Protección contra Liceo nombre reservado

C.A. Rancagua.

Rancagua, veintiocho de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece doña nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra del Liceo nombre reservado, representado legalmente por la Congregación nombre reservado, por la realización de actos vulneratorios de derechos en relación a la identidad de género de su hija menor de edad, cuya identidad resguarda, afectando sus derechos a la vida y a la integridad física y psíquica, y al debido proceso, contenidos en los N° 1 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Comenta que su hija nombre reservado es alumna del liceo recurrido y ha sido acosada por tener una relación de intimidad con otra alumna, lo que ha generado rechazo de parte de las profesoras e inspectora del establecimiento educacional.

Refiere que a nombre reservado se le ha discriminado por un evento ocurrido con anterioridad, en que se vio involucrada en una discusión con su pareja, otra alumna del liceo, y sin mediar una investigación de los hechos y sin que tuviera oportunidad de hacer descargo alguno, se le aplicó como sanción el cambio de curso.

Expone que, luego, la alumna se encontraba en clases regulares en el recinto educativo, y al llegar el día jueves 10 de julio del año 2025, alrededor de las 10:00 horas, se dirige en dirección al baño, sin embargo, decide aprovechar de pasar a su antiguo curso a pedir un cargador de teléfono, razón por la cual se dirige a la sala que se encuentra cerca del baño, donde se encuentra el Segundo año B. En este momento se acerca al lugar doña nombre reservado, inspectora del liceo, quien la increpa y la toma de forma agresiva del brazo y la reprende fuertemente delante de todo ese curso. Luego, a cargo del 2° año B se encuentra la profesora doña nombre reservado quien, igualmente, y en el mismo instante, increpa a nombre reservado de forma bastante agresiva, asimismo en frente de todo el curso.

Posteriormente nombre reservado se dirige hacia la inspectoría y en esa instancia, se le aplica una sanción por haber infringido la normativa del reglamento de convivencia llamada “fuga interna”.

Señala que, al día siguiente, concurrió la alumna junto a su madre, quien había sido citada, y se le impidió el ingreso a la niña, aduciendo que había infringido el reglamento de convivencia, con una llamada “fuga interna”. Asimismo, se informó a la madre que la alumna quedaría condicional, con cancelación de matrícula. Esta sanción es planteada de forma verbal. Sin embargo, luego la encargada solicita firmar un acta que la madre se niega a firmar, debido a que en ella no se contenía la sanción de cancelación de matrícula como efectivamente se había señalado en la conversación.

Destaca que nombre reservado, en el mes de junio del año en curso, estuvo con 30 días de licencia psiquiátrica, por lo que los padres solicitan apoyo académico para ella, dado que es una excelente alumna y no querían que quedase con el semestre pendiente, es por ello, que se le pidió al establecimiento el envío de material de trabajo, sin embargo, jamás le enviaron ningún material de apoyo desde el colegio, quedando por lo tanto nombre reservado sin poder concluir el semestre, dado que luego vinieron las vacaciones.

Esta situación de anormalidad continúa mediante otro evento ocurrido el día martes 15 de julio del año 2025, día en que el padre asiste a una reunión con carácter de urgente con la jefa de UTP doña nombre reservado y con la profesora doña nombre reservado, en que se acusa indisciplina de su hija por haber ingresado a la sala contigua a la suya, en búsqueda de confort, razón por la cual la profesora, doña nombre reservado, la saca tomada del brazo hacia afuera de la sala de manera brusca y agresiva, cerrándole, acto seguido, la puerta en la cara. El padre señaló en esa oportunidad que es posible que sea amonestada de forma verbal o escrita mas no es posible tolerar el maltrato físico y psicológico al que ha sido expuesta por la profesora en cuestión. En esta reunión se les recuerda que nombre reservado se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico, y que hace unos días viene saliendo de una licencia otorgada por los especialistas, por lo que es menester que el trato que le prodiguen a la niña sea digno y de cuidado, a lo que la jefa de UTP indica que el colegio “no es un centro de terapia”, quedándose el padre sin palabras ante estas afirmaciones.

Refiere que, posteriormente, ocurrió otro evento de discriminación, ocurrido el día 23 de julio del año 2025, día en que se organiza una salida pedagógica con el curso, sin que nombre reservado fuese incluida. En efecto, el día de la salida pedagógica la niña fue excluida de ese viaje y se quedó sin clases, para finalmente enviarla más temprano a casa. Esta situación generó una crisis en la alumna, dado que, ante su presencia, sus compañeras se retiran en un viaje educativo del que no pudo formar parte porque deliberadamente fue excluida, agregando que el acto fue discriminatorio, pues no existe argumento legal que le permita al establecimiento restar a una alumna de una actividad educativa.

Sostiene que, en la especie, se ha generado una serie ininterrumpida de actos atentatorios a la integridad física y psíquica de nombre reservado, actos discriminatorios injustos, sin apego a la ley ni a la Constitución, por lo que esta situación ha ocasionado un grave perjuicio emocional a una alumna que ya se encuentra en tratamiento psicológico intensivo, con medicación, dejándola con gran angustia, ansiedad y depresión, agudizada por el actuar del establecimiento educacional, afectando así su derecho a la integridad psíquica.

Señala que, asimismo, sin que mediase ninguna razón, la recurrente fue sancionada de diversas formas, a saber, con cambio de curso, exclusión de actividades educativas, zamarreos y humillaciones públicas, sin respeto al reglamento de convivencia escolar. En efecto, es del caso que las acusaciones contra nombre reservado no han sido sometidas a una investigación racional y justa, y las sanciones aplicadas han sido determinadas por el establecimiento escolar sin poder ejercer ella su derecho a defensa. Por otra parte, se le ha acusado de transgredir el reglamento de convivencia al realizar, lo que ha llamado el establecimiento una “fuga interna”, figura que no se encuentra contemplada en el reglamento de convivencia escolar, lo que ha afectado su derecho a un debido proceso.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se declare que el actuar ilegal y/o arbitrario contra la alumna vulnera sus garantías, en especial, de los numerales 1 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, en su mérito, se adopten todas las medidas que esta Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos vulnerados, ordenando específicamente el cese la conducta lesiva de la recurrida y que ésta adopte todas las medidas necesarias para que los profesores y funcionarios mantengan un trato digno y respetuoso con la alumna. Además, que la recurrida y el plantel de profesores, inspectores y toda persona que trabaje directa o indirectamente con alumnos, sean instruidos en derechos fundamentales por un organismo o profesional con especialidad en la materia; todo lo anterior, con costas.

A folio 11 informó el establecimiento educacional recurrido que la estudiante nombre reservado, perteneciente al segundo año medio A, ha estado involucrada en diversos hechos vinculados a la convivencia escolar, tanto durante el primer semestre del año 2025, como en un antecedente registrado en 2024.

Expone que el primer episodio ocurrió durante el año 2024, en que se constató una situación de violencia física ejercida por Anaís hacia su entonces pareja, la estudiante nombre reservado frente a lo sucedido, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, se activó inmediatamente el protocolo institucional, informando a Carabineros de Chile, quienes intervinieron y derivaron el caso al Tribunal de Familia de Rancagua. Dicho tribunal dispuso el ingreso de nombre reservado a un programa de protección e intervención, tras establecerse que no era la primera vez que se producían situaciones de violencia en dicha relación.

Añade que, en el marco de ese proceso, durante una reunión sostenida en 2025, el equipo del programa interventor recomendó que ambas estudiantes no permanecieran en el mismo curso, como medida preventiva frente a posibles reiteraciones, por lo que se acogió la sugerencia, aunque inicialmente se priorizó instancias de acompañamiento y contención. Sin embargo, tras producirse un nuevo hecho de agresión en 2025, se adoptó definitivamente la medida de separar a ambas estudiantes en cursos distintos, resguardando su seguridad, bienestar emocional y derecho a una educación libre de violencia. Este cambio de curso se realizó como medida de resguardo hacia la estudiante agredida por la alumna hija de la recurrente.

Agrega que, en paralelo, durante una entrevista con la psicóloga del establecimiento, la madre de nombre reservado entregó antecedentes sobre una situación de presunto abuso, la cual también fue verbalizada por nombre reservado, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal, el establecimiento realizó la denuncia correspondiente.

Señala que atendido lo anterior, la recurrente manifestó disconformidad frente a esta denuncia, expresando en reuniones con Convivencia Escolar, Inspectoría y Subdirección, que la medida afectaba negativamente a su familia. No obstante, deja constancia de que el establecimiento actuó en estricto apego a la Ley 21.430 de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la cual establece la obligación de resguardar el interés superior del niño y garantizar protección estatal frente a eventuales vulneraciones.

Continúa señalando que, durante el año 2025, se registraron diversos episodios de desregulación emocional, agresiones y situaciones de riesgo, principalmente vinculadas a la relación de pareja entre nombre reservado y nombre reservado, estos hechos motivaron seguimiento e intervención institucional, así como coordinación con organismos externos especializados.

Comenta que el 12 de mayo de 2025, la estudiante recibió contención emocional inmediata por parte de la psicóloga del establecimiento, ese mismo día se aplicó la medida disciplinaria de suspensión, conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, debido a una agresión hacia un par (su expareja nombre reservado).

Posteriormente, el 19 de mayo, se efectuó un seguimiento y se recomendó expresamente mantener contacto cero con su expareja, a fin de prevenir nuevas situaciones de violencia.

En el mes de junio se recibieron nuevas denuncias relacionadas con presunto abuso sexual, las cuales fueron derivadas conforme a la normativa legal vigente. Durante este mismo período, los días 13 y 16 de junio, se realizaron entrevistas de resguardo, concluyendo en la necesidad de cambiar a la estudiante de curso como medida preventiva y reparatoria. Esta acción buscó favorecer su reinserción escolar y garantizar acompañamiento psicosocial permanente. En entrevistas sostenidas con la recurrente, se confirmó que la estudiante no contaba con tratamiento psicológico por razones económicas, comprometiéndose a buscar alternativas, dado que nombre reservado había manifestado antecedentes de conductas autolesivas, se derivó a su madre a un especialista en psiquiatría infanto-juvenil, asimismo, se le orientó sobre la importancia del acompañamiento afectivo, el control parental y la supervisión del uso de dispositivos electrónicos.

Indica que, posteriormente, en el mes de julio se registraron episodios de fuga interna. Frente a ello, se entregaron orientaciones específicas al profesorado, se reforzaron las medidas de apoyo y se aseguró un seguimiento permanente por parte de Convivencia Escolar, inspectoría y Orientación. Los registros en la Hoja de Vida Escolar evidencian múltiples acciones de acompañamiento, que reflejan la aplicación de medidas preventivas, reparatorias y disciplinarias en concordancia con la normativa interna y la legislación vigente.

Aclara que el supuesto episodio de maltrato atribuido a la Inspectora nombre reservado carece de respaldo documental y evidencia, concluyéndose que dicho hecho no ocurrió, sobre todo porque luego de haber sido sorprendida dentro de la sala de clases de su curso anterior, la adolescente acudió a entrevista con la psicóloga escolar, ante quien nada señaló al respecto. En relación con la denuncia hacia la docente nombre reservado, se realizaron entrevistas en conjunto con Dirección, acordándose realizar una entrevista de reparación y proponer una mediación con el apoderado de la estudiante. En primera instancia se efectuó una reunión con el padre, comprometiéndose el establecimiento a coordinar la mediación, sin embargo, el apoderado fue contactado en dos oportunidades y desistió de asistir. Posteriormente, se informó de la situación a ambas partes y el caso fue cerrado, quedando establecido un compromiso de seguimiento a la docente y apoyo a la estudiante en caso de ser necesario.

En cuanto a la salida pedagógica al campamento minero de Sewell, realizada el 23 de julio de 2025, precisa que la selección de estudiantes participantes se efectuó bajo criterios objetivos: rendimiento académico, conducta, estado físico y emocional, así como la disponibilidad limitada de cupos de transporte exigidos por la institución CODELCO. La decisión fue adoptada por el profesor jefe y validada por Dirección, descartándose cualquier acto de exclusión arbitraria o discriminación hacia la estudiante, puntualizando que a todas las estudiantes se les explicó que, para asistir a la salida pedagógica, se debe contar con rendimiento y conducta acorde a la salida pedagógica. En el caso de la hija de la recurrente, su hoja de vida evidencia conducta de índole negativa.

Sostiene que, en todo momento, el establecimiento actuó conforme a la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, Ley 21.430, Reglamento Interno y protocolos institucionales, aplicando medidas como suspensión, entrevistas de resguardo, derivaciones médicas, cambio de curso y acompañamiento psicosocial, todas con un enfoque preventivo y protector, aclarando que en ningún caso se aplicó cancelación ni condicionalidad de matrícula; únicamente se informó a la madre que, ante el incumplimiento de compromisos, dicha medida podría ser considerada en el futuro, siempre con carácter formativo. De este modo, se ha garantizado la continuidad de la trayectoria escolar de nombre reservado, resguardando su integridad física, psicológica y emocional, así como la de su expareja, y asegurando un ambiente educativo seguro, inclusivo y respetuoso de los derechos fundamentales.

Puntualiza que la estudiante, hasta la fecha de su informe, no ha manifestado inconvenientes, asiste a clases de manera regular y no ha denunciado sentirse acosada, ni menoscabada por alguna conducta por parte de los adultos.

Finalizó solicitando a esta Corte el rechazo del presente recurso y que se declare que el Liceo nombre reservado no ha incurrido, ni incurre en la actualidad, en actos arbitrarios o ilegales que signifiquen vulneración de derechos de la recurrente.

A folio 20 el Juzgado de Familia de Rancagua acompaña piezas de la causa de medida de protección de la niña causa aperturada para cumplir con el trámite ordenado, misma situación en que se encuentra nombre reservado

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. 2.- Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por la recurrente, corresponde a la serie de actos y medidas que ha adoptado el recurrido que son constitutivos de discriminación en perjuicio de la adolescente nombre reservado, atendida su orientación sexual, y que vulneran su derecho al debido proceso y la integridad psíquica de aquélla. 3.- Que, informando el establecimiento educacional recurrido, solicitó el rechazo del recurso ya que, si bien se han adoptado medidas disciplinarias, de apoyo, contención y acompañamiento de la adolescente nombre reservado, ello ha sido en estricta aplicación de lo dispuesto en la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, Ley 21.430, Reglamento Interno y protocolos institucionales, atendidos los hechos de violencia en los que se ha visto involucrada, según se señaló en lo expositivo. 4.- Que, por su parte el Juzgado de Familia de Rancagua informa que la niña de la causa y su compañera nombre reservado fueron amonestadas en causas infracciónales por la violencia física ejercida recíprocamente, y que no están incorporadas a programas de intervención. 5.- Que la parte recurrente a folio 22 acompaña el Reglamento de Convivencia Escolar, el cual da cuenta de las conductas de los alumnos sancionables, dividiéndolas en categorías de leve, graves y muy graves, disponiendo medidas formativas, pedagógicas y medidas sancionatorias y reparatorias, dentro de las cuales se encuentran todas las sanciones aplicadas por el liceo recurrido. 6.- Que además es indispensable tener presente que la recurrente no niega las conductas de su hija, solo que, desde su mirada, les da una calificación diferente a la que realiza la recurrida.

Por otra parte, no existe duda de la existencia de un conflicto con aplicación de violencia física entre la hija de la recurrente y la niña nombre reservado, tanto por que la misma actora lo reconoce como por lo informado por el Juzgado de Familia. 7.- Que, así las cosas, no se advierte los actos ilegales o arbitrarios que se denuncian, ya que es deber de todo establecimiento educacional proteger a todos sus estudiantes y mantener la buena y sana convivencia para lo cual procede aplicar su Reglamento de Conviven Escolar y toda la normativa vigente, apareciendo del procedimiento sancionatorio que la sanción aplicada, esto es, el cambio de sala de alumna recurrente es proporcional a la conducta realizada, razón por la cual no queda más que rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en favor de su hija nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 1329-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.