nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. DIRECCIÓN REGIONAL STGO PONIENTE

C.A. de Rancagua Rancagua, veintisiete de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Alejandro Enrique Ramírez Valdivia en favor de doña nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos, Departamento de Avaluaciones, VI Dirección Regional Rancagua, por el acto consistente en la negativa del SII a anular o eliminar el rol de avalúo fiscal 157-57 de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, lo que constituye a juicio de la recurrente un acto arbitrario e ilegal que atenta contra la garantía del N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto afecta la disposición del inmueble, estableciendo adicionalmente sobre su propiedad una supuesta subdivisión que no existe, e imponiendo erradamente cargas impositivas a consecuencia de ello.

Expone que con fecha 9 de mayo del presente año 2025, la recurrente presentó, presencialmente, el Formulario 2118 de solicitud de modificación al catastro de bienes raíces, con el objeto de que se dejase sin efecto un rol adicional incluido erradamente en su inmueble, lo que se debió a una tramitación no concluida del anterior propietario, por cuanto el 5 de diciembre de 2003, el anterior propietario obtuvo la resolución de Calificación Ambiental N°126/03 respecto del cual se realizó “Plano de Cambio de Uso de Suelos” en noviembre de 2003, que autorizo el proyecto Relleno Sanitario Punta Alta, Ubicado en la comuna de San Vicente de T.T. correspondiente de una parte de la propiedad correspondiente al Predio Agrícola denominado “Cuesta Corcolen Los Altillos”, ubicado en Sector del mismo nombre, e inscrito actualmente a fojas 632 número 599 del Registro de Propiedad del año 2024, del Conservador de Bienes Raíces de San Vicente de Tagua Tagua, signada con el rol 157-1 de dicha comuna.

Agrega que, continuando con el proceso, se obtuvo la Resolución Exenta N°598/2004, emitida con fecha 5 de agosto del 2004 por el Seremi del Ministerio de Agricultura, que autoriza el cambio de uso del suelo, pero que sin embargo señala expresamente en el numeral 2, que: “En conformidad con lo dispuesto en el Art N°136 de la Ley general de Urbanismo y Construcciones, no podrá inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces ninguna transferencia parcial o de dominio o adjudicación de terreno sin un certificado de la Dirección de Obras Municipales”. La referida resolución N° 598/04 del Seremi del Ministerio de Agricultura, fue presentada con fecha 2 de agosto de 2017 al SII para la asignación de Rol, por lo que el SII procedió en la misma fecha a subdividir el rol 157-1 asignándole el Rol 157-57. Así las cosas, la Resolución Exenta N°598/04 fue presentada con fecha 13 de septiembre de 2018 en la carpeta N° 10012/2018, a la Dirección de Obras Municipales, con el fin de obtener la Recepción final de Obras, la que nunca obtuvo su aprobación.

Comenta que con fecha 17 de mayo de mayo de 2019 el alcalde cursó una solicitud (denuncia) a la Oficina de Impuestos Territorial, este Servicio fiscalizó las instalaciones del proyecto, mediante la Orden de Trabajo N° 2655381 de 17 de mayo del 2019 y, después de ello, el SII sólo cambió el destino de la propiedad, pasando de ser “Sitio Industrial eriazo” a “Sitio Industrial con instalaciones”, aumentando el valor de las contribuciones; luego, hoy dice ser “Otros no considerados”, con una superficie de construcciones de 195 m2, que no existen, tal como se le indicó al SII el día 4 de julio de 2023 en correo electrónico de réplica al ORD.524, que fue dictado el 31 de marzo de 2023, y denegó la solicitud de fecha 9 de enero de 2023 de anulación del Rol 157-57 o la fusión del mismo al Rol 157-1, porque, a su juicio, se mantienen las condiciones actuales del predio, basándose, señala expresamente, en “fiscalización de fecha 10 de marzo del 2023”.

Hace presente que, sin embargo, el 7 de marzo del presente año 2025, el SII mediante Res. Ex. Nro.: LTNot.:0028196, en respuesta al Defensor Nacional del Contribuyente quien solicitó "copia de informe o acta de fiscalización" realizada por la Oficina de Impuesto Territorial de (San Vicente de Tagua Tagua) Rancagua, que dio origen al ORD.524 del 31 de marzo de 2023, señaló que “habiéndose realizado una búsqueda del objeto de la consulta en los registros institucionales, y consultada la Dirección Regional de Rancagua, corresponde comunicar al interesado que la información solicitada no existe, por lo que corresponde declarar la inexistencia de lo requerido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 20.285.

Asegura que, de esta manera, con fecha 9 de mayo del año 2025, la recurrente presentó Solicitud N°4676186, por formulario 2118, por la que solicitó eliminar rol de avalúo 157-57 de la comuna de San Vicente, por tratarse de predio subdividido incorrectamente de rol 157-1, pero el 15 de julio del mismo año el SII rechazó la petición, sólo por considerar -erradamente- que no existe explotación agrícola, no siendo este el motivo de la petición, sino que no se dan los presupuestos jurídicos para la existencia del rol 157-7, por cuanto a éste se dio origen sólo provisoriamente, en la tramitación que inició el anterior propietario, y a la cual no se dio término.

Sostiene que, de este modo, la negativa a dar lugar a la eliminación del rol de avalúo 157-57 de la comuna de San Vicente, vulnera los derechos de la actora como contribuyente, en cuanto no señala los fundamentos específicos de hecho y de derecho en que se sustenta. Asimismo, la negativa del SII a anular o eliminar rol de avalúo 157-57 de la comuna de San Vicente, constituye un acto arbitrario e ilegal que atenta contra la garantía del artículo N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad por cuanto afecta la disposición del inmueble, estableciendo adicionalmente sobre su propiedad una supuesta subdivisión que no existe, e imponiendo erradamente cargas impositivas a consecuencia de esto.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordena al recurrido que proceda a acoger la solicitud de eliminación del rol de avalúo fiscal 157-57 de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, con costas.

A folio 10 informó la Directora Regional de la VI Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Fundó su solicitud señalando que el inmueble en comento fue adquirido por la recurrente, por lo que con fecha 6 de mayo de 2024, se practicó la inscripción de dominio a nombre de la actora en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces competente. Respecto de este inmueble, cabe señalar que, con fecha 2 de agosto de 2017, a partir de una solicitud de división de rol efectuada por el propietario de ese entonces, nombre reservado, se generó Orden de trabajo N° 2338926. En base al análisis de esta solicitud, el Servicio de Impuestos Internos, con fines tributarios por el cobro del Impuesto Territorial, identificó 4,73 hectáreas del terreno, con el rol de avalúo N°157-572, cuyo rol de avalúo matriz es el N°157-1, indicándose que esta proporción del predio sería destinada a fines no agrícolas (industriales), es decir, enrolando esta parte del predio en la Segunda Serie, de Predios No Agrícolas. Esta subdivisión fue motivada por el proyecto Relleno Sanitario Punta Alta, autorizado por la Resolución de Calificación Ambiental Nº126/03 de 5 de diciembre de 2003, respecto del cual, posteriormente, se obtuvo la Resolución Exenta N°598/2004 del Ministerio de Agricultura, que autorizó el cambio de uso de suelo. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, en tres actas (5 de octubre de 2018, 26 de noviembre de 2018 y 4 de enero de 2019), rechazó la citada resolución, por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Comenta que, en este contexto, a raíz de una denuncia del alcalde de la I. Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua, con fecha 17 de mayo de 2019, el Servicio, en uso de las facultades legales que posee, fiscalizó el predio mediante la Orden de Trabajo Nº2655381, constatando en terreno la existencia de construcciones (oficinas y galpones) y actividad de depósito de residuos sólidos, concluyendo mediante Informe Técnico Nº23 de fecha 28 de mayo de 2019, que es procedente cambiar el destino del predio de “Sitio Eriazo” a “Varios” y tasar las construcciones con vigencia desde el 1 de enero de 2020.

Continúa explicando que el 9 de enero de 2023, el mencionado señor nombre reservado, solicitó la anulación del rol de avalúo N°157-57, su fusión con el rol original N°157-1, junto con la condonación de giros y la devolución de las contribuciones pagadas, argumentando que el proyecto de relleno sanitario nunca se concretó debido a la oposición de la autoridad municipal, que rechazó la recepción final de obras. En el marco de esta solicitud, el Servicio de Impuestos Internos, mediante el Oficio Ordinario N°524, de fecha 31 de marzo de 2023, rechazó expresamente la petición del Sr. nombre reservado, fundado en que el rol N°157-57 fue creado válidamente conforme a la Resolución Exenta Nº598/2004, emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, que autorizó el cambio de uso de suelo sobre una superficie de 4,73 hectáreas del predio denominado “Los Altillos”. En virtud de dicha autorización, el Servicio procedió a incluir esta porción del terreno en la segunda serie de predios no agrícolas, afectos al pago de Impuesto Territorial, con vigencia desde el 1 de enero de 2018. Asimismo, este Servicio indicó que, en fiscalización realizada el día 10 de marzo de 2023, se constató que en el área correspondiente al cambio de uso de suelo no se desarrolla explotación agrícola, manteniéndose el uso como planta de reciclaje y estacionamiento de camiones, lo que coincide con el destino declarado al momento de la subdivisión. Por lo tanto, el SII concluyó que el Rol N°157-57 se mantendrá vigente mientras persistan las condiciones actuales del predio.

Expresa que con fecha 9 de mayo de 2025, el abogado Alejandro Enrique Ramírez Valdivia, en representación de la contribuyente nombre reservado, presentó ante el Servicio de Impuestos Internos la solicitud identificada bajo la Orden de Trabajo Nº4676186, por medio de la cual requirió la eliminación del rol de avalúo Nº157-57, de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, fundada en que dicho rol corresponde a una subdivisión del rol matriz Nº157-1, que nunca ha sido transferida ni perfeccionada registralmente, y cuya existencia carece de sustento legal y técnico, toda vez que el proyecto que motivó su creación no se concretó. En respuesta, el Servicio emitió el Oficio Ordinario Nº1169, de fecha 15 de julio de 2025, señalando que el Rol N°157-57 se mantendrá enrolado en la serie de predios no agrícolas, conforme figura actualmente en el catastro, en tanto se mantengan las condiciones actuales del predio. No obstante, se indicó que se rebajaría el avalúo fiscal del inmueble, eliminando las edificaciones registradas en las líneas Nº2 y Nº3, toda vez que en fiscalización realizada el día 19 de junio de 2025 se constató en terreno que dichas construcciones ya no existen. Asimismo, se reafirmó que el predio no presenta explotación agrícola, manteniéndose en condiciones similares a las observadas en fiscalizaciones anteriores, lo que justificaría la permanencia del rol en la serie no agrícola.

Afirma que, precisado lo anterior, la recurrente tenía conocimiento de los motivos por los cuales fueron rechazadas las peticiones respecto de la eliminación del rol N°157-57, mucho antes de la notificación del Oficio Ord. N°1169, de 15 de julio de 2025, a partir del cual parece fundar su recurso. Así, por ejemplo, en solicitud N°4676186 de fecha 9 de mayo de 2025, acompañó como antecedente el Oficio Ordinario Nº524 de fecha 31 de marzo de 2023, mediante el cual el Servicio rechazó expresamente la petición de anulación del rol de avalúo Nº157-57 de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, su fusión con el rol original Nº 157-1, la condonación de los giros, multas e intereses asociados, así como la devolución de las contribuciones ya pagadas. Es decir, que la contribuyente estaba informada mucho antes del 15 de julio de 2025 de la existencia del Oficio Ordinario Nº524, de 31 de marzo de 2023, y sus implicancias en el inmueble que adquirió en mayo de 2024. Así, a partir de los antecedentes fácticos existentes, el Servicio sostiene que el recurso presentado por la contribuyente el 14 de agosto de 2025, se encuentra presentado de forma completamente extemporánea, por haber transcurrido en exceso el plazo fatal de 30 días para su interposición, debido a que la contribuyente tenía conocimiento de las razones por las cuales se mantenía el rol N°157-57. Una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien al considerarse afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad, u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar.

Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que el artículo 155 del Código Tributario, establece un procedimiento especial, de reclamación por vulneración de derechos, que se sigue ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros con el objeto de resguardar los derechos del artículo 8 bis del mismo Código y que es incompatible con el recurso de protección, ya que éste tiene el carácter de excepcional, lo que obliga a que esta acción sea reservada para aquellos casos en que sea indispensable buscar una protección urgente de derechos constitucionales indubitados, contemplándose en nuestro ordenamiento una serie de procedimientos y recursos a que los particulares pueden acudir, cuando la finalidad perseguida sea distinta, como ocurre en la especie.

En cuanto a la instancia jurisdiccional, indica que debe recordarse que nos encontramos frente a una materia de suma especialidad, cual es la legislación impositiva; razón por la cual el legislador creó los Tribunales Tributarios y Aduaneros a lo largo del país, los que tienen, dentro de sus funciones, entre otras, las señaladas expresamente por el artículo 1° de la Ley 20.322, que Fortalece y Perfecciona la Jurisdicción Tributaria y Aduanera. En este sentido, el título III del Libro III del Código Tributario, dentro de la competencia de los TTA, regula los procedimientos especiales, y hace mención a un procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos a partir del artículo 155 del citado texto legal. Así, el legislador contempla expresamente en el Código Tributario una acción cautelar especial, en la eventualidad de existir un acto ilegal o arbitrario, procedimiento que debe primar por sobre la acción cautelar contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política.

Afirma que las actuaciones del Servicio se encuentran plenamente ajustadas a derecho y se ejercen en uso irrestricto de las facultades legales que el marco normativo otorga al ente fiscalizador. En efecto, este Servicio no ha hecho más que ajustarse y dar cumplimiento a la Ley sobre Impuesto Territorial, en el sentido de registrar la información del inmueble de propiedad de la recurrente en el catastro de bienes raíces, identificándolo para efectos tributarios, de conformidad con sus características particulares, las cuales se verificaron mediante visitas a terreno, en la cual se tomaron fotografías del exterior del inmueble y motivaron la emisión de un informe técnico, que está a disposición de la contribuyente, puntualizando que es posible registrar más de un rol de avalúo para un bien raíz cuando en él coexisten dos o más destinaciones comprendidas en series distintas, como ocurre en el caso de autos.

Sostiene que, a mayor abundamiento, respecto de la mantención del rol de avalúo N°157-57 creado para efectos tributarios, a partir de los antecedentes existentes, debe mantenerse en la segunda serie, toda vez que, a la fecha del presente informe, no se ha verificado explotación agrícola del inmueble ni se ha acreditado que las resoluciones de los organismos públicos que autorizaron o certificaron el uso no agrícola hayan quedado sin efecto. Añade que, además, la contribuyente no ha acompañado, ni ante el Servicio ni en esta sede, documento alguno de la autoridad competente que dé cuenta de un nuevo cambio de uso de suelo, que modifique la situación previamente autorizada. En consecuencia, la actuación del Servicio se ha ajustado estrictamente y en todo momento, a la legislación e instrucciones vigentes y, por lo tanto, no existe afectación alguna a garantías constitucionales, en atención a que las actuaciones realizadas por el Servicio se hacen en el ejercicio de sus facultades legalmente otorgadas.

Especifica que, en caso alguno, desconoce o vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, pudiendo ésta aportar documentación emitida por la autoridad competente, que dé cuenta de un nuevo cambio de uso de suelo, que modifique la situación previamente autorizada, ya que no concurre en el presente caso ningún tipo de acto expropiatorio o privación del derecho de dominio, siendo reconocido este derecho por el Servicio de Impuestos Internos, conforme lo anteriormente expuesto.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso, con costas.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

2.- Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por el recurrente, corresponde a la negativa del SII a anular o eliminar el rol de avalúo fiscal 157-57, cuya matriz corresponde al rol de avalúo fiscal 157-1, de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, lo que constituye a juicio de la recurrente un acto arbitrario e ilegal que atenta contra su derecho a la propiedad, por cuanto afecta la disposición del inmueble que mantiene actualmente ambos roles, estableciendo adicionalmente sobre el bien raíz una supuesta subdivisión que no existe, e imponiendo erradamente cargas impositivas a consecuencia de ello.

3.- Que, informando el Servicio recurrido, solicitó el rechazo del recurso, alegando la extemporaneidad de éste, por cuanto fue presentado con fecha 14 de agosto de 2025, en circunstancias que la recurrente tenía conocimiento de los motivos por los cuales fueron rechazadas las peticiones respecto de la eliminación del rol N°157-57, mucho antes de la notificación del Oficio Ord. N°1169, de 15 de julio de 2025, a partir del cual parece fundar su recurso, ejemplificando que en su solicitud N°4676186, de fecha 9 de mayo de 2025, acompañó como antecedente el Oficio Ordinario Nº524, de fecha 31 de marzo de 2023, mediante el cual el Servicio rechazó expresamente la petición de anulación del rol de avalúo Nº157-57 y su fusión con el rol original Nº 157-1, de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

En subsidio de lo anterior, alegó la improcedencia del recurso, toda vez que existe una acción definida por el legislador en el artículo 155 del Código Tributario, que establece un procedimiento especial de reclamación por vulneración de derechos, que se sigue ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, con el objeto de resguardar los derechos del artículo 8 bis del mismo Código y que es incompatible con el recurso de protección.

En cuanto al fondo, solicitó el rechazo del recurso, toda vez que, en su oportunidad, la autoridad administrativa dispuso el cambio de uso de suelo para una parte del inmueble de autos, por lo que, manteniéndose éste desde esa fecha y hasta la actualidad con dos destinaciones diferentes, corresponde mantener ambos roles de avalúo fiscal, para efectos tributarios.

4.- Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso, ésta será rechazada, toda vez que el acto recurrido corresponde al Ordinario N° 1169 de 15 de julio de 2025, mediante el cual el Servicio recurrido rechazó la petición de la recurrente en orden a que se deje sin efecto el rol de avalúo fiscal N° 157-57, fusionándolo con el rol N° 157-1; por lo que, habiéndose presentado el recurso con fecha 14 de agosto del mismo año, éste fue interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia.

5.- Que, en cuanto a la alegación de improcedencia del recurso, el Servicio recurrido fundó su solicitud en lo señalado en el inciso primero del artículo 155 del Código Tributario, que señala que: “Si producto de un acto u omisión ilegal o arbitrario del Servicio, un particular considera vulnerados sus derechos contemplados en los numerales 21º, 22º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, podrá recurrir ante el Tribunal Tributario y Aduanero en cuya jurisdicción se haya producido tal acto u omisión ilegal o arbitrario, siempre que no se trate de aquellas materias que deban ser conocidas en conformidad a alguno de los procedimientos establecidos en el Título II o en los Párrafos 1º y 3º de este Título o en el Título IV, todos del Libro Tercero de este Código”.

Sin embargo, debe recordarse que el inciso final de la misma norma establece que: “Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos en que ella proceda, no se podrá recurrir de conformidad a las normas de este Párrafo, por los mismos hechos”.

En efecto, en el presente caso se recurre por la actora reclamando una vulneración a su derecho de propiedad, contemplado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, derecho que se encuentra expresamente contemplado en el artículo 20 de la Carta Magna como uno de aquellos susceptibles de ser reclamados por esta vía y, habiéndose elegido la presente por la recurrente, se encuentra impedida de accionar por la vía señalada por el Servicio, por lo que la presente alegación de improcedencia del recurso será rechazada, según se dirá.

6.- Que, en cuanto al fondo del recurso, del documento acompañado por la recurrente consistente en Ordinario 524 de 31 de marzo de 2023, se tiene que el Servicio recurrido rechazó la solicitud de don nombre reservado en que pedía la fusión del rol de avalúo fiscal 157-57 a la superficie del rol original 157-1. Dicha decisión se fundó en que, con fecha 10 de marzo de 2023 se fiscalizó el inmueble, verificándose que en la parte correspondiente a las 4,73 hectáreas en que se autorizó el cambio de uso de suelo no se realiza explotación agrícola, manteniéndose a esa fecha la misma situación existente al momento de la inclusión del rol de avalúo 157-57, siendo utilizado como planta de reciclaje y estacionamiento de camiones.

A su turno, en el documento también acompañado por la recurrente, consistente en Resolución Exenta N° LTNot: 0028196 de 3 de julio de 2025, dictada en respuesta al requerimiento de la actora folio N° AE006C90028196, en que solicitó “copia de informe o acta de fiscalización" realizada por la Oficina de Impuesto Territorial de San Vicente de Tagua Tagua, que dio origen al ORD.524 del 31 de marzo de 2023 por parte del Servicio recurrido, se lee que: “habiéndose realizado una búsqueda del objeto de la consulta en los registros institucionales, y consultada la Dirección Regional de Rancagua, corresponde comunicar al interesado que la información solicitada no existe, puesto que la respuesta entregada mediante el Ordinario N° 524, de fecha 31.03.2023, se fundamentó en el análisis administrativo del caso y en la normativa aplicable (incluida la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos y las disposiciones vigentes en materia tributaria); en tal sentido, no se emitió un informe o acta de fiscalización, toda vez que para dar respuesta a la solicitud de origen no se llevó a cabo un procedimiento de fiscalización que generara dicho documento, por lo que corresponde declarar la inexistencia de lo requerido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 20.285”.

7.- Que, por su parte, el Ordinario N° 1169 de 15 de julio de 2025, acto recurrido en estos autos, consistente en la respuesta a la solicitud de la actora N°4676186, de 9 de mayo de 2025, por la cual solicita eliminar rol de avalúo 157-57 de la comuna de San Vicente, por tratarse de predio subdividido de rol 157-1 y que nunca ha sido transferido, se lee que: “Al respecto, informo que mediante oficio ordinario N° 524, de 31.03.2023, de este Departamento de Avaluaciones, se dio repuesta a una petición en términos similares a la actual, en la que se explica latamente las circunstancias de hecho y de derecho que permitieron al Servicio de Impuestos Internos a efectuar el enrolamiento de la parte del predio destinada a fines no agrícolas, señalando expresamente que la referida tasación fiscal se mantendrá en la medida que se conserven las condiciones del inmueble.

En el referido contexto, con fecha 19.06.2025 se fiscalizó nuevamente el inmueble objeto de su solicitud, verificándose en terreno que en el predio no existe explotación agrícola, manteniéndose en condiciones similares a las del momento de su inclusión y de su posterior fiscalización, sin embargo, se detectó que las líneas de construcción N° 2 y N° 3 tasadas anteriormente, ya no existen, por lo que procede su eliminación del catastro del bien raíz.

En consecuencia, rol de avalúo 157-57 de la comuna de San Vicente se mantendrá enrolado en la serie No Agrícola como actualmente figura en el rol de cobro, en la medida que se mantengan las condiciones actuales del predio, rebajándose de su avalúo las edificaciones registradas en las líneas N° 2 y N° 3”.

8.- Que, en este orden de ideas, se tiene que el acto recurrido, a fin de rechazar la petición de la recurrente, efectúa una comparación del estado que presentó el inmueble de autos en la fiscalización de fecha 19 de junio de 2025, en relación con aquél constatado en la fiscalización que motivó el Ordinario N° 524 de 31 de marzo de 2023, la que, según lo informado por el propio Servicio, no existió, por lo que resulta inexplicable la conclusión alcanzada por el recurrido en el Ordinario N° 1169, reclamado en la presente causa, en orden a que la propiedad se mantiene en el mismo estado.

En efecto, lo señalado precedentemente no es baladí, toda vez que la carga impositiva que pesa sobre la actora en relación con el impuesto territorial se ve alterada, tanto en relación con la clasificación del inmueble, como con el monto del impuesto a pagar por la cantidad de roles de avalúo que generan dicha carga, lo que afecta directamente el derecho de propiedad sobre los montos de dinero que pudiese -eventualmente- pagar en exceso, motivo por el cual el presente arbitrio será acogido, en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos, Departamento de Avaluaciones VI Dirección Regional Rancagua, sólo en cuanto el Servicio recurrido deberá efectuar una nueva fiscalización a la propiedad de autos, a fin de determinar la procedencia de lo solicitado por la recurrente, en cuanto a que el inmueble inscrito a fojas 632 vuelta, número 599 del Registro de Propiedad del año 2024, pueda mantener un solo rol de avalúo fiscal.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1353-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.