad física y síquica , tales como, agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte de la Escuela.

En dicho sentido, y de conformidad a lo referido por la Escuela -y no controvertido de contrario-, las causales de expulsión invocadas por la medida materia de controversia constan en su reglamento interno en calidad de conductas gravísimas, resultando consecuentes y subsumibles en el enunciado genérico de conductas que “alteran gravemente la convivencia escolar”, en particular, y como consta en documento denominado “Notificación de Sanción del Debido Proceso”, se invocaron las siguientes:

I.- “Realizar acciones temerarias que atenten contra la propia integridad física o psíquica de los demás miembros de la comunidad educativa”;

II.- “Destruir o deteriorar la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo” y;

II.- “Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa”

SEXTO: Que junto con ello, y en referencia a las alegaciones de infracción al debido proceso, de los antecedentes aportados al expediente consta que el Colegio puso en conocimiento del apoderado los antecedentes del caso en entrevista fijada para dichos efectos, siendo citado para el día viernes 1 de agosto del año 2025, notificándole de manera verbal (dado que este se negó a firmar el respectivo comprobante) el inicio de la investigación por conductas consideradas gravísimas en el reglamento interno de convivencia escolar. No obstante, aquello, éste presentó sus descargos, solicitando la reconsideración de la medida, el mismo día en que se llevó a efecto la reunión, donde reconoce expresamente que se le comunicó el inicio de la investigación y la decisión de suspender a su hijo por un periodo de 10 días.

Junto con ello, consta que, con anterioridad a la comunicación del inicio del procedimiento, se puso en conocimiento del apoderado recurrente los antecedentes referidos al comportamiento de su hijo nombre reservado y que fueron materia de investigación y posterior sanción. En efecto, este planteamiento se corrobora con el documento denominado “Entrevista con Apoderado Sr. nombre reservado”, suscrito por la Jefa Técnica y Psicóloga, el que da cuenta de entrevista al apoderado recurrente de fecha 21 de julio, a fin de socializar el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual de su hijo, y poner en su conocimiento las situaciones ocurridas el 18 del mismo mes, inclusive, el mismo día el apoderado presentó sus descargos mediante un escrito que da cuenta de una exposición cronológica de la situación de su hijo.

En adición a lo referido, consta también que se citó al apoderado para el día 25 de julio, donde se le dio a conocer por el Encargado de Convivencia Escolar los hechos acontecidos el día 23 de julio, dando lectura al relato de los antecedentes y explicitando el cómo éstos afectaron gravemente la convivencia escolar, así consta de documento denominado “crónica diaria” de fecha 25 de julio del año 2025 y reconocido también por el actor en diversos escritos de descargos.

A lo planteado se adiciona que durante la investigación en cuestión se realizaron diligencias investigativas para esclarecer los hechos, así constan 2 documentos singularizados como “cronología de los hechos”, suscritos por don nombre reservado, Encargado de Convivencia Escolar, y múltiples documentos signados como “relatos de la situación ocurrida”, suscritos por las asistentes y docentes que fueron espectadores/víctimas de las conductas del alumno en cuestión, donde se da cuenta de forma detallada y pormenorizada de los eventos sucedidos el 18 y 23 de julio del año en curso. De otro lado, consta notificación del resultado de las investigaciones realizadas por la Mutual de Rancagua en relación a dos funcionarias que fueron agredidas por el alumno nombre reservado, en donde se declara enfermedad laboral y enfermedad profesional por haber sido expuestas a violencia o acoso desde usuarios.

También se incorporó documento denominado “Conclusiones Generales de Investigación Realizada” suscrito por don nombre reservado, Encargado de Convivencia Escolar, donde se concluye que los hechos investigados han afectado gravemente la convivencia escolar, causando daño psíquico y físico a miembros de la comunidad escolar, con agresiones físicas y de carácter sexual, donde también se vieron afectados estudiantes, debiendo movilizar a distintos funcionarios en cada oportunidad, dejando de proporcionar el servicio educativo a otros estudiantes por algunos periodos, actos que ponen en riesgo a la comunidad escolar.

Finalmente, consta comunicación de resolución final de término de la investigación, singularizada como “Notificación de Sanción del Debido Proceso” donde se da cuenta que de acuerdo con lo indicado en la Ley de nombre reservado, posterior al periodo de investigación, y de conformidad a los antecedentes recopilados, se acreditaron los hechos acontecidos los días 18 y 23 de julio del año en curso, los que constituyen conductas consideradas gravísimas, determinando en consecuencia la expulsión del alumno nombre reservado de conformidad al Reglamento Interno del establecimiento, indicándosele al apoderado que cuenta con un periodo de 5 días hábiles para presentar un escrito de reconsideración el que será considerado por la Dirección previa consulta al Consejo de Profesores, reconsideración que fue presentada en tiempo y forma y desechada con fecha 28 de agosto del año 2025.

SEPTIMO: Que de las consideraciones y razonamientos precedentes esbozados, es posible concluir que el Colegio materia de escrutinio actúo con estricto apego a su normativa interna, dando cumplimiento a las normas mínimas de un debido proceso, comunicando de forma oportuna, no sólo los antecedentes referidos a las conductas del alumno nombre reservado, sino que también el inicio de la investigación seguida en su contra, periodo en el cual, y en diversas oportunidades, el recurrente tuvo la oportunidad de realizar sus descargos y presentar prueba, requerimientos que fueron respondidos de forma oportuna y en extenso por la institución educacional, concluyendo la investigación con la adopción de una medida fundada, contemplada en su reglamento interno, que se condice con las disposiciones de la ley de Aula Segura, notificando debidamente al apoderado recurrente la posibilidad de solicitar reconsideración, la que en los hechos efectuó, y luego de su análisis esta finalmente se desechó, todo lo cual permite descartar un actuar arbitrario o ilegal por parte del establecimiento recurrido, y en consecuencia determina el rechazo de la acción de protección.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en favor de su hijo nombre reservado, y en contra de doña nombre reservado, Directora de la Escuela nombre reservado.

Sin perjuicio de lo anterior, ofíciese a la Secretaría Regional Ministerial de Educación a fin de que dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 18° del artículo 6° letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, en cuanto dispone que dicha repartición “velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar”.

Cúmplase el oficio ordenado por la Sra. Secretaria de esta Corte, al cual deberá adjuntarse el e-book de la presente causa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 1360-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada totalmente.