RECURRENTE: SOFRUCO ALIMENTOS LIMITADA. RECURRIDO: INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

Rancagua, veintitrés de junio de dos mi dieciséis.

Vistos:

A fojas 34 comparece Daniel Eyzaguirre Perez-Cotapos, abogado y nombre reservado, factor de comercio, ambos en representación de SOFRUCO ALIMENTOS LIMITADA, todos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Inspección Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Explica que el 16 de marzo de 2016 la recurrida le notificó la Resolución de Multa Nº 8344/2016/21, de 20 ingresos mínimos mensuales, contra la cual dedujo un Recurso de Reconsideración Administrativa el 26 de abril, conforme al artículo 512 del Código del Trabajo, que fue rechazado por la Inspección recurrida, por estimar que había sido presentado fuera de plazo (Ordinario Nº 275, del 28 de abril de 2016).

Decisión que se basa en una errada interpretación del plazo de 30 días previsto en el artículo 512, cuyo cómputo, conforme al artículo 25 de la ley 18.880 debe ser de días hábiles, entendiéndose inhábiles los sábado, domingo y festivos, tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema. En este caso, la resolución sancionatoria se le notificó el 24 de marzo y el plazo para solicitar la Reconsideración Administrativa vencía el 3 de mayo, de manera que la presentada por su parte el 26 de abril, se encontraba dentro de plazo y al estimarla extemporánea, la recurrida incurrió en una actuación ilegal y arbitraria, que vulnera sus garantías fundamentales de igualdad ante la ley y debido proceso, debido a que le impone a su parte una forma de computar el plazo que la ley no contempla y que la deja en un plano de desigualdad frente a los demás administrados, mellando su acceso a un debido proceso porque no se respetó el plazo que tenía para ejercer su defensa, por lo que solicita que se acoja su recurso y se deje sin efecto el Ordinario Nº 275, ordenando a la recurrida que acoja a tramitación su recurso de reconsideración administrativa.

A fojas 54 se evacua informe por la recurrida, señalando que la resolución de multa fue notificada a la empresa sancionada el 21 de marzo del año en curso y conforme al artículo 512 del Código del Trabajo, el plazo de 30 días corridos para deducir reconsideración administrativa venció el 20 de abril de 2016 y la recurrente lo presentó el 26 de abril, por lo que fue rechazado por extemporáneo.

Estima que la interpretación de que se trata de un plazo de días corridos no resulta ilegal ni arbitraria, porque el artículo 512 en estudio no especificó cómo debían computarse los 30 días de plazo y ante ese vacío legal es menester realizar una interpretación sistemática, conforme a los artículos 19 y 22 del Código Civil. Al efecto, debe tenerse presente que el artículo 435 inciso tercero del Código del Trabajo establece que los términos de días que establece el Título I de ese libro “se entenderán suspendidos durante los feriados” y dado que el artículo 512 pertenece a otro título del mismo libro, debe entenderse que queda fuera de su ámbito de aplicación y por ende, el plazo que en él se contempla, no se suspende durante los feriados.

Misma interpretación a que se llega si se analiza el artículo 513 de dicho Código, porque en dicha norma se establece un plazo de días y se indica expresamente que éstos son “hábiles”, lo que significa que si el legislador en ese caso señaló expresamente que se trataba de “días hábiles” es porque los demás plazos previstos en el Código eran de días corridos, siendo ésta la regla general.

Además, el propio texto del artículo 512 nos llevan a la misma conclusión cuando utiliza la expresión “dentro” de 30 días, dando a entender que no puede haber una interrupción del plazo, resultando aplicable el artículo 50 del Código Civil, tal como lo ha concluido la Contraloría General de la República en sus dictámenes. Ente Contralor que además ha estimado que no resulta aplicable el artículo 25 de la ley 19.880 porque ese concepto se emplea cuando existe un vacío de ley y cuando ello sea compatible con el procedimiento especial, atendida la supletoriedad que establece su artículo 1 inciso 1º cuando define su ámbito de aplicación.

Y dado que la Contraloría ejerce el control de juridicidad de los actos de la administración, sus dictámenes resultan obligatorios para la inspección, conforme a los artículos 6, 7 y 98 de nuestra Constitución Política, por lo que al decidir como lo hizo, en este caso, no hizo más que aplicar la normativa vigente, siguiendo una interpretación jurídica que ha sido también recogida por la jurisprudencia que cita, sin que con ello se haya incurrido en una actuación arbitraria o ilegal que afecte las garantías constitucionales que se dicen amagadas porque se ha fundado en criterios jurídicos y técnicos y el recurrente no cuenta con un derecho indubitado porque pretende discutir la interpretación de una norma legal, razones todas por las que solicita que el recurso se declare inadmisible o se rechace en todas sus partes, con costas.

A fojas 60 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1. Que el recurrente funda su acción en el ordinario Nº 275 emanado de Inspectora Comunal del Trabajo de San Vicente de Tagua Tagua, por el cual se le informa que no se admitió a tramitación su solicitud de reconsideración de multa administrativa, por haberse presentado fuera del plazo de 30 días corridos, actuación que estima ilegal y arbitraria porque en su concepto el plazo que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo para deducir la reclamación administrativa es de días hábiles y no corridos.

2. Que la recurrida ha sostenido en su informe que se trata de un problema de interpretación normativa y dado que el artículo 512 no precisa si se trata de días hábiles o corridos, debe entenderse que se trata de días corridos, porque cada vez que el Código en estudio quiso establecer un plazo de días hábiles lo señaló expresamente, como ocurre en el artículo 513, no pudiendo aplicarse el artículo 25 de la ley 19.880 por el principio de especialidad, tal como lo ha resuelto la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, organismo al que debe someter su acción, como todo órgano de la administración del Estado.

3. Que tal como lo sostiene la recurrida, la controversia de autos plantea un problema de interpretación normativa, existiendo jurisprudencia que apoya uno y otro planteamiento; discusión que, en todo caso, no obsta a entender que pueda existir un derecho indubitado que proteger, como lo alega la recurrida, puesto que si se adhiere a la corriente que considera que el cómputo debe ser de días hábiles, no podría sino concluirse que la reconsideración administrativa fue presentada dentro de plazo y debió dársele tramitación.

4. Que la reconsideración administrativa está contemplada en el artículo 512 del Código del Trabajo, norma que se limita a prescribir que ésta debe ser presentada dentro de 30 días, sin precisar si se trata de días hábiles o corridos, lo que, en concepto de esta Corte constituye un vacío legal que no puede ser salvado con otras normas del Código del Trabajo, resultando pertinente la aplicación supletoria del artículo 25 de la ley 19.880 -puesto que se trata de una actuación en sede administrativa-, que establece en términos claros y absolutos que para el cómputo de un plazo de días deben descontarse los sábados, domingos y festivos y esa modalidad expresa debe primar sobre las normas de carácter general del Código Civil.

5. Que los argumentos planteados por la recurrida en su informe de fojas 54 deben ser desestimados, porque no cabe la interpretación por analogía que se pretende en relación al artículo 513 del mismo Código, tanto porque regulan situaciones diferentes, como porque estamos frente a un procedimiento administrativo sancionador y esa interpretación limita el derecho del afectado a recurrir de la sanción de una forma no prevista en la ley. Tampoco resulta vinculante para este Tribunal de Alzada la interpretación que sobre este punto ha dado la Contraloría General de la República.

6. Que de la manera que se ha venido razonando, sólo cabe concluir que la reclamación administrativa que el actor presentó el 26 de abril del año en curso fue deducida dentro del plazo previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo, habida cuenta que la notificación de la resolución sancionatoria se había verificado el 21 de marzo pasado.

7. Que al concluirse lo contrario por parte de la administración, se vulneró el derecho constitucional a la igualdad ante la ley de la recurrente, ya que cualquier otro administrado que presentara una reclamación dentro del plazo legal tendría derecho a que su recurso fuera tramitado y resuelto en el fondo.

8. Que la afectación señalada constituye un acto ilegal y arbitrario de parte de la autoridad administrativa porque le niega al afectado el acceso al recurso que consagra el artículo 512 del Código del Trabajo, vicio que debe ser reparado por esta Corte acogiendo el presente recurso.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

Que se acoge, con costas, el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 34 y en consecuencia, la Inspección Comunal del Trabajo recurrida debe darle tramitación al recurso de reconsideración administrativa presentado por la recurrente el 26 de abril del año en curso.

Acordada la condena en costas con el voto en contra de la Fiscal Judicial Sra. Marcela de Orúe Ríos, quien estuvo por no condenar a la recurrida, por estimar que litigó con motivo plausible.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1343-2016 Prot.