nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Rancagua cuatro de abril de dos mil diecinueve VISTOS:

Con fecha 28 de febrero del año 2019, comparece don Miguel Ángel Reyes Poblete, abogado, domiciliado en la ciudad y comuna de Concepción, domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Indica que su mandante es funcionario de la Policía de Investigaciones desde el 1 de febrero de 2001, y que con fecha 19 de noviembre de 2016 se ingresó denuncia de tutela de derechos fundamentales ante el Juzgado del Trabajo de Rancagua en atención a que el actor fue desvinculado de la institución por salud incompatible. Puntualiza que dicha acción fue acogida parcialmente, encontrándose firme la sentencia con la dictación del cúmplase de fecha 20 de agosto de 2018.

Hace presente que en la parte resolutoria de la sentencia se dispuso: “I.- Que se ACOGE la acción de tutela con ocasión del despido interpuesta por don MIGUEL ANGEL REYES POBLETE, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, funcionario público de la Policía de Investigaciones de Chile, en contra de POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, representada por su Director General y se declara que el denunciado afectó la garantía establecida en el artículo 485 del Código del Trabajo relativa al derecho a la integridad psíquica del actor al no haber notificado legalmente el Decreto N°174 de fecha 18 de febrero de 2016 que dispone su RETIRO ABSOLUTO de la Policía de Investigaciones de Chile por presentar SALUD INCOMPATIBLE con el desempeño del cargo dejando de pagar su remuneración o licencia a contar del 21 de septiembre de 2016.- debiendo proceder a su debida notificación una vez ejecutoriado el presente fallo y ajustarse tal declaración de Salud Incompatible a la actual normativa legal al respecto (artículo 151 Ley 18.834) y mientras ello no ocurra y quede totalmente tramitado el decreto el denunciante se mantendrá como miembro de tal cuerpo policial.”

Refiere que a su mandante nunca se le notificó la resolución que disponía su retiro absoluto de la institución, sino que se enteró cuando no le pagaron sus licencias médicas en septiembre 2016, no obstante, la enfermedad que aquejaba a su representado cesó tras su última intervención quirúrgica y está médicamente apto para trabajar conforme a certificaciones médicas.

Sostiene que tras decretarse el cúmplase de la sentencia por el Juzgado del Trabajo de Rancagua su mandante se presentó a trabajar a su última destinación (Rancagua), indicándosele que iban a consultar a Santiago y que se retirara a la espera de comunicación. Dice que desde esa fecha hasta septiembre 2018, continuó concurriendo, hasta que se reincorporó.

Da cuenta que la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones estableció mediante informe técnico 570 de 8 de noviembre de 2018, notificado el 19 de diciembre de 2018, que “ a la fecha de su declaración de salud incompatible con el desempeño del cargo, no presentaba una condición de irrecuperabilidad de su salud” y en tal virtud se le hicieron los respectivos descuentos previsionales, no obstante, Dipreca sólo activó la previsión respecto de él pero no en lo que concierne a sus cargas.

Añade que, el 29 de enero de 2019 se le notificó el Decreto 174 de 18 de febrero de 2016 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de 18 de febrero de 2016, que dispone el retiro absoluto por salud incompatible de su mandante, no obstante, su mandato no permite que sea notificado de actos o demandas nuevas, sino sólo en aquellos procedimientos ya iniciados o los que como letrado inicie por él.

Sin perjuicio de ello, puntualiza que se trata del mismo acto administrativo que nunca se le notificó a su mandante, como se acreditó en la sentencia en la causa rit T-76-2016 ya indicada.

Al respecto, dice que al llegar la fecha de pago de todos los meses su mandante se percató que no le habían depositado su sueldo, ni siquiera por los 4 días en que estaba con feriado legal, como tampoco las licencias médicas que le han cursado.

También da cuenta que previamente se planteó y rechazó un recurso de protección contra la recurrida (rol 5261-2018), y, además, que en la causa rit C-229-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, también entre las mismas partes, está pendiente el término probatorio de la ejecución.

Sostiene que lo expuesto vulnera su derecho de propiedad, consagrado en el N°24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política. Al respecto explica que dicha garantía se ve afectada con la notificación del acto del 2016 en enero de 2019 en circunstancias que se requería la dictación de otro tras el informe técnico de noviembre 2018, en que la institución motivara el acto y, entre otras cosas, constatara si se mantenían los supuestos de hecho en virtud de los cuales se había dictado.

Puntualiza que la omisión vulneratoria ha sido no pagar la remuneración de los días de feriado legal del 1 a 4 de febrero de 2019; no pagar y/o disponer el pago las licencias médicas presentadas estando vigente el feriado legal y siguientes; y no emitir pronunciamiento alguno sobre las licencias médicas presentadas.

Igualmente, indica que se vulnera la garantía de igualdad ante la ley, pues la institución debió respetar el derecho de toda persona y de todo funcionario a que se respeten las normas y se apliquen de forma igual, lo que en la especie no ha ocurrido.

Además se afecta el principio de confianza legítima que se configura al existir un pronunciamiento que declara la salud recuperable, por lo que al volver a notificarle, sin que exista un nuevo acto administrativo motivado, además de no configurarse el supuesto normativo de los 6 meses de licencia médica en el período previo a la notificación de 29 de enero de 2019-en un periodo comprendido dentro de los dos periodos calificatorios-, afecta su legítima expectativa de continuar desempeñándose en la institución.

Finalmente, indica que lo señalado vulnera la libertad del trabajo al privarlo de la función pública fuera de los supuestos legales, impidiéndole ejercer su derecho constitucional a elegir libremente su trabajo así como a mantenerse en él Luego de realizar citas legales, solicita se ordene a la recurrida: 1) dejar sin efecto la notificación de 29 de enero de 2019 del Decreto 174 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de 18 de febrero de 2016, que dispone el retiro absoluto por salud incompatible de su mandante, así como todos los actos administrativos previos a ella; 2) Disponer se paguen a su mandante las remuneraciones de febrero 2019, al menos del día 1 al 4 de dicho mes; 3.- Disponer se paguen a su mandante las licencias médicas psiquiátricas o de otro tipo de su representado correspondientes al 29 de enero 2019 y las que se otorguen eventualmente hasta la ejecutoriedad de la sentencia de fondo, con costas en caso de oposición.

Acompañó documentación que agregó al expediente virtual.

También, solicitó traer a la vista las causas T-76-2016 laboral; y C-229-2018 cobranza laboral y previsional, a lo que esta Corte accedió con fecha 4 de marzo último.

Con fecha 27 de marzo del año 2019, comparece don Omar Alonso Castro Torres, abogado, en representación convencional de don nombre reservado, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

Alega, en primer término, que la pretensión del actor no puede prosperar por esta vía, por cuanto la notificación del referido acto administrativo de alejamiento y sus consecuencias jurídicas, están siendo discutidas por las mismas partes en un procedimiento especial y de lato conocimiento, actualmente en trámite, esta es, la causa RIT C-229-2018, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, del Juzgado del Trabajo de Rancagua, por lo que la presente no es la vía idónea para obtener un pronunciamiento judicial sobre su legalidad y mérito.

Además, hace presente que mediante sentencia pronunciada por este mismo Tribunal, en la causa de protección Rol N° 5261-2018, con fecha 15 de enero de 2019, se rechazó el recurso de protección deducido también en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, el que fue deducido por el mismo abogado y en representación también del señor nombre reservado.

En cuanto al fondo, afirma que en cumplimiento de lo ordenado por sentencia RIT T-76-2016 del Juzgado de Letras de Rancagua, caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, que fue aquella que precedió a la actualmente en cumplimiento Rol C-229-2018.

Da cuenta que en cumplimiento de la mencionada sentencia laboral, mediante el Informe Técnico (R) Nº 570, de fecha 8 de noviembre de 2018, la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones de Chile se pronunció sobre la condición de irrecuperabilidad del Subcomisario nombre reservado, determinando que el funcionario tiene salud recuperable, el que fue notificado a través de su mandatario, el abogado don Miguel Reyes Poblete, mediante carta certificada despachada con fecha 19 de diciembre pasado al domicilio del mismo abogado.

Indica que el referido pronunciamiento técnico se realizó en conformidad a las facultades que le entrega el artículo 73 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile a la Comisión Médica de la Institución. Añade que en tales supuestos, y no habiéndose impugnado por el recurrente el referido Informe Técnico (R) Nº 570 y en atención a que el procedimiento de declaración de salud incompatible no fue cuestionado en el proceso de tutela laboral, se procedió a la notificación del Decreto Supremo Nº 174, de fecha 18 de febrero de 2016, que dispuso el retiro absoluto del Subcomisario nombre reservado, según lo dispuesto por la sentencia de tutela laboral, lo que aconteció mediante carta certificada despachada con fecha 29 de enero de 2019 al domicilio de su abogado Miguel Ángel Reyes Poblete.

Afirma que acatando el fallo de tutela laboral- que ordenó se ajustase la declaración de Salud Incompatible a la actual normativa legal, artículo 151 Ley 18.834-, se dispuso la revisión de los antecedentes del Sr. nombre reservado por parte de la Comisión Médica Institucional, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile a la Comisión Médica de la Institución, es la entidad que tiene la competencia exclusiva y excluyente, para informar acerca de la capacidad física de los funcionarios para continuar en el servicio, concluyendo que la salud del funcionario es recuperable.

Indica que respecto de la notificación del retiro absoluto y los efectos jurídicos de dicha notificación, en relación con las licencias médicas extendidas al recurrente, no habiéndose impugnado por el actor el referido Informe Técnico (R) Nº 570, de la Comisión Médica Institucional, y habiéndose adecuado, en consecuencia, la declaración de su salud incompatible con el desempeño del cargo, se procedió a la notificación del Decreto Supremo Nº 174, de fecha 18 de febrero de 2016, que dispuso el retiro absoluto del Subcomisario nombre reservado, según lo dispuesto por la sentencia de tutela laboral, lo que aconteció mediante carta certificada despachada con fecha 29 de enero de 2019 al domicilio del abogado recién mencionado.

Indica que la circunstancia de que se le hayan extendido licencias médicas y que, al momento de ser notificado de su retiro absoluto estuviera gozando de dicho reposo, no varían las circunstancias de su retiro y el pago de aquellas tampoco es procedente, toda vez que la cesación de funciones también pone término a la licencia médica y por tal motivo, el derecho a percibir el total de sus remuneraciones durante el goce de un permiso médico, sólo será procedente si el funcionario mantiene la calidad de tal. Con todo, no existe disposición legal alguna que autorice a un funcionario para percibir remuneraciones con posterioridad a la fecha de expiración de sus servicios, aun cuando la causal de término de éstos se haya producido durante el goce de licencias médicas continuas.

Luego, afirma que por lo expuesto, no advierte la forma en que se estarían vulnerando las garantías que invoca el actor, por lo que la presente acción no puede prosperar.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio. Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas y que además exista un derecho indubitado.

SEGUNDO: Que el presente recurso fue interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por estimar el actor que la recurrida al realizarle la notificación de 29 de enero de 2019 que contiene el Decreto Supremo Nº 174, de fecha 18 de febrero de 2016 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que dispuso su retiro absoluto de la Institución, ha actuado de manera ilegal y arbitraria, lo que también ocurre al no pagarle sus remuneraciones, desde el 1 al 4 de febrero de 2019, y de las licencias médicas que le fueran extendidas desde el 29 de enero de 2019, y de las que eventualmente podría tener luego. Hechos que a juicio del actor, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que, de lo expuesto por la recurrente y recurrida, es dable concluir que los hechos que motivan la presente acción, no tienen el carácter de indubitados, ya que -como se dijo- la recurrida controvirtió los mismos y, en tales circunstancias, la presente acción carece de un requisito esencial para prosperar, ya que la situación fáctica invocada por la recurrente no aparece determinada como un hecho preexistente y libre de controversia, sino que negada y discutida por la recurrida, no siendo esta acción cautelar una instancia para aclarar, constituir o declarar derechos, sino que para proteger derechos no discutidos, lo anterior principalmente porque la recurrida niega tener alguna obligación con la actora al haberla notificado de su desvinculación por tener ésta salud incompatible con el desempeño de su cargo.

CUARTO: Que, además, y en el mismo sentido de lo resuelto en el Recurso de 5261-2018 de esta misma Corte, de los antecedentes de esta causa, surge que esta acción no es la vía idónea para conocer este asunto, dado que el mismo es actualmente de conocimiento de un juicio de cobranza laboral ante el Juzgado del Trabajo de Rancagua bajo el Rit C-229-2018, causa en actual tramitación, y debe ser en dicha causa donde se ventilen las alegación aquí expuestas.

QUINTO: Que, finalmente, teniendo presente lo anterior, y no existiendo otros antecedentes para estimar lo contrario, se concluye que no estamos en presencia de un actuar arbitrario o ilegal por parte de la recurrida que vulnere alguna garantía constitucional, razones todas para desestimar el presente arbitrio.

SEXTO: Que, no se hará un análisis pormenorizado de las demás alegaciones de las por ser inconducente atendido lo antes razonado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, el recurso de protección presentado en favor de don nombre reservado y en contra de la Policía De Investigaciones de Chile, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol I. Corte 1326-2019 Protección.