Protección contra Tesorería Regional del Libertador Bernardo O’Higgins

C.A. de Rancagua Rancagua, tres de septiembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Con fecha 30 de abril de 2024 comparece el abogado Pedro Bueno Figueroa, en favor de Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria nombre reservado e hijos Limitada, representada legalmente por doña nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de la Tesorería Regional del Libertador Bernardo O’Higgins, de la Tesorería General de la República, representada por su Tesorero Regional don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la retención de dineros por concepto de devolución de impuestos, solicitando que se ordene a la recurrida proceder a la restitución, sin más trámite, de la suma de $ 17.759.708 pesos, por concepto de devolución de impuesto a la nombre reservado 2018, o en subsidio, que se pronuncie acerca de la solicitud de devolución, en los términos que ésta fue realizada.

Explica que con motivo del proceso de Declaración de nombre reservado 2018, año comercial 2017, el 29 de abril del 2018, mediante formulario 22, folio 239641748, la recurrente cumplió con su obligación de presentar la declaración anual de nombre reservado antes indicado, en el que solicitó la devolución de $ 17.787.961 pesos. El 20 de mayo de 2018, el Servicio de Impuestos Internos autorizó una devolución parcial en favor de la empresa, por la suma de $307.933.- por detectar inconsistencias en la información contenida en la declaración de renta, dinero que, a solicitud expresa de la actora, la recurrida depositó en su cuenta corriente. Agrega que luego, con fecha 4 de julio del 2018, y una vez que el Servicio finalizó el proceso de revisión de la declaración de nombre reservado 2018, autorizó la devolución en favor de la contribuyente por la suma de $17.480.028 pesos, sin embargo, a diferencia de lo anterior, la recurrida emitió el cheque 901788 del Banco del Estado, el que remitió por Correos de Chile, que nunca fue recibido en el domicilio social y que, por lo mismo, fue devuelto al servicio por Correos de Chile, por lo que la empresa nunca se enteró de la existencia de la devolución del saldo de lo solicitado ese nombre reservado 2018, mucho menos que la recurrida hubiese emitido un cheque que habría sido remitido al domicilio social, circunstancia de la que tomó conocimiento con motivo de la declaración anual de nombre reservado 2024.

Expone que por lo anterior, el día 2 de abril del año en curso, mediante una solicitud on-line y siguiendo las instrucciones de la propia página web de la recurrida, la empresa solicitó la devolución de dicha suma de dinero, por cuanto la petición se ajustaba a los requisitos que exigía el trámite en cuestión, esto es, que se tratara de una devolución de impuestos correspondientes a ejercicios anteriores, que su pago se hubiere efectuado mediante la emisión de un cheque, y que dicho documento estuviera actualmente en poder del servicio; ofreciendo el servicio dos alternativas de pago, mediante la emisión de un nuevo cheque, o bien, por depósito en la cuenta corriente del solicitante, para lo cual había que indicar los datos de rigor, opción ésta última que fue la elegida por la empresa, que valga destacar, es la misma que siempre ha estado registrada en el servicio y en donde se han depositado año a año, las devoluciones de impuestos.

Refiere que, pues bien, al día siguiente, esto es, el 3 de abril de 2024, la recurrida informó que: “respecto a solicitud reemplazo de Documento N° 901788 de fecha 13-07-2018 monto $17.759.708, de acuerdo al Código Civil artículo 2521, la solicitud de reemplazo se puede solicitar a contar de la fecha de emisión del documento, (en este caso 13-07-2018), hasta en un plazo máximo de 3 años, por lo tanto, no podemos cursar su requerimiento”. Enfatiza que dicho pronunciamiento no responde al requerimiento de la empresa, pues se refiere a una “solicitud de reemplazo de documento”, que nada tiene que ver con lo solicitado en el requerimiento de 2 de abril del año en curso, dado que, lo pedido no fue el reemplazo del cheque por otro documento, sino derechamente, la devolución de la suma de $17.759.708 pesos, mediante depósito en la cuenta corriente de la empresa. Así, el dictamen o resolución que infringe flagrantemente el mandato contenido en el artículo 41 de la ley 19.880 que impone a los órganos de la administración, la obligación de fundamentar todas sus resoluciones.

Sostiene que, de la sola lectura de la resolución salta a la vista la envergadura de la ilegalidad cometida por la recurrida, pues ampararse en el artículo 2.521 del Código Civil, implica desconocer no sólo la potestad que la Constitución Política de la República y las Leyes confieren a los Tribunales de Justicia, sino también, el mismísimo sistema de enjuiciamiento, por cuanto, la institución de la prescripción, sea adquisitiva o extintiva, por la implicancia y efectos en el mundo jurídico, su análisis y procedencia, por mandato expreso del artículo 2.493 del Código Civil, sólo corresponde a los Jueces, y no a los órganos de la administración, so pena de infringir el principio de legalidad contenido en el artículo 7 de la Carta Fundamental, y que resulta suficiente para acoger la protección que se reclama mediante el presente arbitrio constitucional, atendida la magnitud de la arbitrariedad que importa la nula fundamentación de la resolución y la ilegalidad e inconstitucionalidad que significa hacer aplicación de una norma legal cuya aplicación sólo corresponde a los Jueces, y no a los órganos del estado, menos aún en el ámbito meramente administrativo.

Manifiesta que de lo expuesto, es evidente que la recurrida, de manera ilegal y arbitraria, ha privado a la empresa contribuyente del legítimo ejercicio de su derecho de propiedad sobre la suma de dinero que, según propia decisión del Servicio de Tesorerías, le debió ser devuelto en julio del año 2018, lo que hasta la fecha no ha ocurrido pues se ha negado, acudiendo a una resolución que no sólo carece de fundamentos, y por ende arbitraria, sino que también es abiertamente ilegal, al ampararse en una norma cuya aplicación le está vedada, derecho que la Carta fundamental garantiza en el artículo 19 N° 24, y cuya privación, perturbación o amenaza ilegal o arbitraria, autoriza la interposición del presente arbitrio constitucional.

Finalizó solicitando que, acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida depositar en la cuenta corriente de la empresa registrada en el servicio, debidamente reajustada a la fecha del pago efectivo, y dentro de tercero día, desde que la sentencia quede ejecutoriada, la suma de $17.759.708.- con cargo al formulario 10, en donde se registra la custodia de dicha suma de dinero de propiedad de la contribuyente. En subsidio de la anterior, y para el caso que no se acceda a la petición principal, se ordene a la recurrida para que, dentro de tercero día, desde que la sentencia quede ejecutoriada, se pronuncie derechamente sobre la solicitud de devolución de impuestos del nombre reservado 2018, contenida en el formulario 22, de fecha 29 de abril de 2018, sin considerar la norma del artículo 2.521 del Código Civil. Todo lo anterior, con costas.

A folio 8 comparece la señora Directora Regional de la VI Dirección Regional, del Servicio de Impuestos Internos, informando al tenor del recurso, señalando que en el período nombre reservado 2018, dicho Servicio autorizó a la recurrente la devolución por un monto total ascendente a $17.787.961, lo que fue informado en su oportunidad a la Tesorería General de la República. En específico, refirió que con fecha 29 de abril de 2018, la contribuyente presentó su declaración Anual de Impuesto a la Renta, Folio N°239641748, correspondiente al período nombre reservado 2018, mediante la cual solicitó una devolución por un monto ascendente a $17.787.961. Con fecha 20 de mayo de 2018, son retenidos por un reproceso del Servicio, la suma de $17.480.028, autorizándose, con fecha 25 de mayo de 2024, una devolución parcial de $311.628, la cual fue realizada mediante un depósito bancario. Finalmente, con fecha 4 de julio de 2018, el Servicio autorizó de forma centralizada mediante reproceso de los sistemas, la devolución de la totalidad de lo requerido mediante declaración Anual de Impuesto a la Renta.

A folio 11 comparece la recurrida, Tesorería General de la República, informando que, revisada la cuenta única tributaria de la contribuyente, consta que efectivamente ésta solicitó en su declaración de renta, que la devolución fuera depositada en su cuenta corriente y el proceso no habría tomado dicha solicitud, generando entonces un cheque. En estas circunstancias, aunque el cheque se encuentre caducado dada la fecha de emisión, y de acuerdo a lo confirmado por la Sección de Egresos del Servicio, se ha configurado una justa causa de error, que no puede provocar un perjuicio a quienes actuaron de buena fe y en el convencimiento de haber procedido dentro de un ámbito de legitimidad. Que entonces, esta situación configura un error de la Administración, el que no puede provocar un perjuicio patrimonial a un tercero que ha actuado de buena fe, como sería en este caso el contribuyente, quien habría manifestado su intención positiva de que el monto al cual tenía derecho fuese depositado en la cuenta corriente que señaló en su declaración.

Señaló que, en consecuencia, y en resguardo además de los principios de confianza legítima, de certeza y seguridad de las relaciones jurídicas, mal puede caducar un cheque que nunca debió haber sido emitido y que se emitió producto de un error de la Administración, por lo que en este caso en particular la Tesorería Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins procederá a regularizar la situación del contribuyente, efectuando el pago respectivo directamente en la cuenta corriente señalada por el contribuyente.

Finalizó solicitando el rechazo del recurso, por haber perdido oportunidad.

Posteriormente, en la vista de la presente causa, dio cuenta de haber hecho el depósito en los términos requeridos por la actora, exhibiendo el comprobante de egreso respectivo.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2.- Que, el acto recurrido, consiste en la negativa de la recurrida a efectuar la devolución a la recurrente de la suma de $17.759.708 pesos, por concepto de devolución de impuesto a la nombre reservado 2018, mediante su respectivo depósito en la cuenta bancaria de la actora.

3.- Que, informando la recurrida, solicitó el rechazo del recurso, por haber perdido oportunidad, dado que efectivamente la Administración incurrió en un error al no efectuar la devolución del monto reclamado en la forma solicitada por la actora, motivo por el cual procederá a regularizar la situación de la contribuyente, efectuando el pago respectivo directamente en la cuenta corriente señalada por aquélla.

En la vista del recurso exhibe comprobante de egreso, de 31 de mayo de 2024, que da cuenta del depósito respectivo en la cuenta corriente de la recurrente.

4.- Que, en este orden de ideas, del informe evacuado por la recurrida, se observa que reconoce su conducta y que ella se debió a un error administrativo, el que ya fue corregido, efectuando el pago respectivo directamente en la cuenta corriente señalada por aquélla.

5.- Que, así las cosas, teniendo presente que el acto que motivó la interposición del arbitrio constitucional fue corregido voluntariamente por la recurrida, a través del depósito de la suma reclamada en este recurso en la cuenta corriente de la recurrente, la acción deducida ha perdido oportunidad en tanto el acto o conducta vulneratoria ha desaparecido, no existiendo medidas adicionales que esta Corte pudiere adoptar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso deducido en favor de Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria nombre reservado e hijos Limitada, en contra de la Tesorería Regional del Libertador Bernardo O’Higgins, por haber perdido oportunidad.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 1359-2024 Protección.